CE - Sentencia 19001233300020150035301 de 2025

Consejo de Estado

Descargar PDFDisponible

Detalles

Título: CE - Sentencia 19001233300020150035301 de 2025
Autor: Consejo de Estado
Categoría: Jurisprudencia
Área del derecho: Administrativo
Año: 2025

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 1 de diciembre de 2025

Radicación número: 19001-23-33-000-2015-00353-01(72895 AG) Demandantes: Abelino Taquinás Canas y otros Demandados: Nación-Ministerio de Defensa y otros Referencia: Acción de grupo

Temas: ACCIÓN DE GRUPO – muerte del médico de la comunidad indígena - omisión de protección.

Síntesis del caso: el grupo demandante solicitó la reparación de los perjuicios derivados de la muerte de uno de los médicos de la comunidad indígena. La comunidad había sido objeto de medidas cautelares por parte de la CIDH.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.

Contenido: I. Antecedentes - II. Consideraciones – II. Decisión

I. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2 Posición de la parte deman dada – 1.3 Sentencia de primera instancia – 1.4 Recurso de apelación y el trámite relevante de segunda instancia.

1.1. Posición de la parte demandanteRadicación número: 19001-23-33-000-2015-00353-01

Actor: Abelino Taquinás Canas y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa y otros Referencia: Acción de grupo Decisión: confirma la decisión de primera instancia ________________________________________________________________________________ ________ 2 de 17

1. El 13 de julio de 2015 José Reinel Taquinás Dagua y otras 30 personas1, en ejercicio de la acción de grupo2, prevista en el artículo 88 de la Constitución Política, presentó demanda contra la Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección (UNP, en adelante), con

el siguiente objeto, (se trascribe):

“1. Declárese que la NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL Y POLICÍA NACIONAL (...) MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (...) MINISTERIO DEL INTERIOR (...) UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN (...) son administrativamente responsables por la muerte del señor BENANCIO TAQUINÁS DAGUA (q.e.p.d), por su omisión, al no brindarle las m edidas de protección necesarias con el fin de garantizarle el derecho a la vida, de conformidad con la Medida Cautelar MC 255-11 11 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (...)

su omisión, al no brindarle las m edidas de protección necesarias con el fin de garantizarle el derecho a la vida, de conformidad con la Medida Cautelar MC 255-11 11 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (...)

2. Que se ordene a las entidades convocadas a pagar a los demandantes como reparación del daño ocasionado, (...) los perjuicios de orden ma terial y moral, subjetivo y objetivado, actuales y futuros, por consiguiente, los perjuicios

concretarán así:

A. PERJUICIOS MORALES Páguese a cada uno de los integrantes del grupo el equivalente a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

(...)

B. POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD Teniendo en cuenta que la muerte del señor BENANCIO TAQUINAS DAGUA, quien era una persona trabajadora, emprendedora, honesta, no pudo consolidar muchas de las expectativas personales y comunales tal como se demuestra en el dictamen pericial, en consecuencia condénese al pago a cada uno de los integrantes del grupo la suma de Trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes.”

A. MEDIDAS DE REPARACIÓN POR DAÑO INMATERIAL POR AFECTACIÓN

ELEVANTE A BIENES CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE AMPARADOS

a. Que se ordene un acto de desagravio público en el que las entidades convocadas reconozcan la responsabilidad por la ejecución extrajudicial del señor BENANCIO TAQUINAS DAGUA y se solicite perdón a los miembros del Pueblo Nasa de los Resguardos Toribío, San Francisco, Tacueyo y Jambaló por su omisión

convocadas reconozcan la responsabilidad por la ejecución extrajudicial del señor BENANCIO TAQUINAS DAGUA y se solicite perdón a los miembros del Pueblo Nasa de los Resguardos Toribío, San Francisco, Tacueyo y Jambaló por su omisión al no dar aplicación a la Medida Cautelar MC 255 -11 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y no garantizarle la vida al comunero . b. Que se ordene a las entidades convocadas realizar todos los procedimientos necesarios con el fin de dar pleno cumplimiento al Auto 004 de la Corte Constitucional y la Medida Cautelar MC 255-11 de la Comisión Interamericana de

