CE - Sentencia 19001233100020100020401 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 19001233100020100020401 (55619)

Demandante: IDALY LARRAHONDO ACOSTA Y OTROS

Demandado: DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y OTROS

Tema: Muerte de estudiante en vehículo de transporte privado “contratado” por institución educativa del orden departamental.

Impacto contra poste de luz. Laceración cerebral por trauma contundente en la región occipital. Recurso de apelación presentado por una sola de las partes que integran el extremo pasivo de la litis. Se confirma lo decidido por el a quo frente a los no recurrentes. Límites al recurso de apelación. No se acreditó que, para la época de los hechos, la institución educativa departamental hubiere contratado el servicio de transporte para algunos de sus estudiant es. No se configuraron costas procesales en el trámite de segunda instancia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el departamento del Cauca contra la sentencia del 27 de marzo de 2015, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 21 de mayo de 2008, Jhean Carlos Enríquez Larrahondo, estudiante de sexto grado de la Institución Educativa Departamental “Agropecuaria La Fonda”, se

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 21 de mayo de 2008, Jhean Carlos Enríquez Larrahondo, estudiante de sexto grado de la Institución Educativa Departamental “Agropecuaria La Fonda”, se movilizaba en un vehículo privado tipo “chiva” conducido por José Dianey Hernández Ijaji, el cual, segú n lo narrado en la demanda, fue “contratado” por el referido establecimiento para el transporte de algunos de sus estudiantes. Durante el recorrido, el menor se golpeó en la cabeza con un poste de energía eléctrico lo2

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Demandante: Idaly Larrahondo Acosta y otros

cual provocó su fallecimiento debido a una laceración cerebral por trauma contundente en la región occipital.

Los demandantes consideran que el departamento del Cauca, el municipio de Patía y José Dianey Hernández Ijaji son patrimonialmente responsables por la muerte de Jhean Carlos Enríquez Larrahondo, pues alegan que ello se debió a que “el estudiante quedó atrapado en una sin salida y fue golpeado en el cráneo con un poste de energía que había sobre la vía por la que desplazaba el desprevenido conductor”.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 28 de junio de 2010 1, Carlos Enríquez Ledezma e Idaly Larrahondo Acosta, en nombre propio y en representación de Ingrith Lorena, “Jhean Carlos Enríquez Larrahondo”2 y Adriana Enríquez Larrahondo, mediante apoderado judicial y en

nombre propio y en representación de Ingrith Lorena, “Jhean Carlos Enríquez Larrahondo”2 y Adriana Enríquez Larrahondo, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra del departamento del Cauca, el municipio de Patía y José Dianey Hernández Ijaji, para que se les declarara patrimonialmente responsables por la muerte de Jhean Carlos Enríquez Larrahondo, ocurrida el 21 de mayo de 2008.

Como pretensiones de su demanda, la parte accionante solicita condenar a los demandados a pagarle a cada uno de los accionantes, por perjuicios morales, 100 SMLMV; por “afectación a las condiciones de existencia”; y por daño emergente y lucro cesante, las sumas que resulten probadas en el proceso.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que, mediante Resolución No. 0457 del 26 de abril de 2004, expedida por la Secretaría de Educación del departamento del Ca uca, se ordenó la integración de varios

1 Fl. 36 a 54, C.1. 2 Se advierte que tanto la víctima directa como su hermano, quien nació después del siniestro de tránsito, fueron bautizados con el mismo nombre: Jhean Carlos Enríquez Larrahondo. Ahora bien, para mayor claridad del proyecto, cuando se haga referencia al hermano se utilizarán comillas para su identificación, así: “Jhean Carlos Enríquez Larrahondo”.3

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Demandante: Idaly Larrahondo Acosta y otros

su identificación, así: “Jhean Carlos Enríquez Larrahondo”.3

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Demandante: Idaly Larrahondo Acosta y otros

“establecimientos educativos estatales” en la Institución Educativa Departamental “Agropecuaria La Fonda”.

