CE - Sentencia 19001233300020180005801 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero de Estado: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Dieciséis (16) de Octubre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado : 19001233300020180005801 (0331-2025) Demandante : Héctor Fabio González García Demandado : Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

(Casur) Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011

Tema : Reintegro de valores pagados por concepto de asignación de retiro Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de Diecisiete (17) de Octubre de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda1.

1.1. Pretensiones.

El señor Héctor Fabio González García, por intermedio de apoderada judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el objeto de obtener la nulidad parcial de la Resolución No. 4288 de 25 de julio de 2017, en sus numerales segundo, tercero, cuarto y quinto y la nulidad de la

el objeto de obtener la nulidad parcial de la Resolución No. 4288 de 25 de julio de 2017, en sus numerales segundo, tercero, cuarto y quinto y la nulidad de la Resolución 5294 de 13 de septiembre de 2017, por medio de la cual, se ordenó el reintegro de Ciento Setenta y Nueve Millones Noveci entos Quince Mil Setecientos Veinticuatro Pesos a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, por concepto de asignación de retiro.

A título de restablecimiento del derecho solicitó que, se ordene a la entidad demandada, abstenerse de realizar el descuento dispuesto en los actos administrativos; y en caso de haberse efectuado, ordenar el reconocimiento y

1 Expediente físico, folios 122 a 140.2

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Demandante: Héctor Fabio González García

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pago, debidamente actualizados, de los dineros indebidamente descontados.

1.2. Hechos.

Mediante Resolución número 333, del Cuatro (4) de Octubre de Dos Mil Seis (2006), se retiró al demandante del servicio activo de la Policía Nacional, por voluntad de la Dirección General; decisión notificada el 05 de octubre siguiente.

El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia de Primero (1) de Julio de Dos Mil Catorce (2014), en el expediente con radicación número 19001-23-33-0032013-00216-00, le reconoció la asignación mensual de retiro, y ordenó el pago a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, a

19001-23-33-0032013-00216-00, le reconoció la asignación mensual de retiro, y ordenó el pago a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, a partir del 11 de julio de 2008.

En cumplimiento de la decisión judicial, por Resolución No. 9069 del 17 de octubre de 2014, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, le reconoció la asignación mensual de retiro, en un 66% del sueldo básico y partidas legalmente computables para el grado.

El actor instauró demanda en contra de la Nación -Ministerio de Defensa – Policía Nacional, relativa a la nulidad de la Resolución número 333 del 04 de octubre de 2006, por medio de la cual, se le retiró del servicio activo de la institución.

Mediante sentencia No. 012 del Treinta y Uno (31) de Enero de Dos Mil Doce (2012), el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Popayán, declaró la nulidad del acto administrativo por medio del cual, se retiró al demandante del servicio activo de la Policía Nacional y como consecuencia, ordenó su reintegro al cargo de intendente , y el pago de los salarios y prestaciones sociales que dejó de percibir, desde el retiro del servicio, hasta que se incorporara nuevamente a la entidad.

Contra la decisión, la Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional, interpuso recurso de apelación y el 12 de mayo de 2016, el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala del Sistema Escritural, profirió sentencia, confirmando el fallo de primera instancia.3

Nº Interno: 0331-2025

Administrativo del Cauca, Sala del Sistema Escritural, profirió sentencia, confirmando el fallo de primera instancia.3

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Demandante: Héctor Fabio González García

Demandado: Casur

Con Resolución número 07232, de Cuatro (4) de Noviembre de Dos Mil Dieciséis (2016), se dispuso el reintegro del intendente, y el pago de todos los salarios, derechos laborales y prestaciones sociales dejados de percibir, a partir del 05 de octubre de 2006, hasta la fecha en que se produzca su reintegro.

La Nación-Ministerio de Defensa – Policía Nacional, interpuso acción de tutela en contra del Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Popayán y del Tribunal Administrativo del Cauca; decidida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual, se dejó sin efecto la sentencia de segunda instancia, en cuanto al monto de la indemnización reconocida; decisión confirmada por la Sección Quinta de la Corporación.

