CE - Sentencia 19001233300020190033601 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D.C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 19001-23-33-000-2019-00336-01 (4195-2024)

Demandante: Margarita María Duque Rodríguez

Demandado: Nación, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural . Instituto

Colombiano Agropecuario1

Tema: Declaratoria de insubsistencia de empleo de libre nombramiento y remoción. Naturaleza del cargo de gerente seccional del ICA

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 17 de mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Margarita María Duque Rodríguez presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que se declarara la nulidad de la Resolución 00004820 del 12 de abril de 2019, por medio de la cual se declaró insubsistente su nombramiento en el cargo de gerente seccional,

se declarara la nulidad de la Resolución 00004820 del 12 de abril de 2019, por medio de la cual se declaró insubsistente su nombramiento en el cargo de gerente seccional, código 0042, grado 12, de la seccional Cauca, a partir del 1° de mayo de 2019.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó: i) el reintegro al empleo que venía desempeñando o en otro de igual o superior categoría, con retroactividad al 1° de mayo de 2019 , fecha en que se le declaró insubsistente; ii) el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir , debidamente indexados y reajustados, desde la declaratoria de insubsistencia de su

1 En lo sucesivo ICA. 2 En adelante CPACA.Radicado: 19001-23-33-000-2019-00336-01 (4195-2024) Demandante: Margarita María Duque Rodríguez nombramiento hasta que se realice el reintegro, así como el de los aportes a seguridad social, sin solución de continuidad; iii) la indexación de la condena conforme al IPC; iv) los intereses previstos en el artículo 192 del CPACA , desde la fecha de ejecutoria hasta el pago efectivo de la condena; y v) la condena en costas.

3. Además, pidió i) el reconocimiento y pago de los viáticos dejados de pagar mientras se desempeñó como gerente seccional encargada en Nariño y Chocó; y ii) el incremento del valor total de la liquidación laboral final «ordenando el aumento del 4.5%, incluyendo el monto de la prima técnica de servicio, incluir factor denominado quinquenio proporcional»3 [sic].

incremento del valor total de la liquidación laboral final «ordenando el aumento del 4.5%, incluyendo el monto de la prima técnica de servicio, incluir factor denominado quinquenio proporcional»3 [sic].

1.1.2. Fundamentos fácticos

4. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes4:

4.1. Entre el 15 de febrero de 2010 y el 1° de mayo de 2019, «como resultado de un proceso meritocrático y abierto realizado por la Escuela Superior de Administración PúblicaESAP» [sic], María Margarita Duque Rodríguez prestó sus servicios como gerente Seccional del Cauca a favor del ICA.

4.2. Durante su vinculación con la entidad se destacó por su profesionalismo, idoneidad y transparencia en virtud del buen servicio «siendo temporalmente encargada de otras seccionales Choco y Nariño, por su alto nivel de eficiencia y compromiso con la entidad» [sic].

4.3. Los primeros días de mandato del nuevo presidente, los medios de comunicación realizaron ataques contra los gerentes del ICA «diciendo que debían ser retirados, argumentando que a partir del nuevo Gobierno solo serían nombrados mediante concurso meritocrático. En varios comentarios periodísticos se mencionaba que el partido político ganador del poder para el periodo presidencial 2018-2022 exigía para sus adeptos políticos estos cargos» [sic].

4.4. El 30 de agosto de 2018, Olga Lucía Díaz Martínez, quien desde el 21 de ese mes y año asumió como gerente general encargada del ICA, vía telefónica le comunicó que por instrucciones del ministro de Agricultura y Desarrollo Rural «32 gerentes seccionales

y año asumió como gerente general encargada del ICA, vía telefónica le comunicó que por instrucciones del ministro de Agricultura y Desarrollo Rural «32 gerentes seccionales debían entregar el día [sin especificar mes y día] de 2019, la renuncia a los cargos» [sic], entre esas la de ella.

4.5. Posteriormente, el 7 de marzo de 2019, Deyanira Barrera León, nueva gerente general del ICA, vía telefónica le solicitó su renuncia al cargo de gerente seccional , efectiva al 11 de marzo de esa anualidad.

