CE - Sentencia 19001233300020120053302 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 19001-23-33-000-2012-00533-02 (1225-2024)

Demandante: Guillermo Ángel Ramírez Espinosa

Demandados: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial1

Tema: Prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4ª de 1992

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia proferida el 20 de octubre de 2023 por el Tribunal Administrativo del Cauca mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Guillermo Ángel Ramírez Espinosa presentó demanda2 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso -Administrativo3, en orden a que se declarara la nulidad de i) la Resolución 410 del 16 de mayo de 2011

control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso -Administrativo3, en orden a que se declarara la nulidad de i) la Resolución 410 del 16 de mayo de 2011 emitida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán,

1 En adelante DEAJ. 2 Folios 24 a 29. La demanda fue presentada el 14 de septiembre de 2012. 3 En adelante CPACA.2

Radicado: 19001-23-33-000-2012-00533-02 (1225-2024) Demandante: Guillermo Ángel Ramírez Espinosa Cauca4, mediante la cual le negó el reconocimiento del 30% como un factor adicional al salario básico mensual; y las diferencias salariales y prestacionales y ii) la Resolución 1980 del 15 de febrero de 2012 por la cual la DEAJ confirmó la decisión.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó i) el reconocimiento y pago de a) la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 a partir de su vinculación a la entidad hasta que permanezca en el cargo; b) los valores que por todo concepto se le adeuda con ocasión del no pago de la prima especial de s ervicios como un factor adicional al salario básico mensual; ii) la reliquidación de las prestaciones sociales que le fueron reconocidas únicamente sobre el 70% del salario básico mensual ; iii) los intereses moratorios; iv) la indexación de las sumas adeudadas; y v) la condena en costas.

reconocidas únicamente sobre el 70% del salario básico mensual ; iii) los intereses moratorios; iv) la indexación de las sumas adeudadas; y v) la condena en costas.

3. Asimismo, pidió inaplicar i) el aparte «se considerará como prima sin carácter salarial el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual» de los decretos 57 de 1993, 106 de 1994; 43 de 1995; 36 de 1996; 76 de 1997; 64 de 1998; 44 de 1999; 2740 de 2000; 1475 de 2001; 673 de 2002; 3569 de 2003; 4172 de 2004; 936 de 2005; 389 de 2006; 618 de 2007; 658 de 2008; 723 de 2009; 1088 de 2010 y 1039 de 2011; y ii) el artículo 2 del Decreto 1251 de 2009 que limitó la remuneración en ese año en un 43% y en el año 2010 en un 43.2% del 70% de lo que por todo concepto devenga un magistrado de alta corte.

1.1.2. Fundamentos fácticos

4. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

4.1. Guillermo Ángel Ramírez Espinosa se desempeñó como juez de ejecución de penas y medidas de seguridad de Popayán5.

33.1. El 28 de abril del 2011 solicitó a la D ESAJ de Popayán, Cauca, el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios del 30% como un factor adicional al salario básico mensual; y las diferencias salariales y prestacionales. Por

reconocimiento y pago de la prima especial de servicios del 30% como un factor adicional al salario básico mensual; y las diferencias salariales y prestacionales. Por todo el tiempo que se le pagó dicha prima como parte del salario en el desempeñ o del cargo de juez de la República.

4.2. Mediante Resolución 410 del 16 de mayo de 2011 expedida por la DESAJ de Popayán, Cauca, se le negó la petición.

4.3. La decisión fue confirmada por la DEAJ a través de la Resolución 1980 del 15

4 En adelante DESAJ de Popayán, Cauca. 5 No especificó el periodo de vinculación.3

Radicado: 19001-23-33-000-2012-00533-02 (1225-2024) Demandante: Guillermo Ángel Ramírez Espinosa de febrero de 2012.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

5. Como tales, señaló los artículos 25 y 53 de la Constitución Política; y 2 y 14 de la Ley 4ª de 1992.

6. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente:

6.1. La prima especial de servicios prevista en la Ley 4ª de 1992 es un factor adicional al salario básico mensual. La entidad no la reconoció como un plus por lo que le disminuyó el salario y las prestaciones sociales.

6.2. Es procedente la inaplicación de los decretos referidos por cuanto , a partir de estos se le afectó el salario además de habérsele impuesto un tope en menor porcentaje desde el año 2009.

1.2. Contestación de la demanda

estos se le afectó el salario además de habérsele impuesto un tope en menor porcentaje desde el año 2009.

