CE - Sentencia 19001233100020100015801 de 2025

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 19001233100020100015801 de 2025
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 19001233100020100015801 (56561)1

Demandante: LEWIS DÍAZ ABONÍA Y OTROS

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO

NACIONAL

Tema: Responsabilidad del Estado por muerte y lesiones de uniformados. Activación de campo minado instalado por las FARC. Omisión en las medidas de seguridad para el desplazamiento de la tropa. Falla del servicio. Graves violaciones a los DDHH e infracciones al DIH. Responsabilidad de las FARC como organización y/o colectivo en virtud del Acuerdo de Paz. Obligaciones resarcitorias de las FARC frente a las víctimas en el marco del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. Concausa en el hecho generador del daño. Sin costas en segunda instancia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional contra la sentencia del 9 de abril de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Defensa – Ejército Nacional contra la sentencia del 9 de abril de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 21 de mayo de 2008, los soldados profesionales Maxs Hernando Estupiñán Marín, Lewis Díaz Abonía, Julián Fernando Hurtado Hurtado y Jaime de Jesús Romero Castro, pertenecientes al pelotón No. 2 de la compañía Búfalo del Batallón

1 Mediante autos del 15 de diciembre de 2011 y 24 de abril de 2014 , el Tribunal Administrativo del Cauca dispuso la acumulación de los procesos: 190012331000201000015800, 190012331000201000016100, 190012331000201000022600 y 190012331000201000024600.Radicado: 19001233100020100015801 (56561)

Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

2 Pichincha del Ejército Nacional, se desplazaban por la vereda “Las Palmas” del municipio de Toribio (Cauca), en desarrollo de la misión táctica MONGUI . Durante el recorrido, miembros de las FARC activaron un campo minado por la acción de un control remoto. Como consecuencia de este lamentable hecho, los uniformados Hurtado Hurtado y Romero Castro fallecieron, y Díaz Abonía y Estupiñán Marín resultaron heridos.

Los demandantes consideran que la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional es patrimonialmente responsable por la muerte y lesiones sufridas por los uniformados, pues alegan que ello se produjo porque la entidad no adoptó las

resultaron heridos.

Los demandantes consideran que la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional es patrimonialmente responsable por la muerte y lesiones sufridas por los uniformados, pues alegan que ello se produjo porque la entidad no adoptó las medidas de prevención y precaución requeridas para llevar a cabo la operación militar.

La parte actora aduce que l a omisión en la adopción de medidas de prevención y precaución para el desplazamiento de la tropa se hizo consistir en que “[…] según la orden de operaciones No. 005 ‘Soberanía 2008’ las maniobras para la ejecución de operaciones debían realizarse en 3 fases e implicaba entre otras acciones: efectuar registros en cada uno de los puntos críticos reconocidos durante el movimiento táctico motorizado […] los comandantes deben dar órdenes claras y precisas al personal de soldados […] t odo desplazamiento a pie debe efectuarse con infiltración nocturna, antes de realizarse un movimiento a pie debía efectuarse un reconocimiento de la ruta a seguir en la carta […] uno de los principales obstáculos que pueden encontrar las tropas en su movimiento motorizado o terrestre, lo constituyen los campos minados, las tropas deben utilizar equipos y medios suministrados por el comando super ior; especial atención, emplear personal instruido sobre el manejo de explosivos […] una vez las unidades estén en los sitios ordenados para efectuar el desplazamiento estos deben efectuarse a campo traviesa […] las unidades comprometidas deben restringir los movimientos diurnos y hacer uso máximo de las horas nocturnas. Se debe antes de iniciar el desplazamiento debe coordinar los puntos de control para lograr que el desplazamiento se efectué sin novedad”.Radicado: 19001233100020100015801 (56561)

diurnos y hacer uso máximo de las horas nocturnas. Se debe antes de iniciar el desplazamiento debe coordinar los puntos de control para lograr que el desplazamiento se efectué sin novedad”.Radicado: 19001233100020100015801 (56561)

Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

3

II. ANTECEDENTES

Expediente No. 190012331000201000015800

1. Demanda

El 14 de mayo de 2010 2, Hernando Estupiñán Estupiñán, Carmen Elena Marín Orobio, Inocencio Marín, Hebert Hurtado Marín y, Maxs Hernando, Carmen Melissa y Andy Miguel Estupiñán Marín, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional (en adelante el “ Ejército Nacional”), para que se le declarara patrimonialmente responsable por las lesiones sufridas el 21 de mayo de 2008 por el soldado profesional Maxs Hernando Estupiñán Marín.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la institución castrense a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV a cada uno de los accionantes; por daño a la vida relación, 300 SMLMV a Maxs Hernando Estupiñán Marín; por “perjuicio estético”, 200 SMLMV a Maxs Hernando Estupiñán Marín; por daño emergente, la suma de $1.000.000 a Maxs Hernando Estupiñán Marín; y por lucro cesante, la suma de $270.000.000 a Maxs Hernando Estupiñán Marín.

daño emergente, la suma de $1.000.000 a Maxs Hernando Estupiñán Marín; y por lucro cesante, la suma de $270.000.000 a Maxs Hernando Estupiñán Marín.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que , el 21 de mayo de 2008, el soldado profesional Maxs Hernando Estupiñán Marín, adscrito al pelotón No. 2 de la compañía Búfalo del Batallón Pichincha del Ejército Nacional, se encontraba en desarrollo de la misión táctica MONGUI.

Refiere que, en la madrugada de ese mismo día, los víveres de la tropa se agotaron y por ello el mando de la operación ordenó a unos soldados que se dirigieran hacía la estación de Policía de Toribio (Cauca), con el objetivo de reclamar el abastecimiento que allí se encontraba.

2 Fl. 61 a 100, C.1.Radicado: 19001233100020100015801 (56561)

Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

4 Anota que, durante dicho desplazamiento, miembros de las FARC activaron un campo minado por la acción de un control remoto. Concluye que, como consecuencia de esos hechos, el soldado Estupiñán Marín sufrió graves lesiones.

Los demandantes consideran que el Ejército Nacional es patrimonialmente responsable por las lesiones ocasionadas a Maxs Hernando Estupiñán Marín, pues afirman que ellas se produjeron porque dicha entidad n o adoptó las medidas de prevención y precaución requeridas durante el desplazamiento de la tropa.

2. Contestación

afirman que ellas se produjeron porque dicha entidad n o adoptó las medidas de prevención y precaución requeridas durante el desplazamiento de la tropa.

2. Contestación

El 24 de agosto de 20103, el Tribunal Administrativo del Cauca admitió la demanda y ordenó su notificación a la entidad demandada y al ministerio público.

2.1. El Ejército Nacional 4 se opuso a las pretensiones de la demanda, afirmando que el daño alegado no le era imputable, toda vez que no se acreditó la falla del servicio, ni tampoco el vínculo causal existe nte entre la omisión alegada y las lesiones sufridas por el uniformado. Asimismo, indicó que la afectación padecida por el soldado se ocasionó por la activación de un campo minado instalado por las FARC. Formuló como excepciones la de hecho exclusivo y determ inante de un tercero, y la genérica.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 1º de junio de 20125 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

3.1. El Ejército Nacional 6 reiteró los argumentos expuestos en el escrito de contestación a la demanda.

3 Fl. 107 a 109, C.1. 4 Fl. 123 a 128, C.1. 5 Fl. 169, C. 1. 6 Fl. 171 a 173, C.1.Radicado: 19001233100020100015801 (56561)

Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

5 3.2. El ministerio público7 conceptuó que debía accederse a las pretensiones de la

Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

5 3.2. El ministerio público7 conceptuó que debía accederse a las pretensiones de la demanda, toda vez que las lesiones sufridas por el uniformado “obedecieron al sometimiento a un riesgo excepcional por parte de sus comandantes inmediatos que dispusieron su desplazamiento contraviniendo las directrices militares”.

