CE - Sentencia 19001233300020190028501 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 19001-23-33-000-2019-00285-01 (1114-2025) Demandante: Gustavo Adolfo Salazar Cabrera Demandada: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional ─CASUR─

Tema: Falta de competencia para expedir los actos administrativos demandados. Reintegro de los valores percibidos por concepto de asignación de retiro. MODIFICA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes, contra la sentencia proferida el trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo del Cauca, por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor Gustavo Adolfo Salazar Cabrera instauró demanda contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional ─CASUR─ , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el

Sueldos de Retiro de la Policía Nacional ─CASUR─ , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare:

1. La nulidad parcial de la Resolución Nro. 2542 del 9 de mayo de 2017, por medio de la cual se revocó, en todas sus partes, las Resoluciones Nro. 003709 del 1° de junio de 2011 y 2288 del 7 de abril de 2014, con las cuales se reconoció y modificó la asignación mensual de retiro, respectivamente; y ordenó el descuento de la suma de ciento ochenta y nueve millones quinientos treinta y nueve mil seiscientos sesenta y siete pesos con ochenta centavos ($189.539.667,80) , por concepto de asignación mensual de retiro pagada en el periodo comprendido entre el 26 de marzo de 2010 y el 31 de enero de 2017, y el descuento de la suma de veintiocho millones ciento veinticinco mil cuatrocientos treinta y ocho pesos ($28.125.438), por concepto de asignación mensual de retiroRadicado: 19001-23-33-000-2019-00285-01 (1114-2025)

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www.consejodeestado.gov.co 2 pagada en el periodo comprendido entre el 26 de junio de 2010 y el 12 de mayo de 2011, en cumplimiento de orden judicial.

www.consejodeestado.gov.co 2 pagada en el periodo comprendido entre el 26 de junio de 2010 y el 12 de mayo de 2011, en cumplimiento de orden judicial.

1. La nulidad de la Resolución Nro. 3594 del 20 de junio de 2017, mediante la cual se resolvió, en forma negativa, el recurso de reposición presentado contra la Resolución Nro. 2542 del 9 de mayo de 2017.

1. La nulidad parcial de la Resolución Nro. 4453 del 24 de julio de 2018, por medio de la cual se reconoció y ordenó el pago de la asignación mensual de retiro a partir del 18 de julio de 2018; y ordenó el descuento de la suma de ciento ochenta y nueve millones quinientos treinta y nueve mil seiscientos sesenta y siete pesos con ochenta centavos ($189.539.667,80), por concepto de asignación mensual de retiro pagada en el periodo comprendido entre el 26 de marzo de 2010 y el 31 de enero de 2017, y el descuento de la suma de veintiocho millones ciento veinticinco mil cuatrocientos treinta y ocho pesos ($28.125.438), por concepto de asignación mensual de retiro pagada en el periodo comprendido entre el 26 de junio de 2010 y el 12 de mayo de 2011, en cumplimiento de orden judicial.

1. La nulidad de la Resolución Nro. 6210 del 18 de octubre de 2018, mediante la cual se resolvió, en forma negativa, el recurso de reposición presentado contra la Resolución Nro. 4453 del 24 de julio de 2018.

mediante la cual se resolvió, en forma negativa, el recurso de reposición presentado contra la Resolución Nro. 4453 del 24 de julio de 2018.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional a devolver la totalidad del dinero, debidamente indexado, que hasta la fecha de la sentencia haya descontado, monto que asciende a la suma de doscientos diecisiete millones seiscientos sesenta y cinco mil ciento cinco pesos ($217.665.105) y que, hasta la presentación de la demanda, equivalía a descuentos por valor de quince millones quinientos sesenta y cinco mil ciento seis pesos ($15.565.106).

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que laboró en la Policía Nacional, en el grado de oficial, hasta el 26 de marzo de 2010, fecha en la cual fue retirado del servicio.

Que el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Popayán, mediante sentencia del 13 de mayo de 2011, resolvió tutelar sus derechos fundamentales y dispuso que la CASUR debía reconocerle, de forma provisional, la asignación mensual de retiro, orden que se acogió mediante Resolución Nro. 003709 del 1° de junio de 2011.

