CE - Sentencia 19001233300020150022803 de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025).

Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 19001-23-33-000-2015-00228-03 (72.685)

Demandante: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO

NACIONAL

Demandado: VICENTE DÍAZ VARÓN Medio de control: REPETICIÓN - CPACA

Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – COSA JUZGADA

Síntesis del caso: la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional demanda en ejercicio del medio de control jurisdiccional de repetición en contra del señor Vicente Díaz Varón, por el hecho de que este, en la condición de auxiliar regular de la Policía Nacional, hurtó tres armas de fuego tipo fusil Galil y huyó de las instalaciones del Comando de Policía del Cauca, y luego de ser interceptado por sus compañeros disparó contra estos y dejó lesionados, entre otros, a los ciudadanos Michelle Eduardo Fornaro Medina y Diego Fernando Patiño Marín, hechos por los cuales la entidad en un proceso de reparación directa fue condenada a pagar una suma de dinero por los perjuicios materiales y morales causados. La Sala confirma la decisión de primera instancia que declaró probada de oficio la excepción de cosa juzgada.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante ( fls. 391 a 394 cdno. apelación) en contra de la sentencia del 31 de octubre de 2024 proferida por

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante ( fls. 391 a 394 cdno. apelación) en contra de la sentencia del 31 de octubre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca (fls. 236 a 247 cdno. apelación e índice 90 SAMAI de la primera instancia) mediante la cual se dispuso:

“PRIMERO: DECLARAR de oficio la excepción de cosa juzgada, según lo expuesto.

SEGUNDO.- SIN condena en costas.

TERCERO.- NOTIFICAR la presente sentencia conforme a lo dispuesto en el artículo 203 del CPACA.” (fl. 11 del PDF documento “37_sentencia” índice 90 SAMAI de la primera instancia - mayúsculas sostenidas y negrillas del original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito radicado el 15 de mayo de 2015 (fl. 159 cdno. ppal. 1), la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional por intermedio de apoderado judicial promovió demanda de repetición en contra del señor Vicente Díaz Varón (fls. 1 a 14 cdno. ppal. 1) con las siguientes súplicas:Expediente: 19001-23-33-000-2015-0228-03 (72.685)

Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

Repetición Apelación sentencia

2 “PRIMERO: Que el señor Auxiliar Regular ® de la Policía Nacional VICENTE DÍAZ VARÓN, es responsable por su conducta irresponsable, imprudente y negligente, es decir que actuó a título de Dolo, toda vez que su actuar fue

2 “PRIMERO: Que el señor Auxiliar Regular ® de la Policía Nacional VICENTE DÍAZ VARÓN, es responsable por su conducta irresponsable, imprudente y negligente, es decir que actuó a título de Dolo, toda vez que su actuar fue consciente, voluntario, predeterminado y contrario al comportamiento disciplinario ya que el agente quiso su realización hasta el punto que su ejecución de la falta la realiz ó sin ninguna clase de justificación, por cuanto como quedo debidamente acreditado en el expediente primario hoy sustento de la presente acción que se pretende, que el Auxiliar Regular VICENTE DÍAZ VARÓN, utilizo su arma de fuego para realizar actividades que no le competían y accion ó su arma de fuego contra la humanidad de cuatro personas sin justificación alguna. De igual manera se pudo concluir que las lesiones de los señores MICHELLE EDUARDO FORNARO MEDINA y DIEGO FERNANDO PATIÑO MARÍN y otros, obedecieron a la actuación desmedida, en este caso del Auxiliar Regular VICENTE D IAZ VARÓN, desacierto que aunado a la conducta irresponsable al accionar su arma de fuego contra la humanidad de los policiales y civiles, llevó a que se produjera el perjuicio de

los señores MICHELLE EDUARDO FORNARO MEDINA y DIEGO

FERNANDO PATIÑO MARÍN y otros.

