CE - Sentencia 19001233300020140022601 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., tres (03) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011

Radicado: 19001 23 33 000 2014 00226 01 (1465 - 2019)

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP1

Demandada: Blanca Lucy Palacios Villota Temas: Nulidad de acto administrativo propio. Pensión gracia. Devolución de mesada pensional. Mala fe. Fraude global.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala resuelve el recurso de apelación presentado por la parte demandada contra la sentencia emitida el 15 de noviembre de 2018 por el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda , decisión será confirmada.

I. ANTECEDENTES

Demanda2

2. El 26 de mayo de 2014 3, entidad demandante ejerció el medio de control de la referencia en contra de la demandada, con el objetivo de que se declare la nulidad de sus propias Resoluciones RDP 037289 del 13 de agosto de 2013 y RDP 049620 del 25

referencia en contra de la demandada, con el objetivo de que se declare la nulidad de sus propias Resoluciones RDP 037289 del 13 de agosto de 2013 y RDP 049620 del 25 de octubre de 2013. Dichos actos administrativos fueron emitidos en cumplimiento de una acción de tutela dictada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué (Bolívar), a través de la cual se reconoció y ordenó el pago de una pensión gracia de jubilación a la accionada.

3. A título de restablecimiento del derecho , solicitó la devolución de todos los montos desembolsados a la demandada debido al reconocimiento ilegal de la pensión gracia, debidamente indexados y actualizados desde el momento en que se causaron hasta la fecha de la sentencia que ponga fin al proceso. En caso de que no se realice el pago oportunamente, pidió que se le liquiden los intereses comerciales y moratorios, además de condenar a la accionada en costas y agencias en derecho.

1 En adelante UGPP. 2 Folios 1 a 6 del cuaderno principal No. 1. 3 Folio 351 del cuaderno principal No. 2.2

Radicado: 19001 23 33 000 2014 00226 01 (1465 - 2019)

Demandante: UGPP

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4. Como fundamento de sus pretensiones , expuso que la demandada fue designada como docente nacional en el municipio de Popayán por el Ministerio de Educación Nacional, desempeñándose desde el 21 de septiembre de 1977 hasta el 20

4. Como fundamento de sus pretensiones , expuso que la demandada fue designada como docente nacional en el municipio de Popayán por el Ministerio de Educación Nacional, desempeñándose desde el 21 de septiembre de 1977 hasta el 20 de noviembre de 2004; destacando que su último cargo fue en el INEM Francisco José de Caldas de dicha municipalidad.

5. Agregó que CAJANAL EICE, actualmente liquidada, emitió las Resoluciones 8664 del 27 de febrero de 2006 y 45051 del 25 de septiembre de 2007, así como el Auto 201506 del 30 de abril de 2006, en los cuales negó el derecho al reconocimiento de la pensión gracia, argumentando que no se demostraron los 20 años de servicios en la docencia de orden departamental, municipal o distrital.

6. Mencionó también que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué

(Bolívar), mediante la acción de tutela 2006 – 00194 del 6 de octubre de 2006, amparó los derechos de la demandada y ordenó reconocerle la pensión gracia, incluyendo los factores salari ales causados en el año anterior a la adquisición del estatus de pensionada, junto con la respectiva retroactividad. En cumplimiento de esta decisión, la actora emitió la Resolución RDP 037289 del 13 de agosto de 2013, reconociendo la prestación a la deman dada, efectiva desde el 26 de mayo de 2003, la cual fue modificada posteriormente por la Resolución RDP 049620 del 25 de octubre de 2013, ajustando la efectividad de la prestación a partir del 26 de mayo de 2004.

Contestación de la demanda4

modificada posteriormente por la Resolución RDP 049620 del 25 de octubre de 2013, ajustando la efectividad de la prestación a partir del 26 de mayo de 2004.

Contestación de la demanda4

7. La demandada se opuso a las pretensiones y a la condena en costas, señalando que estas se encuentran en contravía del ordenamiento jurídico y atentan contra los principios de acierto y legalidad que rigen las decisiones judiciales y los actos administrativos. Afirmó que la actora intenta reabrir debates jurídicos ya concluidos, lo que convierte su actuación en temeraria y fraudulenta. Además, insistió en que el acto impugnado fue expedido en cumplimiento de una orden judicial, el cual goza de presunción de legalidad, sobre la que ya se pronunció el juez de tutela.

