CE - Sentencia 19001233300020180019002 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera.

Bogotá, D. C., Dieciocho (18) de Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025).

Radicado 19001233300020180019002 (0903-20251). Demandante Claudia Patricia Tejada Ruiz. Demandada Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho. Tema Prima especial de servicios jueces y magistrados. Decisión Sentencia de segunda instancia.

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por ambas partes, en contra de la sentencia del Treinta (30) de Agosto de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES.

1.1. Demanda2.

1.1.1. Pretensiones.

La señora Claudia Patricia Tejada Ruiz, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), formulando las siguientes pretensiones:

Que se inapliquen por inconstitucionales e ilegales los decretos salariales expedidos por el Gobierno nacional desde el año 2009 al 2014, por medio de los cuales se ha regulado el régimen salarial de los servidores públicos de la Rama Judicial y en los que se ha

el Gobierno nacional desde el año 2009 al 2014, por medio de los cuales se ha regulado el régimen salarial de los servidores públicos de la Rama Judicial y en los que se ha indicado que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial.

Se inapliquen por inconstitucionales e ilegales el artículo 2 del Decreto 1257 de 2015 y el artículo 2 del Decreto 245 de 2016.

1Expediente digital. 2Expediente digital de primera instancia – índice 000 30 de Samai – archivo PDF

011ED_C01Principal_DEMANDA_CLAUDIA_PATRICIA_TEJADA_PDF.2

Interno: 0903-2025

Demandante: Claudia Patricia Tejada Ruíz

Demandada: Nación – Rama Judicial

Se declare la nulidad del acto administrativo ficto o presunto, originado en el silencio de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, frente a la petición que radicó la demandante, el Dieciocho (18) de julio de Dos Mil Diecisiete (2017).

Como consecuencia de la anterior pretensión y, a título de restablecimiento del derecho solicitó que se condene a la entidad demandada a reconocer y pagar a favor de la demandante:

(i) El reajuste del sueldo básico, desde el Nueve (9) de febrero de Dos Mil Nueve (2009) hasta el Cuatro (4) de septiembre de Dos Mil Dieciséis (2016), por cuanto, la entidad demandada venía liquidando y pagando de forma errada la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4. a de 1992, que corresponde a un pago adicional al sueldo básico mensual; (ii) la reliquidación y pago de todas las prestaciones

servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4. a de 1992, que corresponde a un pago adicional al sueldo básico mensual; (ii) la reliquidación y pago de todas las prestaciones sociales y aportes a seguridad social sobre el 100% del sueldo básico, más la prima especial de servicios, equivalente al 30% del sueldo básico mensual, causadas desde el Nueve (9) de febrero de Dos Mil Nueve (2009) hasta el Cuatro (4) de septiembre de Dos Mil Dieciséis (2016), que fueron indebidamente liquidadas sobre el 70% del sueldo básico y no como correspondía.

Que se ordene a la entidad demandada actualizar el valor de las respectivas condenas, con base en el índice de precios al consumidor, además que, tales condenas devenguen intereses moratorios desde la ejecutoria del fallo.

Finalmente, que se ordene a la entidad dar cumplimiento a la sentencia dentro de los 30 días siguientes a su ejecutoria y, que se la condene en costas y agencias del derecho.

1.1.2. Hechos.

Se indica que, la señora Claudia Patricia Tejada fungió como Jueza Octava Administrativa del Circuito de Popayán entre el Nueve (9) de febrero de Dos Mil Nueve (2009) y el Cuatro (4) de septiembre de Dos Mil Dieciséis (2016).

Su régimen salarial era el denominado régimen de «acogidos», reglamentado en los Decretos 57 de 1993, 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y los demás expedidos por el Gobierno nacional, con el fin de modificarlos o adicionarlos.3

Interno: 0903-2025

Demandante: Claudia Patricia Tejada Ruíz

el Gobierno nacional, con el fin de modificarlos o adicionarlos.3

Interno: 0903-2025

Demandante: Claudia Patricia Tejada Ruíz

Demandada: Nación – Rama Judicial

Afirma que, el Dieciocho (18) de julio de Dos Mil Diecisiete (2017) radicó reclamación administrativa ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en la cual solicitó el reconocimiento y pago de la diferencia del 30% de su sueldo básico, por la indebida aplicación de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4. a de 1992, así como, el reajuste de sus prestaciones sociales y aportes a la seguridad social, los cuales, fueron liquidados únicamente con el 70% de su salario básico mensual.

