CE - Sentencia 19001233300020150010702 de 2025

Radicado: 19001 23 33 000 2015 00107 02

Demandante: Silvio Castrillón Paz

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 19001 23 33 000 2015 00107 02 (3843-2021)

Demandante: Silvio Castrillón Paz

Demandado: Fiscalía General de la Nación

Tema: Bonificación por compensación.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. Asunto Previo

1. Mediante auto del 7 de marzo de 20251, proferido por la conjuez de la Sección Segunda María Andrea Calero Tafur , se ordenó remitir el expediente de la referencia al despacho de origen para que asumiera su trámite, en r azón a lo dispuesto en el artículo 116 del CPACA 2, el cual señala que cuando se modifica la integración de la sala, los nuevos magistrados desplazan a los conjueces.

2. Ahora, comoquiera que ninguno de los miembros de la Sala advierte causal de impedimento para conocer del presente asunto3, se procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 28 de

2. Ahora, comoquiera que ninguno de los miembros de la Sala advierte causal de impedimento para conocer del presente asunto3, se procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 28 de octubre de 2019 , proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca - Sala de Conjueces, que accedió a las pretensiones de la demanda.

1 Índice 42 de SAMAI. 2 «Artículo 116. Posesión y duración del cargo de conjuez. […] Los conjueces que entren a conocer de un asunto deberán actuar hasta que termine completamente la instancia o recurso, aunque concluya el período para el cual fueron elegidos, pero si se modifi ca la integración de la sala, los nuevos Magistrados desplazarán a los conjueces, siempre que respecto de aquellos no se les predique causal de impedimento o recusación que dé lugar al nombramiento de estos […]» [Se resalta]. 3 Actualmente los miembros de la Sala no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos relacionados con el reconocimiento de la bonificación por compensación del Decreto 610, ni prima especial del artículo 15 de la Ley 4 de 1992, objeto del presente proceso. Cabe precisar que si bien los consejeros Luis Eduardo Mesa Nieves y Jorge Iván Duque Gutiérrez en oportunidades anteriores manifestaban impedimento en los procesos donde se debatía la bonificación por compensación del Decreto 610, tales manifestaciones en decisiones recientes, entre ellas dentro del expediente con radicación interna 19692022, han sido declaradas infundadas por la Subsección B, al considerar que no se configura la causal contenida en el numeral 1 del artículo 141 del CGP , atendiendo los criterios esbozados por la Sala de

2022, han sido declaradas infundadas por la Subsección B, al considerar que no se configura la causal contenida en el numeral 1 del artículo 141 del CGP , atendiendo los criterios esbozados por la Sala de conjueces en proveído de 5 de diciembre de 2023, radicado 0502-2023.Radicado: 19001 23 33 000 2015 00107 02

Demandante: Silvio Castrillón Paz

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II. ANTECEDENTES

Pretensiones de la demanda.

3. La parte demandante solicitó la nulidad de los siguientes actos administrativos: Oficio DAF-003353 de 21 de agosto de 2012 y el Oficio 20133100038951 de 18 de junio de 2013 4, mediante los cuales la Fiscalía General de la Nación negó el reconocimiento y pago del reajuste de la bonificación por compensación al actor; el Oficio 20133100044851 del 18 de julio de 2013 5 por el cu al se resolvió el recurso de reposición y concedió en subsidio el recurso de apelación; y el acto ficto o presunto que negó el recurso de apelación.

4. A título de restablecimiento del derecho, peticionó:1) se reconozca y cancele al demandante las sumas y el respectivo retroactivo que la demandada adeuda, por concepto de pago de bonificación por compensación a que tiene derecho como fiscal delegado ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán , desde el 1 de enero de 2001 hasta el 15 de septiembre de 2008, conforme lo

por concepto de pago de bonificación por compensación a que tiene derecho como fiscal delegado ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán , desde el 1 de enero de 2001 hasta el 15 de septiembre de 2008, conforme lo establece el Decreto 610 de 1998; 2) se reconozca la indexación, desde la fecha en que se causó el derecho hasta el pago total de la obligación; 3) dar cumplimiento a la sentencia en los términos del CPACA; y 4) reconocer intereses moratorios.

Hechos que fundamentan la demanda.

5. Como hechos relevantes, el apoderado judicial del demandante señaló los

siguientes:

6. El actor se desempeñó desde el año de 1992 hasta el 15 de septiembre de 2008, como fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Popayán y fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Distrito de la Unidad Nacional de Fiscalía para la justicia y paz de Medellín.