Destaca que, el 29 de enero de 2007, la Institución Educativa “Agropecuaria La Fonda” suscribió una “orden” de prestación de servicios con José Dianey Hernández Ijaji, cuyo objeto era “transportar 41 estudiantes en la camioneta BUS, Mod. 1978, PLACA SYB 317 de las veredas Alto Bonito – Placer Bajo – Betania – San Vicente – El Mirador – Sajandi a la Institución Educativa y viceversa”. Además, el referido acuerdo de voluntades estableció que “el contrato inicia[ba] el 29 de enero de 2007 y termina[ba] el 11 de abril del mismo año”.

Indica que, el 21 de mayo de 2008, Jhean Carlos Enríquez Larrahondo, estudiante de sexto grado de la Institución Educativa Departamental “Agropecuaria La Fonda”, se movilizaba en el vehículo privado tipo “chiva” identificado con la placa SYB – 317, conducido por José Dianey Hernández Ijaji.

Manifiesta que, durante el recorrido, Jhean Carlos Enríquez Larrahondo se golpeó en la cabeza con un poste de energía eléctrica lo cual produjo su muerte debido a una laceración cerebral por trauma contundente en la región occipital.

Manifiesta que, durante el recorrido, Jhean Carlos Enríquez Larrahondo se golpeó en la cabeza con un poste de energía eléctrica lo cual produjo su muerte debido a una laceración cerebral por trauma contundente en la región occipital.

Resalta que, el 3 de junio de 2008, el municipio de Patía y la Institución Educativa Departamental “Agropecuaria La Fonda” suscribieron el Convenio No. 011 de esa fecha, mediante el cual “aúnan esfuerzos y recur sos para prestar el servicio de transporte escolar de los alumnos de la institución educativa, a través de la contratación de terceros”.

Los accionantes sugieren que el departamento del Cauca, el municipio de Patía y José Dianey Hernández Ijaji son patri monialmente responsables por la muerte de Jhean Carlos Enríquez Larrahondo, pues, a su juicio, ello se produjo porque “el estudiante quedó atrapado en una sin salida y fue golpeado en el cráneo con un poste de energía que había sobre la vía por la que desp lazaba el desprevenido conductor”.4

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Demandante: Idaly Larrahondo Acosta y otros

2. Contestaciones

El 1º de julio de 2010 3, el Tribunal Administrativo del Cauca admitió la demanda y ordenó su notificación a los demandados y al ministerio público.

2.1. El departamento del Cauca 4 se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que no tuvo injerencia en la causación del daño alegado. Formuló como excepciones las de falta de legitimación en la causa por pasiva y culpa

2.1. El departamento del Cauca 4 se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que no tuvo injerencia en la causación del daño alegado. Formuló como excepciones las de falta de legitimación en la causa por pasiva y culpa exclusiva de la víctima.

2.2. El municipio de Patía 5 se opuso a las pretensiones de la demanda, manifestando que el daño alegado no le era imputable, toda vez que no fue la entidad que contrató el servicio de transporte en virtud del cual el menor Jhean Carlos Enríquez Larrahondo falleció. Formuló como excepci ones las de falta de legitimación en la causa por pasiva y culpa exclusiva de la víctima.

2.3. José Dianey Hernández Ijaji 6 se opuso a las pretensiones de la demanda, afirmando que la muerte del menor Enríquez Larrahondo no le era atribuible porque esta se debió a la conducta culposa de la propia víctima. Además, afirmó que, como conductor del vehículo, no infringió ninguna norma de tránsito ni medió negligencia e impericia en el ejercicio del deber contractual que le fue conferido. Formuló como excepciones las que denominó “prescripción de la acción” e “improcedencia de la acción”.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 16 de diciembre de 2013 7 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

3 Fl. 57, C.1. 4 Fl. 132 a 140, C.1. 5 Fl. 144 a 151, C.1. 6 Fl. 80 a 85, C.1.

3 Fl. 57, C.1. 4 Fl. 132 a 140, C.1. 5 Fl. 144 a 151, C.1. 6 Fl. 80 a 85, C.1. 7 Fl. 183, C.1.5

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Demandante: Idaly Larrahondo Acosta y otros