Pasaron más de 3 meses desde la radicación de la reclamación administrativa, sin que la entidad demandada hubiera dado respuesta, por tanto, se configuró el silencio administrativo negativo.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación.

La parte demandante invocó como normas infringidas las siguientes:

De la Constitución Nacional los artículos 1, 2, 6, 23, 25, 53 y 121; de la Ley 4. a de 1992 los artículos 1, 2, 10 y 14; el Decreto 3135 de 1968; el Decreto 1848 de 1969; de la Ley 1437 de 2011 el artículo 102; junto con la sentencia de unificación del 4 de agosto de 20103, de esta Corporación, entre otros precedentes relacionados con la materia.

En la demanda se hizo un recuento de las normas que regularon la prima especial de servicios desde su concepción por el artículo 14 de la Ley 4 a de 1992, se destacaron los

20103, de esta Corporación, entre otros precedentes relacionados con la materia.

En la demanda se hizo un recuento de las normas que regularon la prima especial de servicios desde su concepción por el artículo 14 de la Ley 4 a de 1992, se destacaron los decretos reglamentarios que el Gobierno nacional ha expedido anualmente; manifestando que, se desobedeció el espíritu de la ley marco del régimen salarial y prestacional de los funcionarios de la Rama Judicial, pues, lo que propuso en esa norma fue es tablecer una retribución adicional que incrementara los ingresos de tales funcionarios en un 30%, no que se dedujera dicho porcentaje de lo que ya percibían, para luego quitarle el carácter salarial.

Sobre la base del anterior argumento, edificó la solicitud de aplicación de la excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad, frente a los decretos anuales del Gobierno Nacional en materia de salarios y prestaciones sociales de los funcionarios de la Rama Judicial.

3 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 4 de agosto de 2010. Consejero

Ponente: Gerardo Arenas Monsalve. Radicado Interno: 230-08.4

Interno: 0903-2025

Demandante: Claudia Patricia Tejada Ruíz

Demandada: Nación – Rama Judicial

También planteó que la decisión de la administración de negar el reajuste salarial y prestacional pretendido, vulnera el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia y el principio de progresividad laboral. Igualmente, el acto administrativo acusado está incurso en la causal de nulidad relativa a la infracción a las normas superiores en que

prestacional pretendido, vulnera el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia y el principio de progresividad laboral. Igualmente, el acto administrativo acusado está incurso en la causal de nulidad relativa a la infracción a las normas superiores en que debió fundarse, dado que, desat endió las previsiones de la Ley 4. a de 1992, junto con, las decisiones unificadas de esta Corporación sobre la materia.

1.2. Contestación de la demanda4.

La apoderada de la entidad demandada se opuso a las pretensiones, con sustento en los siguientes razonamientos:

Recordó las reglas de unificación fijadas en la sentencia del 2 de septiembre de 2019, de la Sala Plena de Conjueces de esta Corporación y el auto de aclaración del 7 de octubre de 2019, con el fin de argumentar que la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 a de 1992, fue creada sin carácter salarial y no puede ser tomada para la liquidación de prestaciones sociales.

Por otra parte, esgrimió que la entidad se encuentra en imposibilidad presupuestal para pagar los mayores valores que se generarían a raíz de los reconocimientos relacionados con reliquidación de las prestaciones sociales y acreencias laborales de jueces y magistrados por el pago de la prima especial de servicios, en tanto no cuenta con las apropiaciones presupuestales y el respaldo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para tales reconocimientos.

Finalmente, mediante escrito separado propuso como excepciones las que denominó: «de la imposibilidad material y presupuestal de reconocer las pretensiones de la demandante», «integración de litis consorcio necesario», «ausencia de causa petendi», «prescripción» y la

Finalmente, mediante escrito separado propuso como excepciones las que denominó: «de la imposibilidad material y presupuestal de reconocer las pretensiones de la demandante», «integración de litis consorcio necesario», «ausencia de causa petendi», «prescripción» y la innominada. Con la segunda de tales excepciones solicitó la vinculación al proceso del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Justicia y del Derecho, el Departamento Administrativo de la Presidencia y el Departamento Administrativo de la Función Pública. La excepción fue resuelta de forma negativa por c onjuez del Tribunal

4Expediente digital de primera instancia – índice 0003 1 de Samai – archivo PDF

040ED_C02ConsejoEstad_017CONTESTACIONDEMANDAPDF.5

Interno: 0903-2025

Demandante: Claudia Patricia Tejada Ruíz

Demandada: Nación – Rama Judicial

Administrativo del Cauca5, mediante auto del Dos (2) de noviembre de Dos Mil Veintidós (2022)6.