4.6. Respecto de las 2 solicitudes de renuncia, ella se abstuvo en razón a su estado de

3 Mediante auto del 27 de enero de 2020 , el a quo rechazó la demandada respecto de estas pretensiones y la admitió frente a la nulidad de la Resolución 00004820 del 12 de abril de 2019 ; providencia que no fue recurrida por la demandante. Visible a folios 134 al 136. 4 Para mayor comprensión los hechos se sintetizarán de acuerdo con el material probatorio allegado.Radicado: 19001-23-33-000-2019-00336-01 (4195-2024) Demandante: Margarita María Duque Rodríguez salud, pues presentaba «una enfermedad y [se] encontra[ba] en tratamiento con su respectiva prestadora de salud Coomeva EPS» [sic], razón por la cual acudió a «su derecho a la estabilidad reforzada en razón de su estado de salud» [sic].

4.7. El 12 de abril de 2019, la gerencia general del ICA expidió 29 decisiones en las que se declaró la insubsistencia y aceptó la renuncia de algunos gerentes seccionales ,

4.7. El 12 de abril de 2019, la gerencia general del ICA expidió 29 decisiones en las que se declaró la insubsistencia y aceptó la renuncia de algunos gerentes seccionales , entre estos la de ella y en su remplazó se designó un servidor «de carrera de la seccional que no tiene la misma o mejor hoja de vida, respecto a estudios de postgrado y años de experiencia como director o jefe, lo que configura una real desmejora del servicio» [sic].

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

5. Como disposiciones violadas invocó los artículos 25, 39, 48 y 53 de la Constitución Política; 41 de la Ley 909 de 2004; 2 y 15 del Decreto 160 de 2014; y el Convenio 151 de la OIT, aprobado por la Ley 411 de 1997. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente 5.

5.1. La entidad incurrió en la causal de nulidad de desviación de poder y falsa motivación, comoquiera que antes de la declaratoria de insubsistencia , la entidad ya había decidido su retiro del servicio «para lo cual se realizó una cruel campaña de desprestigio ante los medios de comunicación como no merecedora del cargo, dando a entender que había llegado al cargo sin participar en un concurso meritocrático, con ello se motivó de manera falsa su retiro del servicio» [sic].

5.2. Resulta injusto e indigno desvincular del servicio público a quien no quiere presentar su renuncia.

5.3. La única razón permitida par a la «omisión de la voluntad de renunciar » es el mejoramiento del servicio, motivación que no se evidenció en el acto de retiro, pues el

presentar su renuncia.

5.3. La única razón permitida par a la «omisión de la voluntad de renunciar » es el mejoramiento del servicio, motivación que no se evidenció en el acto de retiro, pues el servidor que la remplazó «carece de una igual o mejor hoja de viday no cuenta con la misma experiencia y estudios» [sic].

5.4. La declaración de insubsistencia desconoció la estabilidad laboral reforzada que le asistía por su estado de salud.

5.5. Las solicitudes de renuncia y declaraciones de insubsistencia de los directivos seccionales del ICA desconocieron las garantías previstas para los servidores públicos de la entidad que ocupan cargos directivos durante el periodo de negociación sindical [entre el 11 de marzo y el 23 de mayo de 2019].

1.2. Contestación de la demanda

6. El ICA se opuso a la prosperidad de las pretensiones , con fundamento en lo

5 Folios 115 al 123.Radicado: 19001-23-33-000-2019-00336-01 (4195-2024)

Demandante: Margarita María Duque Rodríguez

siguiente6:

6.1. La insubsistencia se declaró de conformidad con lo establecido en los artículos 5 del Decreto 1972 de 2002 y 41 de la Ley 909 de 2004. Según estas disposiciones, en los cargos de dirección, gerencia p ública y libre remoción, el retiro del servicio es discrecional y en el presente caso se efectuó con la Resolución 00004820 del 12 de abril de 2019 [acto acusado].

6.2. El acto demandado se expidió acorde con las normas constitucionales y legales

discrecional y en el presente caso se efectuó con la Resolución 00004820 del 12 de abril de 2019 [acto acusado].

6.2. El acto demandado se expidió acorde con las normas constitucionales y legales vigentes que regula n la desvinculación de quienes ocupan cargos de libre nombramiento y remoción en entidades del sector público nacional.

6.3. El empleo de gerente seccional del ICA , cuyo nombramiento se declaró insubsistente, es del nivel directivo y de gerencia pública, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1972 de 2002 y, en tal virtud, de libre nombramiento y remoción por disposición del numeral 1, del artículo 47 de la Ley 909 de 2004.