1.2. Contestación de la demanda

7. La DEAJ se pronunció en los siguientes términos6:

7.1. La prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 solo constituye factor salarial para liquidar la pensión de jubilación, de conformidad con la Ley 332 de 1996 y la sentencia C-447 de 1997 de la Corte Constitucional, por lo tanto, no se debe tener en cuenta para liquidar prestaciones sociales pues el legislador restringió expresamente su alcance sin que ello contraríe mandatos constitucionales. La sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho solo es aplicable a las partes.

7.2. Aplicó el régimen salarial vigente y no tiene facultad para interpretarlo ni inaplicarlo. Es al gobierno nacional a quien le corresponde fijar dicho régimen, por lo que no es dable acceder a las pretensiones del demandante. No es procedente la inaplicación de los decretos ante la inexistencia de incompatibilidad entre estos y la Constitución. En consecuencia, los actos demandados fueron expedidos en cumplimiento del ordenamiento jurídico.

7.3. Proceden las excepciones de i) «falta de agotamiento de la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad»; ii) prescripción 7; iii) «falta de causa para demandar»; y iv) la innominada.

6 Folios 94 a 100 vto. 7 No se especificó fechas.4

Radicado: 19001-23-33-000-2012-00533-02 (1225-2024)

y iv) la innominada.

6 Folios 94 a 100 vto. 7 No se especificó fechas.4

Radicado: 19001-23-33-000-2012-00533-02 (1225-2024)

Demandante: Guillermo Ángel Ramírez Espinosa

1.3. La sentencia apelada

8. Tribunal Administrativo del Cauca profirió sentencia el 20 de octubre de 2023 8, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda . En tal sentido, ordenó lo siguiente: «PRIMERO: Estese a lo dispuesto en sentencia de 29 de abril de 2014, la cual declaró la nulidad de los decretos salariales expedidos desde 1993 hasta 2007, así como la sentencia de unificación SUJ -016-CE-52-2019. En consecuencia, Inaplicar por inconstitucionales e ilegale s: el artículo 2 del Decreto 1251 de 2009, artículo 8º del Decreto 1388 de 2010; artículo 8º del Decreto 1039 de 2011 y artículo 8º del Decreto 874 de 2012, artículo 8 del Decreto 1024 de 2013, y artículo 8 del Decreto 194 de 2014.

TERCERO (sic): Declarar la nulidad de la Resolución No. 410 de mayo 16 de 2011, y a Resolución 1980 del 15 de febrero de 2012 como respuesta al recurso de apelación propuesto contra ésta, mediante los cuales, la RAMA JUDICIAL -DESAJ, le negó a la actora el reconocimiento y pago d el reajuste salarial, así como la reliquidación de sus prestaciones sociales, teniendo como base la correcta liquidación de la prima especial de servicios.

actora el reconocimiento y pago d el reajuste salarial, así como la reliquidación de sus prestaciones sociales, teniendo como base la correcta liquidación de la prima especial de servicios.

CUARTO: CONDENAR a la NACIÓN-RAMA JUDICIAL-DESAJ, a reconocer y pagar al demandante señor GUILLERMO ANGEL RAMIREZ ESPINOSA, identificado con CC. 76.308.300 desde el 28 de abril de 2008 hasta que tenga que el derecho, el derecho, el 30% de su asignación básica mensual que le fue descontado por concepto de prima especial de servicio.

QUINTO: CONDENAR a la NACIÓN-RAMA JUDICIAL-DESAJ, a reconocer y pagar al demandante, señor GUILLERMO ANGEL RAMIREZ ESPINOSA, identificado con CC000.76.308.300 (sic), desde el 28 de abril de 2008 hasta que tenga el derecho, la prima especial de servicio contenida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como algo adicional a su salario.

Parágrafo: El incremento salarial derivado del reconocimiento y pago de la prima especial de servicios no debe superar el 80% de lo devengado por un magistrado de alta corte.

SEXTO: CONDENAR a la NACIÓN -RAMA JUDICIAL-DESAJ, a reliquidar y pagar las prestaciones sociales, salariales y laborales (prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, cesantías, prima de vacaciones, seguridad social en salud y pensión, bonificación por servicios pres tados, entre otras) de la demandante, a partir del 28 de abril de 2008 hasta que tenga el derecho. Para esto, se tendrá en cuenta como base de liquidación, el 100% de la remuneración básica mensual legal, incluyendo el 30% que hasta ahora se ha tenido como prima especial.

abril de 2008 hasta que tenga el derecho. Para esto, se tendrá en cuenta como base de liquidación, el 100% de la remuneración básica mensual legal, incluyendo el 30% que hasta ahora se ha tenido como prima especial.

