CE - Sentencia 19001233300020190008201 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos Número único de radicación: 19001-23-33-000-2019-00082-01

Actores: Teresa Alejandra Das Neves Barón, Carlos Guillermo Chamorro, Carlos Mario Escobar Angulo, Keilly Andrea Fuertes Bucheli y Fabián Yesid Quijano Díaz Demandados: Corporación Autónoma Regional d el Cauca – CRC y Municipio de

Popayán

Coadyuvante: Defensoría del Pueblo Regional Cauca1

Asunto: Resuelve un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida en un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por el MUNICIPIO DE POPAYÁN2 contra la sentencia proferida el 27 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo del Cauca3.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Los señores Teresa Alejandra Das Neves Barón, Carlos Guillermo Chamorro, Carlos Mario Escobar Angulo, Keilly Andrea Fuertes Bucheli y Fabián Yesid Quijano Díaz presentaron demanda, en ejercicio del respectivo

La demanda

1. Los señores Teresa Alejandra Das Neves Barón, Carlos Guillermo Chamorro, Carlos Mario Escobar Angulo, Keilly Andrea Fuertes Bucheli y Fabián Yesid Quijano Díaz presentaron demanda, en ejercicio del respectivo medio de control, contra la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC4 y el MUNICIPIO con el objeto de que se protejan los derechos e

1 Mediante auto de 31 de agosto de 2018 proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo de Popayán se admitió la coadyuvancia de la Defensoría del Pueblo Regional Cauca. Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…] 12ED_1CUADERNOPRINCIPAL1(.pdf) NroActua 2 […]”. 2 En adelante el MUNICIPIO. 3 En adelante el TRIBUNAL. 4 En adelante la CRC.2

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intereses colectivos previstos en los literales a, c, d y l del artículo 45 de la Ley 472 de 5 de agosto de 19986.

Pretensiones

2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones7:

“[…] “4.1 DECLÁRESE la vulneración por parte del MUNICIPIO DE POPAYÁN y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA de los derechos colectivos a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; al goce del

“[…] “4.1 DECLÁRESE la vulneración por parte del MUNICIPIO DE POPAYÁN y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA de los derechos colectivos a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; al goce del espacio público y la utilización y defensa de los biene s de uso público, y al goce de un ambiente sano. 4.2. A consecuencia de lo anterior ordénese al MUNICIPIO DE POPAYÁN (CAUCA) Y A LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA: 4.2.1. Ordénese la realización de un muro de contención a los costados de la vía de ingreso al barrio portal de la colina, para evitar el continuo derrumbe de ésta y accidentes ocasionados por los derrumbes. 4.2.2. Ordénese la restauración y pavimentación de la vía de ingreso al barrio Portón (sic) de la Colina, para evitar la erosión y así mismo la contaminación de la quebrada por sedimentación. 4.2.3. Ordénese la señalización y demarcación de la vía de ingreso al barrio portal de la colina, de acuerdo a los parámetros de seguridad y prevención vial, exponiendo e identificando claramente el punto de la vía en peligro de derrumbe. 4.2.4 Ordénese la identificación de las causas de erosión hídrica y la consecuente creación o adecuación de desagües para eliminar todo riesgo por esta causa u otra que se llegara a detectar. 4.2.5. Ordénese el mantenimiento periódico de la vía de ingreso al barrio portal de la colina, para prevenir perjuicios futuros […]”.

Presupuestos fácticos

que se llegara a detectar. 4.2.5. Ordénese el mantenimiento periódico de la vía de ingreso al barrio portal de la colina, para prevenir perjuicios futuros […]”.

Presupuestos fácticos

3. La parte actora manifestó que la vía de acceso al barrio Portal de la Colina en el Municipio de Popayán se encuentra sin pavimentar, sin señalización, en grave deterioro y genera riesgo para los transeúntes que se movilizan a pie y en vehículos automotores por ese sector, debido a los constantes deslizamientos por uno de los

5 “[…] ARTÍCULO 4º.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con: a) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; […] c) La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente; d) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; […] l) El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente […]”. 6 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.

[…] l) El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente […]”. 6 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”. 7 Cfr. Índice 1 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI . Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…] 2_002DEMANDA(.pdf) NroActua 1 […]”.3

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costados de la vía que limita con la quebrada La Chirria , lo que adicionalmente, genera contaminación del recurso hídrico y tiene la potencialidad de producir inundaciones en los barrios contiguos.

