CE - Sentencia 19001233300020160001002 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 19001233300020160001002 (66034)

Demandante: SANDRA VÉLEZ SUA Y OTROS

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL

Y OTRO

Tema: Incursión armada de las FARC. Muerte de teniente del Ejército Nacional en ataque contra la estación de Policía de Inzá (Cauc a). Detonación de artefactos explosivos improvisados - AEI. Indebida orden de traslado y servicio a uniformado que estaba incapacitado. No se acreditó una falla del servicio. Omisión a los deberes de seguridad y protección. Se probó la falla del servicio.

Graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Falla del servicio por omisión a los deberes de seguridad y protección. Responsabilidad de las FARC como colectivo y/o organización en virtud del Acuerdo de Paz. Obligaciones resarcitorias de las FARC frente a las víctimas en el marco del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. Concausa en el hecho generador del daño. Se configuraron costas procesales en la segunda instancia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. Concausa en el hecho generador del daño. Se configuraron costas procesales en la segunda instancia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional contra la sentencia del 4 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca que declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Policía Nacional y accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.2

Radicado: 19001233300020160001002 (66034)

Demandante: Sandra Vélez Sua y otros

I. SÍNTESIS DEL CASO

Según la demanda, en fecha indeterminada, el teniente Sergio Andrés Prada Dimas fue diagnosticado con “insuficiencia cardiaca”. Posteriormente, el 23 de noviembre de 2012, el oficial Prada Dimas fue valorado por el personal médico de la Dirección d e Sanidad quien le prescribió una “incapacidad médica por 30 días, la realización de eco de tiroides y valoración por medicina interna”. Sin embargo, el 6 de diciembre de esa anualidad, el uniformado fue “agregado operacionalmente” al BACOT 57 del Ejército Nacional que hacía presencia en el municipio de Inzá (Cauca). Al día siguiente, esto es, el 7 de diciembre de 2013, subversivos de las FARC incursionaron en dicho ente territorial y, estando allí, lanzaron varios artefactos explosivos improvisados – AEI - contra la Estación de Policía, dentro de la cual operaba el puesto de mando BACOT 57 del Ejército

subversivos de las FARC incursionaron en dicho ente territorial y, estando allí, lanzaron varios artefactos explosivos improvisados – AEI - contra la Estación de Policía, dentro de la cual operaba el puesto de mando BACOT 57 del Ejército Nacional. Lamentablemente, las ondas explosivas alcanzaron la humanidad de Sergio Andrés Prada Dimas.

Los accionantes consideran que la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército y Policía Nacional son patrimonialmente responsables por la muerte del teniente Prada Dimas porque, a su juicio, el uniformado fue “agregado operacionalmente” al BACOT 57 del Ejército Nacional pese a que estaba incapacitado. Además, aducen que las referidas autoridades incurrieron en una falla del servicio por omisión en el deber de seguridad y protección, toda vez que “siendo una zona roja, con presencia de grupos subversivos o al margen de la ley, sumado a que conocían de la existen cia o amenaza de una incursión guerrillera, no tomaron medidas exponiendo así la vida e integridad de los miembros de la fuerza pública”.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 25 de noviembre de 2015 1, Sandra Pilar Vélez Sua en nombre propio y en representación de Sergio Andrés Prada Vélez; Nancy Dimas Ávila actuando en

1 Fl. 4 a 15, C.1.3

Radicado: 19001233300020160001002 (66034)

Demandante: Sandra Vélez Sua y otros

nombre propio y en representación de Edgar Orlando Prada Dimas; Edgar Orlando, Álvaro y Eddy Prada Camacho; y, Diego Fernando y Mayra Alejandra

Demandante: Sandra Vélez Sua y otros

nombre propio y en representación de Edgar Orlando Prada Dimas; Edgar Orlando, Álvaro y Eddy Prada Camacho; y, Diego Fernando y Mayra Alejandra Prada Dimas, mediante apoderado judicial y en eje rcicio del medio de control de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército y Policía Nacional (en adelante el “Ejército Nacional” y la “Policía Nacional”) para que se les declara patrimonialmente respon sables por la muerte de Sergio Andrés Prada Dimas, luego de los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2013 en el municipio de Inzá (Cauca).

