CE - Sentencia 19001233300020210009101 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 19001 23 33 000 2021 00091 01 (3290-2024)

Demandante: Rafael Alberto López Vásquez

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP Tema: Pensión gracia. Requisito de tiempo de servicio docente.

Naturaleza de la vinculación docente. Ley 1437 de 2011

Decisión: Confirmar sentencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 07 de marzo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Pretensiones de la demanda

2. La parte demandante solicitó la nulidad de la s Resoluciones RDP 003775 del 11 de febrero de 2020, RDP 006619 del 10 de marzo de 2020 y RDP 009320 del 15 de abril de 2020 por medio de las cuales la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP-, negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia; y resolvió negativamente los

15 de abril de 2020 por medio de las cuales la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP-, negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia; y resolvió negativamente los recursos de reposición y en subsidio el de apelación, respectivamente.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó el reconocimiento y pago de una pensión gracia con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus, debidamente reajustados conforme al IPC y se condene a la UGPP al pago de intereses moratorios en los términos del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

4. El señor Rafael Alberto López Vásquez indicó que prestó sus servicios como docente, así: i) desde el 16 de septiembre de 1976 hasta el 02 de octubre de 1978 nombrado con Decreto 666 del 28 de septiembre de 1971; ii) desde el 03 de octubre

1 Páginas 46 - 54 02DemandaYAnexos.pdfNulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 19001 23 33 000 2021 00091 01 (3290-2024)

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de 1978 hasta el 19 de diciembre de 1990, designación efectuada mediante el Decreto 830 de 10 de octubre de 1978; iii) y desde el 20 de diciembre de 1990 hasta

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de 1978 hasta el 19 de diciembre de 1990, designación efectuada mediante el Decreto 830 de 10 de octubre de 1978; iii) y desde el 20 de diciembre de 1990 hasta el 30 de abril de 2004.

5. El 28 de noviembre de 20 19 radicó solicitud de reconocimiento y pago de la pensión gracia ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP –, la cual fue resuelta de manera negativa mediante las Resoluciones RDP 003775 del 11 de febrero de 2020, RDP 006619 del 10 de marzo de 2020 y RDP 009320 del 15 de abril de 2020.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación

6. Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: artículo 23 de la Constitución; las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 43 de 1975, 4° de 1976, 71 de 1988, 91 de 1989, 6 de 1992, así como el Decreto 2108 de 1992. Alega que se cumplieron todos los requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión gracia, sin embargo, la entidad demandada negó el derecho prestacional de l docente, en clara omisión de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre el asunto.

7. En resumen, en el concepto de la violación después de realizar un recuento normativo de la pensión gracia, se expone que la entidad demandada desconoce el tiempo de servicio con posterioridad a l año 1990 por considerarlos de carácter nacional.

7. En resumen, en el concepto de la violación después de realizar un recuento normativo de la pensión gracia, se expone que la entidad demandada desconoce el tiempo de servicio con posterioridad a l año 1990 por considerarlos de carácter nacional.

8. Agregó que, mediante la Resolución Nº RDP009320 del 15 de abril de 2020, la UGPP hizo referencia a la sanción disciplinaria impuesta a su poderdante a través de la Resolución 0345 del 12 de abril de 2004 mediante la cual fue inhabilitado para ejercer funciones públicas por el termino de 3 años, por haber ejercido su profesión de abogado en contra del municipio mientras era docente del mismo ente. Que para negar la pensión de gracia por causal de mala conducta debe tenerse la convicción de que durante la vinculación el docente asumió un comportamiento recriminable, el cual no se puede considerar de manera aislada.

1.4. Contestación de la demanda2

9. Presentada la demanda el 09 de diciembre de 20203 y admitida el 28 de julio de 2021, una vez notificada, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, a través de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones indicando que el demandante no demostró el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley para hacerse acreedor de la pensión gracia, pues la labor desarrollada desde el año 1971 hasta el 2004 fue certificada como del orden nacional.

2 10ContestacionUgpp.pdf 3 Con auto de 16 de diciembre de 2020 fue remitida al tribunal.Nulidad y restablecimiento del derecho

hasta el 2004 fue certificada como del orden nacional.

2 10ContestacionUgpp.pdf 3 Con auto de 16 de diciembre de 2020 fue remitida al tribunal.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 19001 23 33 000 2021 00091 01 (3290-2024)

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10. Finalmente, propuso las siguientes excepciones: i) inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido; ii) ausencia de vicios en los actos demandados; iii) buena fe; y iv) prescripción.

1.5. Sentencia de primera instancia4

11. El Tribunal Administrativo del C auca en sentencia del 07 de marzo de 2024, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas al actor.