En Sentencia 001 del 19 de enero de 2017, el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión número 2 – Sistema Escritural, dio cumplimiento a la orden constitucional, profiriendo sentencia, en la cual dispuso:

«PRIMEROMODIFICAR los numerales SEGUNDO y TERCERO de la sentencia proferida el treinta y uno (31) de enero de dos mil trece (2013) por el Juzgado cuarto administrativo de Descongestión del circuito de Popayán la cual quedara así:

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del derecho, se ordena a la entidad demandada reintegrar al

Juzgado cuarto administrativo de Descongestión del circuito de Popayán la cual quedara así:

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del derecho, se ordena a la entidad demandada reintegrar al señor HECTOR FABIO GONZALES GARCIA al cargo de Intendente, junto con el pago de todos los salarios, derechos laborales, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir desde el momento de la desvinculación y hasta por un término máximo de 24 meses, debiendo descontarse las sumas que por cualquier concepto laboral público o privado, dependiente o independiente, haya recibido el demandante.»

Mediante Resolución número 4288 del 25 de julio de 2017, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, revocó las resoluciones 9069 del 17 de octubre de 2014 y 10188 del 11 de noviembre de 2014 y ordenó el reintegro de los valores propuestos de la entidad.

El 02 de agosto de 2017, se interpuso recurso de reposición contra la Resolución número 4288 del 25 de julio de 2017, para que se revocara la decisión, teniendo como argumento, que no existe orden judicial que faculte a4

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la Policía Nacional, a realizar tal descuento, además que el acto administrativo dispone el reintegro.

La Resolución número 5294 del 13 de septiembre de 2017, proferida por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, resolvió negativamente el recurso

dispone el reintegro.

La Resolución número 5294 del 13 de septiembre de 2017, proferida por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, resolvió negativamente el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución número 4288 del 25 de julio de 2017.

Al demandante se le efectuó el pago de Ciento Setenta y Nueve Millones Novecientos Quince Mil Setecientos Veinticuatro Pesos (179915.724), por concepto de asignación de retiro, entre el 11 de julio de 2008 y el 30 de enero de 2017.

La certificación No. 212435 de catorce (14) de Marzo de Dos Mil Diecisiete (2017), expedida por la subdirección financiera del grupo de tesorería de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, da cuenta del pago efectuado al demandante por concepto de asignación de retiro, en un monto de Cincuenta y Cinco Millones Seiscientos Sesenta y Cinco Mil, Ochocientos Un Pesos ($55665.801), incluyendo la mesada pensional y los descuentos de ley, por el tiempo transcurrido entre el 31 de enero de 2017 y el 11 de julio de 2018.

1.3. Normas violadas y concepto de violación.

La parte actora consideró quebrantados, de la Constitución Política, artículos 2, 6, 25, 29, 89, 90, 128, 209 y 229; de la Ley 1437 de 2011, artículos 93, 94, 97

y 138; de la Ley 446 de 1998, artículos 64, 65, 66, 70, 80, 81; de la Ley 1285 de 2009, artículos 13 y 42ª; la Ley 1367 de 2009; el Decreto 1716 de 2009; el Decreto 3135 de 1968; el Decreto 1858 de 2012 y el Decreto 4433 de 2004.

Señaló que, el reconocimiento de la asignación por retiro, fue fruto de una orden judicial, por lo tanto, al disponer la devolución de los montos percibidos por este ítem, se afectan las garantías fundamentales del actor, porque dicha disposición no ha sido revocada, lo que conlleva que, la entidad ha actuado sin competencia, vulnerando el debido proceso, porque la ley es la que indica cuándo y de qué manera, puede ordenar el reintegro de valores del tesoro público y no arbitrariamente, como lo hizo mediante acto administrativo.5

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Indicó que, la revocatoria de actos administrativos de carácter particular, requiere consentimiento del titular, por lo que se debió pedir su autorización, o, alegar la nulidad dentro del término, cosa que en el caso concreto no ocurrió.