Como pretensiones de su demanda, los accionantes solicitan condenar al Ejército y a la Policía Nacional a pagarles, por perjuicios morales, 100 SMLMV a cada uno de ellos; por “afectación a bienes constitucionales autónomos” , 80 SMLMV a cada uno de ellos; y, por lucro cesante la suma de $1.792.000.000 para Sandra del Pilar Vélez y Sergio Andrés Prada Vélez.

En apoyo d e las pretensiones, el extremo activo afirma que, en fecha indeterminada, Sergio Andrés Prada Dimas, teniente del Ejército Nacional, fue diagnosticado con “insuficiencia cardiaca”.

Indica que, el 23 de noviembre de 2013, el uniformado fue valorado por el personal médico de la Dirección de Sanidad quien le prescribió una “incapacidad médica por 30 días, la realización de eco de tiroides y valoración por medicina interna”.

personal médico de la Dirección de Sanidad quien le prescribió una “incapacidad médica por 30 días, la realización de eco de tiroides y valoración por medicina interna”.

Destaca que, el 6 de diciembre siguiente, el oficial Prada Dimas fue “agregado operacionalmente” al BACOT 57 del Ejército Nacional que hacía presencia en el municipio de Inzá (Cauca).

Señala que, para esa época – finales del año 2013 -, informes de inteligencia del Ejército Nacional sugerían que miembros de grupos subversivos que hacían presencia en el departamento del Cauca planeaban atentar contra la fuerza pública. Asimismo, que acondicionarían y detonarían artefactos explosivos improvisados en esa zona del país4

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Demandante: Sandra Vélez Sua y otros

Resalta que, el 7 de diciembre de 2013, subversivos de las FARC incursion aron en el municipio de Inzá (Cauca) y, estando allí, lanzaron varios “tatucos” contra la Estación de Policía. Además, que en dicho estamento estaba operando el puesto de mando BACOT 57 del Ejército Nacional.

Concluye que, ese mismo día, el teniente Sergi o Andrés Prada Dimas falleció debido a un “politraumatismo severo por colapso de estructura por onda explosiva con cilindros bomba”.

Los accionantes consideran que el Ejércit o Nacional es patrimonialmente responsable por la muerte del oficial pues, a su juicio, el uniformado fue “agregado operacionalmente” al BACOT 57 del Ejército Nacional pese a que estaba

Los accionantes consideran que el Ejércit o Nacional es patrimonialmente responsable por la muerte del oficial pues, a su juicio, el uniformado fue “agregado operacionalmente” al BACOT 57 del Ejército Nacional pese a que estaba incapacitado. De otra parte, atribuyen responsabilidad a las autoridades militares y de policía, a título de falla del servicio por omisión, pues afir man que el deceso del uniformado se debió a que “ siendo una zona roja, con presencia de grupos subversivos o al margen de la ley, sumado a que conocían de la existencia o amenaza de una incursión guerrillera, no tomaron medidas exponiendo así la vida e integridad d los miembros de la fuerza pública”.

2. Contestaciones

El 16 de marzo de 2016 2, el Tribunal Administrativo del Cauca admitió la demanda y ordenó su notificación a las entidades demandadas, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (en adelante la “ANDJE”) y al ministerio público.

2.1. El Ejército Nacional 3 se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que la muerte de Sergio Andrés Prada Dimas n o le era imputable, toda vez que se ocasionó por riesgos propios y/o inherentes del servicio. Además, afirmó que la muerte del oficial no le era atribuible, por cuanto se produjo por el hecho exclusivo y determinante de un tercero. Formuló como excepciones las que denominó “inexistencia de falla del servicio o estructuración de un rég imen

2 Fl. 38 a 39, C.1. 3 Fl. 72 a 77, C.1.5

Radicado: 19001233300020160001002 (66034)

2 Fl. 38 a 39, C.1. 3 Fl. 72 a 77, C.1.5

Radicado: 19001233300020160001002 (66034)

Demandante: Sandra Vélez Sua y otros

objetivo”, “riesgo propio del servicio”, “inexistencia de obligación a reparar por hecho del tercero” y la genérica.

