CE - Sentencia 19001233300020220022801 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: EJECUTIVO Radicación: 19001233300020220022801 (71564)

Demandante: FIDEICOMISO CONFIVAL 2

Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Tema: Proceso ejecutivo. Excepción de pago. No se probó el pago total de la obligación.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra la sentencia del 9 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, que ordenó seguir adelante con la ejecución.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 13 de agosto de 2015, el Tribunal Administrativo del Cauca condenó a la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto Jorge Eduardo Serna Sánchez . El 26 de enero de 2016 , se adelantó audiencia de conciliación, en la que la entidad condenada se comprometi ó a pagar a favor de l señor Serna Sánchez y su núcleo familiar, el 70% de 50 SMLMV por concepto de alteración en las condiciones de existencia y el 6 0% de la mitad del valor de la condena, excluyendo de los perjuicios materiales a título de lucro cesante, el 25% reconocido por concepto de prestaciones sociales y 8.75 meses. Seguidamente, el

condena, excluyendo de los perjuicios materiales a título de lucro cesante, el 25% reconocido por concepto de prestaciones sociales y 8.75 meses. Seguidamente, el 10 de marzo de 2016 , el Tribunal Administrativo de l Cauca aprobó el acuerdo conciliatorio celebrado por las partes.

En la demanda ejecutiva, la parte ejecutante afirma que la Fiscalía General de la Nación no ha cancelado la obligación contenida en la conciliación aprobada el 10 de marzo de 2016 por el Tribunal Administrativo del Cauca y, por tal motivo, solicita sea ejecutada por la suma de $284.373.939,90 y el valor de los intereses moratorios causados hasta la fecha en que se verifique el pago.Radicado: 19001233300020220022801 (71564)

Demandante: Fideicomiso Confival 2

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II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 29 de septiembre de 2022 1, el Fideicomiso Confival 2 2, administrado por la Fiduciaria Central S.A., mediante apoderado judicial presentó demanda ejecutiva en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación , con el fin de que les sean canceladas las obligaciones contenidas en el acuerdo conciliatorio aprobado el 10 de marzo de 2016 por el Tribunal Administrativo del Cauca.

Como pretensiones de su demanda, el actor solicita se libre mandamiento de pago por los siguientes conceptos: i) la suma de $284.373.939,90, correspondiente al capital adeudado del acuerdo conciliatorio suscrito el 26 de enero de 2016 , ii) la suma que se cause por intereses moratorios “desde el día siguiente de la ejecutoría

capital adeudado del acuerdo conciliatorio suscrito el 26 de enero de 2016 , ii) la suma que se cause por intereses moratorios “desde el día siguiente de la ejecutoría del auto que aprobó el acuerdo conciliatorio hasta el pago total de la obligación”, y iii) las costas y agencias en derecho.

En apoyo de las pretensiones, l a parte demandante afirma que el 13 de agosto de 2015, el Tribunal Administrativo del Cauca, dentro del proceso de reparación directa promovido por Jorge Eduardo Serna Sánchez y su núcleo familiar contra la Fiscalía General de la Nación, dictó sentencia condenatoria contra la entidad demandada por la privación injusta de la libertad del primero de ellos.

1 Archivo “5ED_EXP TRIBUN_02SolEjecutivo”, índice 2, Samai del Consejo de Estado. 2 Sobre la cesión, es menester destacar que mediante contrato de cesión del 31 de agosto de 2020, Jorge Eduardo Serna Sánchez cedieron los derechos económicos que les fueron reconocidos en la conciliación celebrada el 26 de enero de 2016 a favor de la sociedad Confival S.A.S. (Pág. 96 a 101 del archivo “5ED_EXP TRIBUN_02SolEjecutivo”, índice 2, Samai del Consejo de Estado), la cual fue aceptada el 29 de octubre de 2020 por la Fiscalía General de la Nación (Pág. 106 a 115 del archivo “5ED_EXP TRIBUN_02SolEjecutivo ”, índice 2, Samai del Consejo de Estado) . Luego, mediante contrato de cesión de fecha 1º de diciembre de 2020, la sociedad Confival S.A.S. cedió los derechos

