CE - Sentencia 19001233300020180026601 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 19001 23 33 000 2018 00266 01 (2093-2022)

Demandante: Miriam Ester Grueso Vanegas

Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) Tema: Pensión jubilación docentes. Si aplica Ley 71 de 1988 porque la vinculación al servicio educativo fue con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

Decisión: Revocar sentencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 3 de febrero de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

Pretensiones de la demanda

1. Se pretende la nulidad de la Resolución 0114 -01-2018 del 19 de enero de 2018 por medio del cual la entidad demanda, negó el reconocimiento y pago de una pensión jubilación por aportes. A título de restablecimiento del derecho se le reconozca y pague dicha prestación equivalente al 75% de los salarios y las primas devengados en el año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus, con los

pensión jubilación por aportes. A título de restablecimiento del derecho se le reconozca y pague dicha prestación equivalente al 75% de los salarios y las primas devengados en el año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus, con los reajustes de ley ; el pago de intereses moratorios al tenor de lo dispuesto en los artículos 192 y 195 del CPACA; y se condene en costas a la parte demandada.

Hechos que fundamentan la demanda

2. Se afirma que la actora ha laborado por más de 20 años en el sector público y privado, realizando los respectivos aportes pensionales; que ha ejercido la labor docente oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 y al momento de la presentación de la demanda aún se encontraba vinculada; y que cumplió 55 años de vida el 8 de junio de 2015, estimando así que cumple las exigencias de la Ley 71 de 1988, para que le sea reconocida la pensión por aportes.

Fundamentos de derecho y concepto de violación

3. Señala como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 48, 53, 58 y 243 de la Constitución. Así mismo, las Leyes 6 de 1945 artículo

1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.Radicado: 19001 23 33 004 2018 00266 01 (2093-2022)

Demandante: Miriam Ester Grueso Vanegas

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700

Demandante: Miriam Ester Grueso Vanegas

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

17; 33 de 1985; 71 de 1988 artículo 7°; 91 de 1989 artículo 15; 100 de 1993 artículo 279; 812 de 2003 artículo 81 y Acto Legislativo 01 de 2005, entre otros.

4. En síntesis, alega que con el acto administrativo cuestionado se vulneran tales disposiciones por interpretación errónea y por falta de aplicación de la misma.

Que la entidad desconoció que la actora inició su labor docente en el año 2000, que si bien tuvo origen en un contrato de prestación de servicios, es viable su cómputo y por tanto le resulta aplicable la Ley 71 de 1988, quedando excluida de acreditar los requisitos del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, estatuto del cual además se encuentra exceptuados los educadores.

5. Que la liquidación de la prestación debe efectuarse con inclusión de todos los factores devengados en el último año anterior al estatus.

Contestación de la demanda

6. La entidad demandada no ejerció su derecho de defensa, y así lo señaló el a quo en auto de 18 de enero de 2021.

Sentencia de primera instancia2

7. El Tribunal Administrativo del Cauca en sentencia de 3 de febrero de 2022, negó las pretensiones de la demanda, y condenó en costas a la parte demandante.

8. Inicialmente indicó que, la actora si acredita una vinculación docente antes de

negó las pretensiones de la demanda, y condenó en costas a la parte demandante.

8. Inicialmente indicó que, la actora si acredita una vinculación docente antes de la fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo que en principio le resultaría aplicable la Ley 33 de 1985; sin embargo, dado que aquélla alega haber laborado en el sector público y privado debe verificarse las exigencias de la Ley 71 de 1988, para lo cual es necesario que aquélla demuestre cumplir los requisitos contemplados en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, hecho este último que no ocurre, pues, para la entrada en vigor de dicha ley solo tenía 33 años de edad y 4 años, 4 meses y 14 días de servicio, lapso durante el cual no acredita aportes a pensión; por lo que no era beneficiari a del régimen de transición. Precisa que, durante la labor docente ejecutada mediante prestación de servicios tampoco probó haber realizado aportes, sumado a que mal haría el tribunal en tener en cuenta para efectos pensionales una labor frente a la cual no media una declaración de existencia de un contrato realidad, y la parte tampoco solicitó ello con las pretensiones.

