CE - Sentencia 19001233300020200006601 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 19001-23-33-000-2020-00066-01 (1128-2025)

Demandante: Myriam Cuero Segura Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Vinculación de docente bajo la modalidad de educación contratada. No acreditó vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980. Aplicación de sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de ag osto de 2022.

CONFIRMA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demanda nte contra la sentencia proferida el cinco (5) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo del Cauca, por medio de la cual negó las pretensiones.

ANTECEDENTES

La señora Myriam Cuero Segura instauró demanda 1 en contra de la Unidad

Tribunal Administrativo del Cauca, por medio de la cual negó las pretensiones.

ANTECEDENTES

La señora Myriam Cuero Segura instauró demanda 1 en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (U GPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 016193 del 19 de abril de 2017 y RDP 027078 del 30 de junio de 2017 , por medio de las cuales la entidad negó la

1 Ver índice 28 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Cauca, Archivo: 02Demanda.PDF.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

Radicado: 19001-23-33-000-2020-00066-01 (1128-2025) pensión gracia.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la UGPP a reconocer y pagar la mencionada p restación a su favor , con el 75% del promedio de la remuneración mensual del año anterior a la adquisición del derecho , con los reajustes legales correspondientes, y que sobre las sumas adeudadas se realice la debida indexación y el pago de los intereses comerciales y moratorios.

Que la entidad demandada dé cumplimiento al fallo dentro del término legal.

HECHOS

reajustes legales correspondientes, y que sobre las sumas adeudadas se realice la debida indexación y el pago de los intereses comerciales y moratorios.

Que la entidad demandada dé cumplimiento al fallo dentro del término legal.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que se vinculó al magisterio antes de 1981 , cuenta con más de 50 años de edad, 20 años de servicio, y que se desempeñó con buena conducta.

Que recibe pensión a cargo del FOMAG, el cual es un fondo de naturaleza parafiscal que solo está en el presupuesto general de la Nación para efectos de contabilidad , pero que no hace parte del erario , y q ue en todo caso, la pensión solicitada es compatible con la pensión ordinaria de jubilación.

Que como maestra oficial de secundaria, nacional, en virtud de nombramiento del Ministerio de Educación Nacional, cumple con los requisitos de las normas que regulan la prestación pretendida.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Afirmó que con los actos administrativos demandados se transgredió el derecho fundamental a la igualdad y las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989.

Que la entidad negó su derecho a pesar de cumplir con lo establecido en las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989. Que al no reconocerle el tiempo de servicio prestado a favor de la Nación, pero sí hacerlo en otros casos similares, vulneró los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso,

tiempo de servicio prestado a favor de la Nación, pero sí hacerlo en otros casos similares, vulneró los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, incurriendo en una vía de hecho y en prevaricato por acción, al omitir aplicar la norma favorable según lo exige la Constitución y la jurisprudencia.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 12 de marzo de 2021 2 y notificada a la UGPP, quien manifestó3 que la actora no acreditó una vinculación legal y reglamentaria anterior

2 Ibid., archivo: 11AutoAdmiteInadmiteDemanda. 3 Ibid., archivo: 15ContestacionDemanda.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

Radicado: 19001-23-33-000-2020-00066-01 (1128-2025) al 31 de diciembre de 1980, como lo exige la Ley 114 de 1913. Que su ingreso al servicio fue en 1984, por lo que no cumple con el requisito de tiempo de servicio.

Que acceder a su solicitud violaría principios como la sostenibilidad presupuestal y la prohibición de doble asignación del tesoro público, dado que la pensión gracia es un beneficio especial sujeto a condiciones estrictas.

Propuso como excepciones las que denominó: (i) inexistencia de la obligación demandada y cobro de lo no debido, (ii) ausencia de vicios en los actos administrativos demandados, y (iii) prescripción.

El 31 de octubre de 2024 4, se indicó que no existían excepciones previas por

demandada y cobro de lo no debido, (ii) ausencia de vicios en los actos administrativos demandados, y (iii) prescripción.

El 31 de octubre de 2024 4, se indicó que no existían excepciones previas por resolver; se fijó el litigio y se consideró configurada la causal del artículo 182 A, numeral 1, literal d, del CPACA, para dictar sentencia anticipada; se corrió traslado a las partes para que presentaran por escritos sus alegatos de conclusión, y al Ministerio Público, para que, si a bien lo considerase, presentara su concepto.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5

El Tribunal Administrativo del Cauca mediante sentencia del 5 de diciembre de 2024, negó las pretensiones. Señaló que, si bien la actora acreditó más de 30 años como docente, consideró que desde 1970 su vinculación fue de naturaleza nacional, esto teniendo en cuenta que su servicio fue prestado a través de la Coordinación de Educación Contratada, adscrita al Ministerio de Educación , y en consecuencia, no puede computarse dicho tiempo para efectos del cumplimiento de los requisitos de la pensión gracia.

