CE - Sentencia 19001233300020140035901 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN Radicación: 190012333000201400359 01 (67234)

Demandante: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL

Demandado: FABIO ZÁRATE QUINTERO Y OTROS

Tema: Ley 678 de 2001. Ley 1437 de 2011. Uso desproporcionado de la fuerza. Se probó la conducta gravemente culposa del agente estatal. Condena. Se configuraron costas procesales en el trámite de segunda instancia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala, de acuerdo con lo dispuesto en sesión de 5 de mayo de 2005 1, decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 25 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SINTESIS DEL CASO

Mediante sentencia del 29 de marzo de 2009, el Tribunal Administrativo del Cauca declaró patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional por las lesiones físicas y psicofísicas causadas a Luis Felipe García Canaval, Yefferson Rodríguez Martínez y Carlos Andrés Palacio Bedoya, por lo que ordenó pagar a las víctimas y a sus familiares perjuicios inmateriales. Como la

Nacional por las lesiones físicas y psicofísicas causadas a Luis Felipe García Canaval, Yefferson Rodríguez Martínez y Carlos Andrés Palacio Bedoya, por lo que ordenó pagar a las víctimas y a sus familiares perjuicios inmateriales. Como la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional afirma que pagó una indemnización por concepto de dicha condena, en ejercicio del medio de control de repetición, presentó demanda en contra de Fabio Zárate Quintero, Daiver Urrego Pareja, Hugo Torres Gallego, Fabio García Mora y Jhon Moreno Gaviria , pues considera que con su actuar gravemente culposo incidieron en la producción del daño antijurídico por el cual resultó condenada.

1 Sala Plena Sección Tercera, acta número 15 de 5 de mayo de 2005.2

Radicado: 190012333000201400359 01 (67234)

Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 12 de mayo de 2014 2, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de repetición, presentó demanda en contra del capitán Fabio Zárate Quintero, del intendente Daiver Urrego Pareja, del agente Hugo Torres Gallego, del agente Fabio García Mora y del subintendente Jhon Moreno Gaviria, para que se les declarara patrimonialmente responsables del pago de “ $399.399460,28 y $75.599.612,08” a Luis Felipe García Canaval y otros , el cual se llevó a cabo en cumplimiento de la

patrimonialmente responsables del pago de “ $399.399460,28 y $75.599.612,08” a Luis Felipe García Canaval y otros , el cual se llevó a cabo en cumplimiento de la sentencia del 29 de marzo de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 9 d e marzo de 2006, Luis Felipe García Canaval, Yefferson Rodríguez Martínez y Carlos Andrés Palacios Bedoya sufrieron graves lesiones en su humanidad, luego de ser atacados sorpresivamente por uniformados de la Policía Nacional, quienes les dispararon con sus armas de dotación, en las calles del municipio de Santander de Quilichao (Cauca).

Señala que, por esos hechos, la Procuraduría Regional del Cauca inició una investigación disciplinaria en contra del capitán Fabio Zárate Quintero, el intendente Daiver Urrego Pareja, el agente Hugo Torres Gallego, el agente Fabio García Mora y el subintendente Jhon Moreno Gaviria, la cual culminó con decisión que declaró la extinción de la acción disciplinaria por prescripción.

Indica que el 17 de mayo de 2006, Luis Felipe García Canaval, Yefferson Rodríguez Martínez, Carlos Andrés Palacios Bedoya y sus familiares presentaron demanda de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional para que se le declarara patrimonialmente responsable por la lesión de la que habían sido objeto los tres primeros.

2 Fl. 72 a 84, C. 1.3

Radicado: 190012333000201400359 01 (67234)

habían sido objeto los tres primeros.

2 Fl. 72 a 84, C. 1.3

Radicado: 190012333000201400359 01 (67234)

Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

Manifiesta que, mediante sentencia del 7 de julio de 2011, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Popayán, se declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional por las lesiones sufridas por Luis Felipe García Canaval, Yefferson Rodríguez Martínez y Carlos Andrés Palacios Bedoya y, en consecuencia, se le condenó a pagar perjuicios morales y materiales a las víctimas y a sus familiares.