De otro lado, el Tribunal Administrativo de Sucre, mediante sentencia del 24 de octubre de 2013, proferida dentro del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho, condenó a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional a reconocerle una asignación mensual de retiro, conforme con lo consignado en la

octubre de 2013, proferida dentro del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho, condenó a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional a reconocerle una asignación mensual de retiro, conforme con lo consignado en la Resolución Nro. 2542 del 9 de mayo de 2017.Radicado: 19001-23-33-000-2019-00285-01 (1114-2025)

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www.consejodeestado.gov.co 3 La demandada, mediante Resolución Nro. 2288 del 7 de abril de 2014, adicionó la Resolución Nro. 003709 del 1° de junio de 2011, con el fin de dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Administrativo de Sucre.

Que interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo que lo retiró del servicio, la cual fue fallada por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Sincelejo, quien declaró nulo el acto demandado y ordenó su reintegro. Sentencia que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Sucre, mediante fallo del 29 de mayo de 2015.

Que la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia de tutela del 2 de agosto de 2017, dejó sin efectos la sentencia del 29 de mayo de 2015 que profirió el Tribunal Administrativo de Sucre, y dispuso que se emitiera un nuevo fallo en el que se determinara que solo podía cancelarse entre 6 y 24 meses de salarios.

Que el Tribunal Administrativo de Sucre, en cumplimiento de lo dispuesto por el

el Tribunal Administrativo de Sucre, y dispuso que se emitiera un nuevo fallo en el que se determinara que solo podía cancelarse entre 6 y 24 meses de salarios.

Que el Tribunal Administrativo de Sucre, en cumplimiento de lo dispuesto por el Consejo de Estado, profirió una nueva sentencia en la que dispuso que la suma a pagar por indemnización no podía ser inferior a 6 meses ni podía exceder de 24 meses.

Que mediante Resolución Nro. 9228 del 18 de octubre de 2016, se le reintegró al servicio activo de la institución.

Que, a partir de agosto de 2018, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional empezó a descontarle dinero por concepto de asignación mensual de retiro pagada en el periodo comprendido entre el 26 de marzo de 2010 y el 31 de enero de 2017.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Se indicaron como normas violadas los artículos 1, 2, 6, 13, 29, 220 y 243 de la Constitución Política; el artículo 19 de la Ley 4ª de 2002; y los artículos 3, 10 y 138 de la Ley 1437 de 2011.

En el concepto de violación manifestó que los actos demandados están viciados al haberse expedido con falta de competencia.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda se admitió en auto del 31 de octubre de 20191. La entidad se opuso a las pretensiones. Indicó que lo solicitado es contrario a lo preceptuado por el artículo 128 de la Constitución Política, que dispone que no puede recibirse más de una asignación que provenga del tesoro público. Propuso como excepciones las de

las pretensiones. Indicó que lo solicitado es contrario a lo preceptuado por el artículo 128 de la Constitución Política, que dispone que no puede recibirse más de una asignación que provenga del tesoro público. Propuso como excepciones las de inexistencia del derecho y caducidad2.

Mediante auto del 9 de febrero de 2021, se decidió impartir trámite de sentencia anticipada y se decretaron las pruebas 3, se corrió traslado para alegar de conclusión, se dictó sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno por las partes. 1 Véase a folio 188. 2 Véase a folios 208-218. 3 Véase a folios 236-237.Radicado: 19001-23-33-000-2019-00285-01 (1114-2025)

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SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo del Cauca, en sentencia del trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025), accedió parcialmente a las pretensiones. Indicó que los actos administrativos que determinaron que el actor debía devolver una suma de dinero a la CASUR fueron, únicamente, las resoluciones del 9 de mayo y 20 de junio de 2017, por lo que eran esas actuaciones las que contenían la decisión administrativa que definió el aspecto que se pretendía debatir, esto es, si el demandante debía o no devolver lo que le fue pagado por asignación de retiro.

Excluyó del litigió las resoluciones del 24 de julio y del 18 de octubre de 2018 porque

no devolver lo que le fue pagado por asignación de retiro.

Excluyó del litigió las resoluciones del 24 de julio y del 18 de octubre de 2018 porque se limitaron a determinar la forma en que se pagarían los valores, pero no definieron su calidad de deudor ni el monto a devolver . Que el juicio de legalidad debía circunscribirse a las resoluciones del 9 de mayo y 20 de junio de 2017, en las que se decidió que el actor debía reintegrar a esa entidad todos los dineros pagados por concepto de asignación de retiro antes de su reintegro a la institución policial.