12. Para tal efecto, luego de referirse a la normativa y jurisprudencia en materia de pensión gracia, analizó el material probatorio recaudado considerando que el actor no logró acreditar los 20 años de servicio docente con una vinculación del orden territorial o nacionalizado.

13. Lo anterior sustentado en que, los certificados de tiempos de servicio aportados al proceso dan cuenta que la labor ejercida a partir del 20 de diciembre de 1990 es de carácter nacional. Agregó que, si bien el nombramiento fue suscrito por el alcalde, la plaza en la que estuvo nombrado es de carácter nacional , siendo que debe demostrarse la actividad docente en el orden territorial o nacionalizado, lo cual

de carácter nacional. Agregó que, si bien el nombramiento fue suscrito por el alcalde, la plaza en la que estuvo nombrado es de carácter nacional , siendo que debe demostrarse la actividad docente en el orden territorial o nacionalizado, lo cual no ocurrió , pues solo acredita 19 años de actividad docente con el tipo de vinculación mencionada, lo cual resulta insuficiente.

14. En ese orden, el tribunal estimó que no era necesario continuar con el estudio de los requisitos, entre estos, el desempeñó con honradez, consagración y buena conducta.

1.6. Recurso de apelación5

15. A través de apoderado el señor Rafael Alberto López Vásquez presentó recurso de apelación solicitando revocar la sentencia de primera instancia.

16. Argumentó que la intervención del delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional no cambia la calidad de docente nacionalizado a nacional, aun cuando la labor fue ejercida en un colegio nacional.

17. Por otro lado, señaló que de las pruebas allegadas al proceso se puede observar que la sanción impuesta al demandante no fue por desempeñar una conducta

totalmente deplorable, que pusiera en entredicho su carrera como docente, sino que tuvo origen en su ejercicio como abogado, mas no como docente.

4 75SentenciaprimeraInstancia.pdf del expediente digital 5 78RecursoApelacionDte.pdf del expediente digitalNulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 19001 23 33 000 2021 00091 01 (3290-2024)

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18. Por último, solicitó el decreto de pruebas en esta instancia para det erminar el origen de los recursos.

1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia

19. Mediante auto de 05 de agosto de 2024, se admitió el recurso de apelación presentado por la parte demandante.

20. En esta oportunidad, la parte demandante, la UGPP y el agente del Ministerio Público que actúa ante esta Corporación, guardaron silencio.

21.Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

22. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo6.

23. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso7, l a competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el caso de la referencia, únicamente la parte demandante presentó recurso de alzada, el análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado.

2.2. Cuestión previa

24. Frente a la solicitud de la parte recurrente de que se decrete prueba a fin de que se remita certificado en el que conste la categoría de la plaza ocupada y el origen

a lo allí plasmado.

2.2. Cuestión previa

24. Frente a la solicitud de la parte recurrente de que se decrete prueba a fin de que se remita certificado en el que conste la categoría de la plaza ocupada y el origen de los recursos, es menester señalar que ello será denegado, pues, conforme lo dispone el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en el artículo 212, las pruebas deben solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso en los términos y oportunidades dispuestas en dicho estatuto, a saber, en primera instancia con la demanda, la contestación; las excepciones y la oposición a estas; los incidentes y su respuesta. Ahora, en segunda instancia, podrán solicitarse en el término de ejecutoria del auto que admite

6 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]». 7 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 19001 23 33 000 2021 00091 01 (3290-2024)

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el recurso, únicamente, entre otras, i) cuando las partes lo pidan de común acuerdo; ii) cuando fuere negado su decreto en primera instancia o no obstante haberse

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el recurso, únicamente, entre otras, i) cuando las partes lo pidan de común acuerdo; ii) cuando fuere negado su decreto en primera instancia o no obstante haberse decretado se dejaron de practicar sin culpa de quien las solicita; iii) cuando verse sobre hechos ocurridos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solo para demostrar o desvirtuar estos hechos; iv) cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

25. Vistas las anteriores anotaciones, se advierte que la solicitud probatoria de la parte demandante no encaja en ninguna de ellas, de manera que será rechazada en la medida que se presentó por fuera de las oportunidades de ley; sin que advierta la Sala la necesidad de decretar una prueba de oficio en esta etapa procesal, pues no se evidencian puntos oscuros que despejar.

2.3. Problema jurídico

26. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si el señor Rafael Alberto López Vásquez, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia por haber cumplido los requisitos para ello, en especial lo relativo a los 20 años de servicio como docente del orden territorial y/o nacionalizado ; o si, por el contrario, no acredita las exigencias para obtener dicha prestación.