Contestaciones de la demanda

4. La CRC8 contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Señaló que no ha amenazado ni vulnerado ninguno de los derechos e intereses colectivos invocados en la demanda.

5. Indicó que lo pretendido con la demanda es que se construya la vía de acceso al barrio Portal de la Colina, así como el mantenimiento y construcción de un muro de contención, obras que, a juicio de la entidad, son competencia del MUNICIPIO, de conformidad con lo previsto en el artículo 76 de la Ley 715 de 2001.

6. Adujo que los alcaldes son responsables directos de la implementación de la

de contención, obras que, a juicio de la entidad, son competencia del MUNICIPIO, de conformidad con lo previsto en el artículo 76 de la Ley 715 de 2001.

6. Adujo que los alcaldes son responsables directos de la implementación de la gestión del riesgo en su jurisdicción, según lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1523 de 2012 y, en consecuencia, la función de la autoridad ambiental se limita a apoyar la realización de estudios necesarios para la reducción del riesgo.

7. Afirmó que la entidad ha participado en jornadas de limpieza a la quebrada La Chirria; sin embargo, advirtió que en visita realizada a la quebrada y al humedal Pomona, se pudieron identificar afectaciones ambientales, por lo que la CRC ha adelantado acciones para identificar y vincular a los presuntos responsables a procesos sancionatorios, asimismo ha ejecutado actividades para la recuperación del humedal.

8. Finalmente, formuló las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva e inexistencia de la afectación.

9. El MUNICIPIO contestó la demanda en el sentido de oponerse a las pretensiones. Asimismo, señaló que no ha vulnerado ni amenazado los derechos colectivos invocados9.

10. Manifestó que en respuesta al derecho de petición presentado por la parte actora, el MUNICIPIO informó que en el lapso de cinco años ha realizado tres jornadas de limpieza en la quebrada La Chirria.

8 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]

12ED_1CUADERNOPRINCIPAL1(.pdf) NroActua 2 […]”.

8 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…] 12ED_1CUADERNOPRINCIPAL1(.pdf) NroActua 2 […]”. 9 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]

12ED_1CUADERNOPRINCIPAL1(.pdf) NroActua 2 […]”.4

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11. Aseguró que de acuerdo con lo reportado por la Secretaría de Infraestructura del MUNICIPIO la vía no hace parte de su inventario, por lo que no pueden asignarse partidas presupuestales para su intervención mediante la construcción de obras civiles, concretamente, la construcción de un muro de contención, la restauración, pavimentación, señalización y demarcación de la vía.

12. Adicionalmente, afirmó que la parte actora no cumplió con la carga de la prueba que le correspondía para demostrar la responsabilidad del MUNICIPIO o la existencia de un peligro para la comunidad.

13. Finalmente, formuló la excepción de inexistencia de afectación de los derechos colectivos.

Otras actuaciones

14. El JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DE POPAYÁN mediante auto de 4 de mayo de 2018 10 admitió la demanda dentro del proceso de la referencia.

Asimismo, celebró la audiencia especial de pacto de cumplimiento el día 11 de julio

de 4 de mayo de 2018 10 admitió la demanda dentro del proceso de la referencia. Asimismo, celebró la audiencia especial de pacto de cumplimiento el día 11 de julio de 20 1811, la cual f racasó porque las partes no llegaron a ninguna fórmula de acuerdo.

15. El JUZGADO profirió auto de 31 de agosto de 2018 12 en el que admitió la coadyuvancia de la Defensoría del Pueblo y, mediante auto de 12 de diciembre de 201813, advirtió un impedimento para continuar conociendo del proceso, por lo que remitió el expediente al juzgado que seguía en turno.

16. El JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DE POPAYÁN profirió auto de 12 de febrero de 2019 14, mediante el cual declaró la falta de competencia para conocer del proceso y ordenó la remisión del expediente al TRIBUNAL.

17. El TRIBUNAL mediante auto de 5 de diciembre de 2023 15 avocó conocimiento del asunto , señaló que lo actuado ante el JUZGADO conservaría validez, y dispuso el recaudo de las pruebas válidamente decretadas.