7. Por otro lado, indicó que el contrato de transacción firmado por el actor cuando se acogió al Decreto 4040 de 2004 es nulo, toda vez que los derechos laborales son irrenunciables, por lo que el acuerdo efectuado es ineficaz , tal y como lo señaló la sentencia del 14 de diciembre de 2 011, proferida por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado que declaró la nulidad de dicha norma.

8. Con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la diferencia salarial, por razón de la bonificación por compensación de que trata el Decreto 610 de 1998,

de dicha norma.

8. Con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la diferencia salarial, por razón de la bonificación por compensación de que trata el Decreto 610 de 1998,

4 Índice 39 expediente digital, ED_C01_01DemandaAdjuntaAnexos(.pdf) pág. 26; 27-28 de SAMAI 5 Índice 39 expediente digital, ED_C01_01DemandaAdjuntaAnexos(.pdf), pág. 31-32 de SAMAIRadicado: 19001 23 33 000 2015 00107 02

Demandante: Silvio Castrillón Paz

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 elevó petición a la entidad demandada el 1 de agosto de 20126, la cual fue negada mediante los Oficios DAF-003353 de 21 de agosto de 2012 y 20133100038951 del 18 de junio de 2013. Igualmente, por Oficio 20133100044851 del 18 de julio de 2013 negó el recurso de reposición y concedió el recurso de apelación ante el secretario general de la Fiscalía General de la Nación, el cual no fue resuelto.

Fundamentos de derecho.

9. Para el abogado de la p arte actora, las decisiones sometidas a juicio vulneraron las siguientes disposiciones: artículos 13, 2 9 y 53 de la Constitución Política; Decreto 610 de 1998; Ley 10 de 1987, Ley 63 de 1988 y el Decreto 4040 de 2004.

10. Al desarrollar el concepto de violación, adujo:

1. Violación de normas superiores de derecho.

de 2004.

10. Al desarrollar el concepto de violación, adujo:

1. Violación de normas superiores de derecho.

11. Desconocer el derecho que tiene el actor a obtener el pago de sus servicios laborales a favor de la Fiscalía General de la Nación, bajo las preceptivas establecidas por el Decreto 610 de 1998, y por el contrario cancelarle sus emolumentos laborales bajo el régimen del Decreto 4040 de 2004, quebranta su derecho a la igualdad y al debido proceso.

1. Falsa motivación.

12. Los actos administr ativos demandados se encuentran motivados erróneamente, pues la entidad desconoció los derechos laborales adquiridos por el actor, quien debió percibir en su calidad de fiscal delegado ante el Tribunal, como asignación mensual el equivalente al 80% de lo q ue por todo concepto perciben los magistrados de las Altas Cortes; sin embargo, el demandante recibió el 70% de lo que por todo concepto devengan dichos funcionarios; es decir, el equivalente a un 10% menos de lo que perciben los beneficiarios de la bonificación por compensación, desconociendo el Decreto 610 de 1998.

1. Expedición irregular del acto administrativo

13. El Decreto 4040 de 2004, conforme a la sentencia del Consejo de Estado de diciembre de 2011 creo una desigualdad manifiesta entre iguales, posibilitando un trato diferenciado basado en la validez del consentimiento dado para aceptar una transacción o desistimiento de un derecho irrenunciable.

Contestación de la demanda.

6 Si bien el escrito de petición tiene fecha de febrero de 2012 no tiene constancia de recibido. La entidad en

una transacción o desistimiento de un derecho irrenunciable.

Contestación de la demanda.

6 Si bien el escrito de petición tiene fecha de febrero de 2012 no tiene constancia de recibido. La entidad en el acto administrativo que resuelve la petición señala que fue radicada el 1 de agosto de 2012.Radicado: 19001 23 33 000 2015 00107 02

Demandante: Silvio Castrillón Paz

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14. Dentro de la oportunidad de ley, la Fiscalía General de la Nación contestó la demanda7, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones en ella contenidas.

Con tales fines, hizo un recuento normativo y precisó que ha actuado en cumplimiento del deber legal, de conformidad a lo consagrado en los «Decretos 610 de 1998, 4040 de 2004 y 1102 de 2012» pues ha cancelado el 70% de lo que por todo concepto devenga un magistrado de Alta Corte.