3.3. La parte demandante guardó silencio.

Expediente No. 190012331000201000016100

1. Demanda

El 18 de mayo de 20108, Lewis Díaz Abonía, en nombre propio y en representación de Melanie Díaz Carabalí; Álvaro Díaz Coronado, Esneda María Banguero Viafara, Luisa Fernanda Lucumí Abonía, Shirley Carabalí Abonía, María Aurora y Elis María Abonía, Rocío y Jesús Hernán Díaz Díaz y , Adriana, Deisy y Lina María Díaz Abonía, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de l Ejército Nacional, para que se le declarara patrimonialmente responsable por las lesiones físicas sufridas el 21 de mayo de 2008 por el soldado profesional Lewis Díaz Abonía.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la institución castrense a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV a cada uno de los accionantes; por daño a la vida relación, 300 SMLMV a Lewis Díaz Abonía ; por “perjuicio estético”, 200 SMLMV a Lewis Díaz Abonía; por daño emergente, la suma

accionantes; por daño a la vida relación, 300 SMLMV a Lewis Díaz Abonía ; por “perjuicio estético”, 200 SMLMV a Lewis Díaz Abonía; por daño emergente, la suma de $1.000.000 a Lewis Díaz Abonía.; y por lucro cesante, la suma de $280.000.000 a Lewis Díaz Abonía.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que, el 21 de mayo de 2008, el soldado profesional Lewis Díaz Abonía , adscrito al pelotón No. 2 de la compañía Búfalo del Batallón Pichincha del Ejército Nacional, se encontraba en desarrollo de la misión táctica MONGUI.

7 Fl. 178 a 183, C.1. 8 Fl. 47 a 87, C.2.Radicado: 19001233100020100015801 (56561)

Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

6 Refiere que, en la madrugada de ese mismo día, los víveres de la tropa se agotaron y por ello el mando de la operación ordenó a unos soldados que se dirigieran hacía la estación de Policía de Toribio (Cauca), con el objetivo de reclamar el abastecimiento que allí se encontraba.

Destaca que, durante dicho desplazamiento, miembros de las FARC activaron un campo minado por la acción de un control remoto.

Concluye que, como consecuencia de esos hechos, el soldado Díaz Abonía sufrió graves lesiones físicas y psicológicas, tanto así que fue dictaminado con una pérdida de capacidad laboral.

Los demandantes consideran que el Ejército Nacional es patrimonialmente

graves lesiones físicas y psicológicas, tanto así que fue dictaminado con una pérdida de capacidad laboral.

Los demandantes consideran que el Ejército Nacional es patrimonialmente responsable por las lesiones ocasionadas a Lewis Díaz Abonía, pues afirman que ellas se produjeron porque dicha entidad no adopt ó las medidas de prevención y precaución requeridas durante el desplazamiento de la tropa.

2. Contestación

El 24 de agosto de 20109, el Tribunal Administrativo del Cauca admitió la demanda y ordenó su notificación a la entidad demandada y al ministerio público.

2.1. El Ejército Nacional 10 se opuso a las pretensiones de la demanda, afirmando que el daño alegado no le era imputable, toda vez que no se acreditó la falla del servicio, ni tampoco el vínculo causal existe nte entre la omisión alegada y las lesiones sufridas por el uniformado. Asimismo, indicó que la afectación padecida por el soldado se ocasionó por la activación de un campo minado instalado por las FARC. Formuló como excepciones la de hecho exclusivo y determ inante de un tercero, y la genérica.

9 Fl. 104 a 106, C.2. 10 Fl. 113 a 117, C.2.Radicado: 19001233100020100015801 (56561)

Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

7

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 2 de marzo de 201211 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

7

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 2 de marzo de 201211 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

3.1. El Ejército Nacional 12 reiteró los argumentos expuestos en el escrito de contestación a la demanda.

3.2. El ministerio público13 conceptuó que debía accederse a las pretensiones de la demanda, toda vez que las lesiones sufridas por el uniformado “obedecieron al sometimiento a un riesgo excepcional por parte de sus comandantes inmediatos que dispusieron su desplazamiento contraviniendo las directrices militares”.