2.4. Normativa y jurisprudencia aplicable al caso

2.4.1. Pensión gracia

27. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1° de la Ley 114 de 1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en

2.4.1. Pensión gracia

27. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1° de la Ley 114 de 1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años.

28. En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a dicha prestación, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al servicio oficial con antelación al 31 de diciembre de 1980.

29. Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder a la pensión.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 19001 23 33 000 2021 00091 01 (3290-2024)

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30. Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

31. Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1°, distinguió entre los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional.

Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» (Negrillas fuera de texto).

32. El numeral 2 del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la

pensión gracia para los docentes al establecer:

«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de

pensión gracia para los docentes al establecer:

«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: […]

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»

33. De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia

S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta elNulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 19001 23 33 000 2021 00091 01 (3290-2024)

que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta elNulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 19001 23 33 000 2021 00091 01 (3290-2024)

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31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»8

34. Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente

(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 20189 previó las siguientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante, su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades

por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

1. Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de 1997. 9 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 19001 23 33 000 2021 00091 01 (3290-2024)

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previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía

plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»

35. Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto de 2022 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».10

36. Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.

37. Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria

administrativa como judicial.

37. Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y que cumplió con los demás requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.4.2. Mala conducta como causal para la pérdida del derecho de la pensión gracia

38. La Ley 114 de 1913, en su artículo 4.º, establece, entre otros requisitos, para que proceda el reconocimiento de la pensión gracia la buena conducta de los docentes en el ejercicio de sus funciones.

10 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 19001 23 33 000 2021 00091 01 (3290-2024)

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39. Así se advierte en la citada norma:

«Artículo 4º. Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.

«Artículo 4º. Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.

2. Que carece de medios de subsistencia en armonía con su posición social y costumbres.

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación y por un Departamento.

4. Que observa buena conducta.

5. Que, si es mujer, está soltera o viuda.

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

40. Sobre este particular, el Decreto 2277 de 1979, por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente, establece en su artículo 46 las causales de mala conducta e ineficiencia profesional en la actividad docente que dispone:

«Artículo 46. Causales de mala conducta. Los siguientes hechos debidamente comprobados constituyen causales de mala conducta: a) La asistencia habitual al sitio de trabajo en estado de embriaguez o la toxicomanía; b) El homosexualismo11 o la práctica de aberraciones sexuales; c) La malversación de fondos y bienes escolares o cooperativos; d) El tráfico con calificaciones, certificados de estudio, de trabajo o documentos públicos; e) La aplicación de castigos denigrantes o físicos a los educandos; f) El incumplimiento sistemático de los deberes o la violación reiterada de las

d) El tráfico con calificaciones, certificados de estudio, de trabajo o documentos públicos; e) La aplicación de castigos denigrantes o físicos a los educandos; f) El incumplimiento sistemático de los deberes o la violación reiterada de las prohibiciones; g) El ser condenado por delito o delitos dolosos; h) El uso de documentos o informaciones falsas para inscripción o ascensos en el Escalafón, o para obtener nombramientos, traslados, licencias o comisiones; i) La utilización de la cátedra para hacer proselitismo político. j) El abandono del cargo.»

11 Aparte tachado declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C -481 de 1998 del 9 de septiembre de 1998, con ponencia del magistrado Alejandro Martínez Caballero.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 19001 23 33 000 2021 00091 01 (3290-2024)

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41. Ahora bien, no cualquier actuación reprochable realizada por un docente puede originar la pérdida de su derecho a percibir la pensión gracia. Al respecto, el Consejo de Estado12 ha considerado dos circunstancias específicas posibles de la consecuencia descrita: i) el comportamiento censurable fue realizado repetitivamente durante toda la vigencia de su relación laboral, y ii) cuando a pesar de ser realizado una sola vez, reviste tal gravedad que la conducta implica peligro para la comunidad educativa o el ejercicio de la docencia.

repetitivamente durante toda la vigencia de su relación laboral, y ii) cuando a pesar de ser realizado una sola vez, reviste tal gravedad que la conducta implica peligro para la comunidad educativa o el ejercicio de la docencia.

42. Así las cosas, en cada caso se deberá analizar la naturaleza de la conducta atribuida al docente, la frecuencia con que esta se realizó y la incidencia o grado de afección de la comunidad educativa, lo anterior, a fin de evitar que un hecho aislado o sin repercusión alguna constituya una causal de impedimento para el reconocimiento de un derecho pensional.

2.5. Actuación administrativa

43. El demandante, actuando por intermedio de apoderada, el 28 de noviembre de 2019 solicitó ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP el reconocimiento y pago de una pensión gracia, la cual fue negada a tr