Destaca que la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional presentó recurso de apelación contra la sentencia del 7 de julio de 2011, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Popayán.

Sostiene que, posteriormente, el Tribunal Admi nistrativo del Cauca, mediante sentencia 29 de marzo de 2012, confirmó la decisión apelada.

Atendiendo a que la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional afirma que pagó una indemnización por tal condena, presentó demanda en ejercicio del medio de control de repetición en contra del capitán Fabio Zárate Quintero, del intendente Daiver Urrego Pareja, del agente Hugo Torres Gallego, del agente Fabio García Mora y del subintendente Jhon Moreno Gaviria , pues considera que con su actuación gravemente culposa incidieron en la producción del daño antijurídico por el cual fue condenada.

2. Contestación

Mora y del subintendente Jhon Moreno Gaviria , pues considera que con su actuación gravemente culposa incidieron en la producción del daño antijurídico por el cual fue condenada.

2. Contestación

El 18 de agosto de 20163, el Tribunal Administrativo del Cauca admitió la demanda y ordenó su notificación a los demandados y al Ministerio Público.

2.1. Hugo Torres Gallego 4 se opuso a las pretensiones e indicó que no actuó con culpa grave porque no accionó su arma de dotación contra civiles, en los hechos ocurridos el 9 de marzo de 2006. Propuso la excepción de carencia de prueba.

3 Fl. 102 a 103, C. 1. 4 Fl. 126 a 132, C. 1.4

Radicado: 190012333000201400359 01 (67234)

Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

2.2. Jhon Moreno Gaviria5 se opuso a las pretensiones y sostuvo en su defensa que su actuación no fue gravemente culposa, porque no accionó su arma de dotación oficial en contra de civiles el 9 de marzo de 2006. Propuso la excepción de carencia de prueba.

2.3. Fabio Zárate Quintero 6 solicitó negar las pretensiones de la demanda porque no actuó con culpa grave en los hechos ocurridos el 9 de marzo de 2006. Al efecto, indicó que la parte actora no demostró que fue él quien disparó a las víctimas. Propuso las excepciones de ineptitud sustantiva de la demanda por ser deficiente y falta de requisitos y presupuestos para la procedencia de la pretensión de repetición.

indicó que la parte actora no demostró que fue él quien disparó a las víctimas. Propuso las excepciones de ineptitud sustantiva de la demanda por ser deficiente y falta de requisitos y presupuestos para la procedencia de la pretensión de repetición.

2.4. Fabio García Mora 7 se opuso a las pretensiones, manifestando que no actuó con culpa grave, porque no accionó su arma de dotación oficial contra civiles en los hechos ocurridos el 9 de marzo de 2006, pues para ese momento únicamente ejercía la labor de “ conductor del vehículo policial que transportaba a los uniformados que participaron en el procedimiento en los cuales resultaron lesionadas unas personas”. Propuso la excepción de carencia de prueba.

2.5. Daiver Urrego Pareja8 solicitó negar las pretensiones de la demanda, aduciendo que su actuación no fue gravemente culposa, en tanto no se acreditó que fue el agente que ocasionó lesio nes a Luis Felipe García Canaval, Yefferson Rodríguez Martínez y Carlos Andrés Palacios Bedoya.

3. Audiencia inicial

El 24 de julio de 2018 9, el Tribunal Administrativo del Cauca celebró la audiencia inicial en la que realizó el saneamiento del proceso, resolvió las excepciones previas, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

5 Fl. 178 a 183, C. 1. 6 Fl. 185 a 198; C.1; y, Fl. 199 a 212, C. 2. 7 Fl. 335 a 340, C. 2. 8 Fl. 343 a 348, C. 2. 9 Fl. 358 a 364, C. 2.5

7 Fl. 335 a 340, C. 2. 8 Fl. 343 a 348, C. 2. 9 Fl. 358 a 364, C. 2.5

Radicado: 190012333000201400359 01 (67234)

Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

Frente a este último punto, es decir, el objeto del litigio señaló que se circunscribiría a determinar si “les asiste o no responsabilidad patrimonial a los demandados por la condena impuesta a la Policía Nacional en el proceso de reparación directa adelantada por los señores Luis Felipe García Canaval, Yefferson Rod ríguez Martínez y Carlos Andrés Palacios Bedoya por hechos ocurridos el 9 de marzo de 2006, en Santander de Quilichao (Cauca)”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 17 de enero de 201910 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional 11 y Fabio Zárate Quintero12, Hugo Torres Gallego 13, Fabio García Mora 14 y Jhon Moreno Gaviria 15 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y su contestación, respectivamente.

4.2. El Ministerio Público16 solicitó negar las pretensiones de la demanda, toda vez que no se “ encuentran debidamente probados y configurados los elementos establecidos por la ley y la jurisprudencia para que prospere la repetición incoada”. Al efecto, indicó que no bastaba con acreditar la condena contra el Estado, sino que

que no se “ encuentran debidamente probados y configurados los elementos establecidos por la ley y la jurisprudencia para que prospere la repetición incoada”. Al efecto, indicó que no bastaba con acreditar la condena contra el Estado, sino que se debía probar que la conducta desplegada por los demandados tenía la intención de “inferir” daño a otras personas, lo cual no se demostró.

4.3. Daiver Urrego Pareja guardó silencio.

10 Fl. 391 394, C. 2. 11 Fl. 400 a 410, C. 3. 12 Fl. 411 a 423, C. 3. 13 Fl. 396 A 399, C. 2. 14 Ibídem. 15 Ibídem. 16 Fl. 424 a 432, C. 3.6

Radicado: 190012333000201400359 01 (67234)

Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 25 de marzo de 202117 el Tribunal Administrativo del Cauca negó las pretensiones de la demanda, al constatar que los uniformados demandados actuaron dentro del ejercicio de sus funciones.

Al efecto, sostuvo: “No obstante, aunque las sentencias del proceso de reparación directa se adujo una falla del servicio por exceso de la fuerza pública, en razón a que miembros de la institución obraron con fuerza desmedida al utilizar sus armas de dotación, no existe prueba de la cual se determine que los demandados obraron con la intenció n de causar daño, ni con un grado de negligencia del cual resultó condenada la institución. Por el contrario, de las pruebas se deprende que los

de dotación, no existe prueba de la cual se determine que los demandados obraron con la intenció n de causar daño, ni con un grado de negligencia del cual resultó condenada la institución. Por el contrario, de las pruebas se deprende que los uniformados actuaron dentro del ejercicio de sus funciones, habida cuenta de que se dirigieron al lugar de los hechos para cerciorarse de la veracidad de un reporte, el cual acusaba la presencia de 6 sujetos en actitud sospechosa en proximidades a la empresa Gas del Páez. Asimismo, que aquellos impartieron la señal de alto y efectuaron disparos al aire, y que, si bien resultaron heridas varias personas, se itera, no hay certeza sobre el uniformado que efectivamente causó el daño por el cual resultó condenada la institución”.

En la parte resolutiva el a quo condenó en costas a la entidad demandante y fijó las agencias en derecho en el 0.5% “de lo pedido”.

6. Recurso de apelación

El 20 de abril de 2021 18, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 10 de mayo de 2021 19 y admitido el 26 de julio de 202120.

17 Fl. 435 a 461, C. Ppal. 18 Fl. 468 y 464 a 479, C. Ppal. 19 Fl. 483, C. Ppal. 20 Fl. 492, C. Ppal.7

Radicado: 190012333000201400359 01 (67234)

Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

20 Fl. 492, C. Ppal.7

Radicado: 190012333000201400359 01 (67234)

Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

6.1. La recurrente21 indicó que el a quo no realizó una adecuada valoración probatoria, pues todos los elementos demostrativos recabados en el proceso daban cuenta que los funcionarios de la Policía Nacional actuaron con culpa grave cuando realizaron disparos con sus armas de dotación oficial contra Luis Felipe García Canaval, Yefferson Rodríguez Martínez y Carlos Andrés Palacios Bedoya.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Toda vez que no se solicitaron ni decretaron pruebas en el término de ejecutoria del auto admisorio del recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5° del artículo 247 del CPACA 22, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión en segunda instancia23.

