CE - Sentencia 19001233300020170037602 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025) Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 19001-23-33-000-2017-00376-02 (6075-2024)

Demandante: Rodrigo Hernando Santacruz Ramírez

Demandados: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Tema: prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Subtema 1: prevalencia de la garantía de las acreencias laborales frente a argumentos presupuestales. Subtema 2: carácter irrenunciable e imprescriptible de aportes al Sistema General de Seguridad Social en

Pensiones. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación presentado por la parte demanda da, en contra de la sentencia proferida el 20 de agosto de 2024 por el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Conjueces, mediante la cual se concedieron las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO Rodrigo Hernando Santacruz Ramírez , en condición de juez de la República, solicitó el reconocimiento y pago del 30% de la remuneración mensual devengada, y la reliquidación de todas las prestaciones sociales, desde el año 2003 y en adelante. Sin embargo, la parte demandada negó su solicitud con fundamento en que aplicó correctamente el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y atendió lo previsto en los decretos

reliquidación de todas las prestaciones sociales, desde el año 2003 y en adelante. Sin embargo, la parte demandada negó su solicitud con fundamento en que aplicó correctamente el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y atendió lo previsto en los decretos salariales emitidos anualmente por el Gobierno nacional, cuya declaración de nulidad no produce efectos inmediatos sobre situaciones particulares como la suya.

II. ANTECEDENTES

2.1. Demanda

1. Rodrigo Hernando Santacruz Ramírez, en ejercicio del medio de control establecido en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo ContenciosoAdministrativo (en adelante CPACA), presentó demanda1 en contra de la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, radicada mediante apoderada judicial, el 18 de agosto de 20172.

2.1.1. Pretensiones

2. El demandante solicitó lo siguiente:

1 Escrito de demanda, visible en los folios 77 a 94 del cuaderno 1. 2 Oficio de presentación personal de la demanda, visible en folio 96 del cuaderno 1.Radicación: 19001-23-33-000-2017-00376-02 (6075-2024)

Demandante: Rodrigo Hernando Santacruz Ramírez

Demandado: Nación, Rama Judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 (i) Que se declare la nulidad del Oficio DESAJ 15-000614 del 9 de febrero de 2015 , expedido por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán,

www.consejodeestado.gov.co

2 (i) Que se declare la nulidad del Oficio DESAJ 15-000614 del 9 de febrero de 2015 , expedido por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán, y del acto ficto configurado ante la falta de respuesta al recurso de apelación que presentó en su contra (ii) Que se declare la nulidad de la Resolución núm. 0960 del 2 4 de marzo de 2015 , emitida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, Valle del Cauca, y de la Resolución núm. 4819 del 11 de julio de 2016, expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial , por medio de las cuales se negó su reclamación, y se resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la decisión, respectivamente. (iii) Que, a título de restablecimiento del derecho, se le ordene a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, lo siguiente: ✓ Que realice el reajuste de los salarios percibidos como juez primero penal del circuito de Buenaventura, Valle del Cauca, en el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2003 y el 31 de agosto de 2009. ✓ Que efectúe el reajuste, teniendo en cuenta el 30% del salario mensual, a partir del 1 de septiembre de 2009, cuando inició labores en el departamento del Cauca. ✓ Que reliquide las prestaciones sociales y las cesantías , «desde el 1 de marzo de 2003 a la fecha». (iv) Que se inapliquen, por inconstitucionales, los decretos 658 de 2008, 723 de 2009,

✓ Que reliquide las prestaciones sociales y las cesantías , «desde el 1 de marzo de 2003 a la fecha». (iv) Que se inapliquen, por inconstitucionales, los decretos 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 087 4 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016 , «y los decretos salariales subsiguientes de los años posteriores expedidos con el mismo criterio […] que [establecieron] el régimen prestacional de los [s]ervidores [p]úblicos de la Rama Judicia l, [y] previeron como [p]rima, sin carácter salarial, el 30% del salario básico mensual […]»3. (v) En consecuencia, que se le ordene a la parte demandada reliquidar y pagar el 30%, «con incidencia en sus prestaciones legales tales como las primas de servicios, de navidad, vacaciones, prima de vacaciones, bonificación por servicios prestados y cesantías, intereses a las cesantías, desde el 1 de enero de 2008 a la fecha y en adelante, tanto en las que se causaron como en las que se llegaren a causar»4. (vi) Que se actualicen los valores reclamados de conformidad con el IPC. 2.1.2. Hechos

3. El señor Rodrigo Hernando Santacruz Ramírez hizo referencia a los siguientes

hechos: (i) Trabajó al servicio de la Rama Judicial en el departamento del Valle del Cauca, como juez primero penal del circuito de Buenaventura, entre el 1 de marzo de 2003 y el 31 de agosto de 2009.