SEGUNDO: Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene al señor ex -Auxiliar Regular VICENTE D ÍAZ VARÓN identificado con CC. 13515922, expedida en Zapatoca, en su calidad de ex -servidor público, al pago de la suma que la NACIÓN MINISTERIO DE DEFENS A - POLICÍA NACIONAL resultó condenada sobre las pretensiones económicas

13515922, expedida en Zapatoca, en su calidad de ex -servidor público, al pago de la suma que la NACIÓN MINISTERIO DE DEFENS A - POLICÍA NACIONAL resultó condenada sobre las pretensiones económicas contenidas en las sentencias de primera y segunda instancia proferidas por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SALA DE DESCONGESTIÓN SEDE CALI y en segunda instancia en el CONSEJO DE ESTADO, proceso 951218005/ 960202008/ 96021004/ 960315004/ 971024029 y en el proceso No. 190012331000199504029-01 de fechas 14 de febrero de 2001 y 28 de mayo de 2012, respectivamente; sentencias que quedaron debidamente ejecutoriadas el día 22 de junio de 2012, es decir, la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL SETENTA Y UN PESOS CON 65/1 M/CTE ($452.240.071,65), obligación que deberá cancelarse en el plazo que se considere pertinente en la providencia, a favor de LA NAC IÓN — POLICÍA NACIONAL, en la Tesorería de esta Institución Policial, de conformidad con el contenido en ley 1437 del 2011 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO y de lo CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO y/o del Artículo 15 de la Ley 678 de 2001.

TERCERO: Declarar que la sentencia que ponga fin al presente proceso sea de aquellas que reúnan los requisitos exigidos por los artículos 192 y 195 del Código de procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo; y 280, 305, 306 y concordantes del Código ge neral del proceso, es decir que

de aquellas que reúnan los requisitos exigidos por los artículos 192 y 195 del Código de procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo; y 280, 305, 306 y concordantes del Código ge neral del proceso, es decir que en ella conste una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a fin de que preste mérito ejecutivo.

CUARTO: Que el monto de la condena que se profiera en contra del señor ex Auxiliar Regular VICENTE D ÍAZ VARÓN identi ficado con CC. 13515922, expedida en Zapatoca, sea actualizado hasta el monto del pago efectivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 195 del Código de procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo.

QUINTO: Que se condene en c ostas y agencias en derecho al demandado (…).” (fls. 7 a 8 del cdno. ppal.- - mayúsculas fijas y negrillas del texto original).

2. HechosExpediente: 19001-23-33-000-2015-0228-03 (72.685)

Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

Repetición Apelación sentencia

3 Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte actora expuso en el escrito contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:

1. El 24 de octubre de 1995, el joven Vicente Díaz Varón -mientras se encontraba prestando el servicio militar obligatorio en calidad de auxiliar regular de la Policía Nacional en las instalaciones del Comando de la Policía del Caucahurtó tres (3) armas de fuego tipo fusil Galil con sus respectivos proveedores y huyó con rumbo

prestando el servicio militar obligatorio en calidad de auxiliar regular de la Policía Nacional en las instalaciones del Comando de la Policía del Caucahurtó tres (3) armas de fuego tipo fusil Galil con sus respectivos proveedores y huyó con rumbo desconocido.

1. Ese mismo día sus compañeros desplegaron un operativo para encontrarlo y lo interceptaron en el puente Chuní de la ciudad de Popayán; sin embargo, el auxiliar Vicente Díaz Varón, luego de verse rodeado, disparó en contra de quienes estaban en el lugar y causó el deceso del agente de la Policía Ernesto Muñoz Manrique, así como también dejó gravemente lesionados al uniformado Luis Oswaldo Cabrera y a los civiles Michelle Eduardo Fornaro Medina y Diego Fernando Patiño Marín, estos dos últimos ajenos a los hechos y quienes se movilizaban en un automóvil.

1. Por lo anterior, los familiares del fallecido Ernesto Muñoz Manrique, lo mismo que los señores Michelle Eduardo Fornaro Medina, Dieg o Fernando Patiño Marín y Luis Oswaldo Cabrera, junto con sus familias, presentaron demandas de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, l as cuales dieron origen a procesos que fueron acumulados y conocidos por el Tribunal AdministrativoSala Descongestión - Sede Cali quien, en sentencia del 14 de febrero de 2001, declaró responsable patrimonial y extracontractualmente a la aquí actora por las lesiones de los civiles1 y, en consecuencia, la condenó a pagar una indemnización de perjuicios morales y materiales ; esta decisi ón fue confirmada por el Consejo de Estado en providencia del 28 de mayo de 2012, en la que solo modificó los montos

civiles1 y, en consecuencia, la condenó a pagar una indemnización de perjuicios morales y materiales ; esta decisi ón fue confirmada por el Consejo de Estado en providencia del 28 de mayo de 2012, en la que solo modificó los montos indemnizatorios.