6.4. La naturaleza del cargo no varía por el hecho de que la persona ingrese al empleo a través de un proceso meritocrático, tal y como lo dispone el artículo 3 del Decreto 1972 de 2002, en el cual se reglamentó la designación de los directores o gerentes regionales o seccionales en los establecimientos públicos de la rama ejecutiva del poder público.

6.5. Una vez se profirió la declaratoria de insubsistencia, la entidad de manera «casi inmediata» realizó la convocatoria pública para proveeré el cargo, empleo al que llegó Vladimir Ernesto Medina Vásquez, quien superó el concurso de méritos, cumplió con los requisitos mínimos exigidos y fue designado por el gobernador del Cauca, de acuerdo con la normatividad vigente «además, de ello, mientras se llevaba a cabo el concurso de méritos, se nombró en encargo a una persona de planta la cual también llenaba

acuerdo con la normatividad vigente «además, de ello, mientras se llevaba a cabo el concurso de méritos, se nombró en encargo a una persona de planta la cual también llenaba todas las exigencias requeridas para ser nombrada gerencia seccional» [sic].

6.6. Por último, propuso las excepciones que denomino: i) inexistencia de la causal de nulidad invocada; ii) «nulidad del acto administrativo»; y iii) la genérica.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia proferida el 17 de mayo de 2024, negó las pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes

argumentos 7:

7.1. De acuerdo con lo previsto por los artículos 5 y 41 de la Ley 909 de 2004 y 42 del Decreto 4765 de 2008 , el empleo de gerente seccional desempeñado por la demandante era de libre nombramiento y remoción, en tal virtud al tratarse de cargos

6 Folios 163 al 166. 7 Folios 260 al 270.Radicado: 19001-23-33-000-2019-00336-01 (4195-2024) Demandante: Margarita María Duque Rodríguez que se basan en la confianza del nominador «su desvinculación se realiza en ejercicio de la potestad discrecional del nominador de la entidad» [sic].

7.2. No se prob aron las afirmaciones relativas a la campaña de desprestigio que presuntamente se dio de la demandante a través de los medios de comunicación, pues los testimonios someramente comentaron sobre «politiquería y corrupción en la entidad sin detallar al respecto» [sic].

presuntamente se dio de la demandante a través de los medios de comunicación, pues los testimonios someramente comentaron sobre «politiquería y corrupción en la entidad sin detallar al respecto» [sic].

7.3. Si bien se acreditó que la demandante presentaba «trastorno de adaptación asociado a factores psicosociales de ambiente laboral » y, por tanto, tratamiento farmacológico y algunas incapacidades, lo cierto es que su estado de salud y tratamiento médico no le impidieron desarrollar actividades labores con normalidad «tampoco que su despido estuviese relacionado con su condición de salud o fuera resultado de discriminación por esta razón» [sic].

7.4. Las altas capacidades y logros académicos con los que podía contar la demandante tampoco le generaron un fuero de estabilidad ni limita ban la potestad discrecional que el ordenamiento jurídico le ha concedido al nominador , ni mucho menos constituyen plena prueba de la desviación de poder. Máxime, cuando luego de su declaratoria de insubsistencia, la demandante participó en la Convocatoria Pública GS-015-2019 del 12 de mayo de 2019, para la provisión del cargo de dirección seccional del ICA y no superó la prueba de conocimientos.

7.5. El nombramiento de Miyer Alfonso Quiñones Chamorro, quien la remplazó mientras se surtió el proceso meritocrático, no es prueba suficiente p ara demostraron un desmejoramiento del servicio con ocasión de su retiro , pues los medios probatorios dan cuenta de que dicho servidor cumplió con las exigencias normativas para el cargo «y al revisar su hoja de vida se observa que ha adelantado cursos y seminarios relacionados con su profesión» [sic].

dan cuenta de que dicho servidor cumplió con las exigencias normativas para el cargo «y al revisar su hoja de vida se observa que ha adelantado cursos y seminarios relacionados con su profesión» [sic].

7.6. No es asertivo afirmar que la petición de la renuncia afectó la psiquis de la demandante, toda vez que , según la historia clínica, ella comenzó a recibir ayuda medicas desde el mes de agosto de 2017 y dicha solicitud se hizo solo un año después [agosto 2018].