Que la orden de descuentos que impartió el Consejo de Estado, estaba ligada al periodo de los emolumentos que iban a reconocerse al actor, porque resultaba desproporcionado e ilógico asumir que a pesar de que al demandante únicamente se le iban a reconocer las sumas que dejó de devengar entre 6 a 24 meses, se dispusiera que el reintegro de valores debía efectuarse por montos más altos a los que se le liquidaran por ese periodo.

Le concedió la razón al actor cuando afirmó que estaban afectados de nulidad las resoluciones del 9 de mayo y el 20 de junio de 2017, porque establecieron la obligación de reintegrar las sumas de $189.539.667,80 y de $28.125.438, sin considerar que, en todo caso, lo cobrado no podía superar lo que se le pagó a título de restablecimiento por su reintegro, pues así lo ordenó el Consejo de Estado a través de su Sección Cuarta y, por ende, cualquier decisión que disp usiera una devolución que fuera más allá, resultaba ilegal.

de restablecimiento por su reintegro, pues así lo ordenó el Consejo de Estado a través de su Sección Cuarta y, por ende, cualquier decisión que disp usiera una devolución que fuera más allá, resultaba ilegal.

Consideró que, aunque la orden de descontar montos al actor con sustento en los valores que devengó por cuenta de la asignación de retiro fue apropiada, en tanto que ello atendió a una orden judicial, no lo fue el hecho de que se dispusiera que los descuentos estaban limitados a lo que se le pagó al actor por su reintegro y, por tanto, se declararía la nulidad de los actos administrativos demandados en ese aspecto.

A título de restablecimiento, ordenó a la demandada que emitiera un nuevo acto administrativo en el que indique que los montos que debe reintegrar el demandante, en ningún caso, podrán superar el valor que se le pagó como restablecimiento del derecho con ocasión de la sentencia que ordenó su reintegro. Que, deberá tener en cuenta aquellos valores que ya se le descontaron de su asignación de retiro y, en la eventualidad de que este tenga saldo a favor, habrá de reintegrársele debidamente actualizado4.

RECURSOS DE APELACIÓN 4 Véase a índice 16 de SAMAI del Tribunal.Radicado: 19001-23-33-000-2019-00285-01 (1114-2025)

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www.consejodeestado.gov.co 5 La parte demandada interpuso recurso de apelación en el que manifestó que los actos administrativos demandados se ajustaron a las normas y reglas

www.consejodeestado.gov.co 5 La parte demandada interpuso recurso de apelación en el que manifestó que los actos administrativos demandados se ajustaron a las normas y reglas constitucionales, por lo que conservan su presunción de legalidad. Que no se vislumbró presupuesto fáctico o jurídico que los desvirtuara, razón por la cual se oponía a la orden de la sentencia.

Que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional no fue parte en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, ya que solo se promovió en contra de la Policía Nacional. Que la decisión del Tribunal Administrativo de Sucre obedeció a un fallo de tutela contra providencia judicial que interpuso la Policía Nacional y, en ninguno de los dos procedimientos, se dispuso orden a su cargo, por lo que su función solo se circunscribió a reconocer y pagar la asignación mensual de retiro al señor Salazar Cabrera.

Dijo que, al recuperar la situación administrativa de servicio activo por restablecerse su derecho, no resultaba posible que también percibiera asignación de retiro, ya que ese lapso fue retribuido con salarios y prestaciones que se reconocieron a través de providencia judicial que ordenó el reintegro al servicio act ivo sin solución de continuidad y por eso, los descuentos ordenados en los actos administrativo s demandados se ajustaron a derecho, en virtud de la prohibición constitucional prevista en el artículo 128 Superior, por lo que tenía competencia para solicitar el reintegro de los valores a su presupuesto5.

La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que indicó que, si bien los actos demandados corresponden al mismo asunto, esto es, reintegro de la

reintegro de los valores a su presupuesto5.

La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que indicó que, si bien los actos demandados corresponden al mismo asunto, esto es, reintegro de la totalidad del dinero que pagó la CASUR por concepto de asignación mensual de retiro, estos contienen diferencias en su forma de recuperarlos, razón por la cual debió declararse la nulidad ─parcial o total─ de las 4 resoluciones.

Que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional no tiene competencia para ordenar descuentos, declarar deudor del tesoro y, menos aún, para descontar de la pensión devengada el 50%, sin existir consentimiento para ello por parte del afectado o un proceso donde este tuviese derecho a defenderse.