“5ED_EXP TRIBUN_02SolEjecutivo ”, índice 2, Samai del Consejo de Estado) . Luego, mediante contrato de cesión de fecha 1º de diciembre de 2020, la sociedad Confival S.A.S. cedió los derechos económicos al Fideicomiso Confival 2, administrado por la Fiduciaria Central S.A.S (Pág. 116 a 118 del archivo “5ED_EXP TRIBUN_02SolEjecutivo ”, índice 2, Samai del Consejo de Estado) , cesión notificada a la Fiscalía General de la Nación el 15 de diciembre de 2020 (Pág. 120 a 122 del archivo “5ED_EXP TRIBUN_02SolEjecutivo”, índice 2, Samai del Consejo de Estado).Radicado: 19001233300020220022801 (71564)

Demandante: Fideicomiso Confival 2

3 Señala que en virtud de lo anterior , el 26 de enero de 2016 , el Tribunal Administrativo de l Cauca celebró audiencia de conciliación en la cual la Fiscalía General de la Nación presentó fórmula conciliatoria consistente en el pago del 70% de 50 SMLMV por concepto de alteración en las condiciones de existencia y el 60% de la mitad del valor de la condena, excluyendo de los perjuicios materiales a título de lucro cesante, el 25% reconocido por concepto de presta ciones sociales y 8.75 meses, lo cual fue aceptado por los demandantes.

Sostiene que, mediante proveído del 10 de marzo de 2016 , el Tribunal Administrativo del Cauca aprobó en sede judicial el acuerdo conciliatorio del 26 de enero de 2016 celebrado por Jorge Eduardo Serna Sánchez y su núcleo familiar y

Sostiene que, mediante proveído del 10 de marzo de 2016 , el Tribunal Administrativo del Cauca aprobó en sede judicial el acuerdo conciliatorio del 26 de enero de 2016 celebrado por Jorge Eduardo Serna Sánchez y su núcleo familiar y la Fiscalía General de la Nación.

Destaca que el 1º de septiembre de 201 6, Jorge Eduardo Serna Sánchez y su núcleo familiar solicitaron a la Fiscalía General de la Nación pagar la obligación contenida en el acuerdo conciliatorio del 26 de enero de 2016.

Se asegura que a la fecha de presentación de la demanda ejecutiva la Fiscalía General de la Nación no ha cancelado las sumas conciliadas, razón por la cual el Fideicomiso Confival 2, administrado por la Fiduciaria Central S.A. -cesionaria del créditosolicita que la entidad accionada sea ejecutada por la suma de $284.373.939,90 más los intereses moratorios causados hasta la fecha en que se efectúe el pago total de la obligación.

2. Mandamiento ejecutivo

Mediante proveído del 15 de mayo de 20233, el Tribunal Administrativo de l Cauca libró mandamiento de pago ejecutivo a favor de la demandante y en contra de la Fiscalía General de la Nación , por la suma de $ 284.383.939,90 más los intereses moratorios causados desde el 30 de marzo de 2016 hasta la fecha en que se haga efectivo el pago de la obligación.

3 Archivo “12ED_EXP TRIBUN_09202200228vsFGNlibr”, índice 2, Samai del Consejo de Estado.Radicado: 19001233300020220022801 (71564)

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3 Archivo “12ED_EXP TRIBUN_09202200228vsFGNlibr”, índice 2, Samai del Consejo de Estado.Radicado: 19001233300020220022801 (71564)

Demandante: Fideicomiso Confival 2

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3. Contestación

El 15 de mayo de 20234 el Tribunal Administrativo del Cauca ordenó la notificación de la demanda a la ejecutada y al ministerio público.

3.1. La Fiscalía General de la Nación5 se opuso a las pretensiones de la demanda, formulando como excepción el pago total de la obligación. Al efecto, expuso que mediante Resolución N° 6623 del 16 de noviembre de 2022 reconoció la suma de $650.905.775 a favor del Fideicomiso Confival 2, por concepto de capital e intereses ordenados en el acuerdo conciliatorio cuya ejecución se pretende; suma que canceló el 28 de noviembre de 2022 mediante transferencia electrónica realizada a la sociedad actora. En ese sentido, c onsideró que cumplió con el pago deprecado, de conformidad con lo previsto en los artículos 1626, 1627 y 1634 del Código Civil.

