CE - Sentencia 19001233300020140048801 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)

Demandante: JOSÉ ALDEMAR ZORA SINISTERRA Y OTROS

Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA POLICÍA NACIONAL

Tema: Régimen de responsabilidad por daños causados por la actividad de fumigación área - Aspersión con herbicida glifosato. / Fallo de reemplazo - aplicación del enfoque diferencial y de la prueba indiciaria para la prueba d el nexo causal. Se profiere condena en abstracto.

FALLO DE REEMPLAZO

La Sala, en cumplimiento de la orden de tutela del 3 de abril de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, profiere una nueva providencia para decidir los recursos de apelación interpuesto s por la s partes contra la sentencia del 4 de octubre de 2018 , proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 11 de julio de 2012, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional realizó aspersión con glifosato en el corregimiento La Trinidad de Bubuey del municipio de Timbiquí, Cauca. L os demandantes consideran que la Nación - Ministerio de

aspersión con glifosato en el corregimiento La Trinidad de Bubuey del municipio de Timbiquí, Cauca. L os demandantes consideran que la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional es patrimonialmente responsable por la fumigación de sus cultivos de cacao, plátano, chontaduro, limón , papa china, guamo, caña y guayabo, pues alegan que debido a la fumiga ción aérea con el herbicida las referidas plantaciones fueron destruidas.2

Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)

Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 19 de septiembre de 2014 1, José Arbey Zora Sinisterra, en nombre propio y en representación de Luis Alex Zora Granja y Weiner Zora Granja ; Leona Sinisterra Banguera, en nombre propio y en representación de Maribel Zora Sinisterra; José Aldemar Zora Sinisterra y Flor María Granja Banguera, en nombre propio y en representación de Nikol Zora Granja, José Luilly Zora Granja y Norelly Zora Granja; Arnu lfo Gó ngora y Gertrudis Perea Minota, en nombre propio y en representación de Kener Góngora Perea, Marinela Góngora Perea y Tania Oritza Góngora Perea; Adalgiza García Saa, en nombre propio y en representación de Dairon Yesid García Saa, Daira Banguera Ga rcía y Fredy Núñez García ; y Jhon Eduar García Saa , mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de

Dairon Yesid García Saa, Daira Banguera Ga rcía y Fredy Núñez García ; y Jhon Eduar García Saa , mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional , para que se le declar ara patrimonialmente responsable por la destrucción de sus cultivos en zona rural del municipio de Timbiquí, con ocasión de la aspersión aérea con glifosato realizada el 11 de julio de 2012.

Como pretensiones comunes de su demanda los actores solicitaron, por concepto de perju icios morales, el equivalente a 100 SMLMV para cada uno de ellos; a título de “ afectación grave a las condiciones de existencia, daño a la vida de relación o perjuicios constitucionales ”, la suma de 100 SMLMV para cada uno ; y por “perjuicios innatura”, los que se estimen, de conformidad con el estudio que realice la Corporación Autónoma Regional del Cauca, CAR.

Adicionalmente, los actores solicitaron lo siguiente: (i) El grupo familiar de Leona Sinisterra Banguera : como indemnización del daño emergente , la suma de $16’889.320 y por lucro cesante, la cantidad de $161’400.000. (ii) El grupo familiar de José Arbey Zora Sinisterra : a título de daño emergente , la suma de $23’478.000 y por lucro cesante , $484’200.000. (iii) El grupo familiar de José

1 Fl. 59 a 99, C.2.3

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Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

1 Fl. 59 a 99, C.2.3

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Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

Aldemar Zora Sinisterra: por daño emergente, la suma de $34’525.280 y por lucro cesante, $322’800.000. (iv) El grupo familiar de Arnulfo Góngora : por daño emergente, $42’674.000 y por lucro cesante , $645.600.000. (v) El grupo familiar de Adalgiza García Saa: por daño emergente, la suma de $28’190.000 y por lucro cesante, la cantidad de $322’800.000.

En apoyo de sus pretensiones la parte demandante afirma que son comuneros, miembros del Consejo Comunitario Negros en Acción ubicado en la cuenca del río Bubuey, en el corr egimiento La Trinidad de Bubuey del municipio de Timbiquí, Cauca, creado mediante Resolución No. 002203 del 3 de diciembre de 2002 por el Incoder, el cual constituye un territorio de título colectivo, cuyos miembros son afrodescendientes que residen en él y lo usufructúan.