7.1. El Ministerio Público guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Jurisdicción y competencia

La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, exservidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta

dolosa o gravemente culposa de servidores, exservidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con el a rtículo 142 del Código de Procedimiento

21 Fl. 468 y 464 a 479, C. Ppal. 22 “Artículo 247. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento (…): 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso.” 23 SAMAI, índice 8.8

Radicado: 190012333000201400359 01 (67234)

Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) 24 y el inciso 1° del artículo 7 de la Ley 678 de 200125.

En punto a la competencia del medio de control de repetición, esta Sala es competente para conocer e l recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 25 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, puesto que la cuantía supera la exigida, de 500 SMLMV,

competente para conocer e l recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 25 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, puesto que la cuantía supera la exigida, de 500 SMLMV, para que un proceso adelantado en ejercicio d el medio de control de repetición tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación 26, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 y el numeral 9 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011.

2. Medio de control procedente

De conformidad con la definición del artículo 2º de la Ley 678 de 2001 27, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política 28, la pretensión de repetición es aquel instrumento procesal de carácter patrimonial que se ejerce contra el servidor, ex servidor público o particular investido de una función pública que haya dado lugar, en forma dolosa o gravemente culposa, a un

24 Artículo 142. “Repetición. Cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado. La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funcione s públicas, dentro del proceso de responsabilidad contra la entidad pública. Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con

proceso de responsabilidad contra la entidad pública. Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño.” 25 Artículo 7º “Jurisdicción y Competencia. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de la acción de repetición.” 26 En el caso bajo estudio la pretensión del medio de control de repetición se estimó en la suma de $474.999.072,36 la cual supera los 500 SMLMV para el año en que se presentó la demanda, pues en el año 2014 el SMLMV ascendía a la suma de $616. 000, de ahí que 500 SMLMV correspondían a $308.000.000. 27 “Artículo 2o. Acción de repetición. La acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial […]”. 28 La Constitución de 1991 en su artículo 90 elevó a rango constitucional la acción de repetición, al disponer que “[e]n el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.9

daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.9

Radicado: 190012333000201400359 01 (67234)

Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto.

En este caso el medio de control procedente es el de repetición, porque se solicita declarar a Fabio Zárate Quintero, Daiver Urrego Pareja, Hugo Torres Gallego, Fabio García Mora y Jhon Moreno Gaviria patrimonialmente responsables del pago de “$399.399460,28 y $75.599.612,08” realizado en cumplimiento de la sentencia del 29 de marzo de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca.

3. Vigencia del medio de control

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad del medio de control de repetición ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal29.

Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general 30, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden

protección del interés general 30, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden

29 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales. Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la caducidad es una figura p revista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la f acultad para declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad, actúa al verificarse el plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración alguna”. Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252. 30 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo

30 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evi tar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”10

Radicado: 190012333000201400359 01 (67234)

Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 31, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con el lo seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con el lo seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure 32 que opera por la falta de actividad oportuna en la

31 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006 . Rad.: 6871-05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al intere sado el empleo oportuno de las

ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al intere sado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos 32 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.11

Radicado: 190012333000201400359 01 (67234)

Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia33, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

Al sub examine, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de

allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

Al sub examine, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 201234, le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)35. En estos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de p ruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se rigen por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código General del Proceso (CGP)36, en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados37.

33 Corte Constitucional. Sentencia C -574 de 1998: “… [ s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el inte rés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,

representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado ”. 34 La demanda de repetición se presentó el 12 de mayo de 2014. 35 “Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”. 36 Lo anterior, teniendo en cuenta que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante auto del 25 de junio de 2014,