3 Ibidem.

(i) Trabajó al servicio de la Rama Judicial en el departamento del Valle del Cauca, como juez primero penal del circuito de Buenaventura, entre el 1 de marzo de 2003 y el 31 de agosto de 2009.

3 Ibidem. 4 Ibidem.Radicación: 19001-23-33-000-2017-00376-02 (6075-2024)

Demandante: Rodrigo Hernando Santacruz Ramírez

Demandado: Nación, Rama Judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3 (ii) Posteriormente, laboró como juez segundo penal del circuito de Santander de Quilichao, Cauca, desde el 1 de septiembre de 2009 , vínculo que, según afirmó, se mantenía vigente para la fecha en la que presentó la demanda. (iii) Con ocasión de los decretos salariales de los funcionario s de la Rama Judicial, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial redujo en un 30% su asignación mensual, y liquidó las prestaciones sociales sobre el 70% restante. (iv) En virtud de lo anterior, mediante petición radicada el 24 de septiembre de 2014, solicitó a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, que efectuara la reliquidación de su salario y sus prestaciones sociales, en aplicación del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, entre el 1 de marzo de 2003 y el 31 de agosto de 2009 —cuando trabajó en el departamento del Valle del Cauca —, y desde el 1 de septiembre del mismo año a la fecha —cuando laboró en el departamento del Cauca—.

trabajó en el departamento del Valle del Cauca —, y desde el 1 de septiembre del mismo año a la fecha —cuando laboró en el departamento del Cauca—. (v) La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán, Cauca, expidió el Oficio DESAJ15-000614 del 9 de febrero de 20155, en el que manifestó que no podía resolver su petición por falta de directrices del Gobierno nacional para pronunciarse sobre ese tipo de reclamaciones . En consecuencia, el señor Rodrigo Hernando Santacruz Ramírez presentó recurso de apelación, que no fue atendido por la entidad. (vi) Posteriormente, la mencionada autoridad expidió las resoluciones núm. 0960 del 24 de marzo de 20156 y 4819 del 11 de julio de 20167. Por medio de estos actos, negó su reclamación, y confirmó la decisión, bajo el argumento de que la declaración de nulidad de los decretos salariales expedidos por el Gobierno nacional no producía efectos sobre situaciones relacionadas con derechos individuales. 2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Rodrigo Hernando Santacruz Ramírez citó, como normas vulneradas, por un lado, el Convenio 100 de 1951 y la «Recomendación (núm. 90) sobre igualdad de remuneración [de] 1951» 8. Por otro, los artículos 1, 2, 13, 25, 53, 90, 93 y 150 de la Constitución Política de 1991; 2 y 14 de la Ley 4 de 1992; 23.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y 7b del Protocolo de San Salvador, adicional al

Pacto de San José de Costa Rica

Constitución Política de 1991; 2 y 14 de la Ley 4 de 1992; 23.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y 7b del Protocolo de San Salvador, adicional al Pacto de San José de Costa Rica

5. Expuso que el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 autorizó al Gobierno nacional para fijar una prima que no fuera inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico de alguno de los funcionarios de la Rama Judicial. Precisó, que dicha norma fue interpretada de forma errónea, en la medida en que, en lugar de aplicarla como un concepto adicional al salario , se disminuyó el 30% cancelado a título de la referida prima, y se efectuó la liquidación de sus prestaciones sociales, vacaciones y demás emolumentos sobre el 70% restante.