1 1) José Reinel Taquinás Dagua, cc. 1.147.952.519, actuando en nombre propio y de su menor hija 2) Yudi Alexandra Taquinás Dagua. 3) Abelino Taquinás Canas, cc 76.298.417. 4) Belarmino Taquinás Ipia, cc. 76.002.838. 5) Marino Taquinás Ipia, cc. 1.061.499.672. 6) Nicolás Taquinás Quiguanás, cc. 4.692.512. 7) Lorenza Dagua Conda, cc. 25.470.415. 8) Germín Gembuel Paja, cc. 76.002.769, actuando en nombre propio y de sus menores hijos 9) Hervin Gembuel Dagua, 10) Tania Nayibe Gembuel Tombé, 11) Jholman Gembuel Tombé y 12) Karen Gembuel

Tombé. 13) Edwin Julicué Taquinás, cc. 1.061.502.071. 14) Ana Alvina Julicué Taquinás, cc. 25.470.878. 15) María Santos Paja Chavaco, cc. 25.469.881. 16) José Helmer Pechené Ulchur, cc. 1.061.501.575. 17) Maribel Dagua Peña, cc. 25.471.243. 18) Luz Marina Ypia Ypia , cc. 25.470.749. 19) José Jaime Ipia Quebrada cc 76.003.116. 20) Diana Patricia Julicué Taquinás, cc. 25.470.942. 21) Luis Alfonso Rivera, cc. 76.002.942. 22) Gloria Esthela Yule Ipia, cc. 25.470.467. 23) Diego Raúl Pechené, cc. 79.689.682. 24) Nury Ayde Tombé Rivera, cc. 1.061.503.121. 25) Johan Eduardo Mellizo Ipia, cc. 1.061.500.671 actuando a nombre propio y de su menor hija 26) María Camila Mellizo Lames. 27) Rozo Hernán Pechené Pillimué, cc. 4.767.735. 28) Álvaro Javier Pechené Ipia, cc. 1.061.500.3 27. 29) Virginia Ipia Campo, cc. 25.470.077. 30) Clara Ipia Campo, cc. 25.470.264 actuando a nombre propio y en representación de su menor hijo 31) Alen Yesid Rivera Ipia. 2 Folios 667-694 c. 4.Radicación número: 19001-23-33-000-2015-00353-01

Actor: Abelino Taquinás Canas y otros Demandado: Nación-Ministerio de Defensa y otros

2 Folios 667-694 c. 4.Radicación número: 19001-23-33-000-2015-00353-01

Derechos Humanos que le garanticen la vida a cada uno de los beneficiarios de la misma a lo cual se comprometen las convocadas a socializar cada parámetro que se consolide con el fin de satisfacer la misma a los miembros del pueblo Nasa de los Resguardos Toribío, San Francisco, Tacu eyo y jambaló con reuniones cada mes en las que ellos hagan parte.

3. La parte demandada pagará a favor de los demandantes las costas y agencias en derecho del proceso.

4. La condena respectiva será actualizada aplicando en la liquidación la variación promedio mensual del índice de precios al consumidor, desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta la ejecutoria del correspondiente fallo definitivo, y su reajuste conforme al interés técnico del 6% anual que se liquidará en el mismo período.

5. Las sumas reconocidas en las condenas anteriores devengarán los intereses señalados en el CPACA

6. La parte demandada dará cumplimiento a la sentencia, en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA”

2. En la demanda se narraron, en síntesis, los siguientes hechos relevantes :

3. (1) La comunidad indígena Nasa de los resguardos Toribío, San Francisco, Tacueyó y Jambaló fue beneficiaria de la medida cautelar 255-11, proferida

3. (1) La comunidad indígena Nasa de los resguardos Toribío, San Francisco, Tacueyó y Jambaló fue beneficiaria de la medida cautelar 255-11, proferida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, en adelante), en la que se le ordenó al Estado colombiano adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de los miembros de la comunidad.