10 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…] 12ED_1CUADERNOPRINCIPAL1(.pdf) NroActua 2 […]”. 11 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…] 12ED_1CUADERNOPRINCIPAL1(.pdf) NroActua 2 […]”. 12 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]

12ED_1CUADERNOPRINCIPAL1(.pdf) NroActua 2 […]”. 12 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…] 17ED_02CUADERNOPRINCIPAL2(.pdf) NroActua 2 […]”. 13 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…] 17ED_02CUADERNOPRINCIPAL2(.pdf) NroActua 2 […]”. 14 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…] 17ED_02CUADERNOPRINCIPAL2(.pdf) NroActua 2 […]”. 15 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]

17ED_02CUADERNOPRINCIPAL2(.pdf) NroActua 2 […]”.5

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18. El TRIBUNAL profirió auto de 11 de julio de 202416 en el que corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.

19. La CRC17 y el MUNICIPIO18 presentaron escritos en los que reiteraron los argumentos expuestos en las contestaciones de la demanda.

20. El MINISTERIO PÚBLICO emitió concepto en el que solicitó que se accediera a las pretensiones de la demanda, lo cual fundamentó en que de acuerdo con lo probado en el proceso, la vía objeto de la controversia sirve de acceso a un

20. El MINISTERIO PÚBLICO emitió concepto en el que solicitó que se accediera a las pretensiones de la demanda, lo cual fundamentó en que de acuerdo con lo probado en el proceso, la vía objeto de la controversia sirve de acceso a un barrio en el que se asienta una comunidad y, por lo tanto, constituye un bien de uso público.

21. Asimismo, solicitó que se ordenara al MUNICIPIO realizar las gestiones necesarias para el registro de la Escritura Pública 2130 de 20 de noviembre de 2007, mediante la cual, entre otras cosas, se cedió a la entidad territorial el terreno en el que se encuentra la vía de acceso al barrio Portal de la Colina.

Sentencia de primera instancia

22. El TRIBUNAL profirió sentencia el día 27 de febrero de 20 25, en la que

resolvió lo siguiente19:

“[…] PRIMERO.- Amparar los derechos colectivos al goce al espacio público, realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando los marcos legales, de manera ordenada y dando prevalencia a la calidad de vida de los habitantes y la s eguridad y salubridad públicas, a la seguridad y prevención de desastres previsibles de manera técnica y la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, la conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio

las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente, los cuales están siendo actualmente transgredidos por el MUNICIPIO DE POPAYÁN como por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA, como ha quedado expuesto.

SEGUNDO: ORDENAR al MUNICIPIO DE POPAYÁN, que determine jurídicamente las acciones que adelantará respecto de la cesión que se hiciera en su favor, concediéndole el término de diez (10) días para que realice el estudio y decida el paso a seguir con la misma.

16 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…] 17ED_02CUADERNOPRINCIPAL2(.pdf) NroActua 2 […]”. 17 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…] 17ED_02CUADERNOPRINCIPAL2(.pdf) NroActua 2 […]”. 18 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…] 17ED_02CUADERNOPRINCIPAL2(.pdf) NroActua 2 […]”. 19 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…] 6ED_39_Sentencia1ai_2018(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2 […]”.6

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El ente territorial cerrará definitivamente el paso para vehículos, de la vía de ingreso al barrio Portal de la Colina, concediéndole el término de tres (3) meses para que lo efectúe.

Así mismo, establecerá el mecanismo para garantizar el ingreso seguro de los moradores y visitantes de la urbanización Portal de la Colina, en un lapso que no podrá superar seis (6) meses.

TERCERO.- ORDENAR a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA, adelantar las acciones tendientes a preservar el área de protección de la quebrada La Chirria, ya sea reforestando, cercando, limpiando y demás actividades en pro de su salvaguarda, para evitar que continúen los procesos erosivos que afectan su cauce. Para el cumpl imiento de esta orden, se concederá el término de ocho (8) meses, contado a partir de los seis meses siguientes de la ejecutoria de la sentencia.

CUARTO.- Para vigilar el cumplimiento de las órdenes emanadas de esta Corporación, se conformará un comité de verificación, integrado por un representante del municipio de Popayán, la Procuraduría 40 Judicial II de Popayán, un representante CRC, un represe ntante de la JAC del Barrio Portal de la Colina y el magistrado sustanciador, quien lo presidirá, el cual se reunirá dentro de los tres (3) meses

CRC, un represe ntante de la JAC del Barrio Portal de la Colina y el magistrado sustanciador, quien lo presidirá, el cual se reunirá dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, para la planeación de las actividades y luego dentro de los se is (6) meses siguientes, para el respectivo informe de cumplimiento.

QUINTO.- NOTIFICAR a las partes en los términos de la Ley 1437 de 2011, modificada por la Ley 2080 de 2021.