1. A través de la Resolución número 0435 del 14 de mayo de 2013 , el Ministerio de Defensa dio cumplimiento a la sentencia condenatoria y ordenó el pago de la suma de cuatrocientos cincuenta y dos millones doscientos cuarenta y un mil setenta y un pesos con sesenta y cinco centavos ($452.241.071,75) en favor de las víctimas, lo cual así se hizo, como se aprecia en certificación emitida por el Tesorero General de la Dirección

1 Es pertinente poner de presente que, si bien en los procesos de reparación directa se demandó por los daños causados tanto a civiles como a uniformados, la condena en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional solo fue por las lesiones causadas a los civiles, pues, en lo demás, se le exoneró de responsabilidad patrimonial.Expediente: 19001-23-33-000-2015-0228-03 (72.685)

Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

Repetición Apelación sentencia

4 Administrativa y Financiera de la Policía Nacional y el comprobante de egreso no. 1500010280 del 31 de mayo de 2013.

1. La justicia penal militar , en la investigación no. 37773 -128776-4801 condenó el auxiliar Vicente Díaz Varón a la pena principal de veintidós (22) años de prisión como

1500010280 del 31 de mayo de 2013.

1. La justicia penal militar , en la investigación no. 37773 -128776-4801 condenó el auxiliar Vicente Díaz Varón a la pena principal de veintidós (22) años de prisión como autor material de los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, hurto de armas y bienes de defensa y del centinela.

1. Asimismo, se inició el proceso disciplinario no. 070 en contra de Vicente Díaz Varón que culminó con providencia en la cual se impuso su destitución de la Policía Nacional, pues, se acreditó que actuó con dolo.

1. La cond ucta del demandado fue dolosa debido a que , de manera consciente y voluntaria, uso las armas de fuego que hurtó en contra de uniformados y civiles, aspecto que conllevó a que se produjera la muerte de una persona y las lesiones de otras tres, hecho por el cual daño la Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional fue condenada a pagar una indemnización económica (fls. 1 a 7 cdno. ppal. 1).

3. Trámite de primera instancia y contestación de la demanda

1. La demanda de la referencia fue admitida mediante auto del 12 de septiembre de 2016 (fls. 166 a 167 cdno. ppal. 1), providencia en la que se ordenó la notificación personal del señor Vicente Díaz Varón ; sin embargo, luego de varias citaciones y requerimientos, la demandante en escri to del 12 de octubre de 2017 solicitó el emplazamiento del accionado porque no conocía su lugar de ubicación (fl. 191 cdno. ppal. 1).

requerimientos, la demandante en escri to del 12 de octubre de 2017 solicitó el emplazamiento del accionado porque no conocía su lugar de ubicación (fl. 191 cdno. ppal. 1).

1. El 24 de noviembre de 2017 y antes de que se surtiera la notificación por emplazamiento, la Nación – Ministerio de Def ensa – Policía Nacional informó que el señor Vicente Díaz Varón había fallecido (fl. 192 cdno. ppal. 1) , razón por la cual el a quo la requirió para que aportara el registro civil de defunción del demandando, así también para que allegara información de la cónyuge e hijos de aquel supérstites.

1. Toda vez que la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional guardó silencio, el tribunal de primera instancia mediante auto del 18 de septiembre de 2019 declaró el desistimiento tácito (fls. 206 a 207 cdno. ppal. 2) , decisión que fue revocada por el Consejo de Estado en proveído del 4 de mayo de 2020 (fls. 228 a 231 cdno. ppal. 2) ,Expediente: 19001-23-33-000-2015-0228-03 (72.685)

Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

Repetición Apelación sentencia

5 en el cual se ordenó , entre otros aspectos, requerir a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que aportara la mencionada documentación.

1. El 9 de febrero de 2021 se aportó al expediente de la referencia el registro civil de defunción del señor Vicente Díaz Varón, en el cual consta que falleció el 20 de abril de

1. El 9 de febrero de 2021 se aportó al expediente de la referencia el registro civil de defunción del señor Vicente Díaz Varón, en el cual consta que falleció el 20 de abril de 2009 (fls. 215 a 217 cdno. ppal. 3).

