CE - Sentencia 19001233300020190004702 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 19001-23-33-000-2019-00047-02 (6930-2024)

Demandante: Juan Carlos Pérez Redondo

Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial

Tema: Prima especial, artículo 14 de la Ley 4 de 1992 . Juez de la República. Reiteración jurisprudencial. Subtema 1: inaplicación del artículo 2 de los decretos 1257 de 2015, 246 de 2016, 1013 de 2017 y 337 de 2018, del artículo 6 del Decreto 658 de 2008 y del artículo 8 de los decretos 723 de 2009 y 1388 de 2010 . Subtema 2: prescripción extintiva. Subtema 3: condena en costas y agencias en derecho. Subtema 4: Imposibilidad presupuestal. Subtema 5: extremos temporales solicitados en la demanda.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y demandada contra la sentencia proferida el 23 de octubre de 2024 por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Cauca , que anuló el acto administrativo demandado, inaplicó por

recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y demandada contra la sentencia proferida el 23 de octubre de 2024 por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Cauca , que anuló el acto administrativo demandado, inaplicó por inconstitucionales determinados artículos, declaró no probadas las excepciones de imposibilidad material y presupuestal y de prescripción propuestas por la demandada, condenó a la entidad a pagar la prima especial así como a reliquidar las prestaciones sociales a partir del 11 de abril de 2015, ordenó realizar los aportes a seguridad social sobre la base del 100% del salario y se abstuvo de condenar en costas.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Juan Carlos Pérez Redondo, en condición de juez de la República, solicitó el reajuste de su salario mensual con el 100% del sueldo y el 30% adicional de prima especial, así como la reliquidación de todas sus prestaciones sociales y aportes a seguridad social sobre el 100% del sueldo más la prima especial equivalente al 30% que tiene carácter salarial.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Juan Carlos Pérez Redondo, mediante apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el 23 deRadicación: 19001-23-33-000-2019-00047-02 (6930-2024) Demandante: Juan Carlos Pérez Redondo Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 enero de 20191 contra la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial con las siguientes2:

2.1.1. Pretensiones:

(i) Inaplicar el artículo 6 de los decretos 389 de 2006, 618 de 2007, 658 de 2008 y el artículo 8 de los decretos 723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014.

(ii) Inaplicar el artículo 2 de los decretos 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y 337 de 2018.

(iii) Declarar la nulidad del acto administrativo negativo derivado de la ausencia de respuesta frente a la petición presentada el 11 de abril de 2017 (sic) ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

(iv) Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho condenar a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial a:

3.1. […] al pago del 30% del salario básico mensual que devengaba mi representado, desde el 17 de octubre de 2006 hasta el 23 de julio de 2018, el cual no le ha sido pagado a mi poderdante por cuanto la demandada utilizó los decretos que se piden INPLICAR para cancelar de forma errada el salario sobre un 70%, y el 30% restante como prima especial de servicios, cuando el concepto constituye un pago adicional al

pagado a mi poderdante por cuanto la demandada utilizó los decretos que se piden INPLICAR para cancelar de forma errada el salario sobre un 70%, y el 30% restante como prima especial de servicios, cuando el concepto constituye un pago adicional al sueldo básico mensual, como lo dispone la ley 4 de 1992 en su artícu lo 14, así como la jurisprudencia del Consejo de Estado, y por lo tanto no era parte integrante del salario mensualmente cancelado, por lo que en cada mensualidad se le debió pagar a mi poderdante un 130%, 100% por concepto de sueldo y 30% adicional, por concepto de prima especial de servicios.

3.2. […] a la reliquidación y pago efectivo de todas las prestaciones sociales y aportes a la seguridad social sobre el 100% del sueldo básico, más la prima especial de servicios equivalente al 30% del sueldo básico mensual, causadas desde el 17 de octubre de 2006 hasta el 23 de julio de 2018, que fueron indebidamente liquidados sobre el 70% del salario básico mensual de mi representado, y no sobre el 130%, por cuanto el 30% de su salario le fue cancelado indebidamente bajo el concepto de prima especial de servicios, cuando esta debió reconocerse en un 30% adicional al sueldo básico para un total de un 130%, habida cuenta que éste último concepto, segú n el Consejo de Estado, tiene naturaleza salarial.