SEXTO.- REMITIR copia de esta providencia a la Defensoría del Pueblo, para lo de su competencia.

SÉPTIMO.- Contra esta providencia procede el recurso de apelación, en los términos dispuestos en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998.

OCTAVO.- Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente […]”.

23. El TRIBUNAL consideró que de conformidad con lo probado en el proceso la vía de ingreso al barrio el Portal de la Colina se encuentra en mal estado, es angosta y se dificulta el paso de vehículos por la vía, especialmente, porque los taludes se derrumban dada la alta escorrentía que cae a la quebrada La Chirria.

24. El TRIBUNAL destacó que debido a los procesos erosivos que se presentan en la vía de acceso al barrio es necesaria la intervención del MUNICIPIO con el objeto de prevenir el riesgo de desastre que se puede presentar en la zona.

25. Por otro lado, el TRIBUNAL consideró que al estar la vía ubicada en la zona de protección de la quebrada La Chirria, es evidente la vulneración del derecho

objeto de prevenir el riesgo de desastre que se puede presentar en la zona.

25. Por otro lado, el TRIBUNAL consideró que al estar la vía ubicada en la zona de protección de la quebrada La Chirria, es evidente la vulneración del derecho colectivo a la existencia del equilibrio ecológico, toda vez que se está afectando el recurso hídrico, lo que impacta el ecosistema y puede generar consecuencias irreversibles a la fuente hídrica.7

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Recurso de apelación

26. El MUNICIPIO presentó escrito de 13 de marzo de 202520, por medio del cual interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida en primera instancia

con fundamento en los siguientes argumentos:

El MUNICIPIO no ha vulnerado o amenazado los derechos e intereses colectivos protegidos

26.1. Afirmó que no se demostró técnicamente el daño o la amenaza por parte del MUNICIPIO a los derechos colectivos que fueron objeto de amparo constitucional , así como tampoco se precisaron las normas que fueron vulneradas.

26.2. Señaló que contrario a lo manifestado por la parte actora, el MUNICIPIO al contestar un derecho de petición el día 31 de marzo de 2018, informó a la señora Keilly Andrea Fuertes que en el transcurso de cinco años se ha n efectuado tres

contestar un derecho de petición el día 31 de marzo de 2018, informó a la señora Keilly Andrea Fuertes que en el transcurso de cinco años se ha n efectuado tres jornadas de limpieza a la quebrada, por lo que se evidencia que el MUNICIPIO si ha intervenido la quebrada La Chirria.

Imposibilidad de cumplir la orden impartida por el TRIBUNAL

26.3. Sostuvo que de acuerdo con lo señalado en el oficio de 4 de abril de 2018 suscrito por el secretario de infraestructura municipal, la vía de acceso al barrio Portal de la Colina no está dentro del inventario vial del MUNICIPIO, razón por la cual es imposible realizar obras civiles relacionadas con la construcción de un muro de contención en la zona, la restauración y pavimentación, y la señalización y demarcación de la vía.

26.4. Advirtió que de conformidad con l o manifestado por la Ingeniera Vilma Duymovic García en la audiencia de 11 de julio de 2024, quien intervino en calidad de perito dentro del proceso, se puede concluir que la vía a la que se refiere la parte actora no hace parte del inventario vial del MUNICIPIO, por lo que no es posible que el ente territorial adelante trámites de cesión de un predio que no le pertenece, así como tampoco le corresponde realizar el cierre de la vía.

20 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]

16ED_03CUADERNOPRINCIPAL3(.pdf) NroActua 2 […]”.8

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16ED_03CUADERNOPRINCIPAL3(.pdf) NroActua 2 […]”.8

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La acción popular no es el mecanismo idóneo para ordenar un trámite de cesión ni el cierre de una vía

26.5. Afirmó que la acción popular no es el mecanismo idóneo para ordenar un trámite de cesión de un bien al MUNICIPIO y tampoco para ordenar el cierre de una vía.

No se probó el riesgo en que supuestamente se encuentra la comunidad

26.6. Sostuvo que no se allegaron pruebas al proceso que permitieran concluir que la comunidad del sector se encuentra en riesgo, por lo que señaló que la parte actora no cumplió la carga probatoria que le correspondía.

26.7. Manifestó que la parte actora se limitó a aportar al expediente unas fotografías que, a juicio del apoderado del MUNICIPIO, no son suficientes para demostrar que se esté ocasionando detrimento para la salud . Asimismo, no se demostró que se esté impidiendo el goce de los derechos e intereses colectivos señalados como vulnerados.