3.1. La parte demandante, el departamento del Cauca, el municipio de Patía, José Dianey Hernández Ijaji y el ministerio público guardaron silencio.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 27 de marzo de 2015 8 el Tribunal Administrativo del Cauca accedió parcialmente a las pretensiones, al constatar que la muerte del menor se ocasionó por una “omisión” del departamento del Cauca y del municipio de Patía, toda vez que actuaron con permisividad al permitir que un vehículo que no era apto para el transporte escolar prestara dicho servicio. Sostuvo, además, que el daño igualmente era imputable a José Dianey Hernández Ijaji, porque efectuó la marcha del automotor desatendiendo la capacidad permitida para el transport e de pasajeros, lo cual implicó que el menor se golpeara en su cabeza con un poste de luz y a la postre falleciera.

Al respecto, el Tribunal indicó que: “el departamento del Cauca y el municipio de Patía resultan responsables de los hechos ocurridos el día 21 de mayo de 2008 en el corregimiento ‘La Fonda’, del referido municipio, en el que perdiera la vida el menor, al haber actuado con toda permisividad y, por ende, omisión, ante la forma

el corregimiento ‘La Fonda’, del referido municipio, en el que perdiera la vida el menor, al haber actuado con toda permisividad y, por ende, omisión, ante la forma irresponsable en que se prestaba el servicio de transporte escolar a los estudiantes, al permitirse la utilización de un vehículo no apto para el transporte de escolares. Dicha responsabilidad también se predica del señor José Dianey Hernández Ijaji, conductor del automotor, quien conociendo el límite de capacidad de pas ajeros permitió que el menor Enríquez Larrahondo se transportara por la parte exterior del automotor, situación irregular que conllevó a que se golpeara en la cabeza con un poste”.

En la parte resolutiva el a quo condenó al departamento del Cauca, al municipio de Patía y a José Dianey Hernández Ijaji a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV a Carlos Enríquez Ledezma y a Idaly Larrahondo Acosta, y 50 SMLMV a Ingrid Lorena Enríquez Larrahondo; y por “alteración a las condiciones de existencia”, 100

8 Fl. 186 a 212, C.5.6

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Demandante: Idaly Larrahondo Acosta y otros

SMLMV a Carlos Enríquez Ledezma y a Idaly Larrahondo Acosta, y 50 SMLMV a Ingrid Lorena Enríquez Larrahondo.

Por otra parte, el tribunal negó el reconocimiento de perjuicios inmateriales solicitados por Evelin Adriana Enríquez Larrahondo y “Jhean Carlos Enríqu ez Larrahondo”, pues estimó que para la época en que falleció el estudiante estos no

Por otra parte, el tribunal negó el reconocimiento de perjuicios inmateriales solicitados por Evelin Adriana Enríquez Larrahondo y “Jhean Carlos Enríqu ez Larrahondo”, pues estimó que para la época en que falleció el estudiante estos no habían nacido y por ello no se produjo tal afectación.

5. Recurso de apelación

El 21 de abril de 20159, el departamento del Cauca interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 22 de septiembre de 201510 y admitido el 11 de noviembre siguiente11.

5.1. El departamento del Cauca 12 manifestó que el daño alegado no le era imputable, toda vez que no fue quien contrató la prestación del servicio de transporte para los estudiantes. Indicó, además, que la entidad que efectuó los pagos por el anterior concepto fue el municipio de Patía. F inalmente indicó que la muerte del menor no le era atribuible, en tanto esta se produjo por el actuar exclusivo y determinante de un tercero.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 9 de diciembre de 2015 13 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

6.1. Los demandantes, el departamento del Cauca, el municipio de Patía, José Dianey Hernández Ijaji y el Ministerio Público guardaron silencio.

9 Fl. 186 a 212, C.5. 10 Fl. 252 a 253, C.5. 11 Fl. 257, C.5. 12 Fl. 214 a 217, C.5. 13 Fl. 259, C.5.7

10 Fl. 252 a 253, C.5. 11 Fl. 257, C.5. 12 Fl. 214 a 217, C.5. 13 Fl. 259, C.5.7

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Demandante: Idaly Larrahondo Acosta y otros

III. CONSIDERACIONES

1. Jurisdicción y competencia

La jurisdicción como atributo del poder que faculta al Estado para administrar justicia en el territorio nacional es única e indivisible y corresponde ejercerla a todos los jueces de la República. Así, su ejercicio se ha distribuido en diferentes ramas jurisdiccionales como lo son, entre otras: i) la ordinaria, ii) la contencioso administrativa, iii) la constitucional, iv) la penal militar, v) la especial indígena y vi) la especial para la paz.