15. A su vez, sostuvo que el demandante no manifiesta de manera concreta en qué casos se le trató de forma desigual o con violación al debido proceso, pues las actuaciones de la administración han estado enmarcadas dentro de la Constitución y la ley.

16. Por otro lado, señaló que operó la prescripción de los derechos reclamados, pues se realizó la solicitud en el 2012, respecto al derecho que consideraba tener desde el «1 de agosto de 1992 hasta el 15 de septiembre de 2008».

Sentencia de primera instancia.

pues se realizó la solicitud en el 2012, respecto al derecho que consideraba tener desde el «1 de agosto de 1992 hasta el 15 de septiembre de 2008».

Sentencia de primera instancia.

17. Mediante sentencia proferida el 28 de octubre de 201 98, se accedió a las súplicas de la demanda. Para arribar a esa decisión, el a quo, luego de referenciar el marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso concreto, concluyó:

18. El demandante en principio era destinatario del derecho adquirido del Decreto 610 de 1998, y posteriormente le fue aplicado el 4040 de 2004, el cual fue regresivo de los derechos laborales del trabajador, pues desconoció lo preceptuado en el capítulo III Derechos económicos, Sociales y Culturales, articulo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

19. Así las cosas, los actos demandados transgredieron lo dispuesto en los artículos 2, 4, 13, 25, 53, 58 y 228 de la Constitución política, ya que éstos se basan en el reconocimiento de la bonificación por gestión judicial del Decreto 4040 de 2004, mismo que fue anulado por el Consejo de Estado.

20. En la decisión, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados9 y ordenó a título de restablecimiento10 reconocer y pagar al demandante las sumas que le adeudan por concepto de pago de bonificación por compensación conforme lo establece el Decreto 610 de 1998, desde el 1 de enero de 2005 «La certificación salarial expedida por el analista de tesorería de la Fiscalía General de la Nación,

lo establece el Decreto 610 de 1998, desde el 1 de enero de 2005 «La certificación salarial expedida por el analista de tesorería de la Fiscalía General de la Nación,

7 Índice 39 expediente digital, D_C01_12ContestacionDeLaDemandaFiscaliaGeneralDeLaNacion(.pdf) de SAMAI. 8 Índice 39 expediente digital, ED_C02_10FalloDePrimeraInstancia(.pdf) de SAMAI. 9 Numeral 2 de la parte resolutiva del fallo. 10 Numeral 2 (sic) de la parte resolutiva del fallo. El a quo en la parte resolutiva del fallo frente al restablecimiento repitió la numeración.Radicado: 19001 23 33 000 2015 00107 02

Demandante: Silvio Castrillón Paz

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 indica que el doctor Silvio Castrillón Paz, comenzó a percibir la bo nificación por gestión judicial del Decreto 4040 de 2004, desde enero de 2005», hasta el 15 de septiembre de 2008; lapso en el cual el demandante se desempeñó como fiscal ante Tribunal de Distrito; teniendo en cuenta el 80% de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los magistrados de las Altas Cortes, los cuales deben coincidir con los ingresos totales anuales permanentes de los Congresistas de la Republica de conformidad con artículos 15 y 16 de la Ley 4 de 1992.

21. Por otro lado, frente a la excepción de prescripción señaló que la bonificación

coincidir con los ingresos totales anuales permanentes de los Congresistas de la Republica de conformidad con artículos 15 y 16 de la Ley 4 de 1992.

21. Por otro lado, frente a la excepción de prescripción señaló que la bonificación por compensación se hizo exigible a partir del 28 de enero de 2012, fecha en la cual se declaró nulo el Decreto 4040 de 2004, y como la solicitud del demandante fue presentada el 1 de agosto de 2012, y la demanda fue radicada el 26 de febrero de 2015, no transcurrieron 3 años desde entonces, por lo que en la parte resolutiva en su numeral primero declaró no probada dicha excepción.

22. Finalmente, condenó en costas a la entidad demandada.

Recurso de apelación.

23. Inconforme con esa decisión, el apoderado de la parte demandada la recurrió en apelación11. En su intervención, censuró que el tribunal de primera instancia accediera a las pretensiones de la demanda, pues a su juicio:

24. La Fiscalía General de la Nación solicitó se estimen los cargos contenidos en Ia contestación de la demanda presentada. Igualmente, indicó que ha actuado en estricto cumplimiento de la normatividad vigente , cancelando los valores indicados por el Gobierno Nacional por concepto de bonificación de gestión judicial de conformidad con el Decreto 4040 de 2004, el cual establece taxativamente que la bonificación por gestión judicial es incompatible con el pago de la bonificación por compensación que pretende el accionante.