7.7. De acuerdo con lo previsto por los artículos 12 de la Ley 584 de 2000 ; 2 y 15 del Decreto 160 de 2014, las garantías de fuero sindical excluyen de su aplicación a «los empleados públicos que desempeñen empleos de alto nivel político, jerárquico o directivo, que vendría siendo el caso de los gerentes regionales».

1.4. El recurso de apelación

8. Margarita María Duque Rodríguez solicitó que se revocara la sentencia proferida por en los siguientes argumentos8: el tribunal y en su lugar se accediera a las pretensiones

8 Folios 276 al 280.Radicado: 19001-23-33-000-2019-00336-01 (4195-2024) Demandante: Margarita María Duque Rodríguez de la demanda, con sustento

8.1. El tribunal desconoció los verdaderos motivos de la declaratoria de insubsistencia, toda vez que la actora inicialmente fue coaccionada a presentar la renuncia al cargo «cuando es sabido que la renuncia debe ser voluntaria, libre de toda coacción o apremio».

8.2. Se desconoció que la declaratoria de insubsistencia no se realizó para propender

«cuando es sabido que la renuncia debe ser voluntaria, libre de toda coacción o apremio».

8.2. Se desconoció que la declaratoria de insubsistencia no se realizó para propender por mejorar el servicio, pues la hoja de vida del servidor de carrera administrativa que temporalmente la remplazó en el cargo «no se comparaba con la de la actora en términos de considerar que tal decisión pretendía mejorar el servicio, pues contando la actora 9 años en el cargo, con un desempeño destacado y reconocido, en el cual la persona que la remplazó a su retiro del servic io, fue subordinada jerárquica, mal podría considerare que ese nombramiento se hizo para mejorar el servicio» [sic].

8.3. No puede pretenderse que después de 9 años en el desempeño de igual cargo «la actora tenga la misma capacidad para enfrentar una prueba de conocimientos» [sic].

8.4. El nuevo proceso meritocrático para proveer el cargo de gerente seccional no sanea la ilegalidad de la declaratoria de insubsistencia.

8.5. La valoración del resultado de la prueba de conocimientos para justificar el previo retiro del servicio no se ajusta a los postulados constitucionales de estabilidad laboral y derecho a la igualdad que le asiste por llevar 9 años en el cargo.

8.6. El a quo no realizó un pronunciamiento relativo a la «reliquidación de las acreencias laborales de la actora , las cuales no fueron pagadas en debida forma, durante los últimos meses de prestación del servicio ni al finalizar la relación laboral » [sic], pese a haberse planteado en la demanda inicial.

1.5. Pronunciamientos en segunda instancia

9. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67

planteado en la demanda inicial.

1.5. Pronunciamientos en segunda instancia

9. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar9.

1.6. El Ministerio Público

10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no se pronunció en esta instancia10.

2. Consideraciones

9 Así se indicó en el auto del 30 de agosto de 2024 . Samai, índice 3, 4Autoqueadmite_41952024Admiterecurs(.pdf) NroActua 3. 10 Según se indicó en la constancia secretarial del 18 de noviembre de 2024 , visible en el índice 7 de Samai.Radicado: 19001-23-33-000-2019-00336-01 (4195-2024) Demandante: Margarita María Duque Rodríguez 2.1. Los problemas jurídicos

11. Se circunscribe a establecer: ¿si la Resolución 0004820 del 12 de abril de 2019, a través de la cual se declaró insubsistente el nombramiento de Margarita María Duque Rodríguez está viciado de nulidad por falsa motivación y desviación de poder por cuanto esta decisión no tuvo como fin mejorar el servicio?

2.2. Marco normativo. Aspectos generales de la función pública

2.2.1. Naturaleza jurídica de los empleos públicos

12. El constituyente de 1991 reguló el ingreso, ascenso, retiro y modalidades de vinculación del servicio público. Para tal efecto, señaló en el artículo 125 11 que, por

2.2.1. Naturaleza jurídica de los empleos públicos

12. El constituyente de 1991 reguló el ingreso, ascenso, retiro y modalidades de vinculación del servicio público. Para tal efecto, señaló en el artículo 125 11 que, por

regla general, los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, con excepción de los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

13. Posteriormente, con el fin de desarrollar el mandato constitucional en mención, el legislador expidió las leyes 27 de 1992 12, 443 de 1998 13 y 909 de 2004 14, y en el artículo 1 de esta última normativa se determinó que hacen parte de la función pública

los empleos de i) carrera, ii) libre nombramiento y remoción, iii) período y iv) los temporales.