PARÁGRAFO: Descontar del retroactivo a que haya lugar, el porcentaje que por ley le correspondía asumir a la demandante por concepto de aportes a seguridad social.

8 Folios 137 a 149 vuelto.5

Radicado: 19001-23-33-000-2012-00533-02 (1225-2024) Demandante: Guillermo Ángel Ramírez Espinosa SÉPTIMO: Las sumas de la condena impuesta a la entidad demandada en la presente sentencia se actualizarán, aplicando para ello, la fórmula indicada en la parte motiva de esta providencia.

OCTAVO: CONDENAR en costas a la parte demandada, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. Liquídense por Secretaría las costas del proceso.

NOVENO: Se dará cumplimiento de la presente sentencia, en los términos del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

DÉCIMO. RECONOCER personería a la Dra. PAOLA ANDREA CHAVEZ IBARRA,

identificada con C.C. No. 1.061.690.292 y T.P. No. 223.406 del C.S de la J., como apoderada la NACIÓN-RAMA JUDICIAL-DESAJ.

DÉCIMO PRIMERO: NOTIFÍQUESE la presente sentencia a las partes, dentro de los tres días siguientes, mediante el envío del texto de esta providencia al buzón de correo electrónico para notificaciones judiciales» (sic).

9. Para tal efecto, expuso lo siguiente:

tres días siguientes, mediante el envío del texto de esta providencia al buzón de correo electrónico para notificaciones judiciales» (sic).

9. Para tal efecto, expuso lo siguiente:

9.1. A través de las sentencias del 29 de abril de 2014 y del 2 de septiembre de 2019, la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró la nulidad de los artículos de los decretos expedidos por el gobierno nacional entre los años 1993 a 2007 por medio de los cuales reglamentó la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y fijó pautas en relación con dicho emolumento.

9.2. Así, se establece que i) la Ley 4 de 1992 tuvo como finalidad fortalecer y garantizar los derechos laborales de los servidores públicos de la Rama Judicial; ii) el artículo 14 de la referida ley facultó al gobierno nacional para crear una prima sin carácter salarial, entre el 30% y el 60% del salario básico, en favor de magistrados, jueces y otros funcionarios judiciales que tuvo como finalidad fortalecer y garantizar los derechos laborales de los servidores públicos de la Rama Judicial; iii) en desarrollo de esta norma, el Decreto 57 de 1993 fijó dicha prima en el 30% del salario básico mensual; iv) posteriormente, la Sala de Conjueces, en sentencia del 29 de abril de 2014, declaró la nulidad parcial de los decretos proferidos desde el año 1993 hasta el 2007 que reglamentaron el artículo 14 al considerar erróneo incluir la prima especial de servicios dentro del salario básico y no como valor adicional; v) el Consejo de Estado, en la sentencia « SUJ-016-CE-52-2019», precisó

incluir la prima especial de servicios dentro del salario básico y no como valor adicional; v) el Consejo de Estado, en la sentencia « SUJ-016-CE-52-2019», precisó que la prima especial constituye un incremento del salario básico, que solo tiene efectos salariales para la pensión, y ordenó reliquidar las prestaciones sobre el 100% del salario básico; y vi) en cuanto a la prescripción, determinó que debe contarse desde la fecha de la reclamación administrativa y reconocerse hasta tres años atrás. Finalmente, se estableció como límite que este incremento no supere el 80% de lo devengado por un magistrado de alta corte.6

Radicado: 19001-23-33-000-2012-00533-02 (1225-2024)

Demandante: Guillermo Ángel Ramírez Espinosa

9.3. Por lo que, «por sustracción de materia, para el reconocimiento y pago del 30% del salario dejado de percibir por la demandante, así como la prima especial y reliquidación de sus prestaciones sociales, se deberá aplicar el contenido de la referida providencia».

9.4. En virtud de los principios de favorabilidad, progresividad y no regresividad, la prima especial de servicios constituye un factor adicional al salario básico mensual, de tal manera que verificados los decretos salariales proferidos por el gobierno nacional desde el año 2008 se evidencia que contienen los mismos postulados que los anulados por el Consejo de Estado por lo que es dable aplicar «el control por vía de excepción contenido den el artículo 148 del CPACA».

9.5. De conformidad con lo probado, el demandante tiene derecho al reconocimiento de la prima especial de servicios desde el 28 de abril de 2008 « hasta que tenga el

de excepción contenido den el artículo 148 del CPACA».