Señala que en dicho territorio Arnulfo Góngora sembró 1.800 árboles de cacao, 215 de plátano, 800 de papa china y 20 palmas de chontaduro. Leona Sinisterra Banguera sembró 412 árboles de cacao, 150 de plátano, 25 palmas de chontaduro y 15 árboles de limón. José Arbey Zora Sinisterra sembró 800 árboles

Banguera sembró 412 árboles de cacao, 150 de plátano, 25 palmas de chontaduro y 15 árboles de limón. José Arbey Zora Sinisterra sembró 800 árboles de cacao, 150 de plátano y 10 de limón. José Aldemar Zora Sinisterra sembró 1.223 árboles de cacao, 150 de plátano, 1.110 de papa china, 12 palmas de chontaduro, 7 de guamo, 12 de caña, 6 2 árbo les de guayaba y 29 de limón. Y Adalgiza García Saa sembró 1.200 árboles de cacao, 280 de plátano y 50 de caña. Aunado a lo anterior, precisa que en el territorio no existían cultivos ilícitos.

Sostiene que el 11 de julio de 2012, en dicha zona ru ral de Timbiquí, sus policultivos fueron fumigados con glifosato por parte de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, por aspersión aérea.

Manifiesta que el 2 de agosto de 2012 presentaron queja s ante el municipio de Timbiquí, por la fumigaci ón y d estrucción de sus cultivos, las cuales fueron remitidas a la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional.

Señala que el 9 de abril de 2013 esa entidad respondió que realizó una visita a la zona y que encontró cultivos de coca.4

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Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

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Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

Asegura que la Policía Nacional no visitó el predio, pero sí el Defensor del Pueblo Regional Cauca, el Gerente Seccional del Banco Agrario, el Director de la Umata de Timbiquí y el representante legal de la Asociación para el Avance y Desarrollo de los Consejos Comunitarios de Timbiquí Consejo Mayor Palenque El Castigo , quienes dieron fe de que en el terreno solo había sembrados cultivos de cac ao y otros lícitos y que estos habían sido destruidos por la fumigación con glifosato.

Los demandantes consideran que la Nació n - Ministerio de Defensa - Policía Nacional es patrimonialmente responsable por la fumigación de sus cultivos de cacao, plátano, chontaduro, limón, papa china, guamo, caña y guayabo, pues alegan que debido a la fumigación aérea con el herbicida las referi das plantaciones fueron destruidas.

Textualmente señalan en la demanda que sus esfuerzos “fueron gravemente vulnerados por otra entidad del Estado como es la Policía Nacional, al quemar sus cultivos sin ninguna justificación, toda vez que el defensor de l pueblo fue testigo del hecho dañino visitando ocho días después los cultivos y da fe de que en ningún momento había sembrados de hoja de coca en ellos, sino que había sembrados árboles de cacao y otros cultivos lícitos en la zona fumigada”.

2. Contestación

El 2° de diciembre de 20 142 el Tribunal Administrativo del Cauca admitió la

sembrados árboles de cacao y otros cultivos lícitos en la zona fumigada”.

2. Contestación

El 2° de diciembre de 20 142 el Tribunal Administrativo del Cauca admitió la demanda3 y ordenó su notificación a la parte demandada y al Ministerio Público.

2.1. La Policía Nacional 4 señaló que los demandantes no se enc ontraban plenamente identifica dos co mo miembros del territorio colectivo del Consejo Comunitario Negros en Acción , ni eran propietarios ni poseedores de los supuestos predios afectados con la aspersión . Indicó que por esta razón los

2 Fl. 102 a 104, C.2. 3 En la misma providencia, el a quo accedió a la solicitud de amparo de pobreza presentada por los demandantes. 4 Fl. 105 a 140, C.2.5

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Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

actores carec ían de legitimación en la causa por acti va. Sostuvo que l os demandantes tampoco demostraron la compra de las semillas ni la siembra de los árboles que habrían perdido por la fumigación, ni inventario o registro alguno de su existencia en el predio. Aseguró que el comité de verificación de quejas de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional realizó visita al predio y verificó que existían cultivos ilícitos.