14. Acorde con lo anterior, es importante precisar que la categorización y codificación

11 «Artículo 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.

El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.

El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen

requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.

El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley.

En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción.

Parágrafo. Los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de elección tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales cargos, en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del período para el cual este fue elegido». 12 «Por la cual se desarrolla el artículo 125 de la Constitución Política, se expiden normas sobre administración de personal al servicio del Estado, se otorgan unas facultades y se dictan otras disposiciones». 13 «Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones». 14 «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones».Radicado: 19001-23-33-000-2019-00336-01 (4195-2024) Demandante: Margarita María Duque Rodríguez de los empleos públicos 15 en la función pública goza de reserva legal, pues es del resorte del legislador establecer las distintas categorías existentes de acuerdo con unos criterios objetivos que permiten su clasificación dentro de la organización de cada entidad, tales como el g rado de confianza, la responsabilidad que se adquiere en el ejercicio del cargo, la naturaleza de las funciones o atribuciones, esto es si son

unos criterios objetivos que permiten su clasificación dentro de la organización de cada entidad, tales como el g rado de confianza, la responsabilidad que se adquiere en el ejercicio del cargo, la naturaleza de las funciones o atribuciones, esto es si son meramente técnicas o de fijación de políticas, así como las competencias exigidas para su desempeño, entre otros, lo que permite advertir que existe una diferencia sustancial entre los empleos que la conforman. De esta manera se establece la siguiente clasificación:

15. i) De carrera . Es la regla general de ingreso y ascenso de personal a la administración pública, la cual permite la correcta y sistemática administración del talento humano vinculado a la función pública. Dicho sistema de administración de personal tiene como fin principa l garantizar la materialización de los principios de eficacia y eficiencia en el desarrollo de la función pública 16, pues a través de este la administración moderniza y racionaliza eficazmente los servicios y funciones que están a su cargo.

16. Asimismo, este régimen es la herramienta de escogencia de talento humano mediante la cual el Estado busca la adecuada y correcta prestación de la función pública, dotándose de personal altamente capacitado y calificado para el ejercicio de sus funciones. En efecto, históricamente17 este mecanismo respondió a la pugna que se presentaba entre quienes defendían el mérito como forma de acceso a la administración y los que consideraban que esto debía corresponder a una facultad discrecional del nominador 18; de manera que, para contrarrestar los excesos burocráticos y el clientelismo, se definió un sistema que defendía el mérito en los procesos de promoción y contratación estatal, en función de la capacidad del trabajador para realizar una labor.

burocráticos y el clientelismo, se definió un sistema que defendía el mérito en los procesos de promoción y contratación estatal, en función de la capacidad del trabajador para realizar una labor.

17. Respecto de este sistema el artículo 27 de la Ley 909 de 2004 determinó:

«Artículo 27. Carrera administrativa. La carrera administrativa es un sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer; estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público. Para alcanzar este objetivo, el ingreso y la permanencia en los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad, sin discriminación alguna».

15 El empleo público, en los términos del numeral 1 del artículo 19 de la Ley 909 de 2004 «es el núcleo básico de la estructura de la función pública» y se ha entendido como «el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado» . 16 Corte Constitucional, sentencia C-195 del 21 de abril 1994. M.P. Valdimiro Naranjo Mesa. 17 Tal y como se advierte de las disposiciones contenidas en la Ley 165 de 1938, por la cual se creó la carrera administrativa para los empleados nacionales, departamentales y municipales que presten servicios administrativos permanentes y del Acto Plebiscit ario de 1957, la creación de la carrera administrativa para acceder a la función pública.

carrera administrativa para los empleados nacionales, departamentales y municipales que presten servicios administrativos permanentes y del Acto Plebiscit ario de 1957, la creación de la carrera administrativa para acceder a la función pública. 18 El «spoils system» o sistema de botín y el «merit system», Weber Max.Radicado: 19001-23-33-000-2019-00336-01 (4195-2024)

Demandante: Margarita María Duque Rodríguez

18. De tal manera que, en el empleo público la regla general es el ingreso a través del

sistema técnico de carrera administrativa, el cual, entre otros garantiza la estabilidad del empleo en la medida en que quien se inscriba en ella goza de la confianza de que solo podrá retirársele del cargo por «calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo, por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley», es decir que mientras en el ejercicio de sus funcione s observe y cumpla la Constitución, la ley y el reglamento interno, no será removido de él19. Además, la administración cuenta con la seguridad de que la función pública será prestada acorde con los principios de eficiencia y eficacia.