2.2. La Policía Nacional 4 se opuso a las pretensione s de la demanda, argumentando que los daños alegados por el extremo activo se oc asionaron por un hecho externo, irresistible e imprevisible para la Administración. Formuló como excepciones las de falta de legitimación en la causa por pasiva, “hecho del tercero” y “riesgo propio del servicio”.

3. Audiencia inicial

El 10 de abril de 2 0185, el Tribunal Administrativo del Cauca celebró audiencia inicial en la que realizó el saneamiento del proceso, resolvió las excepciones previas, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a este último punto, es decir, el objeto del litigio señaló que se circunscribiría a determinar si “[…] hay lugar a declarar la responsabilidad y a condenar al pago de perjuicios, por el fallecimiento del teniente de Ejército Nacional, Sergio Andrés Prada Dimas, en hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2013, cuando se detonaron unos artefactos explosivos improvisados, en las instalaciones de la Estación de Policía del municipio de Inzá (Cauca). O sí, por el contrario, se configura n las causales eximentes de responsabilidad, del hecho de

2013, cuando se detonaron unos artefactos explosivos improvisados, en las instalaciones de la Estación de Policía del municipio de Inzá (Cauca). O sí, por el contrario, se configura n las causales eximentes de responsabilidad, del hecho de un tercero, el riesgo propio del servicio, o de inexistencia de falle en el servicio o de estructuración del régimen objetivo”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 25 de mayo de 2018 6 se corrió traslado a las partes, a la ANDJE y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4 Fl. 63 a 69, C.1. 5 Fl. 117 a 126, C.2. 6 Fl. 129 a 133, C.2.6

Radicado: 19001233300020160001002 (66034)

Demandante: Sandra Vélez Sua y otros

4.1. La parte demandante 7 y la Policía Nacional 8 reiteraron lo expuesto en el escrito de la demanda y en la contestación de esta, respectivamente.

4.2. El ministerio público9 conceptuó que debía accederse a las pretensiones de la demanda, pues, a su juicio, lo probado en el proceso permitió establecer que la muerte de Sergio Andrés Prada Dimas se debió a una falla del servicio consistente en que “al uniformado se le asignaron labores militares en el municipio de Inzá – Cauca, a pesar de su condición de incapacidad por la licencia de enfermedad que le había concedido la Dirección de Sanidad”.

4.3. El Ejército Nacional y la ANDJE guardaron silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Cauca, a pesar de su condición de incapacidad por la licencia de enfermedad que le había concedido la Dirección de Sanidad”.

4.3. El Ejército Nacional y la ANDJE guardaron silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sente ncia del 4 de octubre de 2019 10, el Tribunal Administrativo del Cauca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, pues consideró que la muerte de Sergio Andrés Prada Dimas se debió a una falla del servicio del Ejército Nacional en tanto “los superiores del uniformado hicieron caso omiso a la excusa permanente del servicio, y lo destinaron a la prestación del servicio en Inzá, Cauca, lo que incidió efectivamente en la causación del daño”.

De otro lado, respecto a la Policía Nacional declaró la fa lta de legitimación en la causa por pasiva pues, a su juicio, “la responsabilidad radicaba en el Ejército y no en la Policía, porque el teniente no estaba adscrito a ella”.

En la parte resolutiva, el tribunal condenó el Ejército Nacional a pagar, por perjuicios materiales, 100 SMLMV para Sergio Andrés Prada Vélez, Edgar Orlando Prada Camacho y Nancy Dimas Ávila; y 50 SMLMV para Edgar Orlando, Diego Fernando y Mayra Alejandra P rada Dimas; y por lucro cesante, la suma de $855.817.854.65 para Sergio Andrés P rada Vélez. En relación con los perjuicios

7 Fl. 153 a 164, C.2. 8 Fl. 137 a 140, C.2. 9 Fl. 141 a 152, C.2. 10 Fl. 259 a 276, C.6.7

7 Fl. 153 a 164, C.2. 8 Fl. 137 a 140, C.2. 9 Fl. 141 a 152, C.2. 10 Fl. 259 a 276, C.6.7

Radicado: 19001233300020160001002 (66034)

Demandante: Sandra Vélez Sua y otros

solicitados por Sandra Vélez Sua y, Álvaro y Eddy Prada Camacho negó su reconocimiento al constatar que no acreditaron tener un interés jurídico para reclamarlos.