1. Ante lo anterior, el 20 de octubre de 2021 el Tribunal Administrativo del Ca uca consideró que se debía dictar sentencia anticipada, la cual fue dictada el 3 de marzo de 2022 y en la que se declaró probada , de oficio , la excepción previa de falta de legitimación en la causa por pasiva por razón del deceso del agente de la policía en contra del cual se repetía (fls. 236 a 246 cdno. ppal. 4); la demandante presentó recurso de apelación (fls. 250 a 262 cdno. ppal. 4) y el Consejo de Estado en proveído del 7 de julio de 2023 declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del auto profer ido el 20 de octubre de 2021 por el a quo (fls. 273 a 284 cdno. ppal. 4), en vista de que no se practicó en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda de modo que se debía vincular a los herederos determinados e indeterminados del fallecido Vicente Díaz Varón, quienes finalmente, fueron notificados por emplazamiento y se encue ntran representados por curador ad litem.

1. Mediante escrito radicado el 28 de mayo de 2024 (fls. 305 a 307 cdno. ppal. 4 ), el curador ad litem de los herederos del fallecido Vicente Díaz Varón contestó la demanda

1. Mediante escrito radicado el 28 de mayo de 2024 (fls. 305 a 307 cdno. ppal. 4 ), el curador ad litem de los herederos del fallecido Vicente Díaz Varón contestó la demanda y se opuso a las súplicas por estimar que no les asiste responsabilidad patrimonial, por cuanto, el exagente estatal fue vinculado a la Policía Nacional cuando no tenía la aptitud mental para prestar el servicio militar ni mucho menos para manipular armas de dotación oficial.

De las pruebas aportadas por la propia demandante, se evidencia que Vicente Díaz Varón se encontraba en un estado psicológico que no le permitía el uso de las armas, empero, la Policía Nacional no realizó una adecuada valoración y fue este hecho el que finalmente llevó a que se produjera la tragedia, máxime si se considera que aquel tenía una actitud agresiva en contra de sus compañeros y en varias ocasiones los amenazó de muerte, aspecto que finalmente terminó en el deceso de una persona y lesiones de otras tres.Expediente: 19001-23-33-000-2015-0228-03 (72.685)

Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

Repetición Apelación sentencia

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4. Sentencia anticipada de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Cauca 2, en sentencia anticipada del 31 de octubre de 2024 (fls. 378 a 383 cdno. apelación e índice 90 SAMAI de la primera instancia) declaró probada, de oficio, la excepción de cosa juzgada, pues, en los procesos de reparación directa que fueron acumulados y que llevaron a las sentencias en las cuales se declaró

probada, de oficio, la excepción de cosa juzgada, pues, en los procesos de reparación directa que fueron acumulados y que llevaron a las sentencias en las cuales se declaró la responsabilidad patrimonial extracontractual de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, la entidad llamó en garantía al exagente Vicente Díaz Varón y solicitó que, en caso de condena, se le declarara responsable a título de dolo.

En esa dirección expuso lo siguiente: “es absolutamente claro que en un proceso judicial, que culminó con sent encia ejecutoriada, fue debidamente vinculado el hoy demandado como llamado en garantía con fines de repetición, providencia en la que fue definida su responsabilidad en los hechos que dieron origen a la indemnización a cargo de la Policía Nacional. Bajo este entendido, aunque en el proceso de reparación directa se resolvió el llamamiento en garantía, el objeto del proceso es el mismo, esto es, determinar si el ahora demandado con su actuar dio lugar a la generación del daño antijurídico, situación que fue respondida positivamente en el llamamiento en garantía, dejándose a cargo por parte del Juez de lo Contencioso Administrativo, el 100% de la condena en que incurriera la Policía Nacional. En este escenario, es palpable que existe cosa juzgada, al ser evide ntes, la identidad de objeto, causa y partes, cuando las pretensiones de la Policía Nacional fueron debidamente absueltas e hicieron tránsito a cosa juzgada” (fls. 382 a 383 cdno. apelación).

6. Recurso de apelación

El 10 de diciembre de 2024, la entidad demandante presentó recurso de apelación en

cosa juzgada” (fls. 382 a 383 cdno. apelación).