RECURSO DE APELACIÓN6

La demandante interpuso recurso de apelación. Expuso que no se aplicó el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 que reconoce la pensión gracia a docentes nacionales y nacionalizados vinculados antes de 1981, requisito que cumple a cabalidad. Que se vulneraron los derechos de favorabilidad, igualdad y debido proceso.

Que la Ley 91 de 1989 unificó las categorías docentes existentes en nacionales y nacionalizados, eliminando la figura de docentes territoriales, y permitió la compatibilidad entre pensiones.

vulneraron los derechos de favorabilidad, igualdad y debido proceso.

Que la Ley 91 de 1989 unificó las categorías docentes existentes en nacionales y nacionalizados, eliminando la figura de docentes territoriales, y permitió la compatibilidad entre pensiones.

Que el legislador en el proyecto de Ley 114 de 2009 interpretó la Ley 91 de 1989, y dispuso que los tiempos servidos en instituciones educativas nacionales pueden ser tenidos en cuenta para efectos de acceder a la pensión gracia , posición que es vinculante y obligatoria para las autoridades administrativas y judiciales.

4 Ibid., archivo: 26AutoCorreTrasladoAlegatos. 5 Ibid., archivo: 32SentenciaPrimeraInstancia. 6 Ibid., archivo: 34RecursoApelacionDte.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

Radicado: 19001-23-33-000-2020-00066-01 (1128-2025) Además, la interpretación restrictiva hecha por la UGPP, basada en la sentencia S699 de 19 97, es incorrecta, pues ignora que la nacionalización de la educación comenzó en 1903 con la Ley 39.

Que la sentencia apelada incurre en error de interpretación, por omisión de normas aplicables y desconocimiento de derechos adquiridos.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 30 de mayo de 2025 se admitió el recurso y por no haber pruebas que decretar no se hizo necesario otorgar el término de traslado para alegar. En la oportunidad para pronunciarse, las partes guardaron silencio.

El 30 de mayo de 2025 se admitió el recurso y por no haber pruebas que decretar no se hizo necesario otorgar el término de traslado para alegar. En la oportunidad para pronunciarse, las partes guardaron silencio. El Ministerio Público emitió concepto solicitando que se confirme el fallo apelado, pues consideró que la docente no tiene derecho a la pensión gracia, ya que su vinculación fue exclusivamente nacional, y la ley exige 20 años de servicio como docente territorial o nacionalizado antes de 1981. Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

El problema que debe resolver la Subsección es el de determinar si la actora cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, especialmente el relativo a mantener una o varias vinculaciones con carácter territorial o nacionalizado durante al menos 20 años de servicio, y acreditar algún período en tal calidad anterior al 31 de diciembre de 1980.

Marco normativo y jurisprudencial

Desarrollo conceptual de la pensión gracia y de los requisitos para su acceso

Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, habida cuenta de que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo 1.° señaló que:

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de j ubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de j ubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán enCalle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

Radicado: 19001-23-33-000-2020-00066-01 (1128-2025) cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo 4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes

postulados:

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad

concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún caso dos pensiones de este último orden.

La pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6.° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos consagrados en el numeral cua rto de esta Ley» 22. Con la expedición de la Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los requisitos antes consagrados para el efecto.

De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que: «Cuando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4.ª de 1966,

ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4.ª de 1966, en su artículo 4.º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que: «la pensión de gracia se liquidará con base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre el derecho bajo estudio también resulta necesario precisar como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el 1.º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

Radicado: 19001-23-33-000-2020-00066-01 (1128-2025) Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes

oficiales en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

[…] 2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las

[…] 2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año.

Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de me dio año equivalente a una mesada pensional.»

Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 199723 señaló que:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan

reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 199723 señaló que:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requ isitos”. […].» (Negrilla fuera de texto).

En lo que referente a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2-011-18 del 2 1 de junio de 2018 24 planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, frente al interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

Radicado: 19001-23-33-000-2020-00066-01 (1128-2025) «i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiv a de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal , sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

1. Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere c opia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providenc ia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las

conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providenc ia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal , hoy sistema general de participaciones .» (Resaltado del texto original)Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

Radicado: 19001-23-33-000-2020-00066-01 (1128-2025) En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza a ocupar, lo cual se puede advertir, entre otros, observando qu ién y bajo qué competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y

empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10 de la Ley 29 de 1989.

Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CES2-2022 del 11 de agosto de 2022, 25 la Sección Segunda también fijó como regla jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución en sede administrativa y judicial.

En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Que acredite 50 años de edad.

1. Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector

1. Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, e n todo caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se

advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio deCalle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

Radicado: 19001-23-33-000-2020-00066-01 (1128-2025) Educación Nac ional, o por un alcalde o gobernador pero en representación del

Gobierno Nacional.

1. Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

1. Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez y consagración.

Resolución del caso concreto

Con el fin de definir litigios como el presente, resulta necesario verificar el cumplimiento de las mencionadas exigencias previstas en la normativa aplicable para consolidar el derecho a la pensión gracia.

La Sala considera necesario abordar inicialmente el estudio del tercer requisito relativo a la demostración de un tiempo de servicio como docente territorial o

cumplimiento de las mencionadas exigencias previstas en la normativa aplicable para consolidar el derecho a la pensión gracia.

La Sala considera necesario abordar inicialmente el estudio del tercer requisito relativo a la demostración de un tiempo de servicio como docente territorial o nacionalizada anterior al 31 de diciembre de 1980, pues, a partir del acervo probatorio practicado, no se encuentra acreditado que el tiempo laborado antes de la referida fecha se ejerci era en dicha calidad, lo cual impide satisfacer esta exigencia fundamental para acceder a la prerrogativa bajo estudio.

Al respecto, la actora aportó al proceso la Resoluci ón 037 del 5 de agosto 19707, por medio de la cual fue nombrada por el prefecto apostólico de Guapi e inspector nacional de educación, en uso de las facultades conferidas por la Convención sobre Misiones entre Colombia y la Santa Sede Apostólica del 29 de enero de 1953.

Allegó también la Resolución 002 del 4 de enero de 19718, por la cual se nombraron maestros para las escuelas misionales de la Prefectura Apostólica de Guapí y el nominador fue el mismo del acto anterior. A su vez, se encuentra la Resolución 038 del 20 de agosto de 1971 9, por medio de la cual se causan novedades en el ramo educativo misionalnacional de enseñanza primaria , y funge de nuevo el prefecto como autoridad encargada de designar la educadora.

Se encuentra también la Resolución 1109 del 13 de marzo de 197510, proferida por el ministro de Educación quien directamente efectuó el nombramiento de la docente; así como la Resolución 016 del 31 de enero de 197811 en la cual el ya mencionado

el ministro de Educación quien directamente efectuó el nombramiento de la docente; así como la Resolución 016 del 31 de enero de 197811 en la cual el ya mencionado prefecto nominó a la actora, esta vez de conformidad con el contrato celebrado entre el Ministerio de Educac ión Nacional y la Prefectura Apostólica de Guapí. Finalmente, se advierte la Resolución 7753 del 16 de junio de 197812, por medio de

7 Ver índice 28 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Cauca, archivo: 07Anexos, página 1. 8 Ibid., página 4. 9 Ibid., página 6. 10 Ibid., página 9. 11 Ibid., página 11. 12 Ibid., página 14.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

Radicado: 19001-23-33-000-2020-00066-01 (1128-2025) la cual el ministro de Educación Nacional aceptó la renuncia de la demandante.

Además de los actos relacionados, obra en el expediente constancia 13 del coordinador de educación y del pagador del territorio escolar del vicariato apostólico de Guapí - contrato Ministerio de Educación Nacional en el que señala que la docente prestó sus servicios a favor del vicariato, desde el 4 de agosto de 1970 hasta el 4 de marzo de 1975.

Del mismo modo, constan los Formatos Únicos para la Expedición de Certificado de Historia Laboral n.° 31224, hojas 3 a 7 14, que señalan que la educadora fue nombrada por la Resolución 037 del 5 de agosto de 1970, laborando del 4 de agosto

Historia Laboral n.° 31224, hojas 3 a 7 14, que señalan que la educadora fue nombrada por la Resolución 037 del 5 de agosto de 1970, laborando del 4 de agosto de 1970 al 9 de marzo de 1975, y que, de manera posterior, fue designada por Resolución 016 del 31 de enero de 1978, y que prestó sus servicios desde el 1.° de febrero de 1978 al 1.° de mayo de 1980 . Hizo constar también que, en ambos periodos, la vinculación fue nacional.

A partir de lo anterior, se tiene que la docente para el nombramiento realizado el 13 de marzo de 1975, en virtud de las Resoluciones 1109 de 1975 y 7753 de 1978 , acreditó un vínculo nacional al ser designada directamente por el ministro de Educación, pue