3. Audiencia inicial

El 8 de febrero de 20175, el Tribunal Administrativo del Cauca celebró la audiencia

Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional realizó visita al predio y verificó que existían cultivos ilícitos.

3. Audiencia inicial

El 8 de febrero de 20175, el Tribunal Administrativo del Cauca celebró la audiencia inicial en la que realizó el san eamiento del proceso, resolvió las excepciones previas, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente al objeto del litigio, señaló que estaba orientado determinar: “si hay lugar a declarar la responsabilidad extracontractual de la Nación - Ministerio de DefensaPolicía Nacional, por la fumigación realizada el 11 de julio de 2012, en terrenos de la vereda la Trinidad, sobre el no Bubuey, en el municipio de Timbiquí, Cauca; y consecuentemente, si hay lugar a condenar a dicha entidad al pago d e los perjuicios reclamados en la demanda”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 24 de marzo de 2017 6, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. La parte de mandante7 y la Policía Nacional 8 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación, respectivamente.

4.2. El Ministerio Público guardó silencio.

5 Fl. 150 a 158, C.3. 6 Fl. 169 a 173, C.3. 7 Fl. 219 a 221, C.3 y fl. 2 a 12, C.4. 8 Fl. 13 a 35, C.4.6

6 Fl. 169 a 173, C.3. 7 Fl. 219 a 221, C.3 y fl. 2 a 12, C.4. 8 Fl. 13 a 35, C.4.6

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Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 4 de octubre de 20189 el Tribunal Administrativo del Cauca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda 10, al constatar que los demandantes se encontraban legitimados para actuar, pues los lotes en donde sembraron sus cultivos les habían sido asignados para usufructo por pa rte de l Consejo Comunitario Negros en Acción , y demostraron que para el día de los hechos cultivaban cacao, plátano, chontaduro, limón, papa china, guamo, caña y guayabo. Asimismo, porque se probó que dichos cultivos fueron destruidos el 11 de julio de 201 2, cuando la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional realizó la aspersión aérea al lugar con glifosato , en la cual no existía rastro de cultivos ilícitos.

Al efecto el a quo manifestó lo siguiente: “la Sala considera que el daño antijuridico consistente en la destrucción de unos cultivos lícitos el 11 de julio de 2012, en terrenos del Consejo Comunitario Negros en Acción es imputable a la NaciónMinisterio de Defensa - Policía Nacional bajo el título de imputación del riesgo excepcional. En este sentido, se acreditaron los siguientes extremos que

terrenos del Consejo Comunitario Negros en Acción es imputable a la NaciónMinisterio de Defensa - Policía Nacional bajo el título de imputación del riesgo excepcional. En este sentido, se acreditaron los siguientes extremos que configuran el título de imputación: i) la existencia de una actividad legítima y lícita de la Administración consistente en la aspersión aérea de glifosato llevada a cabo el día 11 de julio de 2012, la c ual com porta una fuente de alto riesgo para los bienes patrimoniales y extrapatrimoniales de las personas que no est án obligadas a soportarlos; ii) el ejercicio legítimo de una actividad peligrosa -aspersión aérea de herbicida-, caus ó un perjuicio a los dem andantes, particularmente sobre los cultivos lícitos; iii) el nexo de causalidad entre la actividad leg ítima de la administración y los efectos de la lesión ambiental concretada en un daño antijurídico padecido por el demandante e imputable a la entidad demandada”.

En la parte resolutiva e l Tribunal condenó a la Nación - Ministerio de DefensaPolicía Nacional a pagar: a) por concepto de perjuicios morales: 20 SMLMV a favor de cada una de las siguientes personas: Leona Sinisterra, José Arbey Zora

9 Fl. 3 a 20, cuaderno del Consejo de Estado. 10 En los términos indicados en la nota al pie No. 1 de esta providencia.7

Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)

Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

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Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