1.3. Sentencia de primera instancia7.

La Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia dictada el Treinta (30) de Agosto de Dos Mil Veinticuatro (2024), accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, impuso condena en costas a la parte vencida y, dispuso lo siguiente:

«PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucional los artículos 6 y 7 del Decreto 658 de 2008, 4 del Decreto 723 y 722 de 2009, artículo 8 del Decreto 1388 de 2010, 8 del Decreto 1039

«PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucional los artículos 6 y 7 del Decreto 658 de 2008, 4 del Decreto 723 y 722 de 2009, artículo 8 del Decreto 1388 de 2010, 8 del Decreto 1039 de 2011, 8 del Decreto 874 de 2012, 8 del Decreto 1024 de 2013 y 8 del Decreto 194 de

2014. En su lu gar, se dispone aplicar al sub lite el artículo 53 de la Constitución Política, conforme a las consideraciones expresadas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: DECLARAR la existencia del silencio administrativo respecto de la petición formulada por la demandante ante la entidad demandada el día 18 de julio de 2017 y, en consecuencia, la configuración del acto ficto negativo.

TERCERO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de PRESCRIPCIÓN propuesta por la entidad demandada, por lo expuesto y en los términos explicados en la parte motiva de esta providencia. NEGAR las demás excepciones propuestas.

CUARTO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo ficto o presunto en virtud del silencio administrativo negativo frente a la petición presentada por la demandante el día 18 de julio de 2017, dirigida a la DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL, que no obtuvo respuesta, con el cual se negó la solicitud de reconocimiento y pago de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, en el equivalente al 30% adicional a la remuneración mensual, así como la reliquidación de las prestaciones sociales sobre lo dejado de percibir que le fue descontado a la demandante a título de prima

al 30% adicional a la remuneración mensual, así como la reliquidación de las prestaciones sociales sobre lo dejado de percibir que le fue descontado a la demandante a título de prima sobre el 30% de su salario. Según las consideraciones expresadas en la parte motiva de esta sentencia.

5 Inicialmente el proceso fue tramitado por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Cauca, pero luego fue enviado a la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante ACUERDO PCSJA24 -12140 del 30 de enero de 2024, como se lee en el índice 00032 del expediente digital de primera instancia consultable en el aplicativo Samai. 6Expediente digital de primera instancia – índice 00031 – archivo PDF

045ED_C02ConsejoEstad_022AUTORESUELVEEXCEPCIONESPDF.

7Expediente digital de primera instancia – índice 00035 de Samai – archivo PDF 050Sentencia1ai_236Sentencia20180019.6

Interno: 0903-2025

Demandante: Claudia Patricia Tejada Ruíz

Demandada: Nación – Rama Judicial

QUINTO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la parte demandada a reconocer y pagar en favor de la señora CLAUDIA PATRICIA TEJADA RUIZ identificada con C.C. No. 34.560.198, la prima especial de servicios consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, liquidándola como un incremento del 30% respecto del 100% del salario básico, a partir del 18 de julio de 2014 y hasta el 04 de septiembre de 2016 (SIC), en todo caso según los tiempos de servicio prestados por la parte demandante como Jueza de la

básico, a partir del 18 de julio de 2014 y hasta el 04 de septiembre de 2016 (SIC), en todo caso según los tiempos de servicio prestados por la parte demandante como Jueza de la República, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, y teniendo en cuenta que la prima especial de servicios solo constituye factor salarial para aportes a pensión de jubilación.