9.5. De conformidad con lo probado, el demandante tiene derecho al reconocimiento de la prima especial de servicios desde el 28 de abril de 2008 « hasta que tenga el derecho». Los periodos anteriores a esa fecha prescribieron debido a que la solicitud fue presentada el 28 de abril de 2011.

9.6. Por lo tanto, se deberá a) r econocer y pagar al demandante el 30% de su asignación básica mensual descontado por concepto de prima especial de servicios, desde el 28 de abril de 2008 y hasta cuando tenga derecho; b) p agar la prima especial de servicios, prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como un valor adicional al salario y sin carácter salarial, desde 28 de abril de 2008; y c) reliquidar y pagar todas las prestaciones sociales, salariales y laborales (como primas, vacaciones, cesantías, bonificaciones y aportes a seguridad social), tomando como base el 100% del salario básico mensual , incluido el 30% correspondiente a la prima, desde el 13 de abril de 2008 y hasta cuando subsista el derecho.

1.4. El recurso de apelación

10. La demandada presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de

primera instancia en los siguientes términos9:

10.1. De conformidad con la sentencia del 2 de septiembre de 2019 10, los jueces de la República tienen derecho al reconocimiento y pago de las diferencias generadas por la reliquidación de sus prestaciones sociales y laborales con base en el 100% del salario básico mensual; y un 30% adicional calculado sobre el 100% del salario

la República tienen derecho al reconocimiento y pago de las diferencias generadas por la reliquidación de sus prestaciones sociales y laborales con base en el 100% del salario básico mensual; y un 30% adicional calculado sobre el 100% del salario básico por concepto de la prima especial de servicios sin carácter salarial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

9 Folios 157 a 161. 10 De radicado 2016-00041-02.7

Radicado: 19001-23-33-000-2012-00533-02 (1225-2024) Demandante: Guillermo Ángel Ramírez Espinosa 10.2. En virtud de la sentencia del Consejo de Estado del 2 de septiembre de 2019 y del Decreto 272 de 2021 con efectos fiscales desde el 1° de enero de 2021, reconoció a los funcionarios judiciales la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 sin carácter salarial como un factor adicional al salario básico mensual. El pago se efectuó por nómina desde abril de 2021 ante la falta de apropiación presupuestal.

10.3. Resulta improcedente presentar fórmulas conciliatorias respecto de obligaciones anteriores al 1º de enero de 2021 para los jueces de la República en servicio activo, toda vez que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no asignó los recursos necesarios. En conse cuencia, no existe disponibilidad presupuestal para asumir los mayores valores derivados de la reliquidación de las prestaciones sociales con base en el 100 % de la asignación básica mensual y la prima especial

los recursos necesarios. En conse cuencia, no existe disponibilidad presupuestal para asumir los mayores valores derivados de la reliquidación de las prestaciones sociales con base en el 100 % de la asignación básica mensual y la prima especial de servicios. Conforme con lo dispuesto en los artículos 71 del Decreto 111 de 1996 y 2.8.3.2.1 del Decreto 1068 de 2015, la inexistencia de apropiación presupuestal impide efectuar reconocimientos o pagos de nivelaciones salariales o prestacionales sin la debida autorización, pues ello constituiría falta disciplinaria y, en todo caso, requeriría la expedición del respectivo decreto.

10.4. La reglamentación salarial de los servidores públicos cobijados por la Ley 4ª de 1992 se actualiza anualmente mediante decreto del gobierno nacional que fija los porcentajes y escalas salariales vigentes. Por tanto, le corresponde reconocer salarios, primas y bonificaciones conforme con dichos decretos, en observancia del principio de legalidad y la correspondiente afectación presupuestal.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

11. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar11.

1.6. El Ministerio Público

12. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no se pronunci ó en esta instancia.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

11 Al respecto, ver auto del 22 de julio del 2024. índice 3 de Samai.8

instancia.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

11 Al respecto, ver auto del 22 de julio del 2024. índice 3 de Samai.8

Radicado: 19001-23-33-000-2012-00533-02 (1225-2024)

Demandante: Guillermo Ángel Ramírez Espinosa

13. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que delimita la competencia del juez en segunda instancia 12, se circunscriben a establecer ¿si las limitaciones económicas y presupuestales son argumentos válidos para negar el derecho a la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. La prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar

14. El literal e) numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política le asignó al Congreso de la República la función de expedir las leyes y, por medio de ellas, señalar los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el gobierno al fijar, entre otros, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del congreso nacional y de la fuerza pública.