Concesión del recurso de apelación

27. El magistrado sustanciador del TRIBUNAL profirió auto de 8 de mayo de 202521, mediante el cual concedió el recurso de apelación presentado por el MUNICIPIO contra la sentencia proferida en primera instancia.

Actuaciones en segunda instancia

202521, mediante el cual concedió el recurso de apelación presentado por el MUNICIPIO contra la sentencia proferida en primera instancia.

Actuaciones en segunda instancia

28. El Despacho sustanciador profirió auto de 26 de junio de 202522 mediante el cual admitió el recurso de apelación interpuesto por el MUNICIPIO contra la sentencia proferida en primera instancia . Asimismo, se advirtió al procurador delegado en lo Contencioso Administrativo ante el Consejo de Estado que podía emitir concepto y a las partes procesales que podían solicitar el decreto de pruebas y pronunciarse en relación con el recurso de apelación i nterpuesto hasta la ejecutoria del auto admisorio.

29. Las partes guardaron silencio en esta etapa procesal.

21 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…] 16ED_03CUADERNOPRINCIPAL3(.pdf) NroActua 2 […]”. 22 Cfr. índice 4 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. A rchivo denominado: “[…] 18Autoqueadmite_APa20198201TeresaAle(.pdf) NroActua 4 […]”.9

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30. El PROCURADOR QUINTO DELEGADO ANTE EL CONSEJO DE ESTADO23 presentó concepto en el que solicitó confirmar la sentencia proferida en primera instancia, con fundamento en que se demostró en el proceso la existencia

30. El PROCURADOR QUINTO DELEGADO ANTE EL CONSEJO DE ESTADO23 presentó concepto en el que solicitó confirmar la sentencia proferida en primera instancia, con fundamento en que se demostró en el proceso la existencia de un riesgo para las personas que transitan por la vía de acceso al barrio el Portal de la Colina, lo que hace necesaria la protección constitucional de los derechos colectivos invocados en la demanda.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

31. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes : i) la competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos ; iv) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial de los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano y a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales; v) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; vi) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a la seguridad y salubridad públicas ; vii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho e interés colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; viii) el m arco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; y ix) el análisis del caso concreto.

colectivo a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

32. De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de las acciones populares en segunda instancia; en el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 24, sobre la distribución de asuntos entre las secciones del Consejo de Estado; y en el 150 25 de la Ley 1437, sobre competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia, se precisa que esta Sección es competente para conocer, en segunda instancia, de los recursos de apelación que se presenten contra las sentencias proferidas, en primera instanc ia, por los Tribunales Administrativos en el trámite de las acciones populares.

23 Cfr. índice 13 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…] Memorial_JCU_26Concepto(.pdf) NroActua 13 […]”. 24 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. Modificado por el artículo 1.º del Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024 “por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”. 25 Artículo modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 y por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021.10

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25 Artículo modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 y por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021.10

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33. Asimismo, de conformidad con los artículos 320 26 y 32827 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201228, norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472, el juez se limitará a conocer de los puntos o cuestiones a los cuales se contrae el recurso interpuesto por el MUNICIPIO.

34. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a proferir la sentencia correspondiente.

Problemas jurídicos

35. La Sala deberá determinar, con fundamento en el recurso de apelación:

35.1. Si está demostrada la amenaza y vulneración de los derechos colectivos que fueron protegidos por el TRIBUNAL con ocasión del estado de la vía de acceso al barrio Portal de la Colina en el Municipio de Popayán.

35.2. Si el MUNICIPIO es responsable de la amenaza de los derechos colectivos protegidos en la sentencia proferida en primera instancia y, en consecuencia, si es competente el ente territorial para cumplir las órdenes que le fueron impartidas.

35.3. Si es cierto que las órdenes impartidas al MUNICIPIO en la sentencia de

competente el ente territorial para cumplir las órdenes que le fueron impartidas.

35.3. Si es cierto que las órdenes impartidas al MUNICIPIO en la sentencia de primera instancia son de imposible cumplimiento o, por el contrario, son proporcionales y se ajustan al ordenamiento jurídico.

36. Y, e n ese sentido, establecer si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia de 27 de febrero de 2025 proferida por el TRIBUNAL.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos

37. De conformidad con e l artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la

26 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo […]”. 27 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el su