8. Propuso las excepciones previas que tituló como «imposibilidad de control judicial del acto administrativo demandado», «falta de jurisdicción y competencia» y «cosa juzgada» . De igual forma, formuló las excepciones de fondo «violación de la constitución y de los derechos fundamentales por parte de la demandante al rehusarse a cumplir la orden judicial» , «creación de derechos mediante sentencia judicial en un estado social de derecho», «desconocimiento del precedente judicial», «cobro de lo no debido» y «buena fe del demandado».

Medida cautelar de suspensión provisional5

9. Durante la audiencia inicial celebrada el 15 de noviembre de 2018 6, el a quo se abstuvo de decretar la suspensión provisional de los actos acusados. Esta decisión se fundamentó en el cumplimiento de la sentencia emitida por la Sala Penal de la Corte

abstuvo de decretar la suspensión provisional de los actos acusados. Esta decisión se fundamentó en el cumplimiento de la sentencia emitida por la Sala Penal de la Corte

4 Folios 376 a 397 del cuaderno principal No. 2. 5 Folios 433 a 436 del cuaderno principal No. 2. 6 Ver CD obrante en el folio 440 del cuaderno principal No. 2.3

Radicado: 19001 23 33 000 2014 00226 01 (1465 - 2019)

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Suprema de Justicia, que confirmó la resolución de dejar sin efectos la sentencia de tutela 194 – 2006 dictada el 6 de octubre de 2006 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué y las resoluciones de CAJANAL que se hubieran expedido como consecuencia de dicho fallo, el cual fue declarado contrario a la ley. A más que se dejó sin efectos la Resolución RDP 37289 del 13 de agosto de 2013, que reconocía la pensión gracia. En consecuencia, se concluyó que el acto administrativo de reconocimiento había sido suspendido y no estaba produciendo efectos, lo que hizo innecesario un nuevo pronunciamiento sobre la suspensión de sus efectos.

Decisión de excepciones previas

10. En el marco de la misma audiencia inicial, el magistrado ponente en primera instancia declaró no probadas las excepciones previas relacionadas con la imposibilidad de control judicial del acto administrativo demandado, la falta de

Decisión de excepciones previas

10. En el marco de la misma audiencia inicial, el magistrado ponente en primera instancia declaró no probadas las excepciones previas relacionadas con la imposibilidad de control judicial del acto administrativo demandado, la falta de jurisdicción y competencia, así como la cosa juzgada.

II. SENTENCIA APELADA7

11. El Tribunal Administrativo del Cauca accedió a las pretensiones de la demanda mediante la sentencia dictada en la audiencia inicial. En consecuencia, declaró la nulidad de los actos administrativos enjuiciados y condenó a la demandada a reintegrar a favor de la entidad las sumas recibidas por concepto de la pensión gracia, debidamente indexadas.

12. Advirtió que los actos cuestionados son contrarios a la ley, dado que se hicieron valer tiempos de servicio en la educación de carácter nacional. Esto se evidencia en el contenido de las resoluciones impugnadas y en los certificados de tiempos de servicio emitidos por la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del municipio de Popayán

(Cauca), que documentan la vinculación docente en el INEM del municipio de Popayán desde el 21 de septiembre de 1977 hasta el 20 de noviembre de 2004.

13. Señaló que los tiempos de servicio prestados fueron como docente del orden nacional, lo que contraviene lo estipulado en el artículo 4 de la Ley 114 de 1913, que solo ampara a quienes han servido en la educación por más de 20 años con vinculación de carácter nacionalizado o territorial. Por lo tanto, al haberse computado un tiempo de servicio de orden nacional para el reconocimiento de la pensión gracia, los actos

solo ampara a quienes han servido en la educación por más de 20 años con vinculación de carácter nacionalizado o territorial. Por lo tanto, al haberse computado un tiempo de servicio de orden nacional para el reconocimiento de la pensión gracia, los actos administrativos están viciados de nulidad por infracción a las normas superiores que debieron fundamentarlos, lo que llevó a declarar su nulidad.

14. Asimismo, se indicó que, en virtud de los fallos proferidos por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena – Sala de Decisión Penal y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la acción de tutela y los actos administrativos dejaron de producir efectos hacia el futuro; sin embargo, mientras estuvieron vigentes, se pueden cuestionar dentro de este proceso. Al respecto, aclaró que un aspecto es el análisis realizado dentro de la jurisdicción penal para declarar la suspensión de lo s efectos del fallo de tutela y del acto de reconocimiento de la pensión gracia y otro es el

7 Ver CD obrante en el folio 440 del cuaderno principal No. 2 y acta visible a folios 425 a 439 del cuaderno principal No. 2.4

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Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co análisis propio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, orientado a la defensa del principio de legalidad, cuestión que no es competencia del juez penal.

www.consejodeestado.gov.co análisis propio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, orientado a la defensa del principio de legalidad, cuestión que no es competencia del juez penal.

