CE - Sentencia 19001233300020250012801 de 2025

Radicación: 19001-23-33-000-2025-00128-01

Demandante: Óscar Eduardo Muñoz Bermeo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 19001-23-33-000-2025-00128-01

Demandante: ÓSCAR EDUARDO MUÑOZ BERMEO

Demandado: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Reintegro en el cargo de Procurador Provincial. Requisito de subsidiariedad cuando no se agota de manera oportuna el medio idóneo.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por el señor Óscar Eduardo Muñoz Bermeo, quien actúa a través de apoderada judicial, contra la sentencia de 11 de agosto de 2025 , dictada por el Tribunal Administrativo del Cauca, que declaró improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 28 de julio de 2025, la parte demandante solicitó al juez constitucional la

Tribunal Administrativo del Cauca, que declaró improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 28 de julio de 2025, la parte demandante solicitó al juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales a la vida digna, mínimo vital, a la salud, al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada y al debido proceso , supuestamente vulnerados por la autoridad accionada.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“7.1. Tutelar de manera inmediata y efectiva los derechos fundamentales a la vida, salud, trabajo en condiciones dignas, mínimo vital y estabilidad laboral reforzada y el derecho al debido proceso del doctor OSCAR EDUARDO MUÑOZ BERMEO, vulnerados por la Procuraduría General de la Nación al declarar la insubsistencia de su nombramiento mediante el Decreto No. 0990 del 22 de julio de 2025.

7.2. Como consecuencia de lo anterior se ordene a la Procuraduría General de la Nación que, como medida de amparo, deje sin efectos el Decreto No.Radicación: 19001-23-33-000-2025-00128-01

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2 0990 del 22 de julio de 2025 y disponga el reintegro inmediato del accionante al cargo de Procurador Provincial, código 0PP, grado EF (ID. 0104) o a otro cargo de igual o superior jerarquía, garantizando las condiciones necesarias

0990 del 22 de julio de 2025 y disponga el reintegro inmediato del accionante al cargo de Procurador Provincial, código 0PP, grado EF (ID. 0104) o a otro cargo de igual o superior jerarquía, garantizando las condiciones necesarias para el desarrollo de sus funciones de acuerdo con su condición médica.

7.3. Ordenar a la Procuraduría General de la Nación el pago de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir por el accionante desde la fecha de la declaratoria de insubsistencia y hasta su efectivo reintegro.

7.4. Ordenar a la Procuraduría General de la Nación que, en adelante, se abstenga de ejecutar cualquier acto de desvinculación laboral contra el accionante sin contar con una motivación objetiva y la verificación previa de su situación de salud, en cumplimiento del derecho a la estabilidad laboral reforzada.

7.5. Exhortar a la Procuraduría General de la Nación para que adopte protocolos internos que garanticen el respeto de la estabilidad laboral reforzada de sus funcionarios en condiciones de debilidad manifiesta, en los términos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional”.

2. Hechos

El accionante relató que mediante Decreto no. 0499 de 3 de mayo de 2023 fue nombrado en el cargo de Procurador Provincial, código 0PP, grado E F (ID. 0104), en la Procuraduría Provincial de Instrucción de Santander de Quilichao , “cargo que ha desempeñado con eficiencia y compromiso durante los últimos tres años”.

Refirió que padece de una enfermedad renal crónica en etapa avanzada, por lo

“cargo que ha desempeñado con eficiencia y compromiso durante los últimos tres años”.

Refirió que padece de una enfermedad renal crónica en etapa avanzada, por lo que se encuentra sometido a tratamientos de diálisis peritoneal manual y está en lista de espera para un trasplante de riñón. Y agregó que esa condición médica lo pone en una situación de deb ilidad manifiesta en los términos del artículo 13 de la Constitución Política, “ lo que obliga al empleador –en este caso, La Procuraduría general de la Nación, una entidad pública – a otorgarle protección reforzada y garantizar condiciones de trabajo acordes con su situación”.

Indicó que el 7 de octubre de 2023, mediante un correo electrónico enviado a la coordinadora, informó a la Procuraduría General de la Nación sobre su estado de salud y adjuntó la respectiva historia clínica. Sin embargo, señaló que a pesar de su delicado estado de salud, la entidad expidió el Decreto no. 0990 de 22 de julio de 2025, mediante el cual declaró insubsistente su nombramiento. Y agregó que esa decisión se tomó en ejercicio de la facultad discrecional de remover a funcionarios de libre nombramient o y remoción, pero sin que mediara una motivación objetiva y proporcional, sin valorar su condición de salud ni considerar la posibilidad de una reubicación labora l. Adicionalmente, afirmó que tampocoRadicación: 19001-23-33-000-2025-00128-01

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3 se obtuvo autorización del Ministerio del Trabajo para desvincularlo, lo que constituyó una vulneración directa a su estabilidad laboral reforzada.