Que, aunque compartía la decisión adoptada respecto al restablecimiento del derecho, consideraba que la primera instancia debió indicar que la demandada estaba en la obligación de cancelar, debidamente indexado, la totalidad de dinero que le descontaron, monto que asciende a la suma de doscientos treinta y tres millones doscientos treinta mil doscientos once pesos con ochenta centavos ($233.230.211,80).

Que los descuentos a realizar a un funcionario reintegrado no son otros que los que este haya recibido del tesoro por concepto de salarios y prestaciones sociales por haber desempeñado otros cargos, situación que no era su caso, dado que el descuento realizado por la accionada correspondía a su asignación de retiro, prestación social que no tiene calidad de salario6.

haber desempeñado otros cargos, situación que no era su caso, dado que el descuento realizado por la accionada correspondía a su asignación de retiro, prestación social que no tiene calidad de salario6.

5 Véase a índice 19 de SAMAI del Tribunal. 6 Véase a índice 20 de SAMAI del Tribunal.Radicado: 19001-23-33-000-2019-00285-01 (1114-2025)

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TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 5 de mayo de 2025 se admitieron los recursos de apelación y se dispuso que, una vez ejecutoriado, el expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia sin necesidad de traslados7.

Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

Se resolverá previas las siguientes

CONSIDERACIONES

De conformidad con los recursos de apelación interpuestos, el problema jurídico que deberá resolver la Sala consiste en determinar si los actos administrativos demandados, por medio de los cuales se ordenó la devolución de unos dineros pagados al señor Gustavo Adolfo Salazar Cabrera por concepto de asignación de retiro, están viciados de nulidad por falta de competencia.

La competencia como presupuesto de validez de los actos administrativos

Para que un acto administrativo sea válido se requiere, entre otras condiciones, que al sujeto de quien emana le haya sido atribuida, vía constitucional, legal o reglamentaria, la facultad de tomar dicha decisión. Esto es lo que en la teoría del

Para que un acto administrativo sea válido se requiere, entre otras condiciones, que al sujeto de quien emana le haya sido atribuida, vía constitucional, legal o reglamentaria, la facultad de tomar dicha decisión. Esto es lo que en la teoría del acto administrativo se conoce como competencia o elemento subjetivo del acto, que se refiere tanto a la institución, entidad u órgano, como al individuo que lo profiere.

La competencia administrativa se determina a partir de la identificación de funciones, deberes, responsabilidades, obligaciones y facultades que le ha asignado el ordenamiento jurídico a los servidores públicos y a los particulares que ejercen funciones públicas, pues no de otra forma se puede delimitar el campo de acción dentro del cual le es dado desenvolverse a una autoridad administrativa.

Las normas que deben considerarse a efectos de estudiar la competencia, como presupuesto de validez de los actos administrativos, son aquellas vigentes en el momento de ser emitida la respectiva manifestación unilateral de voluntad tendiente a producir efectos jurídicos8.

La falta de competencia es un vicio externo al acto administrativo, debido a que no se afinca en su contenido o finalidad, sino en el sujeto que lo expide. Ahora, es importante tener en consideración que la asignación de competencias a la Administración Pública atiende a diferentes factores que pueden identificarse como 7 Véase a índice 4 de SAMAI. 8 Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-014 de 1993 precisó que «[…] la valoración del ejercicio de una competencia, esto es, la definición acerca de si un órgano estatal obró o no de conformidad con las reglas que la fijan, debe hacerse necesariamente mediante el cotejo con los preceptos vigentes al tiempo en

de una competencia, esto es, la definición acerca de si un órgano estatal obró o no de conformidad con las reglas que la fijan, debe hacerse necesariamente mediante el cotejo con los preceptos vigentes al tiempo en que se efectivizó, dado que por constituir éstos su fuente de validez son los que determinan la regularidad de su ejercicio. [...]».Radicado: 19001-23-33-000-2019-00285-01 (1114-2025)

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www.consejodeestado.gov.co 7 el funcional o jerárquico9, el material10, el territorial11 y en algunos casos el temporal12.

El artículo 137 del CPACA (causales aplicables al artículo 138 de la misma disposición) consagra la falta de este elemento como un vicio invalidante de los actos administrativos, el cual, según la jurisprudencia de esta Corporación, es uno de los más graves y, por lo tanto, no puede ser saneado13.