Resaltó que, el retiro del servicio activo de la Policía Nacional fue injusto, ilegal y arbitrario; razón por la cual, la jurisdicción de lo contencioso administrativo anuló el acto administrativo que había dispuesto su retiro y a título de restablecimiento del derecho, ordenó su reintegro y el pago de los emolumentos

y arbitrario; razón por la cual, la jurisdicción de lo contencioso administrativo anuló el acto administrativo que había dispuesto su retiro y a título de restablecimiento del derecho, ordenó su reintegro y el pago de los emolumentos dejados de percibir, durante el lapso que permaneció retirado del servicio.

Enfatizó que, en la providencia que dispuso el reintegro, no se ordenó descuento por concepto de la asignación de retiro; resaltando que, de acuerdo con la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, tales dineros no son descontables; porque no constit uyen asignación del tesoro público, sino una sanción a la entidad, por el despido injusto a que fuera sometido el trabajador.

Concluyó que, los actos administrativos adolecen de falsa motivación, porque la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional; amparada en el artículo 128 de la Constitución Política de 1991, desconoce que, una cosa es lo pagado por asignación de retiro , que es producto del retiro y concedido por sentencia judicial, y otra cosa son los salarios y las prestaciones dejadas de percibir, concedidas por una sentencia judicial en la cual se reintegra al servicio. Las dos disposiciones están fundadas por diferentes causas y por tal motivo pueden coexistir.

Consideró que existe desviación de poder, porque la revocación se ordenó sobre actos administrativos de carácter particular, fundados en una orden judicial, y de ninguna manera buscaban un interés general, vulnerando derechos adquiridos del demandante.

Solicitó la aplicación de los precedentes del Consejo de Estado, a efectos que se otorgue igual trato al demandante y se abstenga de ordenar descuento por

judicial, y de ninguna manera buscaban un interés general, vulnerando derechos adquiridos del demandante.

Solicitó la aplicación de los precedentes del Consejo de Estado, a efectos que se otorgue igual trato al demandante y se abstenga de ordenar descuento por concepto de la asignación de retiro, pagada desde el 19 de julio de 2014 al 306

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de enero de 2017, lapso en el que estuvo retirado ilegalmente de la Policía Nacional.

Arguyó que, por indemnización solo recibirá el pago de los salarios, derechos laborales, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir desde el momento de la desvinculación y hasta por un término máximo de 24 meses; pero, contrario a lo afi rmado por la entidad, el demandante, entre los años 2006 y 2016, no percibió remuneración por concepto laboral.

2. Contestación de la demanda2.

La accionada se opuso a las pretensiones de la demanda. Afirmó que, lo pretendido por el actor, confronta el artículo 128 constitucional, razón por la cual, en las políticas institucionales, se estableció que, la entidad procedería a expedir actos administ rativos para el cobro de los valores por concepto de asignación de retiro; cumpliendo con la función de regresarlos al tesoro público, a partir de la orden de reintegro.

Planteó la excepción de mérito de inexistencia del derecho, fundada en el artículo 19 de la Ley 4 de 1992, que desarrolla el artículo 128 de la Constitución

a partir de la orden de reintegro.

Planteó la excepción de mérito de inexistencia del derecho, fundada en el artículo 19 de la Ley 4 de 1992, que desarrolla el artículo 128 de la Constitución Política, considerando suficientemente clara la norma, frente a las excepciones a la doble asignaci ón, entre las que no se encuentra la situación fáctica del demandante, porque se acredita en el proceso, el pago simultáneo de salario y asignación de retiro, cuando se dispuso el reintegro sin solución de continuidad.

Finalmente, puso de presente decisiones de la Corte Constitucional, en las que, en sede de tutela, se resolvió una situación fáctica similar, avalando la posición de la entidad.