9. Así, concluyó que la situación de la demandante se rige por la Ley 100 de 1993, en consecuencia no es posible abordar el estudio de requisitos dado que ello no fue solicitado con la demanda.

Recurso de apelación3

10. La demandante insistió en que cumple con las exigencias para que le sea aplicable la Ley 71 de 1988, no siendo factible exigirle acreditar los requisitos del

2 Folios 134-145 del expediente

Recurso de apelación3

10. La demandante insistió en que cumple con las exigencias para que le sea aplicable la Ley 71 de 1988, no siendo factible exigirle acreditar los requisitos del

2 Folios 134-145 del expediente 3 Folios 150-158 del expedienteRadicado: 19001 23 33 004 2018 00266 01 (2093-2022)

Demandante: Miriam Ester Grueso Vanegas

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

régimen de transición de la Ley 100 de 1993, pues, su vinculación al servicio docente ocurrió antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y que en todo caso, los docentes están excluidos de la aplicación de la Ley 100 de 1993.

11. Estima que debe valorarse el tiempo servido como docente mediante contrato de prestación de servicios para efectos pensionales, en virtud del principio de primacía de realidad sobre las formas, como así lo ha considerado el Consejo de Estado. Sustenta sus pretensiones también en la sentencia de unificación de 25 de abril de 2018, emitida por esta Sección Segunda, pidiendo que se revoque la sentencia y en su lugar se acceda a lo solicitado con la demanda.

11.1. Trámite correspondiente a la segunda instancia

12. Mediante auto de 15 de septiembre de 202 3, se admitió el recurso de apelación presentado por la parte demandante.

13. En esta oportunidad intervino aquella solicitando revocar la sentencia de primera instancia, por considerar que cumple con los presupuestos legales para

apelación presentado por la parte demandante.

13. En esta oportunidad intervino aquella solicitando revocar la sentencia de primera instancia, por considerar que cumple con los presupuestos legales para obtener el beneficio de la pensión por aportes en los términos de la Ley 71 de 1988.

Mientras que la demandada y el agente del Ministerio Publico que actúa ante esta Corporación, guardaron silencio.

14. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

15. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 4. Así, al tenor de lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso5, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el caso de la referencia, únicamente la parte demandante presentó recurso de alzada, el análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado.

Problema jurídico

16. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la señora Miriam Ester Grueso Vanegas, tiene derecho a que se le aplique el régimen pensional establecido

4 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]». 5 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos

4 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]». 5 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»Radicado: 19001 23 33 004 2018 00266 01 (2093-2022)

Demandante: Miriam Ester Grueso Vanegas

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

en la Ley 71 de 1988 al haber cotizado tanto en el sector público como privado, o, por el contrario, no reúne los requisitos legales exigidos para acceder a dicho beneficio pensional como lo dispuso el a quo.

Normativa y jurisprudencia aplicable al caso

Del derecho pensional de los docentes

17. La Ley 812 de 2003 6 en torno al sector de educación nacional, definió el régimen prestacional de los docentes, distinguiendo entre quienes se vincularon antes de la entrada en vigencia de dicha ley, y quienes lo hicieron con posterioridad

a esta. Se destaca:

“ARTÍCULO 81. RÉGIMEN PRESTACIONAL DE LOS DOCENTES OFICIALES. El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres. (…)”

18. Dicho régimen anterior no es otro que el contemplado en la Ley 33 de 1985, que en su artículo 1° dispone el reconocimiento de una pensión de jubilación; la cual fue modificada por la Ley 62 de 1985, en la que enlistan los factores a tener en cuenta para efectos de liquidación de la mentada prestación, a saber: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.