15. En relación con el restablecimiento del derecho, consideró que se ha desvirtuado la presunción de buena fe de la demandada al haber recibido sumas de dinero por concepto de la pensión gracia, a la cual no tenía derecho, debido a que prestó sus servicios co n vinculación de carácter nacional. De los documentos presentados al plenario se pudo establecer que la accionada solicitó el reconocimiento de la pensión gracia en diciembre de 2004, con un certificado de tiempo de servicios que claramente informa que prestó sus servicios como docente nacional, lo cual fue negado a través de la Resolución 8664 del 27 de febrero de 2006 de CAJANAL.

16. Así pues, estimó que se está ante un fraude global que permite a la administración recuperar las sumas pagadas indebidamente, considerando que hubo un acto administrativo previo en el que se le negó el reconocimiento y otra acción de tutela que igualmente le impidió acceder al reconocimiento pretendido. Además, se evidenció que no prestó servicios docentes en el territorio del juez de tutela, lo que vulnera lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Decreto 1382 de

2009. En suma, mencionó que se llevaron a cabo una serie de actuaciones dudosas de carácter global para el reconocimiento de la pensión gracia.

17. Por lo tanto, al desvirtuarse la presunción de buena fe, se ordenó a la demandada la devolución de los dineros recibidos por concepto de la pensión gracia que le fue

carácter global para el reconocimiento de la pensión gracia.

17. Por lo tanto, al desvirtuarse la presunción de buena fe, se ordenó a la demandada la devolución de los dineros recibidos por concepto de la pensión gracia que le fue indebidamente reconocida en el marco de una acción de tutela envuelta en actos dolosos, fraudulentos o de mala fe.

III. RECURSO DE APELACIÓN

18. La demandada8 presentó recurso de apelación tendiente a obtener la revocatoria del numeral segundo de la sentencia de primera instancia. Discutió que existe una circunstancia que impide abordar el fondo de las pretensiones debido a la inexistencia de los actos administrativos impugnados. En este sentido, aseveró que la Resolución RDP 009679 del 13 de marzo de 2017, emitida por la UGPP, dejó sin efectos los actos que reconocieron la prestación a la demandada, lo que hace irrelevante un pronunciamiento sobre el asunto.

19. Adicionalmente, sostuvo que no se le puede atribuir mala fe por haber interpuesto, a través de un apoderado, una acción de tutela, ya que esa actuación no puede presumirse como un comportamiento ilegal, fraudulento o engañoso. Destac ó que no actuó directamente ante la autoridad judicial, sino que lo hizo mediante un apoderado, quien es responsable de diseñar la estrategia jurídico -procesal para la obtención de su derecho.

20. Añadió que la posición del Tribunal es errónea, habida cuenta que intenta desvirtuar la presunción de buena fe que le asiste, basándose en el hecho de haberse beneficiado de los recursos reconocidos, pero sin tener en cuenta que en la fecha en

20. Añadió que la posición del Tribunal es errónea, habida cuenta que intenta desvirtuar la presunción de buena fe que le asiste, basándose en el hecho de haberse beneficiado de los recursos reconocidos, pero sin tener en cuenta que en la fecha en que se decidió la tutela y se expidieron los actos impugnados, estos contaban con

8 Folios 441 a 456.5

Radicado: 19001 23 33 000 2014 00226 01 (1465 - 2019)

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co presunciones de legalidad y acierto. En consecuencia, al no haberse demostrado la mala fe, calificó como improcedente la devolución de las sumas de dinero que pudo haber recibido como resultado de los actos administrativos demandados.

IV. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

21. Mediante auto del 22 de septiembre de 20229 se admitió el recurso de apelación presentado por la parte demandada, el cual fue notificado a las partes por estado del 7 de octubre de 2022. Después, a través de auto del 4 de mayo de 2023 10, se corrió traslado a las partes de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 247 del CPACA.

22. La demandada11 reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

Mientras que la entidad demandante y el Ministerio Púbico guardaron silencio en esta etapa procesal.

V. CONSIDERACIONES

Problema jurídico

Mientras que la entidad demandante y el Ministerio Púbico guardaron silencio en esta etapa procesal.