3.3. La parte demandante guardó silencio.

Expediente No. 190012331000201000022600

1. Demanda

El 26 de mayo de 201014, Zoraida Hurtado, en nombre propio y en representación de Jhoimer Yesid, Cristian Eduardo y Yani Yulieth Hurtado Hurtado; Maribel Vásquez Castillo, en nombre propio y en representación de Yudi Mariana Hurtado Vásquez; Cecilio Hurtado Viafara y, Miguel Ángel, Juan Andrés, Yenyfer, Dora Alicia y Jorge Luis Hurtado Hurtado , mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra del Ejército Nacional, para que se le declarara patrimonialmente responsable por la muerte del soldado profesional Julián Fernando Hurtado Hurtado ocurrida el 21 de mayo de 2008.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la institución castrense a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV a cada uno de los

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la institución castrense a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV a cada uno de los accionantes; por daño a la vida relación, 1000 SMLMV a Zoraida Hurtado, Jhoimer

11 Fl. 159, C.2. 12 Fl. 161 a 163, C.2. 13 Fl. 178 a 183, C.1. 14 Fl. 41 a 53, C.3.Radicado: 19001233100020100015801 (56561)

Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

8 Yesid Hurtado Hurtado y Yudi Mariana Hurtado Vásquez; y por lucro cesante, la suma de $346.000.000 a Zoraida Hurtado, Jhoimer Yesid Hurtado Hurtado y Yudi Mariana Hurtado Vásquez.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que, el 21 de mayo de 2008, el soldado profesional Julián Fernando Hurtado Hurtado , adscrito al pelotón No. 2 de la compañía Búfalo del Batallón Pichincha del Ejército Nacional, se encontraba en desarrollo de la misión táctica MONGUI.

Advierte que, en la madrugada de ese mismo día, los víveres de la tropa se agotaron y por ello el mando de la operación ordenó a unos soldados que se dirigieran hacía la estación de Policía de Toribio (Cauca), con el objetivo de reclamar el abastecimiento que allí se encontraba.

Refiere que, durante dicho desplazamiento, miembros de las FARC activaron un campo minado por la acción de un control remoto.

Concluye que, como consecuencia de esos lamentables hechos, el soldado Hurtado

abastecimiento que allí se encontraba.

Refiere que, durante dicho desplazamiento, miembros de las FARC activaron un campo minado por la acción de un control remoto.

Concluye que, como consecuencia de esos lamentables hechos, el soldado Hurtado Hurtado falleció.

Los demandantes consideran que el Ejército Nacional es patrimonialmente responsable por la muerte del soldado Julián Fernando Hurtado Hurtado, pues afirman que ella se produj o porque la entidad castrense no adoptó las medidas de prevención y precaución requeridas durante el desplazamiento de la tropa.

2. Contestación

El 26 de julio de 201015, el Tribunal Administrativo del Cauca admitió la demanda y ordenó su notificación a la entidad demandada y al ministerio público.

2.1. El Ejército Nacional 16 se opuso a las pretensiones de la demanda, afirmando que el daño alegado no le era imputable, toda vez que no se acreditó la falla del

15 Fl. 57, C.3. 16 Fl. 67 a 72, C.3.Radicado: 19001233100020100015801 (56561)

Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

9 servicio, ni tampoco el vínculo causal existente entre la omisión alegada y la muerte del soldado. Asimismo, indicó que el fallecimiento del uniformado se debió a la activación de un campo minado instalado por las FARC. Formuló como excepciones la de hecho exclusivo y determinante de un tercero, y la genérica.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 10 de mayo de 201117 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para

la de hecho exclusivo y determinante de un tercero, y la genérica.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 10 de mayo de 201117 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

3.1. La parte demandante 18 y el Ejército Nacional 19 reiteraron lo expuesto en el escrito de la demanda y en la contestación de este, respectivamente.