La parte demandada también deberá reliquidar y pagar las prestaciones sociales y salariales (prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, cesantías, prima de vacaciones, bonificación por servicios prestados y d emás emolumentos percibidos) de la señora CLAUDIA PATRICIA TEJADA RUIZ identificada con C.C. No. 34.560.198, a partir del 18 de julio de 2014 y hasta el 04 de septiembre de 2016, en todo caso según los tiempos de servicio prestados por la parte demandante como Magistrado de Tribunal (SIC), teniendo en cuenta para tal efecto una base de liquidación del 100% de la remuneración básica mensual, incluyendo el 30% descontado erróneamente a título de prima especial, atendiendo también que, en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, y teniendo en cuenta que la prima especial de servicios solo constituye factor salarial para aportes a pensión de jubilación. La parte demandada deberá asumir el pago de lo ordenado en esta sentencia siempre y cuando la liquidación del periodo comprendido entre el 11 de agosto de 2011 y hasta el 26 de agosto de 2014 (SIC) arroje valores en favor de la parte demandante, sin pasar por alto que a partir de la expedición del Decreto 272 de

entre el 11 de agosto de 2011 y hasta el 26 de agosto de 2014 (SIC) arroje valores en favor de la parte demandante, sin pasar por alto que a partir de la expedición del Decreto 272 de 2021 se estableció de manera expresa que la prima especial de servicios debe ser pagada mensualmente como una suma adicional a la asignación básica.

SEXTO: DECLARAR la prescripción trienal de los emolumentos causados con anterioridad al 18 de julio de 2014, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SÉPTIMO: ORDENAR a la entidad demandada el cumplimiento de la sentenc ia en los términos de los artículos 192 a 195 de la Ley 1437 de 2011, aplicando la siguiente fórmula

de actualización:

R = Rh Índice Final Índice Inicial

La entidad demandada debe realizar los aportes al sistema de seguridad social con base en el 100% del salario básico, además, queda facultada para realizar los respectivos descuentos de ley.7

Interno: 0903-2025

Demandante: Claudia Patricia Tejada Ruíz

Demandada: Nación – Rama Judicial

OCTAVO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. […]».

El A-quo consideró que, la prima especial es un rubro adicional a la asignación básica mensual, y al haberse fraccionado este emolumento en el 70% como salario básico y el 30% a título de prima especial, se disminuyó en dicho porcentaje la remuneración mensual de los beneficiarios de la prima especial de servicios, igual que, sus prestaciones sociales, puesto que, su base salarial se redujo en un 30%.

30% a título de prima especial, se disminuyó en dicho porcentaje la remuneración mensual de los beneficiarios de la prima especial de servicios, igual que, sus prestaciones sociales, puesto que, su base salarial se redujo en un 30%.

También señaló que, tal interpretación desatendió los principios mínimos establecidos en el artículo 53 de la Constitución Política y la prohibición de no desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los servidores de la Rama Judicial de que trata el artículo 2º de la Ley 4ª de 1992. Apoyada en tales razonamientos, la sentencia de primera instancia estimó procedente la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad deprecada, asimismo, la nulidad del acto acusado y, a título de restablecimiento del derecho la orden de reajuste salarial y prestacional, de conformidad, con la correcta liquidación y pago de la prima especial de servicios.

De otra parte, recordó las previsiones del Decreto 272 de 2021, el cual debe ser tenido en cuenta, así como, también advirtió que, en ningún caso el reajuste salarial y prestacional ordenado, podría implicar la superación de los topes fijados por el Gobierno Nacional. Al tiempo, aclaró que, la entidad demandada debe realizar los aportes al sistema de seguridad social con base en el 100% del salario básico de la actora, quedando facultada para realizar los respectivos descuentos que por ley le correspondiesen a la demandante.

Aplicó la prescripción trienal dispuesta en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, reiterada en la sentencia del 2 de septiembre de 2019 ; ante lo cual, ordenó el pago de

Aplicó la prescripción trienal dispuesta en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, reiterada en la sentencia del 2 de septiembre de 2019 ; ante lo cual, ordenó el pago de las diferencias salariales y prestacionales a partir del 18 de julio de 2014 , teniendo en cuenta que, la reclamación administrativa se presentó el 18 de julio de 2017.

1.4. Corrección de la sentencia8.

La sentencia de primera instancia fue objeto de corrección por errores formales, mediante providencia del doce (12) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024). Puntualmente se

8Expediente digital de primera instancia – índice 00041 de Samai – archivo PDF 054Autoresuelves_AutoCorrigeSentencia.8

Interno: 0903-2025

Demandante: Claudia Patricia Tejada Ruíz

Demandada: Nación – Rama Judicial

corrigió el período sobre el cual se ordenó el reajuste y el cargo que ocupaba la demandante, en el siguiente sentido:

«SEGUNDO: CORREGIR los incisos segundo y tercero del numeral quinto de la Sentencia No. 234 del 30 de agosto de 2024, el cual quedará así:

La parte demandada también deberá reliquidar y pagar las prestaciones sociales y salariales (prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, cesantías, prima de vacaciones, bonificación por servicios prestados y demás emolumentos percibidos) de la señora CLAUDIA PATRICIA TEJADA RUIZ identificada con C.C. No. 34.560.198, a partir del 18 de julio de 2014 y hasta el 04 de septiembre de 2016, en todo caso

de la señora CLAUDIA PATRICIA TEJADA RUIZ identificada con C.C. No. 34.560.198, a partir del 18 de julio de 2014 y hasta el 04 de septiembre de 2016, en todo caso según los tiempos de servicio prestados por la parte demandante como Jueza de la República, teniendo en cuenta para tal efecto una base de liquidación del 100% de la remuneración básica mensual, incluyendo el 30% descontado erróneamente a título de prima especial, atendiendo también que, en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacion al, y teniendo en cuenta que la prima especial de servicios solo constituye factor salarial para aportes a pensión de jubilación.

La parte demandada deberá asumir el pago de lo ordenado en esta sentencia siempre y cuando la liquidación del periodo comprendido entre el 18 de julio de 2014 y hasta el 04 de septiembre de 2016 arroje valores en favor de la parte demandante, sin pasar por alto que a partir de la expedición del Decreto 272 de 2021 se estableció de manera expresa que la prima especial de servicios debe ser pagada mensualmente como una suma adicional a la asignación básica».

1.5. Recursos de apelación.

1.5.1. De la parte demandante9.

El apoderado de la parte demandante manifestó su desacuerdo con la sentencia de primera instancia, en primer lugar, porque debieron inaplicarse el artículo 2 del Decreto 1257 de 2015 y el artículo 2 del 245 de 2016, en tanto, generaron efectos jurídicos importantes al momento de pagar la prima especial de servicios a todos los beneficiarios de esta -incluida la demandantey, con ellos, se liquidó y pag ó de forma errónea el aludido

importantes al momento de pagar la prima especial de servicios a todos los beneficiarios de esta -incluida la demandantey, con ellos, se liquidó y pag ó de forma errónea el aludido emolumento mensual.

9Expediente digital de primera instancia – índice 00044 de Samai – archivo PDF 055_MemorialWeb_Recurso-Exp201800190R.9

Interno: 0903-2025

Demandante: Claudia Patricia Tejada Ruíz

Demandada: Nación – Rama Judicial

También expuso que, la exigibilidad del derecho debatido en este proceso surgió con ocasión de los pronunciamientos de esta Corporación, en particular, con la sentencia del 2 de septiembre de 2019, en tanto, a partir de esa decisión la demandante tuvo certeza sobre la indebida liquidación de sus salarios y prestaciones sociales.

Además, planteó que se generó una confianza legítima en la demandante, al menos por dos aspectos: (1) durante la vinculación que la señora Tejada Ruiz tuvo con la Rama Judicial, ella confió en que lo que le pagaban por desempeñar el cargo de juez era lo correcto y que eso se encontraba ajustado a la nor matividad; (2) hubo diferentes decisiones de esta corporación, en las que se planteó la interpretación de la exigibilidad del derecho reclamado a partir de la sentencia que lo reconoce.

De cara a la jurisprudencia constitucional sobre el tema, solicitó la aplicación del principio general del derecho denominado «nadie puede alegar en su favor su propia torpeza o culpa», para que no se declare la prescripción trienal del reajuste salarial y prestacional objeto de este proceso, dado que, ello implicaría prem iar la actuación indebida de la

general del derecho denominado «nadie puede alegar en su favor su propia torpeza o culpa», para que no se declare la prescripción trienal del reajuste salarial y prestacional objeto de este proceso, dado que, ello implicaría prem iar la actuación indebida de la administración y, prohijar la errónea liquidación y pago que efectuó la entidad de la prima especial de servicios.

Finalmente, adujo que, los principios de progresividad y no regresividad deben ser analizados y aplicados frente a la interpretación realizada en la sentencia de SUJ -016CE-S2-2019 del 2 de septiembre del año 2019, en lo relacionado con la manera de contabilizar el fenómeno de la prescripción.