El principio de autotutela administrativa

En virtud de dicho principio, se le concede a la Administración una serie de potestades y prerrogativas que le permiten defender directa y unilateralmente los intereses jurídicos que le asisten sin necesidad de acudir a instancias judiciales. Se trata pues de una figura que dentro del Estado de Derecho puede resultar particular debido a que denota claramente una relación de desigualdad entre las entidades públicas y los administrados, a quienes resultan oponibles las decisiones que motu proprio tomen las primeras en aras de hacer efectivos los intereses públicos.

Sin embargo, esta facultad no es irrestricta, encuentra límites en el interés general

públicas y los administrados, a quienes resultan oponibles las decisiones que motu proprio tomen las primeras en aras de hacer efectivos los intereses públicos.

Sin embargo, esta facultad no es irrestricta, encuentra límites en el interés general y en las competencias que explícitamente le han sido asignadas a cada autoridad. Uno de los postulados esenciales del Estado Social de Derecho es que las autoridades o los particulares que cumplan funciones públicas o administrativas no gozan de plena autonomía ya que toda conducta que deseen desplegar debe estar consagrada en una norma habilitante.

Esta premisa tiene consagración constitucional en los artículos 6, 122, 123 y 209 Superiores, con base en los cuales puede sostenerse que se encuentra proscrita la admisión de facultades implícitas o cuyo alcance no esté bien definido y que sea ajeno a la satisfacción de los intereses generales y los fines esenciales del Estado.

De esta manera, la primera de tales normas dispone que los servidores públicos, además de ser responsables por infringir la Constitución y las leyes, lo son también por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, esto es, que están positivamente limitados, de allí que solo pueden hacer lo que les está permitido por la Constitución, las leyes, los reglamentos, etc.

Por su parte, conforme al artículo 122, el contenido funcional de todo empleo público debe encontrarse señalado en la ley, siendo necesario, para que pueda ejercerse el cargo, que el funcionario jure cumplir y defender la Constitución, así como desempeñar los deberes que le incumben. En la misma línea, el artículo 123 de la misma normativa dispone que «[l]os servidores públicos están al servicio del Estado

el cargo, que el funcionario jure cumplir y defender la Constitución, así como desempeñar los deberes que le incumben. En la misma línea, el artículo 123 de la misma normativa dispone que «[l]os servidores públicos están al servicio del Estado 9 Se refiere al ejercicio de atribuciones según el grado jerárquico que, dentro de la estructura organizacional de la Administración Pública, ostenta el servidor público o particular investido de funciones administrativas. 10 Supone que el acto administrativo proferido sea el desarrollo de una competencia efectivamente asignada a la autoridad que lo expidió. 11 Parte de reconocer que debe haber una división del territorio que permita delimitar el espacio geográfico en el que la autoridad administrativa se encuentra habilitada para el desempeño de sus funciones. 12 Es un parámetro que aplica en determinados casos en los que el ordenamiento jurídico impone un límite de tiempo para que la Administración pueda ejercer su poder decisorio. 13 De acuerdo con lo dicho por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: «Frente a vicios o defectos como la inconstitucionalidad, la ilicitud no saneable o absoluta, la desviación de poder y la falta de competencia no es posible convalidar o remediar el acto viciado o defectuoso» (Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 15 de junio de 2004. Rad. 11001-03-15-000-1998-0782-01(S-782).Radicado: 19001-23-33-000-2019-00285-01 (1114-2025)

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www.consejodeestado.gov.co 8 y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento […]».

Por ello, mecanismos de autotutela de la Administración como los recursos administrativos, la revocatoria directa de los actos administrativos y la facultad de cobro coactivo de las entidades públicas tienen una consagración legal expresa que habilita en cada caso su aplicación y las condiciones en que debe ejercerse14.

Resolución del caso concreto

El Tribunal Administrativo del Cauca indicó que solo las resoluciones del 9 de mayo y 20 de junio de 2017 eran las que contenían la decisión administrativa que definió el aspecto que pretendía debatirse, argumento que no se comparte, porque las resoluciones del 24 de julio y 18 de octubre de 2018 también plasmaron la manifestación de voluntad de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía NacionalCASURde obtener el reintegro de los valores que pagó al demandante por concepto de asignación de retiro en el periodo comprendido entre el 26 de marzo de 2010 y el 31 de enero de 2017, y el 26 de junio de 2010 y el 12 de mayo de 2011.