5 Oficio DESAJ15-000614 del 9 de febrero de 2015, visible en el folio 18 del cuaderno 1. 6 Resolución núm. 0960 de 24 de marzo de 2015, visible en los folios 35 a 37 del cuaderno 1. 7 Resolución núm. 4819 del 11 de julio de 2016, visible en los folios 40 a 48 del cuaderno 1. 8 El demandante no especificó de qué sistema.Radicación: 19001-23-33-000-2017-00376-02 (6075-2024)

Demandante: Rodrigo Hernando Santacruz Ramírez

Demandado: Nación, Rama Judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

4

6. Por otro lado, indicó que el análisis de la prescripción se debía realizar teniendo en

www.consejodeestado.gov.co

4

6. Por otro lado, indicó que el análisis de la prescripción se debía realizar teniendo en cuenta la sentencia del 29 de abril de 201 49 —en la que se declaró la nulidad de la norma que negaba el carácter salarial de la prima especial —, pues a partir de esta decisión surgió el derecho de reclamar la reliquidación de la remuneración mensual de las prestaciones sociales con la inclusión del mencionado concepto. 2.1.4. Contestación de la demanda

7. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán, Cauca, por medio de apoderado judicial, contestó la demanda 10 mediante escrito en el que se opuso a las pretensiones, e invocó las excepciones de « imposibilidad material y presupuestal de reconocer las [peticiones] de la demandante », « integración del litisconsorcio necesario», «ausencia de causa petendi» y «prescripción».

8. En relación con los hechos relatados por el accionante, adujo , por un lado, que estaba demostrado que el demandante pertenecía al régimen del personal acogido.

Por otro, que se encontraba en la imposibilidad presupuestal de reconocer los derechos reclamados, y que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no le había asignado los recursos para asumir el pago de las reliquidaciones de las prestaciones sociales y de las acreencias laborales, para pagar el 100% de la asignación básica y el 30% correspondiente a la prima especial sin carácter salarial , en virtud de la sentencia del 29 de abril de 201 411. Sin embargo, precisó que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial, motivo por el que el porcentaje respectivo no

el 30% correspondiente a la prima especial sin carácter salarial , en virtud de la sentencia del 29 de abril de 201 411. Sin embargo, precisó que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial, motivo por el que el porcentaje respectivo no constituía factor de salario para la liquidación de las prestaciones sociales. 2.2. Sentencia de primera instancia

9. El Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Conjueces, en sentencia del 20 de agosto de 202 412, concedió parcialmente las pretensiones de la demanda. En consecuencia, declaró la nulidad de los actos demandados y, a título de restablecimiento del derecho, condenó a la parte demandada, a lo siguiente:

(i) Reliquidar y pagar las prestaciones sociales , salariales y laborales (prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, cesantías, prima de vacaciones, seguridad social en salud y pensión, bonificación por servicios prestados, entre otras), a partir del 24 de septiembre de 2011 hasta que tenga el derecho. Para ello, el Tribunal dispuso que se debía realizar sobre el 100% de la remuneración básica mensual legal, para que se tuviera en cuenta el 30% que se descontó y que se pagó como prima especial13. (ii) «Reconocer y pagar , desde el 2 4 de septiembre de 2011 hasta que tenga el derecho, el 30% de su asignación básica mensual que le fue descontado por concepto de prima especial de servicio»14.

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 29 de abril de 2014,

rad. núm. 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07), M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz. 10 Contestación de la demanda, visible en los folios 129 a 143 del cuaderno 1. 11 La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales, Caldas, hizo referencia a la siguiente sentencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014, rad. núm. 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1606-07). 12 Sentencia de primera instancia, visible en los folios 253 a 266 del cuaderno principal. 13 Ibidem. 14 Ibidem.Radicación: 19001-23-33-000-2017-00376-02 (6075-2024)

Demandante: Rodrigo Hernando Santacruz Ramírez

Demandado: Nación, Rama Judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

5 (iii) «[D]escontar del retroactivo a que haya lugar, el porcentaje que por ley le correspondía asumir a la parte demandante por concepto de aportes a seguridad social»15.

10. Al analizar el caso concreto y las pruebas aportadas, la referida autoridad judicial indicó que el demandante, al haber laborado como juez penal en el circuito , era beneficiario del régimen salarial previsto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Por esta razón, indicó que la Rama Judicial debía asumir el pago de la prima especial como un concepto adicional a la asignación básica, y no como parte del salario, y que debía

razón, indicó que la Rama Judicial debía asumir el pago de la prima especial como un concepto adicional a la asignación básica, y no como parte del salario, y que debía cancelar las prestaciones sociales conforme al 100% del salario y no sobre el 70% de este.