Al interior de cada jurisdicción debe existir un sistema de reparto que permita la asignación ordenada de los procesos entre los distintos jueces que la conforman. Ciertamente, ello se logra a través de la distribución de competencias, por medio de las cuales el Estado da cuenta de la facultad que tiene cada juez para ejercer la jurisdicción en determinadas materias y dentro de una porción delimitada del territorio.

Al efecto, esta Corporación ha definido que 14 la competencia para conocer de los diferentes asuntos se fija de acuerdo con los siguientes criterios: i) la naturaleza o materia del proceso y la cuantía (factor objetivo); ii) la calidad o condiciones especiales de las partes que concurren al proceso (factor subjetivo); iii) la naturaleza de la f unción que desempeña la autoridad que tiene a su cargo la

materia del proceso y la cuantía (factor objetivo); ii) la calidad o condiciones especiales de las partes que concurren al proceso (factor subjetivo); iii) la naturaleza de la f unción que desempeña la autoridad que tiene a su cargo la definición y resolución del proceso (factor funcional); iv) el lugar donde debe tramitarse y desarrollarse el proceso (factor territorial); y v) la competencia previamente determinada para otro proc eso, lo que permite que un proceso asignado a un juez absorba los otros asuntos que, con relación a un tema específico, puedan ser promovidos con posterioridad (factor de conexidad o de atracción)15.

En este orden ideas, si bien la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está estatuida para decidir controversias que se susciten entre entidades estatales o

14 Consejo de Estado, Sección Tercera. Auto del 15 de junio de 2015, Rad.: 51174. 15 Corte Constitucional. Sentencia C-328 de 20158

Radicado: 19001233100020100020401 (55619)

Demandante: Idaly Larrahondo Acosta y otros

entre estas y particulares, lo cierto es que también tiene competencia ocasional para vincular y juzgar a los particulares o personas de derecho privado, aun cuando al momento de realizar el análisis probatorio del proceso se establezca que la entidad pública, también demandada, no es responsable de los hechos y daños que se le atribuyen en el libelo introductorio16.

Precisamente la Sección Tercera de Esta Corporación, en sentencia del 29 de agosto de 200717, advirtió que el fuero de atracción resulta procedente siempre que desde la formulación de las pretensiones y su acervo probatorio pueda inferirse que

Precisamente la Sección Tercera de Esta Corporación, en sentencia del 29 de agosto de 200717, advirtió que el fuero de atracción resulta procedente siempre que desde la formulación de las pretensiones y su acervo probatorio pueda inferirse que existe una probabilidad mínimamente seria de que la entidad pública accionada en conjunto con un sujeto de derecho privado pueda resultar condenada.

En el mismo sentido, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que cuando el derecho de acción se ejerce contra una entidad pública y contra un sujeto de derecho privado por un asunto litigioso que en principio debería ser ventilado ante la jurisdicción ordinaria, el proceso debe surtirse ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administr ativo, que adquiere la competencia para examinar la responsabilidad de todos los accionados18.

De conformidad con lo anterior, el factor de conexidad implica, entonces, que el juez administrativo tiene competencia para vincular y juzgar entidades públicas en conjunto con otras entidades o, incluso, sujetos de derecho privado frente a los cuales la competencia, en principio, se encuentra atribuida a otra jurisdicción. De hecho, en sentencia del 18 de junio de 2015 la Sección Tercera del Consejo de

Estado manifestó lo siguiente:

“[…] El factor de conexión implica que cuando se demanda a una entidad pública el competente es el juez administrativo, en conjunto con otras entidades incluso con particulares en relación con los cuales la competencia para el conoc imiento de los pleitos en los que se encuentren implicados, en principio se encuentra atribuida a otra jurisdicción, por aplicación del ‘factor de conexión’, el juez de lo contencioso adquiere competencia para conocer del asunto en relación con todos ellos.

pleitos en los que se encuentren implicados, en principio se encuentra atribuida a otra jurisdicción, por aplicación del ‘factor de conexión’, el juez de lo contencioso adquiere competencia para conocer del asunto en relación con todos ellos.