4. (2) El Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC acudió al sistema interamericano para pedir el cumplimiento de la medida cautelar.

5. (3) Benancio Taquinás Dagua era indígena Nasa, médico tradicional y perteneciente al resguardo Jambaló, en donde era encargado de la sanación de las dolencias físicas y espirituales de los comuneros. Era un líder visible de la comunidad, por lo que recibía amenazas constantes, que eran conocidas por las autoridades locales y por las autoridades indígenas.

6. (4) El médico Taquinás fue asesinado el 18 de abril de 2013 a unos metros de su vivienda, en la vereda Barondillo, del municipio de Jambaló.

7. (5) La muerte del médico Taquinás fue posible por la omisión de protección estatal, pese a que , al ser miembro de la comunidad Nasa, él estaba cobijado por la medi da cautelar de la CIDH . Su muerte provocó profundo dolor en la comunidad, dada la importancia que él representaba desde su cosmovisión.

8. La demanda alegó que el Estado debía responder por la omisión de protección del señor Taquinás, porque era de público conocimiento que era

profundo dolor en la comunidad, dada la importancia que él representaba desde su cosmovisión.

8. La demanda alegó que el Estado debía responder por la omisión de protección del señor Taquinás, porque era de público conocimiento que era una persona sobre la cual recaían amenazas y que se encontraba cobijado por la medida cautelar MC 255/11. Citó una sentencia del Conse jo de Estado, relativa a la muerte ilegítima de miembros de las comunidades indígenas, presentados como dados de baja en combate, por parte de miembros de la fuerza pública (mal llamados falsos positivos), en donde se resaltaron los deberes constitucionale s y convencionales respecto de lasRadicación número: 19001-23-33-000-2015-00353-01

comunidades indígenas, así como del impacto negativo de la muerte de uno de sus miembros. A partir de ello, concluyó que el Estado debía ser declarado responsable por la falla del servicio consistente en el incumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por la CIDH.

1.2 Posición de la parte demandada

9. El Ministerio del Interior se opuso a las pretensiones 3 porque, dentro de sus funciones, no se enc ontraba la protección de las personas, ya que ello le compete a la Unidad Nacional de Protección. Formuló la excepción de falta de legitimación en la causa, falta de nexo causal y de falla del servicio.

10. Para el Ministerio de Relaciones Exteriores 4 las pretensiones eran

le compete a la Unidad Nacional de Protección. Formuló la excepción de falta de legitimación en la causa, falta de nexo causal y de falla del servicio.

10. Para el Ministerio de Relaciones Exteriores 4 las pretensiones eran infundadas, porque el Estado colombiano ha bía actuado de acuerdo con la medida cautelar de la CIDH . Señaló que la comunidad Nasa no ha aceptado algunos esquemas de seguridad, por lo que se habría configurado la “ culpa exclusiva de la víctima”. Igualmente, indicó que la protección de las personas no e ra responsabilidad de ese ministerio , por lo que se presentó falta de legitimación en la causa . También alegó las excepciones de: ausencia de pruebas de la responsabilidad , inexistencia del hecho generador, hecho de un tercero, falta de nexo causal, ineficacia del censo poblacional, ausencia de falla del servicio, inexistencia de los perjuicios, ausencia de obligaciones de resultado y “la genérica”.

11. El Ministerio de Defens a - Policía Nacional 5 alegó que no se demostró que Benancio Taquinás perteneciera a la comunidad Nasa y que fuera médico tradicional. También expuso que las supuestas amenazas no fueron puestas en conocimiento de la Policía y, en caso de requerir medidas de protección, la responsable de brindarlas era la UNP. En todo caso, indicó que la medida cautelar se otorgó por una “chiva bomba” que explotó en julio de 2011 y fue para la comunidad en general, no para el señor Taquinás, en particular, por lo que su muerte era un hecho imprevisible e irresistible para la Policía, respecto del cual, incluso, se desconocen las circunstancias