3. La sentencia de primera instancia3.

El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia proferida el Diecisiete (17) de Octubre de Dos mil Veinticuatro ( 2024), accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, así:

2 Expediente físico, folios 163 a 170. 3 Expediente físico, folios 280 a 286.7

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«PRIMERO.- DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución No. 4288 de 25 de julio de 2017, en sus numerales 2º, 3º y 4º y la nulidad total de la Resolución No. 5294 de 13 de septiembre de 2017, expedidas por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía CASUR, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

5294 de 13 de septiembre de 2017, expedidas por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía CASUR, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, de no haberse hecho efectivo el descuento ordenado en los actos anteriores o el reintegro de los dineros, ORDENAR a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policí a Nacional-CASUR, emita nuevo acto administrativo en el cual limite tal pago o reintegro, por el lapso de 2 (dos) meses y 23 (veintitrés) días, o lo que es lo mismo, por el periodo comprendido entre el 11 de julio de 2008 y el 04 de octubre de 2008.

De haberse realizado el descuento o el reintegro de las sumas, la entidad demandada deberá reconocer y pagar al señor HÉCTOR FABIO GONZÁLEZ GARCÍA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 15.908.294, los dineros indebidamente descontados por concepto de asignación de retiro que hubiesen superado el lapso de 2 (dos) meses y 23 (veintitrés) días, o lo que es lo mismo, por el periodo comprendido entre el 11 de julio de 2008 y el 04 de octubre de

2008. Es decir, si el actor ya realizó la devolución de lo percibido por asignación de retiro por todo el periodo comprendido entre 2008 a 2017, la entidad reintegrará las sumas que superen el lapso en el que efectivamente existió la doble remuneración, que no es otro que aquel comprendido entre el 11 de julio de 2008 y el 04 de octubre de 2008. Las sumas resultantes de esta condena se

reintegrará las sumas que superen el lapso en el que efectivamente existió la doble remuneración, que no es otro que aquel comprendido entre el 11 de julio de 2008 y el 04 de octubre de 2008. Las sumas resultantes de esta condena se actualizarán en la forma expresada en la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO.- ABSTENERSE de condenar en costas, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia, las cuales deberán liquidarse por Secretaría. (…)»

En sustento de su decisión, el A-quo relacionó la posición primigenia, según la cual, e xistía una ausencia de doble remuneración proveniente del tesoro público, en casos como el presente; en tanto , existía una causa distinta, que diferenciaba los pagos por asignación de retiro y reintegro laboral. Sin embargo, dilucidó que, mediante sentencia de 24 de junio de 2021, se varió la posición, a fin de acoger la nueva tesis jurisprudencial proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, según la cual, las sumas canceladas por concepto de asignación de retiro y el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir, en virtud de una orden judicial de reintegro, resultan incompatibles y, por tanto, resulta ba procedente que CASUR ordenara su descuento.

Indicó que, prima facie, podría considerarse que el reintegro de dineros dispuesto por CASUR en el acto administrativo demandado, por concepto de8

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asignación de retiro, responde a la orden judicial, de descontar lo devengado

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asignación de retiro, responde a la orden judicial, de descontar lo devengado por todo concepto laboral; sin embargo, arguyó el sentenciador de primer grado que, frente a la noción “concepto laboral”, existen dos interpretaciones disímiles, una abierta, en cuanto incluiría la asignación de retiro, teniendo una relación de género-especie; y una cerrada, donde solo se tomarían los salarios, concluyendo que, la asignación de retiro se traduciría en un concepto laboral , por ser una retribución por el trabajo y por lo tanto, resulta incompatible con cualquier otra retribución del tesoro público, conforme el artículo 128 Superior.

Indicó que, CASUR estaba facultada para ordenar el reintegro de lo percib ido por asignación de retiro, por tratarse de un concepto laboral, entendiendo que, se está dando cumplimiento a la orden judicial emitida en el año 2017. No obstante, concretó que, al hacer una lectura omnicomprensiva de la orden judicial, no resultaba acertado que, el descuento se realizara por todo el periodo que el actor estuvo percibiendo asignación de retiro, dado que la orden limitó temporalmente, tanto el pago de los salarios dejados de percibir, como los descuentos que debían realizarse , porque si la orden del pago de salarios se delimitó en 24 meses, no podría extenderse la devolución de los valores percibidos por asignación de retiro, más allá de dicho lapso, toda vez que , el hecho que por una ficción jurídica se considere que el actor nunca fue retirado del servicio, no puede soslayar que efectivamente estuvo retirado.

percibidos por asignación de retiro, más allá de dicho lapso, toda vez que , el hecho que por una ficción jurídica se considere que el actor nunca fue retirado del servicio, no puede soslayar que efectivamente estuvo retirado.