6. Recurso de apelación

El 10 de diciembre de 2024, la entidad demandante presentó recurso de apelación en el que solicitó revocar la sentencia de primera instancia (fls. 392 a 394 cdno. apelación) y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda con sustento en las siguientes razones:

1. No operó la cosa juzgada, si bien es cierto que en los procesos de reparación directa llamó en garantía al señor Vicente Díaz Varón, no es lo menos que el Tribunal Administrativo – Sala de Descongestión – Sede Cali, en el ordinal octavo de la parte

2 Por auto del 26 de agosto de 2024 y en aplicación del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011, el a quo dispuso, entre otros aspectos, que no había excepciones previas por resolver, tuvo como pruebas lo s documentos aportados en la demanda, fij ó el objeto del litigio e indicó que se dictaría sentencia anticipada, dado que se encontraban los presupuestos para la misma (fls. 309 a 311 cdno. ppal. 4).Expediente: 19001-23-33-000-2015-0228-03 (72.685)

Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

Repetición Apelación sentencia

7 resolutiva de la sentencia condenatoria dictada el 14 de febrero de 2001 dispuso que la Policía Nacional debía ejercer la acción de repetición en contra del señor Vicente Díaz Varón, motivo por el cual promovió la demanda del proceso de la referencia.

Policía Nacional debía ejercer la acción de repetición en contra del señor Vicente Díaz Varón, motivo por el cual promovió la demanda del proceso de la referencia.

1. El Tribunal Administrativo – Sala de Descongestión – Sede Cali en ningún momento le ordenó a la Policía Nacional cobrar al llamado en garantía los valores que pagara por cuenta de la sentencia dictada en el proceso de reparación directa; además, debe tenerse en cuenta que el artículo 8 de la Ley 978 de 2001 y el artículo 142 del CPACA no refieren “la autorización de cobrar lo pagado”.

1. El a quo basó sus argumentos en una decisión del año 2018 del Consejo de Estado, la cual no puede ser aplicada por ser posterior a la fecha de los hechos.

7. Actuación surtida en segunda instancia

Por auto del 9 de mayo de 2025 (índice 3 SAMAI) se admitió el recurso de apelación y el 27 de mayo 2025 (índice 10 SAMAI) ingresó el exp ediente al despacho para dictar sentencia, según lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

Durante el termino de ley, el representante del Ministerio Público rindió concepto en el cual deprecó la confirmación del fallo de primera instancia, por cuanto, la revisión de la sentencia condenatoria dictada en el proceso de reparación directa el 14 de febrero de 2001 da cuenta que el Tribunal Administrativo – Sala de Descongestión – Sede Cali fue claro y coherente en la condena en contra del llamado en garantía, de modo que existe cosa juzgada , pues , se cumplen los presupuestos para la misma, esto es , existe i)

claro y coherente en la condena en contra del llamado en garantía, de modo que existe cosa juzgada , pues , se cumplen los presupuestos para la misma, esto es , existe i) “identidad jurídica de las partes ”, debido a que tanto en el proceso de la reparación directa como en el expediente de la referencia son sujetos procesales el Minister io de Defensa – Policía Nacional y el exagente Vicente Díaz Varón, ahora sucedido por sus herederos; ii) “objeto”, ya que en ambos procesos se pretendió recuperar el dinero pagado por la condena judicial impuesta y , iii) “causa”, en la medida que en ambos expedientes se alegó que el actuar doloso del exagente fue el que causó la muerte de una persona y lesiones a otras tres, aspecto que conllevó a la condena en contra de la Policía Nacional.

De igual manera, el hecho de que el a quo aludiera a una sentencia del año 2018 del Consejo de Estado en nada impide que se configure la cosa juzgada, toda vez que, la misma es una herramienta estatuida por el legislador que opera cuando se configuranExpediente: 19001-23-33-000-2015-0228-03 (72.685)

Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

Repetición Apelación sentencia

8 todos sus elementos (índice 9 SAMAI).

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) prelación de fallo, 2) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 3) la competencia del ad quem, 4) la cosa juzgada en el medio de control jurisdiccional de

derrotero: 1) prelación de fallo, 2) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 3) la competencia del ad quem, 4) la cosa juzgada en el medio de control jurisdiccional de repetición, 5) el caso concreto, 6) conclusión, y, 7) condena en costas.

1. Prelación de fallo

En la actualidad, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado conoce de procesos que entraron para fallo con anterioridad, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en el turno estricto en el c ual pasaron los expediente al despacho, no obstante, el artículo 18 también autoriza la modificación de la cronología de turno según “la naturaleza del asunto” 3, de igual manera, el artículo 63 A de la Ley 270 de 1996 4 permitió que las denominadas altas cortes y los tribunales establecieran un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia.