6. Recursos de apelación

Los días 28 y 31 de octubre de 2019, la parte demandante11 y el Ejército Nacional12 interpusieron recursos de apelación, respectivamente, los cuales fueron concedidos el 27 de febrero de 202013 y admitidos el 20 de noviembre siguiente14

6.1. La parte demandante 15 afirmó que, distin to a lo considerado por el a quo, lo probado en el proceso sí permitió establecer que Sandra del Pilar Vélez Sua, y Eddy y Álvaro Prado Camacho sufrieron perjuicios morales por la muerte del uniformado. Por otra parte, refirió que, aunque en el proceso se demostró que los demandantes padecieron una “afectación a “bienes constitucionales autónomos” , el tribunal no reconoció indemnización alguna por este concepto. Finalmente, reiteró frente a la señora Vélez Sua la reparación de perjuicios materiales a título de lucro cesante en su condición de “madre biológica del menor hijo del uniformado”.

6.2. El Ejército Nacional16 indicó que la muerte de Sergio Andrés Prada Dimas no le

de lucro cesante en su condición de “madre biológica del menor hijo del uniformado”.

6.2. El Ejército Nacional16 indicó que la muerte de Sergio Andrés Prada Dimas no le era atribuible, toda vez que ésta se produjo por riesgos propios del servicio, Refirió, además, que el deceso del teniente Prada Dimas no era imputable a la institución castrense, por cuanto éste se debió al hecho exclusivo y determinante de un tercero. Finalmente, indicó que, a su juicio, el a quo erró al reconocer perjuicios a los demandantes, toda vez que lo probado en el proceso no permitió acreditar su causación.

11 Fl. 280 a 282, C.6. 12 Fl. 283 a 286, C.6. 13 Fl. 317 a 318, C.6. 14 Fl. 323 a 324, C.6. 15 Fl. 280 a 282, C.6. 16 Fl. 283 a 286, C.6.8

Radicado: 19001233300020160001002 (66034)

Demandante: Sandra Vélez Sua y otros

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 3 de noviembre de 2023 17 se corrió traslado a las partes, a las ANDJE y al ministerio público para alegar de conclusión y p resentar concepto, respectivamente.

7.1. La parte demandante 18 reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

7.2. El Ejército y la Policía Nacional, así como la ANDJE y el ministerio público guardaron silencio en esta instancia procesal.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

apelación.

7.2. El Ejército y la Policía Nacional, así como la ANDJE y el ministerio público guardaron silencio en esta instancia procesal.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del 4 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, puesto que la cuantía, dada por la prete nsión mayor de la demanda, supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación 19, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 150, 152 y 157 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Esta do cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación

17 Fl. 330, C.6. 18 Índice No. 33, SAMAI – Consejo de Estado 19 La pretensión mayor de la demanda se estimó en 900 SMLMV por concepto de perjuicios morales.9

Radicado: 19001233300020160001002 (66034)

Demandante: Sandra Vélez Sua y otros

estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 140 20 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

El medio de control procedente es el de reparación directa, puesto que se

estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 140 20 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

El medio de control procedente es el de reparación directa, puesto que se pretende la reparación de un daño por hechos imputables a una omisión del Ejército y la Policía Nacional.

3. Vigencia del medio de control

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en el tiempo oportuno por cuanto se trata de un presupuesto procesal21.

Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a l a protección del interés general 22, estableció un os plazos para poder ejercer

20 “Artículo 140. Rep aración directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, ent re otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa imputable a una entida d pública o a un particular que h aya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se

obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas , teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”. 21 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales. Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto ex tintivo de la caducidad actúa al verificarse el plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración alguna”. Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Ra d.: 51252. 22 Corte Constituciona l. Sentencia C -394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico

requerir declaración alguna”. Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Ra d.: 51252. 22 Corte Constituciona l. Sentencia C -394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el f in de obtener10

Radicado: 19001233300020160001002 (66034)

Demandante: Sandra Vélez Sua y otros

oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubie se elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunida des legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 23, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judi ciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso ins trumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso ins trumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la segunda de sus manifestaciones, tal vez la que menos se considera en la doctrina y jurisprudencia pero que es de la esencia y naturaleza de la figura, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimient o judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación, lo que implica que en tal concepción surta

pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C -832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.” 23 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871 -05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condi cionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condi cionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos11

Radicado: 19001233300020160001002 (66034)

Demandante: Sandra Vélez Sua y otros

efectos para ambas partes indistintamente de quien realiza la proposición judicial, en tanto se refiere es a la si tuación jurídica en concreto; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure24 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia 25, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potes tativa de accionar. Esta concepción de límite temporal de la figura en comento, sin embargo, opera en favor del accionado y en contra del accionante que acude tarde a hacer efectivo su derecho de acción, pues implica reconocer que el

accionar. Esta concepción de límite temporal de la figura en comento, sin embargo, opera en favor del accionado y en contra del accionante que acude tarde a hacer efectivo su derecho de acción, pues implica reconocer que el derecho a demandar se perdió, en tanto el accionado lo puede proponer como medio exceptivo o el juez reconocer o declarar de oficio.

El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo prescribe que el medio de control de reparación d irecta deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener con ocimiento de este si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

24 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante l a jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.

decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 25 Corte Constitucional. Sentencia C -574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionad o derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determ inado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce su s derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.12

Radicado: 19001233300020160001002 (66034)

Demandante: Sandra Vélez Sua y otros

Asi las cosas, e l derecho de accionar se ejerció en tiempo, dentro del término de dos (2) años para el vencimiento del medio de control de reparación directa, teniendo en cuenta: i) que el 7 de diciembre de 2013 falleció Sergio Andrés Prada Dimas (hecho probado 7.1.7.); ii) que el 8 de abril de 2015 los accionantes presentaron solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 39 Judicial II para Asuntos Administrativos del Cauca26, la cual se declaró fallida el 21 de mayo

presentaron solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 39 Judicial II para Asuntos Administrativos del Cauca26, la cual se declaró fallida el 21 de mayo siguiente27; y, iii) que la demanda se presentó el 25 de noviembre de 201528.

4. Legitimación en la causa

Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis29.

4.1. Edgar Orlando Prada Camacho (padre), Nancy Dimas Ávila (madre), Sergio Andrés Prada Vélez (hijo), Edgar Orlando, Diego Fernando y Mayr a Alejandra Prada Dimas (hermanos), son las personas sobre quienes recae el interés jurídico que se debate en este proceso y están legitimados en la causa por activa, pues se acreditó que conformaban el núcleo familiar del teniente Sergio Andrés Prada Dimas. De esta información dan cuenta copias auténti cas de sus correspondientes registros civiles de nacimiento30.

4.2. Sandra del Pilar Vélez Sua y, Álvaro y Eddy Prada Camacho no están legitimados en la causa por activa para reclamar perjuicios por la muerte de Sergio Andrés Prada Dimas, pues no acreditar on formar parte del núcleo familiar del oficial fallecido, ni tampoco un interés patrimonial o extrapatrimonial en las resultas del proceso por dicho concepto.

26 Fl. 26, C.1. 27 Fl. Fl. 27, C.1. 28 Fl. 4 a 15, C.1. 29 Consejo de Estado, sentencia de 26 de septiembre de 2012, Exp. 24677. “La legitimación en la

26 Fl. 26, C.1. 27 Fl. Fl. 27, C.1. 28 Fl. 4 a 15, C.1. 29 Consejo de Estado, sentencia de 26 de septiembre de 2012, Exp. 24677. “La legitimación en la causa c