Enfatizó en que, el derecho a la asignación de retiro fue reconocido mediante providencia judicial debidamente ejecutoriada, porque en su momento el actor reunía los requisitos para hacerse beneficiario ; sin que los actos tuvieran fundamento en una presunta cosa juzgada fraudulenta, que permitieran señalar que, las mesadas fueron percibidas de mala fe y así requerir su cobro.

Arguyó que, la orden de pago de los salarios y demás emolumentos prestacionales, se emitió a partir de la desvinculación del actor, lo que ocurrió el 04 de octubre de 2006; y, la asignación de retiro, se reconoció a partir del 11 de julio de 2008 ; estableciendo que, la incompatibilidad prevista en la Constitución, solo se generó en el interregno comprendido entre el 11 de julio de 2008 y el 04 de octubre de 2008, fecha en la que vencía el periodo de 24 meses, que comprendía el pago de los salarios dejados de percibir, lo que9

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significa que, solo por espacio de 2 meses y 23 días, se superpone el pago de salarios, con el pago de la asignación de retiro.

En lo relativo al argumento de la vulneración a los derechos al debido proceso y defensa, por no haberse respetado el procedimiento legal para la revocatoria

salarios, con el pago de la asignación de retiro.

En lo relativo al argumento de la vulneración a los derechos al debido proceso y defensa, por no haberse respetado el procedimiento legal para la revocatoria directa respecto de su derecho a la asignación de retiro; concluyó que tal proceder, no comporta una revocatoria en sentido estricto, ya que, al haber desaparecido los fundamentos de hecho y de derecho que cimentaron el reconocimiento de la asignación, dichos actos ya habían perdido ejecutoriedad, de conformidad con el artículo 91 de la Ley 1437 de 201 1, porque el actor no podía tener al mismo tiempo la calidad de retirado y activo en la Policía Nacional.

4. El recurso de apelación4.

La apoderada de CASUR interpuso recurso de apelación, con el propósito de que se revoque la decisión de primera instancia.

Luego de insistir en los antecedentes administrativos del presente asunto, indicó que , con posterioridad al reintegro, el demandante solicitó el reconocimiento y pago de la asignación por retiro, la cual fue concedida mediante acto administrativo 1810 de 5 de abril de 2018, y resuelto el recurso de reposición, mediante Resolución 3689 de 20 18, actos administrativos que actualmente se encuentran demandados judicialmente.

En lo relativo a la incompatibilidad entre el pago de salarios y asignación de retiro, iteró la contenida en la Constitución Política, desarrollada por la Ley 4 de 1992, para expresar que, como la orden de reintegro es fruto de una sentencia judicial, se deben observar los criterios de razonabilidad y equidad fijados por el Consejo de Estado, a partir de los cuales, la Policía Nacional reconoció

1992, para expresar que, como la orden de reintegro es fruto de una sentencia judicial, se deben observar los criterios de razonabilidad y equidad fijados por el Consejo de Estado, a partir de los cuales, la Policía Nacional reconoció salarios y prestaciones, desde el retiro del servi cio, esto es, desde el cinco (5) de Octubre de Dos Mil Seis (2006) hasta el Quince (15) de Noviembre de Dos Mil Dieciséis (2016).

4 Expediente físico, folios 296 a 302.10

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Destacó que, con el reconocimiento judicial de la asignación por retiro, a partir del Once (11) de Julio de Dos Mil Ocho (2008), no se está en el marco de doble asignación por varias vinculaciones laborales, sino frente al pago de salarios y asignación por retiro; razón por la cual, al recuperar la situación administrativa de servicio activo, no era posible que el demandante también recibiera asignación de retiro.