25. Así mismo, indicó que la bonificación por compensación solo tendría carácter salarial para efectos de determinar el valor de las pensiones de cualquier

de la bonificación por compensación que pretende el accionante.

25. Así mismo, indicó que la bonificación por compensación solo tendría carácter salarial para efectos de determinar el valor de las pensiones de cualquier naturaleza, tal como lo indica taxativamente el artículo 1 del Decreto 610 de 1998, por lo que considera que las pretensiones están llamadas a fracasar.

26. Por otra parte, solicitó se revoque la condena en costas, puesto que conforme a lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 y el artícul o 365 del Código General del Proceso, solo habrá lugar a ello, cuando en el expediente aparezcan causadas y comprobadas.

Trámite correspondiente a la segunda instancia.

11 Índice 39 expediente digital, ED_C02_13RecursoApelacionFiscaliaGeneralDeLaNacion(.pdf) de SAMAI.Radicado: 19001 23 33 000 2015 00107 02

Demandante: Silvio Castrillón Paz

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

27. Por auto del 1 de noviembre de 202212, se admitió el recurso de apelación. Y mediante providencia del 2 de mayo de 2023 13 se ordenó correr traslado a las partes y al agente del Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de conclusión.

28. La parte demandante 14 reiteró los argumentos señalados en el escrito de demanda.

29.La parte demandada15 insistió en las alegaciones expuestas en el recurso de

conclusión.

28. La parte demandante 14 reiteró los argumentos señalados en el escrito de demanda.

29.La parte demandada15 insistió en las alegaciones expuestas en el recurso de apelación y agregó que, teniendo en cuenta la sentencia del 2 de septiembre de 2019, habiendo el demandante presentado el derecho de petición de «febrero de 2012», es esta fecha la que se debe tener en cuenta para calcular la prescripción, por lo tanto, los derechos del actor estarían prescritos desde el mes de febrero de 2009 hacia atrás.

30. En esta oportunidad el Ministerio Público guardó silencio.

31. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se resolverá la apelación, previas las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

Competencia.

32. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 16, esta Sala de Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación presentado.

33. De i gual forma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo una de las partes presentó recurso de apelación, el análisis se limita a los argumentos del respectivo recurso. Sin hacer más desfavorable la situación del apelante único salvo que la modificación sea indispensable para reformar puntos relacionados íntimamente con ella.

12 Índice 22 de SAMAI.

argumentos del respectivo recurso. Sin hacer más desfavorable la situación del apelante único salvo que la modificación sea indispensable para reformar puntos relacionados íntimamente con ella.

12 Índice 22 de SAMAI. 13 Índice 28 de SAMAI. 14 Índice 34 de SAMAI. 15 Índice 35 de SAMAI. 16 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».Radicado: 19001 23 33 000 2015 00107 02

Demandante: Silvio Castrillón Paz

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 Problemas jurídicos.

34. Le corresponde a la Sala establecer ¿ si el señor Silvio Castrillón Paz tiene derecho al pago de la diferencia entre el valor reconocido por la demandada y el valor que resultaría de reconocerle la bonificación por compensación consagrada en el Decreto 610 de 1998, equivalente al 80% de lo que por todo concepto devenguen los magistrados de las Altas Cortes, en la forma ordenada en la sentencia de primera instancia, o si por el contrario se debe mantener el porcentaje reconocido con fundamento en el Decreto 4040 de 2004 ?.

Igualmente, si dicha prestación constituye factor salarial.

35. Para resolver los problemas planteados se abordarán los siguientes aspectos: 1. La bonificación por compensación y el precedente jurisprudencial,

2. Hechos probados y 3. Caso concreto.

De la bonificación por compensación.

aspectos: 1. La bonificación por compensación y el precedente jurisprudencial,

2. Hechos probados y 3. Caso concreto.

De la bonificación por compensación.

36.El Congreso de la República expidió la Ley 4ª de 199217, la cual en el artículo 15 estableció una prima especial de servicios, sin carácter salarial, para los magistrados de Alta Corte, que sumada a los demás ingresos laborales, igualen a los percibidos en su totalidad, por los miembros del Congreso, sin que en ningún caso los supere, es decir, se equiparó el salario de los magistrados de las Altas Cortes al de los congresistas.