V. CONSIDERACIONES

Problema jurídico

23. En virtud de los motivos de inconformidad expuestos en el recurso de apelación, corresponde a la Sala evaluar si en este caso se ha desvirtuado la presunción de buena fe que protege a la parte demandada. Como resultado de esta evaluación, se determinará la procedencia de ordenar el reintegro de las sumas de dinero abonadas en relación con la pensión gracia otorgada de manera irregular.

Solución al caso concreto

24. Para desatar tal cuestionamiento, el artículo 58 de la Constitución Política prevé que «[l]as actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas».

25. Sobre el particular, se ha señalado que el principio de buena fe es un postulado que «tiene límites demarcados por principios de igual categoría constitucional, como la prevalencia del interés general, la vigencia de un orden justo y el desarrollo de la función administrativa con base en los principios de igualdad, moralidad, eficacia y economía»12.

26. El literal c) del ordinal 1° del artículo 164 del CPACA regula que la demanda podrá ser presentada en cualquier tiempo cuando «[s]e dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe». Esta disposición reprodujo el contenido del numeral 2 del artículo 136 del CCA.

9 Folio 514.

habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe». Esta disposición reprodujo el contenido del numeral 2 del artículo 136 del CCA.

9 Folio 514. 10 Folio 522. 11 Índice 33 registrado en Samai. 12 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 1 de septiembre de 2014, con ponencia del doctor Gustavo Gómez Aranguren dentro del expediente con radicado 25000232500020110060902 (3130 – 2013).6

Radicado: 19001 23 33 000 2014 00226 01 (1465 - 2019)

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27. En ese contexto, la norma ampara a aquellas personas que han percibido prestaciones periódicas por las decisiones adoptadas de manera errónea por la administración. Sin embargo, este principio no es aplicable en los casos en los que se accedió al reconocimiento de la pensión gracia a través de actuaciones dudosas. Es importante considerar que el principio de buena fe conlleva una presunción de legalidad que admite prueba en contrario. Al no provenir de un error por parte de la Administración, es necesario analizar cada caso de manera particular para determinar si procede o no la devolución de los dineros.

28. Las pruebas obrantes en el expediente demuestran que:

1. Por medio de la Resolución CCS 08664 del 27 de febrero de 200613, CAJANAL negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia solicitada por la demandada, arguyendo que no se cumplían los requisitos establecidos por

1. Por medio de la Resolución CCS 08664 del 27 de febrero de 200613, CAJANAL negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia solicitada por la demandada, arguyendo que no se cumplían los requisitos establecidos por la ley, específicamente los 20 años de servicio en la docencia oficial a nivel departamental, municipal o distrital.

1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué (Bolívar), a través de l fallo de tutela emitido el 6 de octubre de 2006, con radicado 2006 – 19414, amparó los derechos fundamentales de la demandada, incluyendo el debido proceso, la igualdad y el derecho a la pensión de jubilación, ordenando a CAJANAL el reconocimiento y pago de la pensión gracia.

1. Por medio de la Resolución 45051 del 25 de septiembre de 200715, CAJANAL negó nuevamente el reconocimiento de la pensión gracia, alegando que «ante la orden dirigida a reconocer una prestación que no se adecua a la juridicidad, en cuanto condena al reconocimiento de una pensión gracia a favor de un educador que prestó sus servicios a la Nación, la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL EICE no ha dado cumplimiento a la orden de tutela y en defecto está tramitando ante la Honorable Corte Constitucional, la selección del fallo para revisión, surtida la cual y una vez se encuentre en firme el pronunciamiento de esta última corporación, se pronunciará al respecto.»

1. El 28 de mayo de 2013 16, la demandada solicitó el cumplimiento del mencionado fallo de tutela. La UGPP, mediante Auto ADP 008768 del 21 de

respecto.»

1. El 28 de mayo de 2013 16, la demandada solicitó el cumplimiento del mencionado fallo de tutela. La UGPP, mediante Auto ADP 008768 del 21 de junio de 2013 17, antes de proceder con la decisión de tutela, requirió la presentación de la sentencia judicial del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué (Bolívar).