julio de 2011 y fue para la comunidad en general, no para el señor Taquinás, en particular, por lo que su muerte era un hecho imprevisible e irresistible para la Policía, respecto del cual, incluso, se desconocen las circunstancias en que o currió. Expuso que, durante una reunión de seguimiento a la medida cautelar, la comunidad pidió minimizar la participación de la fuerza pública en los espacios de concertación y el retiro total de la fuerza pública de los territorios indígenas. Igualmente, indicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores, en comunicación de 5 de diciembre de 2011, le informó a la CIDH de todas las acciones implementadas para ejecutar la medida cautelar , que evidencian cumplimiento y diligencia. Finalmente, argumentó que el dictamen pericial aportado con la demanda no cumple con los requisitos del artículo 266 del CGP y que, en realidad, es un ensayo académico sobre la cultura Nasa.

3 Folios 737-741 c. 4. 4 Folios 745-752 c. 4. 5 Folios 788-801 C. 4.Radicación número: 19001-23-33-000-2015-00353-01

12. La UNP se opuso a las pretensiones de la demanda 6. Aseguró que no se había configurado la falla del servicio alegada, ya que, de los hechos probados, ninguno de ellos d emostraba que la causa eficiente del daño fuera la omisión de esta entidad.

había configurado la falla del servicio alegada, ya que, de los hechos probados, ninguno de ellos d emostraba que la causa eficiente del daño fuera la omisión de esta entidad.

13. El Ministerio de Defensa - Ejército Nacional7 indicó que no t enía responsabilidad alguna por la muerte del señor Taquinás . Indicó que conoció de la muerte por información de un ciudadano y del Inspector de Policía, quienes le aseguraron que había sido asesinado por tres hombres, que le dispararon por la espalda y que, e n el lugar de los hechos, se encontraron tres vainillas de fusil AK -47. Aseguró que desconoc ía si los accionantes pertenecían al pueblo Nasa, ya que el censo aportado es de 2011, mucho antes de los hechos. También, sostuvo que no se demostró que era médico y que los demandantes eran sus pacientes. Puso de presente que las supuestas amenazas que pesaban sobre el señor Taquinás no fueron puestas en conocimiento de las autoridades y, de haberlo hecho, la responsabilidad recaería sobre la UNP.

1.3 Sentencia de primera instancia

14. El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante Sentencia de 6 de marzo de 2025 negó las pretensiones de la demanda8. El Tribunal encontró probado el daño, consistente en la muerte del señor Taquinás, mediante el registro civil de defunción 9. También, la calidad de médico tradicional de la comunidad Nasa y que era una autoridad espiritual, de acuerdo con los testimonios recaudados y el dictamen pericial antropológico. Consideró que sobre el Gobierno Nacional pesaba la obligación de proteger a la comunidad Nasa, teniendo en cuenta que la medida cautelar de la CIDH

testimonios recaudados y el dictamen pericial antropológico. Consideró que sobre el Gobierno Nacional pesaba la obligación de proteger a la comunidad Nasa, teniendo en cuenta que la medida cautelar de la CIDH imponía el deber de proteger a los miembros de la comunidad indígena, al tiempo que la Corte Constitucional, mediante el Auto 4 de 2009, en seguimiento del estado de cosas inconstitucional declarado mediante la sentencia T -25 d e 2004, dispuso que el gobierno debía implementar un programa de garantía de los derechos de los pu eblos indígenas afectados por el desplazamiento forzado y ordenó la construcción de planes de salvaguarda étnica respecto de los pueblos afectados por el conflicto armado interno. Igualmente, mediante la Sentencia T -30 de 2016 la Corte Constitucional tuteló el derecho colectivo a la seguridad del pueblo Nasa.