4. Audiencia inicial

El 12 de octubre de 20236 el Tribunal Administrativo del Cauca celebró la audiencia inicial, en la que, entre otras cosas, fijó el objeto del litigio.

Frente a este último punto, esto es, el objeto del litigio, señaló que consistía en “determinar si conforme lo adujo la Fiscalía General de la Nación, a través de la Resolución No. 6623 del 16 de noviembre de 2022 cumple con la obligación contenida en la sentencia presentada como título ejecutivo y resulta procedente

“determinar si conforme lo adujo la Fiscalía General de la Nación, a través de la Resolución No. 6623 del 16 de noviembre de 2022 cumple con la obligación contenida en la sentencia presentada como título ejecutivo y resulta procedente terminar el proceso de la referencia por pago total de la obligación, o si por el contrario acorde lo a dujo la parte ejecutante, se debe ordenar seguir adelante la ejecución teniendo en cuenta un pago parcial realizado por la entidad ejecutada”.

4 Ibidem. 5 Archivo “18ED_EXP TRIBUN_15ContestacionFGN”, índice 2, Samai del Consejo de Estado. 6 Archivo “ 36ED_EXP TRIBUN_33202200228NOHAYPRUE ”, índice 2, Samai del Consejo de Estado.Radicado: 19001233300020220022801 (71564)

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5. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 12 de octubre de 20237 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. En el mismo auto, el Tribunal Administrativo del Cauca ordenó dictar sentencia anticipada, de conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 182ª del CPACA.

5.1. El extremo activo8 y la Fiscalía General de la Nación9 reiteraron los argumentos expuestos en el escrito de la demanda y en la contestación de ésta, respectivamente.

5.2. El ministerio público guardó silencio.

6. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia anticipada del 9 de mayo de 2024 10 el Tribunal Administrativo

respectivamente.

5.2. El ministerio público guardó silencio.

6. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia anticipada del 9 de mayo de 2024 10 el Tribunal Administrativo del Cauca declaró parcialmente probada la excepción de pago de la obligación y, en consecuencia, ordenó seguir adelante con la ejecución del saldo insoluto de la obligación.

Al efecto sostuvo que: “[L]a Fiscalía General de la Nación considera que ha cumplido a cabalidad con la obligación a su cargo con la expedición de la Resolución No. 6623 del 16 de noviembre de 2022 […] Es importante precisar que si bien la suma indicada en la Resolución No. 6623 del 16 de noviembre de 2022 asciende a $681.163.255, el monto verdaderamente recibido por la ejecutante corresponde a $650.905.775 acorde los desprendibles respectivos aportados y lo confirmado por las partes, valor que se atribuye al monto de capital derivado de la aprobación de la conciliación judicial ejecutada por valor de $284.383.939,9 y los intereses moratorios liquidados a partir del 30 de marzo de 2016, día siguiente a la ejecutoria

7 Ibidem. 8 Archivo “44ED_EXP TRIBUN_41AlegatosConfival”, índice 2, Samai del Consejo de Estado. 9 Archivo “41ED_EXP TRIBUN_38AlegatosFGN”, índice 2, Samai del Consejo de Estado. 10 Archivo “50ED_EXP TRIBUN_46SentenciaNo079”, índice 2, Samai del Consejo de Estado.Radicado: 19001233300020220022801 (71564)

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10 Archivo “50ED_EXP TRIBUN_46SentenciaNo079”, índice 2, Samai del Consejo de Estado.Radicado: 19001233300020220022801 (71564)