37. En el año 1998, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 610 de 1998 y en su artículo 1 creó la bonificación por compensación, equivalente al 60%, 70% y 80% para las vigencias fiscales 1999, 2000 y 2001 en adelante; en otros términos, se creó una bonificación por compensación, equivalente al 60% de lo que por todo concepto devenguen los magistrados de las Altas Cortes para el año 1999, el 70% para el año 2000 y del año 2001 en adelante el 80%.

38. En la sentencia dictada por la Sala de conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado 18, en la cual se analizó el reajuste de la prima especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4º de 1992, se concluyó que se deben tener en cuenta todos los pagos realizados a los congresistas, incluidas las cesantías para calcular la asignación de los magistrados de las Altas Cortes. En la mencionada

decisión se consideró lo siguiente:

cuenta todos los pagos realizados a los congresistas, incluidas las cesantías para calcular la asignación de los magistrados de las Altas Cortes. En la mencionada decisión se consideró lo siguiente:

17 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en e l artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política». 18Sentencia proferida el 18 de mayo de 2016 por la Sala de Conjueces – Sección Segunda del Consejo de Estado, Rad. 250002325000201000246 -02, Demandante: Jorge Luis Quiroz Alemán. Conjuez Ponente Doctor Jorge Iván Acuña Arrieta.Radicado: 19001 23 33 000 2015 00107 02

Demandante: Silvio Castrillón Paz

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«Las cesantías percibidas por los miembros del Congreso de la República han sido consideradas ingresos laborales anuales permanentes por la jurisprudencia del Consejo de Estado en ocasiones anteriores, lo que tiene plena razón de ser pues se trata de una erogación que realiza el empleador anualmente a favor de su trabajador y que se causa por cada día de trabajo del empleado.

De allí que esta corporación haya concluido que el auxilio de cesantías debe

plena razón de ser pues se trata de una erogación que realiza el empleador anualmente a favor de su trabajador y que se causa por cada día de trabajo del empleado.

De allí que esta corporación haya concluido que el auxilio de cesantías debe ser tenido en cuenta para realizar la liquidación de la prima especial de servicios de los funcionarios mencionados en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, quienes tienen derecho a percibir una suma equivalente a lo que por todo concepto devengan los congresistas.

Este régimen tiene una clara incidencia en l a determinación de la bonificación por compensación de los servidores públicos que se encuentran sujetos al Decreto 610 de 1998 […]

En este sentido, y teniendo en cuenta que la prima especial de servicios no solo es un ingreso laboral sino que también cuenta con un carácter salarial limitado en atención a lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia C -681 del 6 de agosto de 2003, habría que señalarse que no existen razones para que se haga abstracción de la misma, o de cualquiera de los factores que se tienen en cuenta para su liquidación, al momento de fijar el monto a cancelar por concepto de bonificación por compensación a favor de los servidores mencionados en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998. Habiendo señalado que el auxilio de cesantías es un ingreso laboral percibido de manera permanente por los jueces de mayor jerarquía de todas las jurisdicciones, es evidente qu e resultaría violatorio del principio de igualdad que surge del artículo 13 de la Constitución Política de Colombia el señalar que esta prestación social carece de tal naturaleza únicamente con el propósito de disminuir la base de liquidación de la

igualdad que surge del artículo 13 de la Constitución Política de Colombia el señalar que esta prestación social carece de tal naturaleza únicamente con el propósito de disminuir la base de liquidación de la bonificación por compensación de la que son acreedores los funcionarios mencionados en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998.

En consecuencia, se concluye que únicamente teniendo en cuenta los pagos que el Estado debe realizar a los Congresistas por concepto de cesantías puede calcularse la diferencia total entre lo que ellos perciben y la asignación de los Magistrados de las Altas Cortes para, así, determinar el valor de la prima especial de servicio a la que tienen derecho estos últimos…» (negrilla fuera de texto).