19. De manera que, existía un régimen prestacional para los empleados públicos, y otro para los trabajadores del sector privado. Así entonces, respecto de quienes no alcanzaban a completar los requisitos exigidos en uno u otro régimen, surge la Ley 71 de 1988, por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones, y que en el artículo 7° dispuso los requisitos para acceder a una

alcanzaban a completar los requisitos exigidos en uno u otro régimen, surge la Ley 71 de 1988, por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones, y que en el artículo 7° dispuso los requisitos para acceder a una pensión a partir de la suma de los períodos cotizados y laborados tanto en el sector público como en el privado:

“ARTÍCULO 7.º A partir de la vigencia de la presente Ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre

6 mediante la cual se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitarioRadicado: 19001 23 33 004 2018 00266 01 (2093-2022)

Demandante: Miriam Ester Grueso Vanegas

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.

El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las entidades involucradas.”

20. En ese orden de ideas, debe verificarse si la mentada pensión de jubilación por aportes es aplicable al sector docente, y de ser así, que requerimientos deben

entidades involucradas.”

20. En ese orden de ideas, debe verificarse si la mentada pensión de jubilación por aportes es aplicable al sector docente, y de ser así, que requerimientos deben cumplirse para el efecto. Para dar respuesta a ello, es menester señalar que dicho análisis demanda la aplicación de la sentencia de unificación de 25 de abril de 2019

(SUJ-014-CE-S2-2019), expedida por la Sección Segunda del Consejo de Estado 7, dado que fijó reglas respecto a la forma de liquidación de la pensión de jubilación a los docentes, teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley 91 de 1989. Y a su vez se analizaron los diferentes regímenes aplicables a dicho sector, atendiendo a la fecha de ingreso al servicio docente, ello en consonancia con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003.

21. Por tratarse de una sentencia de unificación, las reglas fijadas en ésta tienen valor vinculante y son de obligatorio cumplimiento en todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.

22. De manera que, del fallo de unificación referenciado, se advierte que para efectos del régimen pensional del docente, resulta relevante establecer la fecha de su primera vinculación al magisterio, pues, en concordancia con el artículo 81 de la Ley 812 de 2 003 i) los educadores que estuvieren vinculados al servicio oficial les será aplicable el régimen dispuesto para el Magisterio en las disposiciones vigentes

su primera vinculación al magisterio, pues, en concordancia con el artículo 81 de la Ley 812 de 2 003 i) los educadores que estuvieren vinculados al servicio oficial les será aplicable el régimen dispuesto para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley, a saber, el 27 de junio de 2003; normativa que no sería otra que la referida en el artículo 15 de la Ley 91 de 19898 , como más adelante se explicará. Y ii) los docentes oficiales que ingresen a partir de la vigencia de la ley mencionada, les resultaría aplicable el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en el, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.

23. Aunque se establecieron esos dos escenarios para la aplicación de las normas que rigen el reconocimiento pensional de los docentes de acuerdo con su fecha de vinculación; la Sección Segunda no hizo ningún tipo de diferenciación frente al tipo de vinculació n, ya sea en propiedad o provisionalidad, para catalogar los tiempos de servicios, ni tampoco se indicó que perderían los derechos a la aplicación de la Ley 33 de 1985 en caso de presentarse el fenómeno de la solución de continuidad establecido en el Decreto 3135 de 1968.

7 Expediente 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-17) 8 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.Radicado: 19001 23 33 004 2018 00266 01 (2093-2022)

Demandante: Miriam Ester Grueso Vanegas

8 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.Radicado: 19001 23 33 004 2018 00266 01 (2093-2022)

Demandante: Miriam Ester Grueso Vanegas

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

24. En dicha oportunidad, dado que los fundamentos de hecho no daban lugar a ello, no se analizó el supuesto en que el educador bajo dicho vínculo oficial no alcanza el cumplimiento de los requisitos para obtener la pensión, no obstante, tiene acreditadas cotizaciones en virtud de una labor desarrollada en el sector privado, aportes que se hicieron en su momento al Instituto de Seguro Social, hoy,

Colpensiones.