15. No obstante, concluyó que la muerte del médico tradicional no podía imputarse al Estado bajo ninguno de los regímenes ya que: (1) las supuestas amenazas que pesaban sobre él no fueron puestas en conocimiento de las autoridades; (2) dicha protección fue solicitada por el hijo del seño r Taquinás, pero solamente con posterioridad al asesinato de su padre ; (3) el testimonio de la señora Trochez Ramos indicó que el cabildo indígena tenía información acerca de las amenazas que pesaban sobre el señor Taquinás;

6 Folios 830-832 c. 5. 7 Folios 843-856 c. 5. 8 Folios 1129-1143 c. del Consejo de Estado.

información acerca de las amenazas que pesaban sobre el señor Taquinás;

6 Folios 830-832 c. 5. 7 Folios 843-856 c. 5. 8 Folios 1129-1143 c. del Consejo de Estado. 9 Folio 524 c.1.Radicación número: 19001-23-33-000-2015-00353-01

sin embargo, no hay prueba de que el cabildo hubiera informado a las autoridades demandadas; (4) El señor Taquinás no se encontraba en la lista de personas en riesgo, entregada a las autoridades en las reuniones desarrolladas para la implementación de la medida cautelar, de acuerdo con el testimonio de Freddy Armando Trujillo. (5) El señor Taquinás fue asesinado por un miembro de la misma comunidad Nasa, por lo que, de ellos, no tenía de qué temer. (6) Las relaciones de la comunidad Nasa con la fuerza pública no han sido armónicas, a tal punto que la comunidad solicitó varias veces su retiro, lo que les impidió ejercer su misión constitucional y, por ello, la entonces gobernadora del resguardo Jambaló sostuvo que el control del territorio le correspondía a la guardia indígena.

16. La sentencia destacó que, si bien los miembros de la comunidad indígena eran sujetos de especial protección, les incumbía la carga de informar a las autoridades acerca de los riesgos que pesaban sobre ellos.

Concluyó que el hecho era imprevi sible para las autoridades, las que no

indígena eran sujetos de especial protección, les incumbía la carga de informar a las autoridades acerca de los riesgos que pesaban sobre ellos. Concluyó que el hecho era imprevi sible para las autoridades, las que no fueron tampoco cómplices del hecho. Agregó que la medida cautelar de la CIDH no imponía el deber de otorgar esquemas de protección a cada uno de los miembros de la comunidad indígena.

1.4 Recurso de apelación y trámite relevante de segunda instancia

17. El grupo demandante interpuso recurso de apelación10 en el que argumentó que la sentencia de primera instancia incurrió en una indebida valoración de los hechos y en error en la interpreta ción de los deberes del Estado frente a los riesgos que pesan sobre las comunidades indígenas, como sujetos de especial protección constitucional. Argumentó que (1) la interpretación que hizo la primera instancia de la medida cautelar fue ”excesivamente formalista ”, porque desconoció que la protección ordenada fue colectiva y preventiva , ” con vocación de aplicación expansiva”, con lo que se desconoció el bloque de constitucionalidad y omitió el deber de realizar el control de convencionalidad. También, sostuvo que (2) no era necesaria la denuncia o la solicitud de protección para el señor Taquin ás, porque el riesgo sobre toda la comunidad Nasa era conocido por las autoridades estatales y, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, la denuncia no e ra necesaria en estas circunstancias. Agregó que la Corte Constitucional, en el Auto 4 de 2009 concluyó que : “La protección de pueblos indígenas en riesgo de exterminio físico o

circunstancias. Agregó que la Corte Constitucional, en el Auto 4 de 2009 concluyó que : “La protección de pueblos indígenas en riesgo de exterminio físico o cultural no requiere solicitud expresa cuando el Estado ya ha sido advertido del riesgo (...) El Estado colombiano está obligado a adoptar las medidas necesarias para preservar la vida, integridad, autonomía e identidad cultural de los pueblos indígenas, especialmente cuando, como ocurre con el pueblo Nasa, existen circunstancias probadas de amenaza sistemática y prolongada”. (3) La sentencia erró al restarle valor probatorio a los testimonios y al dictamen antropológico que demostraban el rol de líder y autoridad espiritual que tenía el señor Taquinás, lo que le significaban amenazas, desconociendo así el enfoque étnico y el p rincipio de verdad material. (4) La sentencia incurrió en un “error evidente”, al reconocer el daño que causó en la comunidad la muerte del señor Taqu inás, pero no

10 Folios 1150-1152 c. del Consejo de Estado.Radicación número: 19001-23-33-000-2015-00353-01

condenar la responsabilidad del Estado, con lo que la sentencia rompió su coherencia intern a. Por ello, consideró que el daño antijurídico estaba demostrado y debía imputarse a las demandadas.