1. A través de la Resolución RDP 037289 del 13 de agosto de 2013 18, en cumplimiento de la decisión de amparo previamente citada, se reconoció a favor de la demandada la pensión gracia, efectiva a partir del 26 de mayo de 2003, la cual fue modificada por la Resolución RDP 049620 del 25 de octubre

13 Folios 59 a 67 del cuaderno principal No. 1. 14 Folios 74 a 110 del cuaderno principal No. 1. 15 Folios 130 a 138 del cuaderno principal No. 1. 16 Folios 152 a 162 del cuaderno principal No. 1. 17 Folios 177 a 179 del cuaderno principal No. 1. 18 Folios 180 a 185 del cuaderno principal No. 1.7

Radicado: 19001 23 33 000 2014 00226 01 (1465 - 2019)

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de 201319, aclarando que el derecho sería efectivo a partir del 26 de mayo de 2004.

1. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena – Sala Penal, mediante

www.consejodeestado.gov.co de 201319, aclarando que el derecho sería efectivo a partir del 26 de mayo de 2004.

1. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena – Sala Penal, mediante sentencia del 7 de octubre de 201520, condenó al juez Arnedys José Payares Pérez como autor responsable del delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo sucesivo y heterogéneo sucesivo con prevaricato por omisión, imponiéndole 63 meses de prisión y una multa equivalente a 175 salarios mínimos legales mensuales. Además, fue inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un período igual al de la pena de prisión impuesta. Sumado a lo anterior, se dejó sin efecto la sentencia de tutela con radicado 2006 – 194 del 6 de octubre de 2006 emitida por el procesado, así como las resoluciones expedidas en cumplimiento de la orden de tutela contraria a la ley. Esta decisión fue confirmada parcialmente por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante providencia del 25 de enero de 201721.

1. La entidad demandante, a través de la Resolución RDP 009679 del 13 de marzo de 2017 22, dio cumplimiento a la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, dejando sin efecto los actos que reconocieron la pensión gracia a la demandada (Resolución RDP 037289 del 13 de agosto de 2013, modificada por la Res olución RDP 049620 del 25 de octubre de 2013) y ordenando su exclusión definitiva de la nómina de pensionados.

del 13 de agosto de 2013, modificada por la Res olución RDP 049620 del 25 de octubre de 2013) y ordenando su exclusión definitiva de la nómina de pensionados.

29. Con fundamento en estos hechos probados, no hay lugar a discusión sobre la ilegalidad de las Resoluciones RDP 037289 del 13 de agosto de 2013 y RDP 049620 del 25 de octubre de 2013 emitidas por la UGPP, que reconocieron a la demandada una pensión gracia en cumplimiento al fallo de tutela del 6 de octubre de 2006 del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué (Bolívar). Inclusive, la parte demandada no impugnó la sentencia para cuestionar su legalidad. Lo que refuta es que se haya determinado que actuó de mala fe para obtener la pensión gracia a través de una acción de tutela.

30. Sobre el particular, es menester señalar que esta Corporación ha determinado , en múltiples casos análogos de fraude global 23, la existencia de mala fe por parte de los docentes. A continuación, se presentan algunos de los argumentos que llevaron a

esa conclusión:

19 Folios 186 a 188 del cuaderno principal No. 1. 20 Folios 3 a 86 del cuaderno principal No. 3. 21 Folios 87 a 110 del cuaderno principal No. 3. 22 Folios 112 a 114 del cuaderno principal No. 3. 23 Véanse, entre otras: Consejo de Estado. Sección Segunda: Radicado: 68001 -23-33-000-2013-00231-03(1024-2016)

22 Folios 112 a 114 del cuaderno principal No. 3. 23 Véanse, entre otras: Consejo de Estado. Sección Segunda: Radicado: 68001 -23-33-000-2013-00231-03(1024-2016) Sentencia de 26 de noviembre de 2020 / Radicado: 15001 -23-33-000-2014-00301-01(4976-2018). Sentencia de 11 de marzo de 2021 / Radicado: 52001 -23-33-000-2014-00371-02 (6522 -2022) Sentencia de 30 de noviembre de 2023 / Radicado: 25000-23-42-000-2014-1780-01 (5864-2023) Sentencia de 30 de octubre de 2024 / Radicado: 25000 -23-42000-2014-01635-03 (3617-2023) Sentencia de 7 de noviembre de 2024 / Radicado 25000 23 42 000 2014 00823 02 (3881– 2017) Sentencia de 13 de febrero de 2025 / Radicado 41001 23 33 000 2014 00291 03 (6002 – 2024) Sentencia de 29 de mayo de 2025.8

Radicado: 19001 23 33 000 2014 00226 01 (1465 - 2019)