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6 de la providencia. Ahora bien, para zanjar la controversia en relació n con la existencia o no de un saldo insoluto de capital, es del caso resaltar que el valor de $650.905.775 fue pagado por la Fiscalía General de la Nación únicamente hasta el 28 de noviembre de 2022 a través de transferencia realizada en favor de la ejecutante, fecha que diáfanamente se advierte es posterior al día de la expedición de la resolución que abarc ó la liquidación de intereses moratorios, situación que deja en evidencia la ausencia de reconocimiento de intereses moratorios por el periodo que tardó la entidad en desembolsar el dinero correspondiente a capital e intereses liquidados según la suma previamente referenciada. Así las cosas, se comprueba que para el 28 de noviembre de 2022 el monto adeudado por concepto de intereses ascendía a $493.145 .479,78 valor que sumado al capital cobrado y luego de realizadas las imputaciones correspondientes a partir del pago realizado por $650.905.775,00, arroja un saldo insoluto de capital que equivale a $126.623.960,90, el mismo que genera intereses moratorio s contados a partir del 29 de noviembre de 2022 y hasta el pago de la obligación, previniendo que los mismos fueron calculados hasta el 3 de mayo de 2024 arrojando la suma de $61.851.470,00 […] por ende, se ordenar á seguir adelante con la ejecución determinada en el mandamiento de pago, no sin antes ajustar aquel conforme lo

mismos fueron calculados hasta el 3 de mayo de 2024 arrojando la suma de $61.851.470,00 […] por ende, se ordenar á seguir adelante con la ejecución determinada en el mandamiento de pago, no sin antes ajustar aquel conforme lo probado a esta instancia, resaltando que los intereses moratorios del capital insoluto correrán a partir del día 29 de noviembre de 2022 y hasta que se verifique el pago total de la obligación”.

7. Recurso de apelación

El 20 de mayo de 202411, la parte ejecutada interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 12 de junio de 202412 y admitido el 30 de agosto siguiente13.

7.1. La Fiscalía General de la Nación 14 argumentó que liquidó el valor de los intereses moratorios desde el día siguiente de la ejecutoria del auto que aprobó la

11 Archivo “52ED_EXP TRIBUN_48ApelacionFgn”, índice 2, Samai del Consejo de Estado. 12 Archivo “54ED_EXP TRIBUN_50AutoSNo115ConcedeA”, índice 2, Samai del Consejo de Estado. 13 Archivo “58Autoqueadmite_Auto71564”, índice 4, Samai del Consejo de Estado. 14 Archivo “52ED_EXP TRIBUN_48ApelacionFgn”, índice 2, Samai del Consejo de Estado.Radicado: 19001233300020220022801 (71564)

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7 liquidación y hasta el 30 de noviembre de 2022, día en que se efectuó el respectivo pago, razón por la cual estima que no existe un sa ldo insoluto por cancelar. En tal

7 liquidación y hasta el 30 de noviembre de 2022, día en que se efectuó el respectivo pago, razón por la cual estima que no existe un sa ldo insoluto por cancelar. En tal virtud, peticionó revocar la decisión que ordenó seguir adelante con la ejecución y, en su lugar, se decrete la terminación del proceso por pago total de la obligación.

8. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El Despacho no corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, puesto que de conformidad con el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el numeral 5° del artículo 67 de la Ley 2080 del 2021 15, no se decretaron pruebas en segunda instancia. Asimismo, se advierte que en esta instancia del proceso el ministerio público guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Jurisdicción y competencia

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer y decidir los procesos ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública; e, igualmente los originados en los contratos celebrados por esas entidades, según lo previsto en el numeral 6 del artículo 10416 del

15 De conformidad con el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 del 2021. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. “El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en

Contencioso Administrativo. Modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 del 2021. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. “El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso […]”. 16 “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, ad emás de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. Igualmente conocerá de los siguientes procesos: (…) Los ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública; e, igualmente los originados en los contratos celebrados por esas entidades”.Radicado: 19001233300020220022801 (71564)

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8 CPACA.

esas entidades”.Radicado: 19001233300020220022801 (71564)

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8 CPACA.

Por demás, esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación presentado por la Fiscalía General de la Nación en contra de la sentencia del 9 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, comoquiera que este Despacho conoció del proceso ordinario en segunda instancia17. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación18 y lo dispuesto en los artículos 156 numeral 9º y 247 del CPACA19, e independientemente de la cuantía, puesto que se trata de un proceso ejecutivo derivado de una conciliación judicial llevada a cabo en la jurisdicción contenciosa administrativa.