(v) Indexar las sumas de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

(vi) Condenar a la entidad demandada al pago de costas y agencias en derecho.

(vii) Las sumas reconocidas percibirán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia.

(vi) Condenar a la entidad demandada al pago de costas y agencias en derecho.

(vii) Las sumas reconocidas percibirán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia.

(viii) La entidad demandada tendrá que cumplir la sentencia en un término de treinta días (30) siguientes a su ejecutoria.

1 C. Principal, folio 60 reverso y 61. 2 C. Principal, folios 1 a 3.Radicación: 19001-23-33-000-2019-00047-02 (6930-2024) Demandante: Juan Carlos Pérez Redondo Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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2.1.2. Hechos

2. Como fundamento de las pretensiones, el demandante expuso, en síntesis, lo

siguiente3:

(i) Se desempeñó como juez de la República del 17 de octubre de 2006 al 23 de julio de 2018 en distintos despachos en las categorías de municipal y de circuito . Por tanto, se regía por el régimen de acogidos.

(ii) Durante el tiempo en que laboró como juez estuvieron vigentes los decretos 389 de 2006, 618 de 2007, 658 de 2008 , 723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011,

874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014, 1257 de 2015 y 245 de 2016 , los cuales contrariaron el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y guardan identidad con los decretos salariales anulados por el Consejo de Estado en cuanto a la expresión que establecía el carácter no salarial de la prima especial.

(iii) Igualmente, en el ejercicio del cargo se le pagó el 30% del sueldo básico a título de prima especial lo que implica que se le dejó de cancelar el 30% que legalmente le correspondía a partir de una interpretación indebida de la Ley 4ª de 1992. Además de esto, se le cancelaron sus prestaciones sociales sobre el 70% de su sueldo básico, ya que los decretos expedidos por el Gobierno nacional, entre 2006 y 2018, disponían que la prima especial no tenía carácter salarial. Así, estas prestaciones se debieron liquidar con el 100% del sueldo básico más del 30% de prima especial.

(iv) El 11 de abril de 2018 radicó reclamación administrativa ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en la que solicitó el reconocimiento y pago del 30% del sueldo básico mensual, así como la reliquidación y pago de las prestaciones sociales y aportes a seguridad social liquidados sobre el 70% del salario básico.

(v) Transcurrieron más de 3 meses desde la presentación de la reclamación sin que la entidad demandada diera respuesta, de manera que se configuró el silencio administrativo negativo en aplicación del artículo 83 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

administrativo negativo en aplicación del artículo 83 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. El actor citó como normas violadas las siguientes:

• Constitución Política, artículos 1, 2, 6, 23, 25, 53 y 121 • Ley 4ª de 1992, artículos 1, 2, 10 y 14 • Decreto 3135 de 1968 • Decreto 1848 de 1969 • CPACA, artículo 102 • Sentencia de «unificación» proferida por el Consejo de Estado el 4 de agosto de 2010 y otros precedentes que han considerado a la prima especial como factor salarial.

4. En el concepto de violación, el demandante indicó que el acto administrativo

3 C. Principal, folios 3 a 7.Radicación: 19001-23-33-000-2019-00047-02 (6930-2024) Demandante: Juan Carlos Pérez Redondo Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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4 infringió las normas superiores por cuanto contrarió lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, la interpretación que el Consejo de Estado le ha dado a esta normativa y los principios constitucionales establecidos en el artículo 53 de la Carta Política.

5. Adicionalmente, expresó que se debía inaplicar el artículo 6 de los decretos 389

y los principios constitucionales establecidos en el artículo 53 de la Carta Política.

5. Adicionalmente, expresó que se debía inaplicar el artículo 6 de los decretos 389 de 2006, 618 de 2007, 658 de 2008 y el artículo 8 de los decretos 723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014 , ya que estos prevén que el 30% del salario básico es la prima especial contrario a ser una adición a la remuneración mensual , motivo por el cual desconocen la Ley 4ª de 1992 y el artículo 53 de la Constitución Política . De esta manera la prima tiene carácter salarial por ser un sobresueldo que percibe habitualmente el trabajador y debe incluirse en la base para liquidar las prestaciones sociales.