11. Al respecto, precisó, por un lado, que lo anterior generó un desconocimiento «de los beneficios mínimos establecidos en el artículo 53 de la Constitución Política y demás normas de orden laboral» . Por otro, que no era de recibo aducir una situación de imposibilidad presupuestal, por cuanto no era una postura oponible al administrador de justicia, en la medida en que la Ley 4 de 1992 se debía aplicar «cabalmente y no bajo interpretaciones que van en desmedro de las garantías constitucionales y legales»16.

12. Finalmente, ordenó la actualización de las sumas adeudadas de conformidad con el artículo 187 del CPACA, se abstuvo de imponer condena en costas, y declaró la prescripción trienal de los valores reclamados, causados con anterioridad al 24 de septiembre de 2011, en la medida en que el demandante presentó su reclamación el 24 de septiembre de 2014. 2.3. Recurso de apelación

13. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán, Cauca, por medio de su apoderado judicial, presentó recurso de alzada 17, en el que solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia. La referida autoridad argumentó que, de conformidad con el Decreto 272 de 2021, a partir de abril de l mismo año «se procedió al pago por nómina mensual de la prima especial del 30% , como valor

de conformidad con el Decreto 272 de 2021, a partir de abril de l mismo año «se procedió al pago por nómina mensual de la prima especial del 30% , como valor adicional a la asignación básica; sin embargo, resulta[ba] presupuestalmente inviable presentar fórmula conciliatoria para las obligaciones anteriores al 1 de enero de 2021»18, puesto que no contaba con la respectiva apropiación presupuestal, por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para asumir el reconocimiento y pago de esas acreencias laborales.

14. Al respecto, argumentó que ninguna autoridad podía asumir obligaciones que no contaran con una disponibilidad presupuestal, e insistió en afirmar que, en su situación particular, la referida cartera no le había asignado los recursos para «cancelar los mayores valores que se generarían en las asignaciones mensuales de los funcionarios judiciales por reconocimientos y conciliaciones relacionadas con [la] reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% de la asignación básica más la prima especial

15 Ibidem. 16 Ibidem. 17 Recurso de apelación de la parte demandada, visible en los folios 270 a 272 del cuaderno principal. 18 Ibidem.Radicación: 19001-23-33-000-2017-00376-02 (6075-2024)

Demandante: Rodrigo Hernando Santacruz Ramírez

Demandado: Nación, Rama Judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

6 adicional del 30%, sin carácter salarial»19. 2.4. Trámite procesal en segunda instancia

www.consejodeestado.gov.co

6 adicional del 30%, sin carácter salarial»19. 2.4. Trámite procesal en segunda instancia

15. Esta corporación dictó auto el 7 de abril de 2025 20, en el que admitió el recurso de apelación y prescindió del periodo para correr traslado a las partes, de acuerdo con el numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Así mismo, ordenó notificar por estado a aquellas y al Ministerio Público, que guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

16. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -Administrativo, es competente para conocer de los recursos de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el primer inciso del artículo 150 del CPACA. 3.2. Problema jurídico

17. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, y teniendo en cuenta la competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo 328 del CGP, corresponde a la Sala definir si: ¿Procede el restablecimiento del derecho ordenado en primera instancia, pese a que la Rama Judicial argumentó la imposibilidad presupuestal para darle cumplimiento?

18. Para resolver el interrogante planteado, a continuación, se realizan algunas consideraciones sobre la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y los pronunciamientos proferidos en la materia, aplicables a los servidores de la Rama Judicial. Luego, en el acápite de análisis del caso concreto, se resolverá el problema formulado. 3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

y los pronunciamientos proferidos en la materia, aplicables a los servidores de la Rama Judicial. Luego, en el acápite de análisis del caso concreto, se resolverá el problema formulado. 3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

19. La Ley 4 de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados de tribunales superiores y contencioso-administrativos, los agentes del Ministerio Público delegados ante la rama judicial y los jueces, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, con efect os a partir del 1 de enero de 1993.