17 Se resolvió mediante sentencia del 7 de octubre de 2020, Rad.: 57075 (Índice 23, Samai del Consejo de Estado). Sobre el particular, resulta importante precisar que la ejecución de sentencias condenatorias debe adelantarse ante el mismo juez que profirió la respectiva providencia del proceso declarativo o el auto aprobatorio de la conciliación. 18 Sobre el tema consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de unificación del 29 de enero del 2020. Radicado 47001-23-33-000-2019-00075-01 (63931). Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 12 de septiembre del 2023. Radicado 11001-0315-000-2023-00857-00. 19 “Artículo 150. Modificado por la Ley 2080 del 2021. Competencia del Consejo de Estado en

Contencioso Administrativo, auto de unificación del 12 de septiembre del 2023. Radicado 11001-0315-000-2023-00857-00. 19 “Artículo 150. Modificado por la Ley 2080 del 2021. Competencia del Consejo de Estado en Segunda instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelacione s de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos (…)”. “Artículo 156. Competencia por razón del territorio. Para la determinación de la competencia por razón del territorio se observarán las siguientes reglas: (…) 9. En las ejecuciones de las condenas impuestas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo o de las obligaciones contenidas en una conciliación aprobada por esta jurisdicción, será competente el juez que profirió la providencia respectiva. Artículo 24 7. Modificado por la Ley 2080 de 2021. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación. Este término también aplica para las sentencias dictadas en audiencia.

2. Cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenatorio, total o parcialmente, y contra este se interponga el recurso de apelación, el juez o magistrado ponente citará a audiencia de conciliación que deberá celebrarse antes de resolverse sobre la concesión del recurso, siempre y cuando las partes de común acuerdo soliciten su realización y propongan fórmula conciliatoria.

conciliación que deberá celebrarse antes de resolverse sobre la concesión del recurso, siempre y cuando las partes de común acuerdo soliciten su realización y propongan fórmula conciliatoria.

3. Si el recurso fue sustentado oportunamente y reúne los demás requisitos legales, se concederá mediante auto en el que se dispondrá remitir el expediente al superior. Recibido el expediente por el superior, este decidirá sobre su admisión si encuentra reunidos los requisitos .

4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los demás intervinientes.

5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia (…)”.Radicado: 19001233300020220022801 (71564)

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2. Normativa aplicable

Por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 2012 20, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)21; así como las disposiciones del Código General del Proceso (CGP)22, en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados23.

No obstante, en virtud del régimen de transición adoptado en el artículo 308 del

virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados23.

No obstante, en virtud del régimen de transición adoptado en el artículo 308 del CPACA24, los procesos iniciados con anterioridad al 2 de julio de 2012 se rigen hasta su culminación por el “ régimen jurídico anterior ”, lo que quiere decir que el cumplimiento de las sentencias judiciales no se supedita al régimen existente en el momento en que se profieren, sino al vigente para la fecha en la que inicia el proceso, salvo disposición legal en contrario.

20 Archivo “5ED_EXP TRIBUN_02SolEjecutivo”, índice 2, Samai del Consejo de Estado. La demanda se presentó el 29 de septiembre de 2022. 21 “Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”. 22 Lo anterior, teniendo en cuenta que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante auto del veinticinco (25) de junio de dos mil catorce (2014), unificó su jurisprudencia para indicar que el CGP entró a re gir a partir del primero (1º) de enero de dos mil

de Estado, mediante auto del veinticinco (25) de junio de dos mil catorce (2014), unificó su jurisprudencia para indicar que el CGP entró a re gir a partir del primero (1º) de enero de dos mil catorce (2014), “salvo las situaciones que se gobiernen por la norma de transición (…) las cuales se resolverán con la norma vigente al momento en que inició el respectivo trámite (…)”. Ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de 2014, expediente 49.299. 23 “Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civ il en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”. 24 “Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. (…) Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.Radicado: 19001233300020220022801 (71564)