18. En el término previsto para alegar de conclusión, las partes y el Ministerio

coherencia intern a. Por ello, consideró que el daño antijurídico estaba demostrado y debía imputarse a las demandadas.

18. En el término previsto para alegar de conclusión, las partes y el Ministerio Público guardaron silencio11.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Exposición del caso y decisiones que se adoptarán . 2.2. Análisis sustantivo. 2.3. Sobre la condena en costas.

2.1. Exposición del caso y decisiones que se adoptarán

19. Mediante una acción de grupo, miembros de la comunidad indígena Nasa demandaron la responsabilidad de l Estado por la muerte del señor Benancio Taquinás Dagua, médico tradicional de la comunidad . La demanda alegó que el daño era atribuible al Estado, porque la comunidad Nasa había sido objeto de medidas cautelares por parte de la CIDH, destinadas a proteger a sus miembros frente a los riesgos de muerte y desplazamiento forzado. Indicó que, de haber implementado correctamente las medidas de protección, la muerte no hubiera ocurrido.

Respecto de esta demanda, el Ministerio de Relaciones Exteriores alegó que el Estado había cumplido diligentemente las medidas cautelares, pero existía “culpa exclusiva de la víctima” porque la comunidad impidió que se les prestaran medidas de seguridad. Esto también fue alegado por la Policía Nacional la que, adicionalmente, indicó que no se solicitaron medidas de protección para el señor Taquinás, en lo que coincidió con lo expuesto por el Ejército Nacional.

20. La sentencia de primera instancia negó las pretensiones de la demanda

Nacional la que, adicionalmente, indicó que no se solicitaron medidas de protección para el señor Taquinás, en lo que coincidió con lo expuesto por el Ejército Nacional.

20. La sentencia de primera instancia negó las pretensiones de la demanda tras considerar que las amenazas que pesaban sobre el señor Taquinás no habían sido puestas en conocimiento de las autoridades, ni se había pedido protección. Adicionalmente, que la muerte del señor Taquinás había sido provocada por miembros de su misma comunidad, por lo que no era posible protegerlo al respecto y, finalmente, la misma comunidad había impedido que la fuerza pública les brindara protección.

21. La parte demandante apeló la sentencia, porque, a su juicio, la decisión erró al exigir que se solicitaran previamente medidas individuales de protección, teniendo en cuenta que la medida cautelar era colectiva; también porque, de los testimonios se evidenciaba el rol de líder que tenía el señor Taquinás, lo que hacía presumir el riesgo que pesaba sobre él .

Finalmente, porque la sentencia se habría contradicho al reconocer que la muerte del señor Taquinás causó un daño a la comunidad, pero no condenar la responsabilidad del Estado.

11 Índice 16 SAMAI.Radicación número: 19001-23-33-000-2015-00353-01

22. En esta providencia , la Sala abordará el estudio del fondo del asunto,

Referencia: Acción de grupo Decisión: confirma la decisión de primera instancia ________________________________________________________________________________ ________ 8 de 17

22. En esta providencia , la Sala abordará el estudio del fondo del asunto, porque están reunidos los presupuestos procesales para fallar. La demanda fue oportuna 12 y la acción de grupo es el medio idóneo para decidir las pretensiones de la demanda. Adicionalmente, se reúne el requisito de causa común del daño, que determina la existencia del grupo, de acuerdo con los artículos 3 y 46 de la Ley 472 de 1998, porque tod os los demandantes pertenecen a la misma comunidad indígena, que habría resultado afectada por la muerte de uno de sus miembros . También se reúne, con suficiencia, el requisito numérico para la procedencia de la acción de grupo, previsto en el artículo 46 de la misma ley.