25. Ante ese panorama, se estima que no existe ninguna justificación jurídica que imposibilite extender la aplicación de la Ley 71 de 1988 a los docentes, máxime que los antecedentes legislativos9 de la Ley 91 de 1989, la cual en su artículo 15 remite al régimen jurídico del sector público nacional, dan cuenta que se contempló y validó que la mentada Ley 71 beneficia también a los educadores del magisterio10. A lo que se suma que la Sección Segunda del Consejo de Estado sentencia de 19 de enero de 2023, 11 también avaló la aplicación de la Ley 71 de 1988 al sector docente, teniendo en cuenta además las previsiones de la sentencia de unificación de 2019, tantas veces mencionada 12, precisando a su vez que los factores de liquidación corresponden a los enlistados en la Ley 62 de 1985, sobre los cuales se hubieran efectuado cotizaciones.

tantas veces mencionada 12, precisando a su vez que los factores de liquidación corresponden a los enlistados en la Ley 62 de 1985, sobre los cuales se hubieran efectuado cotizaciones.

26. Sobre este último aspecto relacionado con los factores de liquidación, la Sala estima que hay que tener en cuenta además de lo dispuesto en la Ley 62 de 1985, los factores que en disposiciones posteriores se les haya dado carácter salarial, como por ejemplo la bonificación mensual de docentes y directivos docentes

(Decreto 1566 de 2014) y la bonificación pedagógica (Decreto 2354 de 2018); no siendo posible extenderse a inclu ir la totalidad de factores sobre los que hubiere cotizado en el año anterior a la adquisición del estatus, pues, ello podría tener como consecuencia la existencia de distintos regímenes al interior del servicio docente, que conllevaría a la vulneración de derechos como el de igualdad, y desconocería lo dispuesto en la sentencia de unific ación del 25 de abril de 2019, con la cual se abandonó el criterio jurisprudencial de la sentencia del 4 de agosto de 2010, que avalaba dicha liquidación con todos los emolumentos percibidos, al margen de si estaba o no contenidos en las disposiciones de liquidación pensional.

27. Así entonces, concluye la Sala lo siguiente: 27.1 Que los docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003, se les aplica el régimen prestacional vigente con anterioridad a la Ley 812 de 2003, a saber, el contenido en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, que en el numeral 2° inciso 2° establece que los e ducadores vinculados a partir del 1 de enero de 1981,

contenido en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, que en el numeral 2° inciso 2° establece que los e ducadores vinculados a partir del 1 de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de

9 Gaceta del Congreso de la República 103 de fecha 17 de octubre de 1989. 10 “Acerca del artículo 15 habría que referirse finalmente a dos aspectos: la Ley 71 de 1988 sobre pensiones de jubilación; recoge amplias aspiraciones del movimiento pensional que al beneficiar al Magisterio exonera de la repetición en este texto. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, recibe la autorización legal de extender los servicios asistenciales a las familias de los docentes, cuando su situación financiera lo permite. 11 C.P. William Hernández Gómez – Expediente 15001-23-33-000-2019-00103-01 (3083-2022) 12 Se aclaró también que no les es aplicable el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 (artículo 36), y por ende tampoco están sometidos al ingreso base de liquidación contemplado en el artículo 21 de aquella, los educadores vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003.Radicado: 19001 23 33 004 2018 00266 01 (2093-2022)

Demandante: Miriam Ester Grueso Vanegas

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

enero de 1990, se les tendrá en cuenta el régimen pensional del sector público nacional.

27.2 Este régimen pensional del sector público nacional, no sería otro que el

Bogotá D.C. – Colombia

enero de 1990, se les tendrá en cuenta el régimen pensional del sector público nacional.

27.2 Este régimen pensional del sector público nacional, no sería otro que el contenido en las Leyes 33 de 1985, 62 de 1985 y la Ley 71 de 1988.