3.3. El ministerio público guardó silencio.

Expediente No. 190012331000201000024600

1. Demanda

El 26 de mayo de 2010 20, María Beatriz Ruiz Carabalí, en nombre propio y en representación de Liliana Romero Ruíz, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra del Ejército Nacional, para que se le declarara patrimonialmente responsable por la muerte del soldado profesional Jaime de Jesús Romero Castro ocurrida el 21 de mayo de 2008.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la institución castrense a pagar, por perjuicios morales, 200 SMLMV a cada una de las demandantes; por daño emergente, la suma de $600.000.000 a María Beatriz Ruíz Carabalí; y por lucro cesante, la suma s de $120.000.000 a María Beatriz Ruíz Carabalí y $80.000.000 a Liliana Romero Ruíz.

17 Fl. 106, C.3. 18 Fl. 115 a 119, C.3. 19 Fl. 108 a 114, C.3. 20 Fl. 31 a 70, C.4.Radicado: 19001233100020100015801 (56561)

17 Fl. 106, C.3. 18 Fl. 115 a 119, C.3. 19 Fl. 108 a 114, C.3. 20 Fl. 31 a 70, C.4.Radicado: 19001233100020100015801 (56561)

Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

10 En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que, el 21 de mayo de 2008, el soldado profesional Jaime de Jesús Romero Castro, adscrito al pelotón No. 2 de la compañía Búfalo del Batallón Pichincha del Ejército Nacional, se encontraba en desarrollo de la misión táctica MONGUI.

Refiere que, en la madrugada de ese mismo día, los víveres de la tropa se agotaron y por ello el mando de la operación ordenó a unos soldados que se dirigieran hacía la estación de Policía de Toribio (Cauca), con el objetivo de reclamar el abastecimiento que allí se encontraba.

Señala que, durante dicho desplazamiento, miembros de las FARC activaron un campo minado por la acción de un control remoto.

Concluye que, como consecuencia de esos lamentables hechos, el soldado Romero Castro falleció.

Los demandantes consideran que el Ejército Nacional es patrimonialmente responsable por la muerte del soldado Jaime de Jesús Romero Castro, pues afirman que ella se produjo porque la entidad castrense no adopt ó las medidas de prevención y precaución requeridas durante el desplazamiento de la tropa.

2. Contestación

El 26 de julio de 2010 21, el Juzgado 8º Administrativo de Popayán admitió la demanda y ordenó su notificación a la entidad demandada y al ministerio público.

2. Contestación

El 26 de julio de 2010 21, el Juzgado 8º Administrativo de Popayán admitió la demanda y ordenó su notificación a la entidad demandada y al ministerio público.

2.1. El Ejército Nacional 22 se opuso a las pretensiones de la demanda, afirmando que el daño alegado no le era imputable, toda vez que no se acreditó la falla del servicio, ni tampoco el vínculo causal existente entre la omisión alegada y la muerte del soldado. Asimismo, indicó que el fallecimiento del uniformado se debió a la activación de un campo minado instalado por las FARC. Formuló como excepciones la de hecho exclusivo y determinante de un tercero, y la genérica.

21 Fl. 66 a 67, C.4. 22 Fl. 74 a 79, C.4.Radicado: 19001233100020100015801 (56561)

Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

11

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 10 de mayo de 2011 23 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

3.1. La parte demandante 24 y el Ejército Nacional 25 reiteraron lo expuesto en el escrito de la demanda y en la contestación de este, respectivamente.