Expresó que, en la demanda reposa la Resolución 07232 de 05 de noviembre de 2016, en la cual se consigna la orden de pago respecto de los salarios desde la fecha de desvinculación, hasta su reintegro; por lo que no existe limitación por parte de la Policía Nacional al término de 24 meses, conforme lo ordenado en la sentencia judicial; razón por la que consideró que, al no existir certeza de lo efectivamente pagado al demandante, este es deudor de CASUR, debiendo devolver las sumas que, por asignación de retiro le fueron pagadas.

en la sentencia judicial; razón por la que consideró que, al no existir certeza de lo efectivamente pagado al demandante, este es deudor de CASUR, debiendo devolver las sumas que, por asignación de retiro le fueron pagadas.

Bajo este criterio, solicitó revocar la decisión de instancia y exonerar a la entidad de la condena impuesta, declarando que los actos administrativos demandados, se encuentran legalmente expedidos.

De manera supletiva solicitó que, de avalarse la posición relativa a que los descuentos proceden por el término de 24 meses, sea este el tiempo que se ordene en favor de la entidad y no en la forma dispuesta en primera instancia, esto es, entre el 11 de julio y el 04 de octubre de 2008.

Consideró claro que, al existir un tiempo compatible entre asignación de retiro y reintegro con pago de salarios, los 24 meses deben tenerse, entre el 11 de julio de 2008 y el 11 de julio de 2010, meses en que la incompatibilidad estuvo acreditada.

5. Alegatos de conclusión.

Mediante auto de 29 de agosto de 20255, el despacho sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por el demandante y, en virtud del numeral 5

5 Aplicativo Samai. Consecutivo 00004.11

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del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió traslado a las partes para alegar.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este

del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió traslado a las partes para alegar.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 6, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2. Problema jurídico.

Le corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal Administrativo del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones. Para lo cual, debe analizarse si le asiste o no razón jurídica a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, para disponer la devolución de la totalidad de los dineros pagados al demandante por concepto de asignación de retiro, dada la orden judicial, que dispuso su reintegro al servicio activo.

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos: 2.1 Marco normativo y jurisprudencial y 2.2 Caso concreto.

2.1. Marco normativo y jurisprudencial.

Lo primero que ha de anotarse es que, el artículo 128 de la Constitución Política dispone:

Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de

6 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba

6 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».12

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empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley.

Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas.

Ahora bien, respecto de la naturaleza del pago de salarios y prestaciones sociales ordenado por sentencia judicial, como consecuencia de la declaración de nulidad de un acto administrativo de retiro del servicio, en principio, se encuentra que esta Corporación, en fallo de 17 de septiembre de 1993, expediente 5505, consejero ponente Joaquín Barreto Ruiz7, sostuvo:

de nulidad de un acto administrativo de retiro del servicio, en principio, se encuentra que esta Corporación, en fallo de 17 de septiembre de 1993, expediente 5505, consejero ponente Joaquín Barreto Ruiz7, sostuvo:

a) Al igual que el artículo 64 de la Constitución de 1886, el 128 de la Carta actual prohíbe recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, salvo las excepciones que establezca la ley.

b) Entre tales excepciones no se encuentra la percepción simultánea de salarios por el desempeño de un empleo y los valores correspondientes a los salarios y haberes dejados de percibir por la desvinculación del servicio público anulada por esta jurisdicción.

c) Dentro de los efectos de las sentencias de reintegro y pago de aquellos haberes, está precisamente el de tener por tiempo servido para todos los efectos legales el correspondiente al lapso durante el cual estuvo cesante el empleado. Luego, aunque no hubo un desempeño real del empleo, lo cierto es que por mandato legal para efectos jurídicos se entiende por laborado dicho período.

d) El título bajo el cual se causan tales haberes no es el de indemnización o reparación del daño, sino de restablecimiento del derecho, que es armónico con la ficción de haber desempeñado el cargo mientras estuvo cesante. Si fuere a título de indemnización o reparación del daño, tal ficción sería imposible, porque la nulidad y el consecuencial restablecimiento del derecho en esos casos, coloca la situación jurídica como si el desvinculado jamás hubiera estado cesante.

e) Frente a la prohibición constitucional, esta jurisdicción