Como la Resolución Nro. 4453 del 24 de julio de 2018 fue objeto de recurso ante la Administración, es claro que también debía enjuiciarse la Resolución Nro. 6210 del 18 de octubre de 2018 ─puesto que fue esta la que lo resolvió─, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley 1437 de 2011.

18 de octubre de 2018 ─puesto que fue esta la que lo resolvió─, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley 1437 de 2011.

Por consiguiente, como el estudio de legalidad no debió circunscribirse a las Resoluciones Nro. 2542 del 9 de mayo de 2017 y 3594 del 20 de junio de 2017, sino que también debió comprender a las Resoluciones Nro. 4453 del 24 de julio de 2018 y 6210 del 18 de octubre de 2018, se verificará si se configuró o no la excepción de caducidad propuesta por la entidad accionada.

Se tiene que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, con la contestación de la demanda, aportó el expediente administrativo del señor Gustavo Adolfo Salazar Cabrera, en el que solo constan las Resoluciones Nro. 2542 del 9 de mayo de 2017 y 3594 del 20 de junio de 2017. Igualmente, se observó que aportaron unos oficios de «comunicación de providencia» con los que se dio cuenta sobre la expedición de las resoluciones en comento.

Sin embargo, como tales documentos no acreditan que los requisitos de la notificación se hayan surtido propiamente, y como tampoco se allegó prueba de dicha actuación respecto de las otras resoluciones cuya nulidad se solicita, la Sala estima, que aun partiendo el cómputo del término de caducidad desde el día siguiente al de la expedición de la Resolución Nro. 6210 del 18 de octubre de 2018, esto es, desde el 19 de octubre de 2018, para la fecha en la que presentó la solicitud

siguiente al de la expedición de la Resolución Nro. 6210 del 18 de octubre de 2018, esto es, desde el 19 de octubre de 2018, para la fecha en la que presentó la solicitud de conciliación prejudicial -11 de febrero de 2019-, dicho término no había fenecido. 14 Esta Corporación precisó que según la naturaleza de las prerrogativas que se le concedan a la Administración, la autotutela puede ser de tipo declarativa o ejecutiva. «[…] En el primero de los casos, los actores públicos, en ejercicio de las facultades que les otorga la ley, producen actos administrativos a través de los cuales definen una situación jurídica como puede ser la existencia de un derecho y su correlativa obligación. La autotutela ejecutiva o coactiva alude a las operaciones o acciones llevadas a cabo por la administración, tendientes a hacer efectiva una determinada situación jurídica» (Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 15 de marzo de 2018. Rad. 25000-23-25-000-2011-01239-01).Radicado: 19001-23-33-000-2019-00285-01 (1114-2025)

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co 9 Entonces, como obra prueba de que el 12 de marzo de 2019 se adelantó audiencia de conciliación en la que no logró llegarse a un acuerdo, y que la demanda se radicó el 14 de marzo de 2019, resulta palmario que la acción se ejerció dentro del término establecido por el ordenamiento jurídico, razón por la cual no se configuró la excepción de caducidad.

el 14 de marzo de 2019, resulta palmario que la acción se ejerció dentro del término establecido por el ordenamiento jurídico, razón por la cual no se configuró la excepción de caducidad.

Establecido lo anterior, se tiene que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional expidió la Resolución Nro. 2542 del 9 de mayo de 2017, mediante la cual revocó, en todas sus partes, las Resoluciones Nro. 003709 del 1° de junio de 2011 y 2288 del 7 de abril de 2014, con las cuales se reconoció y modificó la asignación mensual de retiro, respectivamente. Ordenó el descuento de la suma de ciento ochenta y nueve millones quinientos treinta y nueve mil seiscientos sesenta y siete pesos con ochenta centavos ($189.539.667,80), por concepto de asignación mensual de retiro pagada en el periodo comprendido entre el 26 de marzo de 2010 y el 31 de enero de 2017, y el descuento de la suma de veintiocho millones ciento veinticinco mil cuatrocientos treinta y ocho pesos ($28.125.438), por concepto de asignación mensual de retiro pagada en el periodo comprendido entre el 26 de junio de 2010 y el 12 de mayo de 2011, en cumplimiento de orden judicial.

Contra el anterior acto administrativo, el interesado interpuso recurso de reposición, el cual se resolvió, de forma negativa, mediante la Resolución Nro. 3594 d