15. En ejercicio de la señalada atribución constitucional, el Congreso de la República expidió la Ley 4ª de 1992, mediante la cual, en su artículo 14, indicó lo siguiente:

«El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial 13 para los Magistrados de todo orden de los

«El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial 13 para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República,

12 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia». 13 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-27996 de 24 de junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una cierta libertad para establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El

cierta libertad para establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional».9

Radicado: 19001-23-33-000-2012-00533-02 (1225-2024) Demandante: Guillermo Ángel Ramírez Espinosa incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad». [Se resalta].

16. Por su parte, mediante el Decreto 57 de 1993 el gobierno nacional fijó el régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y previó que las personas

16. Por su parte, mediante el Decreto 57 de 1993 el gobierno nacional fijó el régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y previó que las personas vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 podrían optar por una sola vez por el régimen salarial y prestacional establecido en ese decreto (artículo 2).

17. Igualmente, en su artículo 6 señaló que «[ se considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de l os Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los

Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar».

18. Con posterioridad, el Congreso de la República expidió la Ley 332 de 1996, mediante la cual señaló que la prima especial prevista para los funcionarios mencionados en la norma [artículo 14 de la Ley 4ª de 1992] y para los fiscales de la Fiscalía General de la Nación, con la excepción allí establecida [la relativa a la opción de acogerse a la escala salarial de esta entidad], haría parte del ingreso base únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación. Igualmente, indicó que también se aplicaría a «los Magistrados Auxiliares y abogados asistentes de las Altas Cortes, Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, Magistrados del Tribunal Nacional, y Magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los Procuradores

las Altas Cortes, Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, Magistrados del Tribunal Nacional, y Magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los Procuradores Delegados de la Procuraduría General de la Nación».

19. Luego, el gobierno nacional dictó los decretos salariales anuales 106 de 1994, 43 de 1995, 36 de 1996, 47 de 1997, 64 de 1998, 43 de 1999, 2739 de 2000, 1474 de 2001, 673 de 2002, 3568 de 2003, 4171 de 2004, 935 de 2005, 389 de 2006, 618 de 200714, 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 del 2010, 1039 del 2011, 874 del 2012, 1024 del 2013 y 194 del 2014 , 997 del 2019, 301 del 2020, 981 del 2021, 470

14 Los apartes de los decretos, entre otros, expedidos desde 1993 hasta el 2007 que contenía la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 sin carácter salarial fueron anulados por la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la sen tencia del 29 de abril del 2014 de radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.10

Radicado: 19001-23-33-000-2012-00533-02 (1225-2024) Demandante: Guillermo Ángel Ramírez Espinosa del 2022, 902 del 2023, 284 del 2024 y 594 del 2025 mediante los cuales ratificó

Demandante: Guillermo Ángel Ramírez Espinosa del 2022, 902 del 2023, 284 del 2024 y 594 del 2025 mediante los cuales ratificó que la prima especial del 30% no constituye factor salarial, al respecto señaló: «[e]n cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fisca les del Tribunal Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar15».

20. Adicionalmente previó que para los servidores públicos del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado [secretario general; magistrado auxiliar; jefe de control interno; directores administrativo, de planeación, de Registro Nacional de Abo gados, de unidad; secretario de Sala o Sección y relator]; de la Dirección Nacional de Administración Judicial [directores nacional, administrativo y seccional] y de los Tribunales Judiciales [abog ado asesor], el 30% de la remuneración mensual se consideraba prima especial sin carácter salarial.

21. A partir de lo cual, surgieron 2 interpretaciones: la primera, según la cual la prima creada por el Congreso de la República con la Ley 4ª de 1992, correspondía al 30% del valor de la asignación básica, y que este era adicional al 100% de esa asignación, lo que resultaba en un 130% [esto, sumada la prima con el salario

del valor de la asignación básica, y que este era adicional al 100% de esa asignación, lo que resultaba en un 130% [esto, sumada la prima con el salario básico]; la segunda, consideraba que correspondía tomar el 70% como asignación mensual básica y el 30% restante era el que correspondía a la prima especial de servicios recientemente creada, lo que sumado daría el 100% de los ingresos laborales de los servidores; es decir, descontaba del 100% el 30% denominado como prima.

22. Para solucionar la controversia, la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la sentencia del 2 de septiembre de 200916, fijó, entre otras, las siguientes

reglas:

«1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.

1. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del

15 Excepto en los decretos 1105 del 2005, 234 del 2016, 1003 del 2017 y 338 del 2018 en los cuales no se hizo referencia a dicha prima en los términos señalados. 16 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001 -23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.

no se hizo referencia a dicha prima en los términos señalados. 16 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001 -23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)11

Radicado: 19001-23-33-000-2012