3.3. El ministerio público guardó silencio.

4. Acumulación de procesos

Mediante autos del 15 de diciembre de 2011 y 24 de abril de 2014, proferidos por el Tribunal Administrativo del Cauca26, se dispuso la acumulación de los procesos de

4. Acumulación de procesos

Mediante autos del 15 de diciembre de 2011 y 24 de abril de 2014, proferidos por el Tribunal Administrativo del Cauca26, se dispuso la acumulación de los procesos de reparación directa adelantados con el radicado No. 190012331000201000016100, 190012331000201000022600 y 190012331000201000024600, a aquel tramitado con el número 190012331000201000015800 , por cu anto estos se fundaban en supuestos fácticos análogos.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 9 de abril de 2015 27, el Tribunal Administrativo del Cauca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al constatar que la muerte y las lesiones sufridas por los uniformados se ocasionaron por una omisión del Ejército Nacional, toda vez que el oficial que estaba a cargo de la misión táctica MONGUI desatendió las medidas de prevención, precaución y de seguridad previstas en la orden de operaciones, “exponiendo con ello a las víctimas a un riesgo superior al que comúnmente debían soportar debido a su profesión de soldados profesionales que conllevó, a su vez, a los lamentables resultados”.

23 Fl. 106, C.3. 24 Fl. 115 a 119, C.3. 25 Fl. 108 a 114, C.3. 26 Fl. 82 a 85, C.5. y 81 a 85, C.6. 27 Fl. 93 a 122, C.15.Radicado: 19001233100020100015801 (56561)

Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

12

27 Fl. 93 a 122, C.15.Radicado: 19001233100020100015801 (56561)

Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

12 En la parte resolutiva, el tribunal condenó al Ejército Nacional a pagar:

Por las lesiones físicas sufridas por Maxs Hernando Estupiñán Marín:

Perjuicios morales

Se condenó en abstracto a favor de Maxs Hernando Estupiñán Marín, Hernando Estupiñán Estupiñán, Carmen Elena Marín Orobio, Carmen Melissa Estupiñán Marín, Andy Miguel Estupiñán Marín, Inocencio Marín y Hebert Hurtado Marín.

Daño a la salud

Se condenó en abstracto a favor de Maxs Hernando Estupiñán Marín.

Lucro cesante

Se condenó en abstracto a favor de Maxs Hernando Estupiñán Marín.

Por las lesiones físicas sufridas por Lewis Díaz Abonía:

Perjuicios morales

Se condenó al pago de 60 SMLMV para Lewis Díaz Abonía, Melanie Díaz Carabalí y María Aurora Abonía; y 30 SMLMV a Luis Fernanda Lucumí Abonía, Adriana Díaz Abonía, Deisy Díaz Abonía, Shirley Carabalí Abonía, Lina María Díaz Abonía, Rocío Díaz Díaz, Jesús Hernando Díaz Díaz, Elis María Abonía, Álvaro Díaz y María Banguero Viafara.

Daño a la salud

Hernando Díaz Díaz, Elis María Abonía, Álvaro Díaz y María Banguero Viafara.

Daño a la salud

Se condenó al pago de 60 SMLMV para Lewis Díaz Abonía.

Lucro cesante

Se condenó al pago de $89.770.558 para Lewis Díaz Abonía.

Por la muerte de Julián Fernando Hurtado Hurtado:

Perjuicios morales

Se condenó al pago de 100 SMLMV para Zoraida Hurtado, Cecilio Hurtado Viafara, Jhoiner Yesid Hurtado Hurtado y Yudi Mariana Hurtado Vásquez; y 50 SMLMV para Cristian Eduardo Hurtado Hurtado, Yani Yulieth Hurtado Hurtado, Miguel Ángel Hurtado Hurtado, Juan Andrés Hurtado Hurtado, Yenyfer Hurtado Hurt ado, Dora Alicia Hurtado Hurtado y Jorge Luis Hurtado Hurtado.

Daño a la vida en relación

Se condenó al pago de 50 SMLMV para Zoraida Hurtado, Jhoiner Yesid Hurtado Hurtado y Yudi Mariana Hurtado Vásquez.