16 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”. Sentencias del 1° de marzo de 2018, Rad.: 43629; y del 28 de agosto de 2019, Rad.: 52603. 17 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 22 de marzo de 2017, Rad.: 38958. 18 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 1° de octubre de 2008, Rad.: A.G. 2005-0207601.9

Radicado: 19001233100020100020401 (55619)

Demandante: Idaly Larrahondo Acosta y otros

[…] Un buen ejemplo de aplicación del factor de conexión en la jurisdicción contenciosa administrativa es el llamado fuero de atracción. En virtud de dicha figura, a demandarse de forma concurrente a una entidad estatal, cuyo conocimiento corresponde a esta jurisdicción y a otra entidad privada, cuya competencia correspondería a la jurisdicción ordinaria, el proceso debe adelantarse ante la primera – Jurisdicción Contencioso Administrativa-, la cual tiene competencia, entonces, para fallar acerca de la responsabilidad de las dos demandadas”19

Tal circunstancia posibilita que el juez de lo contencioso administrativo pueda dirimir controversias en las cuales intervengan particulares, siempre que su vinculación con las personas de derecho públ ico cuente con un fundamento sólido, es decir, que en la demanda se invoquen acciones u omisiones que conduzcan

controversias en las cuales intervengan particulares, siempre que su vinculación con las personas de derecho públ ico cuente con un fundamento sólido, es decir, que en la demanda se invoquen acciones u omisiones que conduzcan razonablemente a pensar que su responsabilidad pueda verse comprometida20.

Esta conclusión ha sido expuesta por la jurisprudencia del Consejo d e Estado de modo uniforme y reiterado, como se hizo en sentencia del 3 de agosto de 2020 21, en la que se señaló que para la procedencia del fuero atracción es mandatorio que “la demanda y las pretensiones se deban haber elevado de manera concurrente tanto para las entidades públicas como para los particulares a los que se les pretende enrostrar responsabilidad, y por otro, que debe existir una mínima y fundada probabilidad de condena respecto de las entidades públicas”.

Dicho de otra manera, el hecho de que algunos de los sujetos vinculados al proceso sean juzgados de manera natural por el juez de la jurisdicción ordinaria, no excluye la competencia de esta jurisdicción por la aplicación del fuero de atracción. Es decir, basta que el demandante con suficientes fundamentos fácticos y jurídicos impute acciones u omisiones contra varios sujetos y que uno de ellos deba ser juzgado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para que ésta asuma la competencia, sin que resulte relevante si la sentencia absuelve o no a la entidad pública.

Es así como, en aquellos eventos en los que se formule una demanda, tanto contra una entidad estatal como en contra un sujeto de derecho privado de manera

19 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de junio de 2015, Rad.: 51714. 20 Ibidem.

una entidad estatal como en contra un sujeto de derecho privado de manera

19 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de junio de 2015, Rad.: 51714. 20 Ibidem. 21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 3 de abril de 2020, Rad.: 44428.10

Radicado: 19001233100020100020401 (55619)

Demandante: Idaly Larrahondo Acosta y otros

concurrente, por un asunto que en principio debería ser decidido por un juez de la jurisdicción ordinaria, el proceso debe adelantarse ante esta jurisdicci ón, pues el juez de lo contencioso administrativo adquiere competencia para definir la responsabilidad de todos los demandados22, siendo menester, para dichos efectos, estudiar el petitum y los hechos que dieron origen al daño cuya reparación se alega23.

En el caso sub examine el extremo activo pretende la declaratoria de responsabilidad extracontractual de los demandados por la muerte de Jhean Carlos Enríquez Larrahondo, ocurrida el 21 de mayo de 2008. De hecho, los demandantes en el escrito de la demanda pretenden la declaratoria de responsabilidad patrimonial del departamento del Cauca, del municipio de Patía y de José Dianey Hernández Ijaji porque, según su dicho, la muerte del menor Enríquez Larrahondo se produjo porque “el estudiante quedó atrapado en una sin salida y fue golpeado en el cráneo con un poste de energía que había sobre la vía por la que desplazaba el desprevenido conductor”.