6. También debe inaplicarse el artículo 2 de los decretos 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y 337 de 2018 en cuanto establecen un reajuste de los beneficios salariales y prestacionales, debido a que mantuvieron el carácter no salarial de la prima especial. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 148 del CPACA que regula el control por la vía de la excepción.

2.2. Contestación de la demanda

7. La Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda ya que ha actuado según las normas vigentes y pidió que se tuvieran por probadas las excepciones que planteó. Aceptó únicamente los hechos relativos a los cargos desempeñados por el actor , debidamente

opuso a las pretensiones de la demanda ya que ha actuado según las normas vigentes y pidió que se tuvieran por probadas las excepciones que planteó. Aceptó únicamente los hechos relativos a los cargos desempeñados por el actor , debidamente documentados, y afirmó que este pertenecía al régimen de acogidos.

8. Precisó que la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 no tiene carácter salarial y que la sentencia del 2 de septiembre de 2019 dispuso que los jueces tenían derecho a la reliquidación de sus prestaciones sociales y laborales con el 100% del salario básico mensual, así como al reconocimiento del 30% adicional al 100% del salario básico por concepto de prima especial sin carácter salarial.

9. Adicionalmente, advirtió que, respecto de los jueces en servicio activo, como el demandante, existía una imposibilidad presupuestal para reconocer esas acreencias laborales ya que esto contrariaba el artículo 71 del Decreto 111 de 1996 que compiló el artículo 86 de la Ley 38 de 1989 y el artículo 2.8.3.2.1 del Decreto 1068 de 2015.

10. Planteó, como excepciones , la imposibilidad material y presupuestal para reconocer las pretensiones del demandante, la integración del litis consorcio necesario con la Nación, Presidencia de la República, Ministerio de Hacienda y Departamento Administrativo de la Función Públic a4, la prescripción porque el actor presentó reclamación administrativa el 11 de abril de 2018, lo que significa que los valores por los cuales reclamó desde esa fecha, hacia atrás están prescritos, y la genérica5.

reclamación administrativa el 11 de abril de 2018, lo que significa que los valores por los cuales reclamó desde esa fecha, hacia atrás están prescritos, y la genérica5.

4 El Tribunal Administrativo del Cauca negó esta excepción en auto del 22 de agosto de 2022, al considerar que no se reunían los requisitos previstos en el artículo 61 del Código General del Proceso (CGP). C. Principal, folios 116 a 118. 5 C. Principal, folios 88 a 110.Radicación: 19001-23-33-000-2019-00047-02 (6930-2024) Demandante: Juan Carlos Pérez Redondo Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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2.3. Sentencia anticipada de primera instancia

11. La Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia anticipada6 dictada el 23 de octubre de 2024 resolvió:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto ficto o presunto producto del silencio administrativo mediante el cual, la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, le negó al señor JUAN CARLOS PEREZ REDONDO, identificado con CC 76.317.929 de Popayán Cauca, el reconocimiento y pago del reajuste salarial, así como la reliquidación de sus prestaciones sociales y prima especial de servicios, respecto a la petición presentada el día de 11 de abril de 2018.

SEGUNDO: INAPLICAR POR INCONSTITUCIONALES el artículo 8 del Decreto 1039

la reliquidación de sus prestaciones sociales y prima especial de servicios, respecto a la petición presentada el día de 11 de abril de 2018.

SEGUNDO: INAPLICAR POR INCONSTITUCIONALES el artículo 8 del Decreto 1039 de 2011, artículo 8 del Decreto 874 de 2012, artículo 8 del Decreto 1024 de 2013, artículo 8 del Decreto 194 de 2014 y demás normas que establezcan como prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario b ásico mensual devengado por los funcionarios a los que alude el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

TERCERO: DECLARAR NO PROBADA las excepciones denominadas “Imposibilidad material y presupuestal de reconocer las pretensiones de los demandantes” y “prescripción trienal” , propuestas por la entidad demandada, por las razones expuestas.

CUARTO: CONDENAR a la NACIÓN-RAMA JUDICIAL-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, DESAJ, a reconocer a título de restablecimiento del derecho y pagar al demandante JUAN CARLOS PEREZ REDONDO, identificado con CC.76.317.929, la prima especial de servicios consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, liquidándola como un incremento del 30% respecto del 100% del salario básico, a partir de 11 de abril de 2015 y hasta que tenga efectivamente el derecho, sin que supere el tope fijado anualmente por el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta que constituye factor de salario solo para efectos de las cotizaciones al sistema de seguridad social.