Sinisterra, José Aldemar Zora Sinisterra, Arnulfo Góngora y Adalgiza García Saa; b) por concepto de daño emergente: para Leona Sinisterra la suma de $10'889.320, para José Arbey Zora la suma de $ 17'478.000 , para José Aldemar Zora la suma de $28'525.280 y p ara Arnulfo Góngora la suma de $33'674.000 , para Adalgiza Saa la suma de $21'190.000 ; c) por concepto de lucro cesante : condenó en abstracto a favor de Leona Sinisterra, José Arbey Zora Sinisterra, José Aldemar -.Zora Sinisterra, Arnulfo Góngora y Adalgiza García Saa, trámite que se deberá surtir en los términos del artículo 193 de la Ley 1437 de 2011 ; y d) por concepto de afectaciones a bienes y derechos protegidos constitucionalmente: 20 SMLMV a favor de Leona Sinisterra, José Arbey Zora Sinisterra, José Aldem ar Zora Sinisterra, Arnulfo Góngora y Adalgiza García Saa.

6. Recursos de Apelación

Los días 17 y 25 de octubre de 2018 11 las partes interpusieron recursos de apelación, los cuales fueron concedidos el 15 de noviembre de 2018 , cuando se declaró fallida la audiencia de conciliación judicial 12, y admitido s por esta Corporación el 21 de febrero de 201913.

apelación, los cuales fueron concedidos el 15 de noviembre de 2018 , cuando se declaró fallida la audiencia de conciliación judicial 12, y admitido s por esta Corporación el 21 de febrero de 201913.

6.1. La parte accionante 14 manifestó su inconformidad con la sentencia, dado que solo reconoció indemnización por perjuicios morales a los afectados directos , cuando ésta se extendió a todos sus familiares, también demandantes, como se desprendía de las pruebas testimoniales y por tratarse de una comunidad con una forma de vida colectiva . Reprochó que el a quo reconoció el lucro cesante condicionado a que los demandantes volvieran a sembrar y hasta la fecha probable en que el cacao diera sus frutos, cuando debió ser por todo el tiempo de vida productiva del cultivo, según la certificación de la Federación Nacional de Cacaoteros.

11 Fl. 25 a 44, cuaderno del Consejo de Estado. 12 Fl. 51 a 53, cuaderno del Consejo de Estado. 13 Fl. 58 y 59, cuaderno del Consejo de Estado. 14 Fl. 25 a 33, cuaderno del Consejo de Estado.8

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Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

6.2. La entidad demandada 15 se opuso a la decisión con fundamento en que no resultaba aplicable el título de imputación de riesgo excepcional, pues los demandantes realizaban una actividad ilegal, dado que tenían sembrados cultivos ilícitos mezclados con cultivos lícitos. Igualmente, cue stionó si los accionantes

resultaba aplicable el título de imputación de riesgo excepcional, pues los demandantes realizaban una actividad ilegal, dado que tenían sembrados cultivos ilícitos mezclados con cultivos lícitos. Igualmente, cue stionó si los accionantes “realmente” tenían sembrados cultivos legales. Señaló que no se probaron los daños sufridos, como tampoco la acción u omisión de la entidad que produjera dichas afectaciones. Concluyó que, al no haberse demostrado la responsabilid ad de la demandada, no había lugar a ninguna de las indemnizaciones reconocidas.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 9 de mayo de 2019 16 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

7.1. La Policía Nacional 17 reiteró los argumentos expuestos en la primera instancia.

7.2. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del 4 de octubre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, puesto que la cuantía 18 supera la exigida de 500 SMLMV, para que un proceso adelantado en eje rcicio de la acción de reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 152 numeral 6 y 157 inciso 2 de la Ley 1437 de 2011.

15 Fl. 34 a 44, cuaderno del Consejo de Estado. 16 Fl. 65, cuaderno del Consejo de Estado.

lo dispuesto en los artículos 152 numeral 6 y 157 inciso 2 de la Ley 1437 de 2011.

15 Fl. 34 a 44, cuaderno del Consejo de Estado. 16 Fl. 65, cuaderno del Consejo de Estado. 17 Fl. 68 a 90, cuaderno del Consejo de Estado. 18 La cuantía excede de los 500 SMLMV (lo cual equivale a $308.000.000, pues el SMLMV para el año 2014 era de $616.000) que se exige para que un proceso tenga vocación de doble instancia, y la pretensión mayor es de $645’600.000 por perjuicios materiales.9

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Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparació n directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estat al o u n acto administrativo, según lo dispone el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se reclama la reparación de un dañ o por hechos imputables a acciones de la Nación -Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

3. Vigencia del medio de control de reparación directa

Aunque en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en

Nación -Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

3. Vigencia del medio de control de reparación directa

Aunque en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las pa rtes, ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo; resulta necesario verificar si la demanda se presentó en el tiempo oportuno por cuanto se trata de un presupuesto procesal19.