Lo anterior permite inferir razonablemente que tanto la responsabilidad del

con un poste de energía que había sobre la vía por la que desplazaba el desprevenido conductor”.

Lo anterior permite inferir razonablemente que tanto la responsabilidad del departamento de Cauca y del municipio de Patía como aquella que pueda existir frente a la persona de derecho privado puede quedar comprometida, pues los fundamentos de hecho que dieron origen a la demanda guardan una relación directa para todas las personas que integran la parte accionada y el petitum contenido en el libelo introductorio así lo permite establecer.

En consecuencia, en virtud del fuero de atracción, esta jurisdicció n está habilitada para pronunciarse sobre la responsabilidad de José Dianey Hernández Ijaji, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8224 del Código Contencioso Administrativo, normatividad aplicable al momento en que ocurrieron los hechos, se

22 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 25 de julio de 2019, Rad.: 51687. 23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 de agosto de 1994, Rad.: 10.007 y 9480. 24 “Artículo 82: […] la jurisdicción de lo contencioso administrativo esta instituida para juzgar las controversias y litigios originadas en las entidades públicas, las sociedades de economía mixta con capital superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones p ropias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos los juzgados administrativos de conformidad con la Constitución y la ley”.11

Radicado: 19001233100020100020401 (55619)

Demandante: Idaly Larrahondo Acosta y otros

juzgados administrativos de conformidad con la Constitución y la ley”.11

Radicado: 19001233100020100020401 (55619)

Demandante: Idaly Larrahondo Acosta y otros

trata de un asunto litigioso que involucra la actividad de las entidades públicas que también fueron demandadas, a saber, el departamento del Cauca y el municipio de Patía, y esto comprende la competencia para decidir sobre la responsabilidad predicada respecto de José Dianey Hernández Ijaji , pues el fuero de atracción permite la vinculación de esta persona de derecho privado.

Por lo demás, esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 27 de marzo de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, puesto que la cuantía, dada por la sumatoria de las pretensiones25, supera la exigida para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 1395 de 2010.

2. Acción procedente

La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 8626 del Código Contencioso Administrativo.

En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño por hechos imputables al departamento del Cauca, al municipio de Patía y a José Dianey Hernández Ijaji.

En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño por hechos imputables al departamento del Cauca, al municipio de Patía y a José Dianey Hernández Ijaji.

25 En la demanda se solicitó, por concepto de perjuicios morales, 100 SMLMV para cada uno de los accionantes. 26 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o ocupación temporal o p ermanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o exservidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación particular o de otra entidad pública.”12

Radicado: 19001233100020100020401 (55619)

Demandante: Idaly Larrahondo Acosta y otros

3. Vigencia de la acción

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad del medio de control ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto s e trata de un presupuesto procesal y, por ende, ha de ser examinado de oficio27.

Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando

examinado de oficio27.

Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general 28, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportu nidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 29, ofrecer estabilidad del

27 “[…] respecto a la oportunidad para pronunciarse respecto a este fenómeno jurídico ha de decirse, en primer lugar, que, por tratarse de un presupuesto procesal de la acción, ha de examinarse de manera oficiosa al momento de admitirse la demanda por manera que, conforme prescribe el artículo 143, inc. 3 del Código Contencioso Administrativo, habrá de rechazarla el juez cuando verifique que ha ocurrido,, o bien podrá ser propuesta por el demandado mediante el recurso de reposición propuesto contra el auto admisorio de la demanda, o en la contestación de la misma, formulada como excepción de fondo - artículo 144 ordinal 3 - e incluso declararla de oficio el Juez en la sentencia definitiva si se encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del C.C.A”. Consejo de

excepción de fondo - artículo 144 ordinal 3 - e incluso declararla de oficio el Juez en la sentencia definitiva si se encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del C.C.A”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, expediente 21093. 28“La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el d erecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia”. Corte Constitucional, Sentencia C-394 de 2002. 29 “(