20. El Gobierno nacional, en virtud de la competencia atribuida por la Ley 4 de 1992, expidió el Decreto 57 de 199321 por medio del cual fijó el régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar

19 Ibidem. 20 Samai, índice 4, archivo «4Autoqueadmite_60752024Autoadmiteap(.pdf) NroActua 4». 21 «Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama judicial y de la justicia penal militar».Radicación: 19001-23-33-000-2017-00376-02 (6075-2024)

Demandante: Rodrigo Hernando Santacruz Ramírez

Demandado: Nación, Rama Judicial

judicial y de la justicia penal militar».Radicación: 19001-23-33-000-2017-00376-02 (6075-2024)

Demandante: Rodrigo Hernando Santacruz Ramírez

Demandado: Nación, Rama Judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

7 vinculados a partir de su vigencia y otorgó la posibilidad de acogerse al nuevo régimen a quienes tenían esa condición antes del 28 de febrero de 1993. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el decreto referido estableció: Artículo 6. [S]e considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar. Artículo 7. El treinta por ciento (30%) de la remuneración mensual de los siguientes servidores públicos se considera como Prima Especial, sin carácter salarial:

1. Del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

Secretario General Magistrado Auxiliar […].

21. Con posterioridad, la Ley 332 de 1996 modificó la Ley 4 de 1992, en el sentido de determinar que la prima especial para los servidores mencionados en el artículo 14 de dicha ley (i) formaría parte del ingreso base solo para la liquidación de la pensión de

determinar que la prima especial para los servidores mencionados en el artículo 14 de dicha ley (i) formaría parte del ingreso base solo para la liquidación de la pensión de jubilación, con cargo a las cotizaciones correspondientes y (ii) se aplicaría, con las mismas limitaciones22, a los magistrados auxiliares y abogados asistentes de las altas cortes, magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, magistrados del Tribunal Nacional y magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los procuradores delegados de la Procuraduría General de la Nación.

22. En los decretos anuales dictados para fijar las normas del régimen salarial y prestacional de los servidores citados, el gobierno nacional reiteró que la prima especial es un emolumento sin carácter salarial equivalente al «treinta por ciento (30%) del salario básico mensual» de los magistrados de los tribunales de todo orden, de los jueces y de los demás servidores enunciados en las leyes 4 de 1992 y 332 de 1996.

Asimismo, determinó que la prima especial reconocida a quienes ejercen los cargos de secretario general y magistrado auxiliar de las altas cortes, entre otros, equivale al treinta por ciento (30%) de la «remuneración mensual».

23. En el primer análisis de legalidad de los decretos anuales que fijaron las normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores de la rama judicial, esta Sección, mediante sentencia del 9 de marzo de 2006, decidió negar la nulidad deprecada con el argumento de que «el espíritu de la Ley 4 de 1992 al cual se acogió de manera fidedigna

mediante sentencia del 9 de marzo de 2006, decidió negar la nulidad deprecada con el argumento de que «el espíritu de la Ley 4 de 1992 al cual se acogió de manera fidedigna el Gobierno Nacional en los apartes de los actos acusados, consistió en “quitarle” a una porción de la asignación básica efectos salariales y reflexionó que como toda asignación básica per se comporta efectos salariales decidió denominarla prima en orden a evitar confusiones generadoras de controversias jurídicas»23.

22 Expresión declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-444 de 1997. 23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 9 de marzo de 2006, rad. núm. 11001-03-25-000-2003-00057-00 (121-03).Radicación: 19001-23-33-000-2017-00376-02 (6075-2024)

Demandante: Rodrigo Hernando Santacruz Ramírez

Demandado: Nación, Rama Judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8

24. En el segundo estudio de legalidad, la Sección, mediante sentencia del 2 de abril de 2009, presentó una «rectificación jurisprudencial» en el sentido de precisar que «el control jerárquico» entre los decretos expedidos anualmente por el gobierno nacional para fijar las normas del régimen salariales y prestacional de los servidores de la rama judicial, de la justicia penal militar y de la procuraduría, «no puede de manera alguna ser

control jerárquico» entre los decretos expedidos anualmente por el gobierno nacional para fijar las normas del régimen salariales y prestacional de los servidores de la rama judicial, de la justicia penal militar y de la procuraduría, «no puede de manera alguna ser de mera literalidad o de simple confrontación formal de normatividad, pues como la Sala ahora lo sostiene, la naturaleza misma de la ley marco obliga a que el control de los decretos que la desarrollan deba necesariamente ser de contenido»24.