19. En consecuencia, es claro que la naturaleza jurídica de los empleos de carrera está determinada por el vínculo funcional con la entidad u organismo estatal, esto es, implican el ejercicio de funciones meramente técnicas.

20. ii) De libre nombramiento y remoción . Ahora bien, ante la necesidad de contar con personal que requiere mayor grado de confianza en la ejecución de la función pública, el constituyente previó esta clase de empleos que corresponden a una

excepción a la carrera. En tal sentido, es necesario que el cargo a proveer se encuentre

con personal que requiere mayor grado de confianza en la ejecución de la función pública, el constituyente previó esta clase de empleos que corresponden a una excepción a la carrera. En tal sentido, es necesario que el cargo a proveer se encuentre legalmente previsto como tal, lo que brinda al nominador la discrecionalidad para designar (elegir o nombrar) al empleado al cual se le confiarán ciertas funciones, toda vez que el cargo a ocupar exige plena confianza o implica una decisión política20, esto es que la naturaleza de las labores que desempeñan obedece a una relación subjetiva con el nominador quien demanda siempre de plena confianza de sus colaboradores21. La provisión de dichos cargos responde a la facultad discrecional de la autoridad nominadora, es decir, sin sujeción a ciertas formalidades para su designación.

21. El constituyente de 1991 enumeró algunos casos específicos, tales como el de los ministros, los directores de departamento administrativo, el gerente o director de establecimiento público, entre otros. Sin embargo, facultó al legislador para fijar los criterios que permita n identificar los cargos en mención, los cuales actualmente se encuentran previstos en el artículo 5 de la Ley 909 de 2004.

22. Así las cosas, para considerar que un empleo es de libre nombramiento y remoción, la Corte Constitucional 22 en reiteradas oportunidades, ha señalado que el cargo a ocupar, según su naturaleza, debe reunir los siguientes requisitos: i) tener fundamento

legal, es decir que se encuentre como regla a la excepción de carrera; ii) las funciones a ejercer deberán ser directivas, de manejo, conducción u orientación institucional; iii) las funciones asignadas deberán tener un alto nivel de confianza, el cual deberá ser

legal, es decir que se encuentre como regla a la excepción de carrera; ii) las funciones a ejercer deberán ser directivas, de manejo, conducción u orientación institucional; iii) las funciones asignadas deberán tener un alto nivel de confianza, el cual deberá ser superior al que se le puede exigir a cualquier otro servidor.

19 Corte Constitucional, sentencia C 479 del 13 de agosto de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero. 20 Corte Constitucional, sentencia C-195 del 21 de abril de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 21 Sentencia T-317 de 2013, MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 22 Entre otras, las Sentencias C-195 de 1994 C-1177 de 2001, C161 de 2003, C-312 de 2003, C-553 de 2010, C-284 de 2011, C-814 de 2014, entre otras.Radicado: 19001-23-33-000-2019-00336-01 (4195-2024)

Demandante: Margarita María Duque Rodríguez

23. A propósito de lo anterior, es necesario distinguir los empleos de libre nombramiento y remoción según la naturaleza de las funciones encomendadas, los cuales se pueden clasificar, a su vez, así: a) de naturaleza política, en el cual se ejercen labores de dirección, conducción u orientación institucional, cuyo ejercicio implica la adopción de políticas o directrices , es decir, establece lineamientos institucionales de acción ; y b) de naturaleza administrativa, aquellos que realizan actividades profesionales de asesoría institucional, asistenciales o de apoyo, siempre que se encuentren adscritos al servicio directo e inmediato de los altos funcionarios.

b) de naturaleza administrativa, aquellos que realizan actividades profesionales de asesoría institucional, asistenciales o de apoyo, siempre que se encuentren adscritos al servicio directo e inmediato de l