La parte demandada también deberá reliquidar y pagar las prestaciones sociales y

que supere el tope fijado anualmente por el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta que constituye factor de salario solo para efectos de las cotizaciones al sistema de seguridad social.

La parte demandada también deberá reliquidar y pagar las prestaciones sociales y salariales (prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, cesantías, prima de vacaciones, bonificación por servicios prestados) de la parte demandante, a partir del 11 de abril de 2015 y hasta que tenga efectivamente el derecho, teniendo en cuenta para tal efecto una base de liquidación del 100% de la remuneración básica mensual, incluyendo el 30% descontado erróneamente a título de prima especial.

La parte demandada deberá asumir el pago de lo ordenado en esta sentencia siempre y cuando la liquidación arroje valores en favor de la demandante, sin pasar por alto que a partir de la expedición del Decreto 272 de 2021, se estableció de manera expresa que la prima especial de servicios debe ser pagada mensualmente como una suma adicional a la asignación básica.

QUINTO: ORDENAR a la entidad demandada el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 192 a 195 de la Ley 1437 de 2011, aplicando la siguiente fórmula de actualización: […]

6 El conjuez del Tribunal Administrativo del Cauca profirió auto el 29 de marzo de 2023 en el que dispuso que dictaría sentencia anticipada en aplicación del artículo 182ª del CPACA.Radicación: 19001-23-33-000-2019-00047-02 (6930-2024) Demandante: Juan Carlos Pérez Redondo Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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6 La entidad demandada debe realizar los aportes al sistema de seguridad social con base en el 100% del salario básico por el tiempo reconocido en la presente providencia, además queda facultada para realizar los respectivos descuentos de ley.

SEXTO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada […]7.

12. El Tribunal indicó que el presidente de la República precisó la incidencia de la prima especial en el ingreso base de cotización al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud mediante el Decreto 272 de 2021. En particular, tuvo en cuenta lo dispuesto en la Ley 332 de 1996 y en el artículo 204 de la Ley 100 de 1993.

13. Adicionalmente, tuvo por demostrado que el señor Juan Carlos Pérez Redondo laboró en la Rama Judicial, en calidad de juez, desde el 17 de octubre de 2006 hasta el 23 de julio de 2018. En este ejercicio, se le desagregó de su remuneración mensual el 30% para denominarla prima especial, cuando esta debió haberse adicionado y esto incidió en la liquidación de sus prestaciones sociales, como el caso de la bonificación de servicios prestados, que se le pagó al actor con el 70% de su remuneración.

14. En este contexto, el Tribunal aplicó la excepción de inconstitucionalidad que reclamó el demandante en los términos del artículo 4 de la Constitución Política, con

14. En este contexto, el Tribunal aplicó la excepción de inconstitucionalidad que reclamó el demandante en los términos del artículo 4 de la Constitución Política, con respecto a los decretos salariales expedidos por el Gobierno nacional a partir de 2011.

Este fue el caso del artículo 8 de los decretos 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014 y siguientes que reprodujeron el contenido de los decretos anulados a través de la sentencia proferida por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 29 de abril de 2014, con la precisión de que esta orden la dictaba dado que los derechos laborales causados por el actor antes del 11 de abril de 2015 estaban prescritos.

15. Igualmente expresó que la vigencia del Decreto 194 de 2014 se extendió hasta que se profirió el Decreto 272 de 2021, de modo que el Decreto 1257 de 2015 no reprodujo la disposición anulada ni los decretos salariales posteriores han modificado el régimen salarial y prestacional de la Rama Judicial, así como tampoco lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 194 de 2014.

16. Aplicó el precedente contenido en la sentencia SUJ -016-CE-S2-2019 del 2 de septiembre de 2019 para sustentar que accedería a las pretensiones de la demanda, por cuanto el 30% que recibió el demandante a título de prima especial hacía parte del salario básico.

17. Dispuso que anularía el acto ficto fruto del silencio negativo porque se vulneraron los principios constitucionales contenidos en el artículo 53 de la

salario básico.