En este asunto sometido a consideración de la Sala, el objeto del litigio corresponde a una repetición en contra de un exfuncionario público, tema que en virtud de su naturaleza la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sesión y en el acta no. 15 del 5 de mayo de 20055 consideró que debía dársele prelación, motivo por el cual, con fundamento en las normas previam ente citadas y la referida acta, la Subsección se encuentra habilitada para emitir fallo de manera anticipada.

3 El artículo 18 de la Ley 446 de 1998 preceptúa: “ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS. Es

encuentra habilitada para emitir fallo de manera anticipada.

3 El artículo 18 de la Ley 446 de 1998 preceptúa: “ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS. Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alter arse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitu d del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social. (…)”. 4 El artículo 16 A, adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, prevé “ Cuando existan razones de seguridad nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, o en el caso de graves violaciones de los derechos humanos, o de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia social, las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas, Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado, la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o la Corte Constitucional, señalarán la clase de procesos que deberán ser tramitados y fallados preferentemente. Dicha actuación también podrá ser solicitada por el Procurador General de la Nación (…) Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas o las Secciones del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; las Salas de los Tribunales Superiores y d e los Tribunales Contencioso -Administrativos de Distrito podrán determinar un orden de

de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; las Salas de los Tribunales Superiores y d e los Tribunales Contencioso -Administrativos de Distrito podrán determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia (…)”. 5 Mediante la cual la Sala de la Sección Tercera del Consejo de Estado aprobó que los eventos de repetición podían fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno respectivo.Expediente: 19001-23-33-000-2015-0228-03 (72.685)

Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

Repetición Apelación sentencia

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2. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

1. El centro de la controversia planteada consiste en determinar si se configuró el fenómeno de la cosa juzgada respecto de las pretensiones elevadas por la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional en contra del señor Vicente Díaz Varón

(sucedido por sus herederos) a título de repetición, con ocasión de la condena impuesta en contra de la autoridad por lo acaecido el 24 de octubre de 1995 en el puente Chuní de la ciudad de Popayán (Cauca) y en el que resultaron dos ciudadanos lesionados6.

1. La Sala confirmará la decisión que declaró probada, de oficio, la excepción de cosa juzgada.

3. La competencia del ad quem

1. Sobre el punto debe advertirse que en el asunto de la referencia únicamente interpuso recurso de apelación la parte demandante.

1. De acuerdo con lo anterior, se tiene que se trata de una situación de apelante único

3. La competencia del ad quem

1. Sobre el punto debe advertirse que en el asunto de la referencia únicamente interpuso recurso de apelación la parte demandante.

1. De acuerdo con lo anterior, se tiene que se trata de una situación de apelante único contra una sentencia anticipada, donde de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso, norma procesal aplicable en virtud de la remisión legal contenida en el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, la competencia del juez en segunda instancia se reduce al análisis de los puntos objeto del recurso.

1. En efecto, el artículo 328 del Código General del Proceso preceptúa:

“ARTÍCULO 3 28. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover inci dentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia” (se destaca).

íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover inci dentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia” (se destaca).

6 Se pone de presente que en los hechos del 24 de octubre de 1995 resultó fallecido un miembro de la Policía Nacional y lesionados tres ciudadanos (dos civiles y un policía), no obstante, la condena en los procesos de reparación directa solo fue por los civiles que resultaron lesionados.Expediente: 19001-23-33-000-2015-0228-03 (72.685)

Actor: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

Repetición Apelación sentencia

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1. En ese contexto, es claro que el ad quem, cuando se trata de apelante único, solo puede revisar la actuación en cuanto tiene que ver con los motivos de la impugnación7, vale decir, no puede el juez de segunda instancia entrar a analizar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, razón por la cual la competencia funcional de esta Corporación se encuentra restringida legalmente a los cargos esgrimidos en el recurso de alzada, sin perjuicio de lo expresa y puntualmente dispuesto en el inciso segundo del artículo 187 del CPACA, según el cual i) en la sentencia el juez decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que encuentre probada y, ii) el silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones, propuestas o no, sin perjuicio de la non reformatio in pejus.

1. Por consiguiente, la Sala decidirá