23. La primera instancia encontró probados el daño, consistente en la muerte del señor Taquinás; la calidad de médico tradicional o Khiwete y líder, así como el impacto negativo de su muerte para su comunidad. El recurso de apelación no cuestionó ninguno de estos aspectos. La apelación se centra exclusivamente en la atribución del daño al Estado y, en particular, la configuración de una falla del servicio por el incumplimiento de la medida cautelar de la CIDH . La primera instancia encontró probado que las autoridades nunca fueron informadas de los riesgos que pesaban sobre el señor Taquinás y que n o se solicitaron medidas de protección para él. Este punto fue aceptado en el recurso de apelación y, por lo tanto , tampoco será objeto de esta instancia.

autoridades nunca fueron informadas de los riesgos que pesaban sobre el señor Taquinás y que n o se solicitaron medidas de protección para él. Este punto fue aceptado en el recurso de apelación y, por lo tanto , tampoco será objeto de esta instancia.

24. La Sala confirmará la decisión de primera instancia . A pesar de que le asiste razón al grupo apelante en sostener que la solicitud de medidas individuales de protección para el señor Taquinás no era imprescindible, teniendo en cuenta que la comunidad Nasa, en general, había sido objeto de medidas cautelares por parte de la CIDH, las autoridades demandadas fueron diligentes en el cumplimiento de la medida y, de las pruebas del expediente, no se evidencia la configuración de falla del servicio alguna que permita imputar responsabilidad por una omisión de las au toridades estatales.

2.2. Análisis sustantivo

25. La responsabilidad del Estado por la muerte de civiles, por parte de otros particulares, exige la configuración de una falla del servicio, es decir, de una acción u omisión reprochable por parte de las autoridades públicas que hubiera concurrido en la causa del daño, por su participación activa en la muerte, incluso en calidad de facilitador, o por la omisión en el cumplimiento de sus deberes constitucionales o legales de protección frente a la vida y la integridad de la persona asesinada.

26. En el caso de la responsabilidad del Estado por omisión de protección, la falla del servicio no se configura automáticamente por el resultado lesivo

12 La muerte ocurrió el 18 de abril de 2013, por lo que la caducidad se extendía hasta el 19 de abril de 2015. La

la falla del servicio no se configura automáticamente por el resultado lesivo

12 La muerte ocurrió el 18 de abril de 2013, por lo que la caducidad se extendía hasta el 19 de abril de 2015. La solicitud de conciliación fue presentada el 17 de abril de 2015 y la audiencia se desarrolló el 13 de julio de 2015 (folios 665-666 c.4). Es decir que, al levantarse la suspensión de términos, falta ban dos días para que ocurriera la caducidad y la demanda se presentó el mismo 13 de julio de 2015 (folio 701 c. 4), por lo que fue oportuna.Radicación número: 19001-23-33-000-2015-00353-01

—la muerte —, ello desconocería las exigencias constitucionales de la responsabilidad patrimonial del Estado, previstas en el artículo 90 de la Constitución, sino exige la conjunción de dos elementos: uno relativo a la previsibilidad de la muerte por parte de las autoridades, lo que hace surgir en ellas los deberes concretos de protección y otro relativo al incumplimiento de dichos deberes, por falta de actuación, acción tardía o defectuosa.

27. En lo que respecta a la previsibilidad del daño, la jurisprudencia de esta corporación ha identificado tre

Estás viendo una vista previa

Lee el documento completo con Ariel

Este es un fragmento de uno de los más de 1.2 millones de documentos de la biblioteca de Ariel. Crea tu cuenta para leerlo completo, descargarlo y consultarlo con Ariel, que siempre te lleva a la fuente exacta: Ariel NO alucina.

Probar Ariel gratis Ver planes

Descargar PDFDisponible

Detalles

Título: CE - Sentencia 19001233300020150035301 de 2025
Autor: Consejo de Estado
Categoría: Jurisprudencia
Área del derecho: Administrativo
Año: 2025