17. Dispuso que anularía el acto ficto fruto del silencio negativo porque se vulneraron los principios constitucionales contenidos en el artículo 53 de la Constitución Política y, además, se contrariaron los criterios dispuestos en la Ley 4ª de 1992 que impiden desmejorar los salarios y prestaciones sociales.

18. Descreditó que prosperaran las excepciones de imposibilidad material y presupuestal de reconocer las pretensiones de los demandantes y prescripción trienal, ya que respecto de la primera la sentencia judicial es un título constitutivo de gasto que exige realizar las apropiaciones presupuestales requeridas , y, con relación a la segunda, únicamente están prescritas las sumas reclamadas antes del 11 de abril de

7 C. Principal, folios 205 a 206. Transcrito textualmente con errores.Radicación: 19001-23-33-000-2019-00047-02 (6930-2024) Demandante: Juan Carlos Pérez Redondo Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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7 2015 porque el demandante presentó reclamación administrativa el 11 de abril de 2018.

19. Finalmente, le ordenó a la entidad demandada descontar del retroactivo el porcentaje que por ley le correspondía asumir al demandante por concepto de aportes en seguridad social y se abstuvo de imponer en condena en costas por no existir prueba que las justifique8.

2.4. Recursos de apelación

2.4.1. Parte demandante

en seguridad social y se abstuvo de imponer en condena en costas por no existir prueba que las justifique8.

2.4. Recursos de apelación

2.4.1. Parte demandante

20. Pidió revocar la sentencia con el fin de que no se declare la prescripción extintiva respecto de las sumas reconocidas y se inapliquen determinados artículos, de manera que se acceda a todas las pretensiones de la demanda. Sustentó los siguientes

motivos de inconformidad:

21. El Tribunal debió inaplicar el artículo 2 de los decretos 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y 337 de 2018 así como el artículo 6 de los decretos (sic) 658 de 2008, 723 de 2009 y 1388 de 2010, porque esto lo solicitó en la demanda. En cambio, indicó que los decretos proferidos entre 2015 y 2020 no reprodujeron la disposición declarada nula por el Consejo de Estado, mientras que «sobre los decretos de los años 2008 a 2010 no adujo ninguna razón por la cual no se declaraban en el fallo».

22. A pesar de que los decretos expedidos a partir de 2015 solo actualizaron los valores contenidos en el artículo 8 del Decreto 194 de 2014 , sin modificar o derogar esta disposición, sí incidieron en el pago de la prima especial que se canceló a partir de una indebida interpretación del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, lo que hace procedente su inaplicación.

23. En igual sentido, debe inaplicarse el artículo 6 de los decretos (sic) 658 de 2008,

de una indebida interpretación del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, lo que hace procedente su inaplicación.

23. En igual sentido, debe inaplicarse el artículo 6 de los decretos (sic) 658 de 2008, 723 de 2009 y 1388 de 2010, al reproducir por completo el contenido de los decretos 389 de 2006 y 618 de 2007, que el Consejo de Estado anuló en la sentencia del 29 de abril de 2014. Por tanto, debe aplicarse al artículo 237 del CPACA que impide la reproducción de este acto administrativo.

24. Ahora bien, no era procedente aplicar prescripción en el presente caso razón por la cual la sentencia debía apartarse de lo dispuesto en el fallo del 2 de septiembre de 2019, porque el derecho se hizo exigible a partir de las decisiones que se han proferido.

Así, la jurisprudencia ha avalado la aplicación de la prescripción desde que se expide la providencia que hace la declaración.

25. En consecuencia, en el presente asunto solo podía contabilizarse la prescripción a partir de la sentencia del 2 de septiembre de 2019, que se convalidó con la decisión apelada en la cual se inaplicaron los actos generales, por la aplicación del principio de confianza legítima. Puntualmente, consideró que lo que había recibido durante el tiempo en que se desempeñó como juez era lo correcto y los fallos judiciales anteriores a la decisión del 2019 establecían que la prescripción solo se computaba desde la

8 C. Principal, folios 193 a 206.Radicación: 19001-23-33-000-2019-00047-02 (6930-2024)

Demandante: Juan Carlos Pérez Redondo

8 C. Principal, folios 193 a 206.Radicación: 19001-23-33-000-2019-00047-02 (6930-2024) Demandante: Juan Carlos Pérez Redondo Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8 expedición de la sentencia que anuló los actos generales. Esta postura fue reiterada por el Consejo de Estado en varias decisiones judiciales.