Demandante: Fideicomiso Confival 2

10 Bajo ese entendido y, en consonancia con lo decantado por la Sección Tercera del Consejo de Estado25, para efectos de la exigibilidad, causación y pago de intereses que se generen como consecuencia de la mora en el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la conciliación aprobada el 10 de marzo de 2016 por el

Consejo de Estado25, para efectos de la exigibilidad, causación y pago de intereses que se generen como consecuencia de la mora en el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la conciliación aprobada el 10 de marzo de 2016 por el Tribunal Administrativo del Cauca, estas se rigen por lo establecido en el Código Contencioso Administrativo (CCA), en la medida que el acuerdo conciliatorio y la providencia aprobatoria del mismo, se dictaron dentro del proceso de reparación directa con radicación No. 19001233175120120021200 cuya demanda se promovió el 30 de marzo de 2012, esto es, en vigencia de ese estatuto procesal.

Por otra parte, como el recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca se interpuso el 20 de mayo de 202426, es decir, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 202127, para su trámite y decisión al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones vigentes al momento de su interposición, esto es, las contenidas en la Ley 1437 de 2011 con las reformas introducidas por la Ley 2080 de 2021, de acuerdo con lo señalado en los incisos finales del artículo 86 de la referida reforma28.

25 En sentencia del 20 de octubre de 2014, la Sección Tercera de esta Corporación concluyó que: i) las demandas instauradas antes de la vigencia del CPACA y cuya sentencia también se dictó antes, causan intereses de mora, en caso de retardo en el pago, confo rme al art. 177 del CCA; ii) las demandas instauradas antes de la vigencia del CPACA y cuya sentencia se dicta después, causan

causan intereses de mora, en caso de retardo en el pago, confo rme al art. 177 del CCA; ii) las demandas instauradas antes de la vigencia del CPACA y cuya sentencia se dicta después, causan intereses de mora, en caso de retardo en el pago, conforme al art. 177 del CCA, y la entrada en vigencia del CPACA no altera esta circunstancia, por disposición expresa del art. 308 de este último estatuto; y iii) Los procesos iniciados en vigencia del CPACA, y desde luego la sentencia se dicta conforme al mismo, causan intereses de mora conforme al art. 195 del CPACA. (Radicación N o. 52001-23-31-000-2001-01371-02 (AG). Posición que ha sido reiterada recientemente por auto de 9 de julio de 2021 con radicación No. 66814; auto de 27 de abril de 2020 con radicación No. 65427; auto del 10 de marzo de 2020 con radicación No. 64781 y; sentencia del 10 de octubre de 2020 con radicación No. 62424. De conformidad con lo anterior, resulta innecesario buscar la solución en las reglas generales (como lo hizo la Sala de Consulta y Servicio Civil en el Concepto No. 2184 del 29 de abril de 2014), d ado que existe una regla especial de transición procesal consagrada en el artículo 308 del CPACA, que es clara en establecer un régimen de transición y su vigencia. 26 Archivo “52ED_EXP TRIBUN_48ApelacionFgn”, índice 2, Samai del Consejo de Estado. 27 Publicada el 25 de enero de 2021. 28 “De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código

27 Publicada el 25 de enero de 2021. 28 “De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011. En estos mismos procesos, los recursos interpuestos , la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentesRadicado: 19001233300020220022801 (71564)

Demandante: Fideicomiso Confival 2

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Finalmente, en virtud de la remisión e integración normativa contemplada en el artículo 306 del CPACA29, en lo relativo a los aspectos no regulados en los procesos ejecutivos, el juez deberá acudir al Código de Procedimiento Civil -CPC-, remisión que debe entenderse, en la actualidad, al Código General del Proceso -CGP-.

3. Acción procedente

La acción ejecutiva es la pretensión idónea cuando se demanda la ejecución forzosa de obligaciones expresas, claras y exigibles a cargo de entidades pública, cuya fuente se encuentra entre otros, en sentencias judiciales de condena y/o decisiones en firme proferidas en ejercicio de los mecanismos alternativos de solución de