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co «[…] se debe tener en cuenta que tal como lo consideró la Corte Constitucional en la sentencia T -218 de 2012, en este asunto de igual manera al juez primero

www.consejodeestado.gov.co «[…] se debe tener en cuenta que tal como lo consideró la Corte Constitucional en la sentencia T -218 de 2012, en este asunto de igual manera al juez primero laboral del circuito de Ciénaga le estaba legalmente vedado 24 asumir el conocimiento de este mecanismo constitucional, porque además de desconocer el principio de la subsidiariedad y del juez natural de la causa, era indudable que la accionante no residía ni prestó sus servicios en esa municipalidad como tampoco en el departamento de Magdalena, sino en el municipio de Espinal ubicado en el departamento del Tolima, ello ligado a que el acto previo a través del cual Cajanal negó el reconocimiento de la pensión gracia había sido expedido en Bogotá.

Por manera que la buena fe de la señora María Ofelia Sánchez Zuluaga, contrario a lo determinado por el tribunal, se encuentra absolutamente desvirtuada en la medida en que adelantó actuaciones dudosas como partícipe de un fraude global a fin de obtener decisión judicial favorable, que se tradujo en el reconocimiento de la pensión gracia a la que a todas luces no tenía derecho, lo cual permite predicar que es procedente ordenar que devuelva los dineros que hubiere podido devengar por dicho concepto y que le fueron ilegalmente reconocidos, los que además se deben indexar al momento de efectuarse el pago, tal como en asunto de idénticos contornos se determinó25»26.

31. Corolario a lo anterior, en torno a la configuración de la mala fe, la Subsección advierte que la Corte Constitucional en la sentencia T-218 del 20 de marzo de 2012 revisó la providencia de tutela del 11 de diciembre de 2006 emanada del Juzgado

advierte que la Corte Constitucional en la sentencia T-218 del 20 de marzo de 2012 revisó la providencia de tutela del 11 de diciembre de 2006 emanada del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué, con contornos facticos y jurídicos similares al aquí estudiado, señalando que «[…] está maculada por un fraude que corrompería la administración de justicia». Asimismo, advirtió la insuficiencia probatoria para demostrar la his toria laboral o el tipo de vinculación de los accionantes, lo que era necesario para establecer si cumplían con los requisitos legales para acceder a la pensión gracia. Concluyó que la decisión del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué debía ser anulada por ser el resultado de un fraude global y no constituía un título válido cuyo cumplimiento pudiera ser exigido por vías legales.

24 «Artículo 37 del Decreto 2591 de 1991«… son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriera la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud…». Y, a rtículo 1 del Decreto 1382 de 2000 «para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos…» 25 «Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 1 de septiembre de 2014, Radicación: 3130 -13,

amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos…» 25 «Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 1 de septiembre de 2014, Radicación: 3130 -13, consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. En dicha providencia se analizó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaura da por CAJANAL contra la señora Luz Mery Melo Melo, quien figura como una de las 140 personas al igual que el señor Jairo Eduardo Nieto Rodríguez, quienes impetraron acción de tutela cuyo radicado corresponde al 0063 -06, para concluir que «Además, si bien es cierto que en estas diligencias no se acreditó que la autoridad disciplinaria hubiere investigado y sancionado a los partícipes de la actuación señalada, ello no es óbice para desconocer las evidentes irregularidades surtidas en este caso, que es análogo al examinado por la Corte Constitucional, por lo que ante la concurrencia de las demás situaciones se advierte la mala fe de la señora Luz Mery Melo Melo. En este sentido se le ordenará, la devolución de los dineros que hubiere podido devengar por concepto de la pensión gracia a ella reconocida, sumas que deberá indexar, conforme a lo señalado por el artículo 178 y s.s. del Decreto 01 de 1984, como se pidió en la demanda, previa certificación que expida la entidad al efecto» 26 Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 73001 -23-31-000-2011-00228-02 (1186-2016). Sentencia de 22 de febrero de 2018.9

26 Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 73001 -23-31-000-2011-00228-02 (1186-2016). Sentencia de 22 de febrero de 2018.9

Radicado: 19001 23 33 000 2014 00226 01 (1465 - 2019)

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

32. Al aplicar estos razonamientos al caso específico, la Sala llega a la conclusión de que se ha desvirtuado la buena fe de la parte demandada en el momento en que solicitó el reconocimiento de la pensión gracia. Esto se debe a que se presentó ante el Juez Segundo Civil del Circuito de Magangué, quien tenía vedado27 lega