39. Así que, el valor que se cancela por bonificación por compensación es el resultado de la diferencia entre lo proyectado como ingresos anuales que «por todo concepto» reciban los magistrados de Alta Corte y los ingresos anuales de magistrado de tribunal y demás cargos equivalentes, para fijar el ingreso laboral de éstos últimos en un 80% a partir del año 2001.Radicado: 19001 23 33 000 2015 00107 02

Demandante: Silvio Castrillón Paz

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

40. En distintas providencias19, ha precisado esta Corporación con fundamento en el marco normativo reseñado que los beneficiarios de la bonificación por compensación tienen derecho al 80% de los ingresos que por todo concepto salarial y prestacional devengan los magistrados de Alta Corte , teniendo en

en el marco normativo reseñado que los beneficiarios de la bonificación por compensación tienen derecho al 80% de los ingresos que por todo concepto salarial y prestacional devengan los magistrados de Alta Corte , teniendo en cuenta qu e éstos deben percibir lo mismo que devengan los congresistas incluyendo el auxilio de cesantías como parámetro para determinar la liquidación de la prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4 de 1992.

De la exigibilidad y prescripción de la bonificación por compensación

41. Frente a la exigibilidad de la bonificación por compensación 20, en sentencia

precitada, se estableció, lo siguiente:

«El asunto que se debate en torno a la aplicación de la prescripción trienal, es que, ante la coexistencia de dos regímenes salariales diferentes, no es posible hablar de exigibilidad del derecho a reclamar, debido a que para los beneficiarios de los derechos existía la disyuntiva del Decreto 610 de 1998, que reconoce la Bonificación por Compensación Judicial y el régimen salarial del Decreto 4040 de 2004, que reconocía la Bonificación por Gestión Judicial. Es decir, no se podía establecer con exactitud cuál de los regímenes era el aplicable, ante lo cual resultaba imposible referirse a la exigibilidad del derecho.

En este sentido solo puede hablarse de exigibilidad de la Bonificación por Compensación, a partir de la fecha de ejecutoria del fallo que declaró la nulidad del Decreto 4040, es decir el 28 de enero de 2012 .» (Subrayado fuera de texto)

42. Igualmente, l a Sala de conjueces de la Sección Segunda del Consejo de

nulidad del Decreto 4040, es decir el 28 de enero de 2012 .» (Subrayado fuera de texto)

42. Igualmente, l a Sala de conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia de 2 de septiembre de 2019 , realizó las siguientes precisiones sobre la prescripción , en cuanto se refiere a la bonificación por

compensación:

«6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los Magistrados de Alta Corte, que es

19 Consejo de EstadoSala de lo Contencioso Administrativo Sección SegundaSala de Conjueces, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortiz Bogotá, sentencia tres (03) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

Referencia: 25000234200020180071602 Número in terno: 0499 -2022; Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Segunda - Sala de Conjueces, conjuez ponente: Miguel Arcángel Villalobos Chavarro sentencia ocho (8) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: Expediente N° 17001-23-33-000-2012-00115-02 Número interno: 4006-2015; Consejo de EstadoSala de lo Contencioso AdministrativoSección Segunda - Sala de Conjueces - conjuez ponente: Jorge Edisson Portocarrero Banguerasentencia seis (06) de junio de dos mil veintitrés (202 3), Referencia: 25000 -23-25-000-201100150-02NI:1139-2019; entre otros.

20 ARTÍCULO 187 del CPACA. CONTENIDO DE LA SENTENCIA.

00150-02NI:1139-2019; entre otros. 20 ARTÍCULO 187 del CPACA. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. (…) En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.Radicado: 19001 23 33 000 2015 00107 02

Demandante: Silvio Castrillón Paz

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 igual a lo que por todo concepto reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Ese 80% es un piso y un techo.

La reliquidación de la bonificación por compensación procede respecto a los magistrados de tribunal y cargos equivalentes, siempre que, en la respectiva anualidad, sus ingresos anuales efectivamente percibidos NO hayan alcanzado el tope del ochenta por ciento (80 %) de lo que por todo concepto devenga un magistrado de alta corte, incluido en ello las cesantías de los congresistas. Sin embargo, en ese caso, la reliquidación debe efectuarse únicamente hasta que se alcance el tope del 80% señalado.

7. Procede la prescripción de la bonificación por compensación entre el 5 de septiembre21 de 2001 y el 2 de diciembre de 2004. Lo anterior es la regla general. Esta regla tiene una excepción que consiste en que si la persona logra demostrar en el expediente, con pruebas (sic) documental, que antes

de septiembre21 de 2001 y el 2 de diciembre de 2004. Lo anterior es la regla general. Esta