27.3 Así, la liquidación de la pensión jubilación por aportes deberá efectuarse con base en el 75% del promedio de los salarios y factores devengados en el último año anterior a la causación del estatus pensional, sobre los que hubiere cotizado, y que figuren e nlistados en la Ley 62 de 1985 -atendiendo las previsiones de la sentencia de unificación de 25 de abril de 2019; pero también los establecidos en disposiciones posteriores a los que se les haya dado carácter salarial, como por ejemplo los Decretos 633 13 y 634 de 2007 14, la bonificación mensual de docentes y directivos docentes (Decreto 1566 de 2014) y la bonificación pedagógica (Decreto 2354 de 2018).

27.4 Mientras que los docentes vinculados con posterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003, están sujetos sujetos al régimen de prima media con prestación definida regulado por las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción en la edad, que será de 57 años tanto para hombres como para mujeres, según el artículo 81 de la Ley 812 de 2003. Y los factores a tener en cuenta para liquidar serán los dispuestos en el Decreto 1158 de 1994.

Caso concreto

28. Da cuenta el material probatorio que la actora, el 15 de noviembre de 2017 a

serán los dispuestos en el Decreto 1158 de 1994.

Caso concreto

28. Da cuenta el material probatorio que la actora, el 15 de noviembre de 2017 a través de apoderada solicitó el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación por aportes, la cual fue resuelta desfavorablemente por la Secretaría de Educación y Cultura del departamento del Cauca a través de la Resolución 0114-01-2018 de 19 de enero de 201815, por cuanto aquella ingresó al magisterio en vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo tanto, se le debía aplicar el régimen previsto en la Ley 100 de 1993, empero solo acreditaba para ese momento 827,54 semanas de las 1.300 exigidas.

29. Ahora, teniendo en cuenta lo expuesto en el acápite del marco normativo y jurisprudencial, es necesario establecer las disposiciones que regulan la situación de la demandante, atendiendo a su fecha de ingreso al servicio docente oficial. Pues bien, la Sala desde ya anuncia que la sentencia será revocada, en tanto existe prueba en el plenario de que la señora Grueso Vanegas prestó servicios como docente oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, lo que permite la aplicación de la Ley 91 de 1989, que remite al régimen anterior en materia pensional contemplado en la Ley 33 de 1985 y la Ley 71 de 1988.

13 Por el cual se modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media y se dictan otras disposiciones de carácter salarial para el sector educativo oficial.

13 Por el cual se modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media y se dictan otras disposiciones de carácter salarial para el sector educativo oficial. 14 Por el cual se modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media que se rigen por el Decreto -ley 1278 de 2002 y se dictan otras disposiciones de carácter salarial y prestacional para el sector educativo oficial. 15 Folios 25-26 del expedienteRadicado: 19001 23 33 004 2018 00266 01 (2093-2022)

Demandante: Miriam Ester Grueso Vanegas

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

30. Véase que el material probatorio evidencia que la señora Miriam Grueso Vanegas nació el 9 de junio de 1960, y laboró en el sector público como docente en

algunos periodos así:

Desde - hasta Tipo de vinculación Entidad contratante o empleadora Aportes pensionales Tiempo 17/nov/1989 a 2/abril/199516 -PúblicaPsicólogo Municipio de Santiago de Cali No figura 5 años 3 meses y 6 días (1922 días)17

11/enero/1996 a 30/mayo/199918 Pública ICBF Colpensiones 3 años, 4 meses y 12 días Sept/1999 a enero 200019

días (1922 días)17

11/enero/1996 a 30/mayo/199918 Pública ICBF Colpensiones 3 años, 4 meses y 12 días Sept/1999 a enero 200019 Docente hora cátedra mediante contrato de prestación de servicios Universidad del Valle No figura 5 meses 01/11/2000 a20 15/dic/2000 Docente mediante contrato de prestación de servicios Municipio de Santiago de Cali No figura 1 mes y 15 días 14/marzo/2001 a 30/mayo/2001 Docente mediante contrato de prestación de servicios Municipio de Santiago de Cali No figura 2 meses y 17 días 31/mayo/2001 a 29/julio/2001 Docente mediante contrato de prestación de servicios Municipio de Santiago de Cali No figura 1 mes 11/feb/2002 a 22/junio/200221 Docente hora cátedra -contrato fijo inferior a un año Universidad del Valle No figura 4 meses y 11 días

16 Folio 28 del expediente 17 El tiempo total fue de 5 años 4 meses y 16 días (1962 días), sin embargo , el mismo certificado indica que deben descontarse 40 días.