Así pues, c on el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evit ar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador,

19 Se advierte que el juez tiene la facul tad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales. Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la caducidad es una figura prevista como un mecanismo de p rotección de los intereses colectivos y generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para declararla de ofi cio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad, actúa al verificarse el plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin

como se mencionó anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración alguna”. Consejo de Estado. S entencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252.10

Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)

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apuntando a la protección del interés general 20, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plaz os resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del e jercicio del derecho de acción 21, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en qu e su

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en qu e su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judic ial ob ligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten

20 Corte Constitucional. Sentencia C -394 de 2002: “ La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiemp o el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguri dad jurídica, para evitar la paralización del tráfi co jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C -832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una f igura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia ”. 21 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la

21 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad tiene entonces co mo uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, s o pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos”.11

Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)

Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejerci cio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure 22 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia , cuya consecuen cia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 164.2.i del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, vigente para la época de los hechos, determinó que “ La

de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 164.2.i del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, vigente para la época de los hechos, determinó que “ La demanda deberá ser presentada: […] so pena de que opere la caducidad: […] Cuando se pretenda la reparación directa, […] dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de l a acci ón u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”23.

En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, dentro del término de dos (2) años para el vencimiento del medio de control, teniendo en cuenta: i) que el hecho causante del daño ocurrió el 11 de julio de 2012, esto es, la aspersión con glifosato en el corregimiento La Trinidad de Bubuey del municipio de Timbiquí, Cauca, (hecho probado 7.1.3.); ii) que el 26 de junio de 201424 la parte demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial

22 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos proces ales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal d e impulsar el litigio dentro del plazo fijado por l a ley y de no

eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal d e impulsar el litigio dentro del plazo fijado por l a ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe d eclararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 23 Con excepción del término para formular la pretensión de reparación direct a derivada del delito de desaparición forzada, que “se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los he chos que dieron lugar a la desaparición”. 24 Esto es, faltando 17 días para que venciera el termino previsto en el artículo 164.2.i del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA.12

Radicación: 19001-23-33-000-2014-00488-01 (63022)

Demandante: José Aldemar Zora Sinisterra y otros

ante el Ministerio Público, la cual se declaró fallida el 9 de septiembre de ese mismo año por falta de ánimo conciliatorio entre las partes 25; y, iii) que la demanda se presentó el 19 de septiembre de 201426.

4. Legitimación en la causa

mismo año por falta de ánimo conciliatorio entre las partes 25; y, iii) que la demanda se presentó el 19 de septiembre de 201426.

4. Legitimación en la causa

Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis27.

4.1. En cuanto a los demandantes Leona Sinisterra Banguera, José Arbey Zora Sinisterra, José Aldemar Zora Sinisterra, Arnulfo Góngora y Adalgiza García Saa se comprobó que para la fecha de los hechos eran miembros del Consejo Comunitario Negros en Acción, territorio colectivo ubicado en el corregimiento La Trinidad de Bubuey del municipio de Timbiquí, Cauca, el cual les adjudicó lotes para usufructo en los que tenían cultivos de ca cao, e ntre otros y que fueron destruidos y/o quemados (hechos probados 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3. y 7.1.9.).

En cuanto a los demandantes Luis Alex Zora Granja, Weiner Zora Granja, Maribel Zora Sinisterra, Nikol Zora Granja, José Luilly Zora Granja, Norelly Zora G ranja, Kener Góngora Perea, Marinela Góngora Perea, Tania Oritza Góngora Perea, Dairon Yesid García Saa, Fredy Núñez García y Jhon Eduar García Saa , si bien se encuentran acreditados como miembros del núcleo familiar de José Aldemar Zora Sinisterra , Leona Sinisterra Banguera , Arnulfo Góngora, José Arbey Zora Sinisterra y Adalgiza García Saa , según dan cuenta copias auténticas de sus

Zora Sinisterra , Leona Sinisterra Banguera , Arnulfo Góngora, José Ar