Lucro cesante

Se condenó al pago de $86.286.401 para Jhoiner Yesid Hurtado Hurtado y $86.408.130 para Yudi Mariana Hurtado Vásquez.Radicado: 19001233100020100015801 (56561)

Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

13 Por la muerte de Jaime de Jesús Romero Castro:

Perjuicios morales

Se condenó al pago de 100 SMLMV para María Beatriz Ruíz Carabali y Liliana Romero Ruiz.

13 Por la muerte de Jaime de Jesús Romero Castro:

Perjuicios morales

Se condenó al pago de 100 SMLMV para María Beatriz Ruíz Carabali y Liliana Romero Ruiz.

Lucro cesante

Se condenó al pago de $ 108.793.863 para María Beatriz Ruíz Carabalí y $80.000.000 para Liliana Romero Ruíz.

6. Recurso de apelación

El 28 de abril de 201528, el Ejército Nacional interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 23 de noviembre de 201529 y admitido el 28 de marzo de 201630.

6.1. El Ejército Nacional31 reiteró los argumentos expuestos en el trámite de primera instancia, en el sentido de que los daños reclamados no le eran imputables, porque ellos se produjeron en razón al riesgo voluntario que los uniformados asumieron cuando ingresaron a la institución. Asimismo, afirmó que no se probó la falla del servicio que le fue atestada, ni el vínculo causal entre esta y, la muerte y las lesiones de los soldados. Igualmente, refirió que en el presente caso no le asistía responsabilidad, porque el hecho lesivo provino del actuar exclusivo y determinante del “grupo terrorista de las ONT – FARC”. Además, destacó que comoquiera que no se acreditaron los elementos constitutivos de responsabilidad, no procedía el reconocimiento de ninguno de los perjuicios solicitados por los demandantes. Por último, solicitó negar la totalidad de los perjuicios reconocidos por el t ribunal por “ausencia de responsabilidad patrimonial”.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

reconocimiento de ninguno de los perjuicios solicitados por los demandantes. Por último, solicitó negar la totalidad de los perjuicios reconocidos por el t ribunal por “ausencia de responsabilidad patrimonial”.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 11 de mayo de 201632 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

28 Fl. 125 a 135, C.15. 29 Fl. 186 a 187, C.15. 30 Fl. 193, C.15. 31 Fl. 125 a 135, C.15. 32 Fl. 195, C.15.Radicado: 19001233100020100015801 (56561)

Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

14 6.1. El ministerio público33 conceptúo que la sentencia de primera instancia debía confirmarse en punto a la responsabilidad del Ejército Nacional, toda vez que “la orden impartida a los soldados profesional fue imprudente, ya que los dejó expuestos al enemigo, sin que las víctimas tuvieren que asumir riesgos superiores a los que normalmente deben afrontar”. Por otra parte, afirmó que, distinto a lo considerado por el a quo, la indemnización por concepto de daño a la vida de relación reconocida al núcleo familiar del soldado Julián Fernando Hurtado Hurtado no procedía, pues “este no se presume en razón al parentesco, sino que requiere ser acreditado, cosa que no sucedió”.

6.2. La parte demandante y el Ejército Nacional guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por el

6.2. La parte demandante y el Ejército Nacional guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por el Ejército Nacional contra la sentencia del 9 de abril de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, puesto que la s cuantías de cada una de las demandas superan la exigida para que un proceso adelantando en ejercicio de la acción de reparación tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 1395 de 2010.

2. Acción procedente

La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 8634 del Código Contencioso Administrativo.

33 Fl. 197 a 207, C. 15. El concepto fue rendido por el doctor Francisco Manuel Salazar Gómez, Procurador Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado. 34 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trab ajos públicos o por cualquieraRadicado: 19001233100020100015801 (56561)

Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

15 En este caso la acción proced ente es la de reparación directa, porque se

Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

15 En este caso la acción proced ente es la de reparación directa, porque se reclama la indemnización de perjuicios por hechos imputables a una omisión del Ejército Nacional.

3. Vigencia de la acción

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en el tiempo oportuno por cuanto se trata de un presupuesto procesal35.

Así, con

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