18 Certificado de información laboral-formato N° 1y Formato N° 3 (B) certificado de salarios mes a mes obrantes en medio digital en CD -folio 114 del expediente (folios 67-69 del archivo en pdf)

deben descontarse 40 días.

18 Certificado de información laboral-formato N° 1y Formato N° 3 (B) certificado de salarios mes a mes obrantes en medio digital en CD -folio 114 del expediente (folios 67-69 del archivo en pdf) 19 Conforme certificado expedido por el Director del Cauca - Sede Norte, obrante en cd -folio 114 del expediente – archivo pdf folio 64 20 La labor docente mediante contratos de prestación de servicios entre los años 2000 a 2003 con la Secretaría de Educación de Cali fueron certificados por la Subsecretaría Administrativa y Financiera de dicha de la Secretaría de Educación, el 4 de julio de 2017, documento que obra en el plenario a folio 28. Igualmente obra certificado de tiempo de servicios emitido por el Subsecretario Administrativo de la dependencia en cita, de fecha 10 de junio de 2011, en el que se discriminan las distintas vinculaciones, entre estas las de docente mediante contrato de prestación de servicios. Ver cd obrante a folio 114 del expediente -archivo pdf folio 62 21 Certificado emitido por la Jefe Administrativa y Operativa de la Universidad del Valle obrante a folio 65 del archivo pdf -cd folio 114 del expedienteRadicado: 19001 23 33 004 2018 00266 01 (2093-2022)

Demandante: Miriam Ester Grueso Vanegas

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

23/junio/2002 a 12/julio/200222 Docente -contrato de prestación de servicios Municipio de Santiago de Cali No figura 19 días 07/enero/2003 a

23/junio/2002 a 12/julio/200222 Docente -contrato de prestación de servicios Municipio de Santiago de Cali No figura 19 días 07/enero/2003 a 07/abril/2003 Docente mediante contrato de prestación de servicios Municipio de Santiago de Cali No figura 3 meses y 1 día 8/abril/2003 a 26/agosto/2005 Docente Nombramiento en provisionalidadResolución 107 de 2003 Municipio de Santiago de Cali FOMAG 2 años, 4 meses y 19 días 06/sep/2005 a 12/dic/2008 Docente Nombramiento en provisionalidadResolución 1943 de 2005 Municipio de Santiago de Cali FOMAG 3 años, 3 meses y 7 días 19/marzo/2009 a 3/mayo/2009 Docente Nombramiento en provisionalidadResolución 1387 de 2009 Municipio de Santiago de Cali FOMAG 1 mes y 15 días 4/mayo/2009 a 2/nov/2009 Docente Nombramiento en provisionalidadResolución 2658 de 2009 Municipio de Santiago de Cali FOMAG 6 meses y 2 días 3/nov/2009 a 16/dic/2009 Docente Nombramiento en provisionalidadResolución 9277 de 2009 Municipio de Santiago de Cali

FOMAG 6 meses y 2 días 3/nov/2009 a 16/dic/2009 Docente Nombramiento en provisionalidadResolución 9277 de 2009 Municipio de Santiago de Cali FOMAG 1 mes y 14 días 5/feb/2010 a 6/abril/2010 Docente Nombramiento en provisionalidadResolución 0789 de 2010 Municipio de Santiago de Cali FOMAG 2 meses y 2 días 30/oct/2014 a 21/febrero/201823 Docente Nombramiento en provisionalidadResolución 1832de 2014 Municipio de Santiago de Cali FOMAG 3 años, 3 meses y 23 días Total, tiempo de servicio 19 años, 11 meses y 29 días

22 Si bien este tiempo de servicio transcurrió entre el 21/mayo/2002 a 12/julio/2002 (1 mes y 22 días