26. Adicionalmente, indicó que el fallo proferido en 2019 defraudó las expectativas que tenían los administrados y que sus efectos debieron modularse para garantizar su aplicación prospectiva. De este modo, resulta válido que los jueces se aparten de esta decisión con el fin de inaplicar la pauta de interpretación en materia de prescripción, con el fin de que esta se cuente, ya sea desde la inaplicación de los decretos que regularon la prima especial, o a partir de la sentencia del 2019.

27. También afirmó que debía primar el principio de que nadie podía beneficiarse de su propia culpa, ya que aplicar la prescripción, como lo hizo el Tribunal, sería avalar la actuación de la demandada quien contrarió la Ley 4ª de 1992. En igual sentido, refirió que debían aplicarse los principios de progresividad y no regresividad en punto a la excepción de prescripción trienal para declarar que esta no es procedente o, en su defecto, contarla a partir de la inaplicación de los actos generales que debe definirse mediante la sentencia favorable que resuelva el caso concreto.

excepción de prescripción trienal para declarar que esta no es procedente o, en su defecto, contarla a partir de la inaplicación de los actos generales que debe definirse mediante la sentencia favorable que resuelva el caso concreto.

28. Por último, el demandante alegó que había lugar a condenar en costas y agencias en derecho a la entidad demandada ya que las pretensiones prosperaron parcialmente y el asunto es de pleno derecho. Al respecto, precisó que el Tribunal debió analizar el costo generado por el ejercicio del derecho de postulación y se refirió al precedente de esta autoridad quien, en otros casos similares, ha condenado en costas9.

2.4.2. Parte demandada

29. La Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó modificar o revocar la sentencia apelada por los siguientes motivos:

30. De acuerdo con la sentencia del 2 de septiembre de 2019 los jueces tienen derecho al pago de: i) las diferencias causadas por la reliquidación de las prestaciones sociales con el 100% del salario básico mensual; y ii) el 30% adicional calculado sobre el 100% del salario básico correspondiente a la prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 sin carácter salarial.

31. Además, como consecuencia de la expedición del Decreto 272 de 2021 ha pagado la prima especial del 30% como adición a la asignación básica. No obstante, no era posible presentar fórmula para conciliar las diferencias surgidas antes de esta fecha respecto de los jueces de la República en servicio activo ante la ausencia de apropiación presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público , de

no era posible presentar fórmula para conciliar las diferencias surgidas antes de esta fecha respecto de los jueces de la República en servicio activo ante la ausencia de apropiación presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público , de modo que se desconocería la prohibición del artículo 71 del Decreto 111 de 1996 que compiló el artículo 86 de la Ley 38 de 1989 y el artículo 2.8.3.2.1 del Decreto 1068 de 2015.

32. Adicionalmente, el Gobierno nacional expide anualmente los decretos que fijan las escalas salariales que regirán durante su vigencia, razón por la cual este es quien direcciona a la entidad respecto al reconocimiento de salarios, primas y bonificaciones bajo el amparo del principio de legalidad.

9 C. Principal, folios 210 a 219.Radicación: 19001-23-33-000-2019-00047-02 (6930-2024) Demandante: Juan Carlos Pérez Redondo Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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33. En cuanto a la prescripción, la sentencia del 2 de septiembre de 2019 cambió la línea jurisprudencial y fijó una tesis para su aplicación. Así, para cada caso se debe establecer el momento en que el derecho se hizo exigible e iniciar el cómputo de los 3 años previstos para acudir a la jurisdicción. También debe definirse cuándo se presentó la reclamación administrativa que interrumpe el término de prescripción. En

años previstos para acudir a la jurisdicción. También debe definirse cuándo se presentó la reclamación administrativa que interrumpe el término de prescripción. En consecuencia, el Tribunal aplicó lo dispuesto en la sentencia del 2 de septiembre de 201910.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

34. Mediante auto del 7 de abril de 202511 la magistrada ponente admitió los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia en aplicación de lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de

2021. Dispuso que no había lugar a correr traslado para alegar por lo que el expediente ingresarí