1.5.2. De la entidad demandada10.

El apoderado de la Rama Judicial, inconforme con la decisión, interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia bajo los siguientes argumentos:

Recordó las reglas de unificación fijadas en la sentencia del 2 de septiembre de 2019, con el fin de señalar que, el 30% adicional, calculado sobre el 100% del salario básico, por concepto de prima especial de servicios regulada por el artículo 14 Ley 4ª de 1992, no está dotado de carácter salarial.

10Expediente digital de primera instancia – índice 00046 de Samai – archivo PDF 061Incorporamemor_APELACION201800190CL.10

Interno: 0903-2025

Demandante: Claudia Patricia Tejada Ruíz

Demandada: Nación – Rama Judicial

Expuso que, no es presupuestalmente viable para la entidad pagar las diferencias salariales y prestacion ales causadas con anterioridad al 1 de enero de 2021, toda vez

Demandada: Nación – Rama Judicial

Expuso que, no es presupuestalmente viable para la entidad pagar las diferencias salariales y prestacion ales causadas con anterioridad al 1 de enero de 2021, toda vez que, no cuentan con la apropiación fiscal por parte del Ministerio Hacienda y Crédito Público.

Finalmente, solicitó que se revise en detalle la aplicación de la prescripción trienal en este caso y, se tenga en cuenta la exigibilidad del derecho al momento de contabilizar tal fenómeno y aplicar esta figura jurídica.

1.5. Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021.

Con auto del 4 de agosto de 2025 11, el consejero ponente admitió los recursos de apelación interpuestos por ambas partes y, en virtud del numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, se prescindió de la etapa de alegaciones.

II. CONSIDERACIONES.

2.1. Competencia.

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)12, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación; sin embargo, considerando que ambas partes interpusieron el recurso de alzada, se resolverá sin limitaciones como dispone el inciso segundo de la norma en cita.

2.2. Problema jurídico.

embargo, considerando que ambas partes interpusieron el recurso de alzada, se resolverá sin limitaciones como dispone el inciso segundo de la norma en cita.

2.2. Problema jurídico.

11Expediente digital de primera instancia – índice 00004 de Samai – archivo Word 004Autoqueadmite_1109032025ASAdmiteAp. 12 «Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».11

Interno: 0903-2025

Demandante: Claudia Patricia Tejada Ruíz

Demandada: Nación – Rama Judicial

De acuerdo con los argumentos expuestos por las partes en sus recursos de apelación, corresponde a la Sala analizar si es procedente revocar la decisión de primera instancia, a la luz de los siguientes problemas jurídicos:

• Si debió aplicarse la excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad respecto de los

corresponde a la Sala analizar si es procedente revocar la decisión de primera instancia, a la luz de los siguientes problemas jurídicos:

• Si debió aplicarse la excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad respecto de los Decretos 1257 de 2015 y 245 de 2016. - Si la Sala Transitoria dotó a la prima especial de servicios, de un carácter salarial para liquidación de prestaciones sociales, del que no estaba dotada;

• Si la falta de apropiación presupuestal aducida por la entidad demandada, para el pago de las diferencias salariales y prestacionales , se erige como fundamento para denegar las pretensiones de la demanda.

• Si se aplicó en debida forma o no, la prescripción trienal, en los términos de la sentencia de unificación del 19 de septiembre de 2019 o, si tal fenómeno extintivo no operó, por cuanto, su exigibilidad surgió a partir de la decisión judicial.

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos: 2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial, 2.3. Hechos probados; 2.4. Caso concreto y 2.5. Condena en costas.

2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial de la Prima Especial de Servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: prerrogativas y generalidades.

La Ley 4 de 1992, en su artículo 14, creó la prima especial de servicios como un incremento salarial del 30% calculado sobre el 100% de la asignación básica, sin carácter salarial; más adelante, la Ley 332 de 1996 dispuso que aquella sería factor salarial solo para el pago de aportes pensionales.

incremento salarial del 30% calculado sobre el 100% de la asignación básica, sin carácter salarial; más adelante, la Ley 332 de 1996 dispuso que aquella sería factor salarial solo para el pago de aportes pensionales.

La Sala estima necesario precisar que, para efectos de emitir decisión de fondo en el sub lite, se atenderán las reglas que, sobre la prima especial de servicios, consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, fijó la Sala Plena de Conjueces, de la Sección Segunda de la Corporación, mediante la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, proferida el 2 de septiembre de 2019.

La Sala pone de presente que, en dicha decisión judicial, se analizó la naturaleza y12

Interno: 0903