25. Conforme con el «examen de valor» o de contenido de la norma acusada de nulidad, la Sala concluyó que «el artículo 7 del Decreto No. 618 de 2007, al tomar un 30% de la remuneración del funcionario para restarle su valor a título de prima especial sin carácter salarial, materialmente condensa una situación de violación a los contenidos y valores establecidos en la Ley 4 de 1992 y por lo tanto habrá necesidad de excluirlo del ordenamiento jurídico». Asimismo, frente a los efectos de la nulidad señaló que al desaparecer la prima como una fracción de la remuneración mensual se descarga «el castigo de dicho 30% que, conforme a los términos de la norma invalidada, restringía en ese porcentaje las consecuencias prestacionales de tales servidores».

26. En una tercera ocasión, la Sala de conjueces, por medio de sentencia del 29 de abril de 2014, declaró la nulidad de los artículos que fijaban el porcentaje de la prima especial como una fracción de la remuneración mensual prevista en múltiples decretos dictados por el gobierno nacional, al encontrar que contravinieron lo dispuesto en el literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992, según el cual, «en ningún caso» el gobierno

especial como una fracción de la remuneración mensual prevista en múltiples decretos dictados por el gobierno nacional, al encontrar que contravinieron lo dispuesto en el literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992, según el cual, «en ningún caso» el gobierno nacional puede desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los servidores d el Estado. «Sin embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la Ley 4 de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad» 25. La nulidad dispuesta en esa ocasión tuvo el mismo efecto señalado en la sentencia del 2 de abril de 200926.

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 2 de abril de 2009, rad. núm. 11001-03-25-000-2007-00098-00 (1831-07). 25 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de abril de 201 4, rad. núm. 11001-03-25-000-200700087-00 (1686-07). «Declárase la nulidad, con los efectos previstos en la parte motiva de esta sentencia, de los siguientes Artículos: 9 del Decreto 51 de 1993; 9 y 10 del Decreto 5 4 de 1993; 6 del Decreto 57 de 1993; 9 del

Decreto 104 de 1994; 6 del Decreto 106 de 1994; 9 y 10 del Decreto 107 de 1994; 10 y 11 del Decreto 26 de 1995; 7 del Decreto 43 de 1995; 9 del Decreto 47 de 1995; 9 del Decreto 34 de 1996; 10, 12 y 14 del Decreto 35 de 1996; 6 del Decreto 36 de 1996; 9 del Decreto 47 de 1997; 9, 11 y 13 del Decreto 56 de 1997; 6 del Decreto 76 de 1997; 6 del Decreto 64 de 1998; 9 del Decreto 65 de 1998; 9, 11 y 13 del Decreto 67 de 1998; 9, 11 y 13 del Decreto 37 de 1999; 9 del Decreto 43 de 1999; 6 del Decreto 44 de 1999; 9, 11 y 13 del Decreto 2734 de 2000; 9 del Decreto 2739 de 2000; 7 del Decreto 27 40 de 2000; 9 del Decreto 1 474 de 2001; 7 del Decreto 1 475 de 2001; 9, 11 y 13 del Decreto 1482 de 2001; 7 del Decreto 2720 de 2001; 9 del Decreto 272 4 de 2001; 9, 11 y 13 del Decreto 2730 de 2001; 6 del Decreto 673 de 2002; 9 del Decreto 682 de 2002; 8, 10 y 12 del Decreto 683 de 2002; 8, 10 y 12 del

Decreto 3548 de 2003; 9 del Decreto 3568 de 2003; 6 del Decreto 3569 de 2003; 8, 10 y 12 del Decreto 4169 de 2004; 9 del Decreto 4171 de 2004; 6 del Decreto 4172 de 2004; 8, 10 y 12 del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005; 6 del Decreto 936 de 2005; 9 del Decreto 388 de 2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8, 10 y 12 del Decreto 392 de 2006; 9 del Decreto 617 de 2007; 6 del Decreto 618 de 2007; 8, 10 y 12 del Decre to 621 de 2007; y los arts. 8, 9, y 11 del Decreto 3048 de 2007». 26 «[…] es decir, no puede el intérprete de ninguna manera suponer que al desaparecer la prima especial sin carácter salarial equivalente al 30% de la remuneración mensual de tales empleados, su asignación para la época en que tuvo vigencia el Decreto, sea del 70% de la escala remuneratoria allí prevista, se trata sencillamente de descargar el castigo de dicho 30%, que conforme a los términos de la norma invalidada, restringía en ese porcentaje las consecuencias