Manifestó que “ el día de ayer cuando se encontraba en la oficina particular organizando lo referente a la entrega del cargo en la Procuraduría, sufrió un desmayo y al caerse tropezó con su escritorio y sufrió graves heridas craneales por lo que en este momento se encuentra hospitalizado en el Hospital Universitario San José de la ciudad de Popayán”.

Sostuvo que el accionante desde su desvinculación quedó desprotegido de la seguridad social, ocasionándole un riesgo de no poder continuar con el tratamiento médico, y afirmó que requiere el servicio de salud de manera urgente porque requiere el proceso de diálisis y de trasplante de riñón.

Agregó que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en principio sería el mecanismo judicial para cuestionar la legalidad del acto que declaró la insubsistencia, pero no es idóneo ni eficaz en el caso concreto “ dada la urgencia de proteger el derecho a la vida, la salud y el mínimo vital del accionante, quien depende de su salario para acceder a su tratamiento de diálisis y garantizar una subsistencia digna”.

Finalmente, concluyó que la acción de tutela procede como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable , de conformidad con lo

accionante, quien depende de su salario para acceder a su tratamiento de diálisis y garantizar una subsistencia digna”.

Finalmente, concluyó que la acción de tutela procede como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable , de conformidad con lo establecido en las sentencias T-225 de 1993, T-231 de 2013 y SU-049 de 2017 proferidas por la Corte Constitucional que ordenaron en casos similares el reintegró provisional mientras se adelantaba el proceso judicial.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora manifestó que se le vulneraron sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital y al debido proceso. Respecto del derecho a la vida mencionó que no se limitaba únicamente a la existencia física, sino que también abarcaba la protección de la integridad personal y la dignidad humana, por lo que su desvinculación abrupta del cargo afectaba de manera grave su estado de salud y ponía en riesgo su acceso al tratamiento de diálisis, el cual es fundamental y co ntinuo para garantizar su supervivencia.

Respecto del derecho a la salud refirió que con la declaratoria de insubsistencia quedaba sin cobertura en el sistema de seguridad social, lo que interrumpía la continuidad de su tratamiento de diálisis y de los procedimientos médicos previos al trasplante de riñón y agregó que su estado de salud se vería seriamente comprometido, ya que dependía de sesiones regulares de diálisis y se encontraba en proceso de preparación para un trasplante renal, por lo que su despido no solo interrumpía su afiliación al sistema de seguridad social y a la

comprometido, ya que dependía de sesiones regulares de diálisis y se encontraba en proceso de preparación para un trasplante renal, por lo que su despido no solo interrumpía su afiliación al sistema de seguridad social y a la EPS, sino que además dificultaba el acceso a los tratamientos y al cubrimientoRadicación: 19001-23-33-000-2025-00128-01

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4 de los altos costos asociados a su enfermedad, afectando de manera directa y grave su derecho fundamental a la salud.

En relación con el derecho al trabajo afirmó que su desvinculación no fue motivada ni respaldada por una evaluación objetiva de sus funciones, por lo tanto, al despojarlo de manera arbitraria de su trabajo afectaba su dignidad y su derecho a un trato igualitario.

En lo que atañe con el derecho a la estabilidad laboral reforzada manifestó que la entidad accionada no valoró su condición médica, ni evaluó alternativas de ubicación, por lo que la insubsistencia se dictó sin un análisis objetivo.

En cuanto al derecho al mínimo vital expresó que dependía exclusivamente de su salario para cubrir sus necesidades personales y familiares, así como los costos asociados a su tratamiento de diálisis y otros gastos médicos. Además, indicó que su acceso al servicio de salud estaba directamente vincula do a la entidad nominadora. Por tanto, su desvinculación lo dejó sin ingresos inmediatos ni cobertura médica, lo cual configura un perjuicio irremediable.

indicó que su acceso al servicio de salud estaba directamente vincula do a la entidad nominadora. Por tanto, su desvinculación lo dejó sin ingresos inmediatos ni cobertura médica, lo cual configura un perjuicio irremediable.

Acerca del debido proceso, agregó que la Procuraduría General de la Nación no observó las normas, pautas y lineamientos legales establecidos para la terminación de la relación laboral, pues el acto administrativo mediante el cual se declaró la insubsistencia de su nombramiento se fundamentó únicamente en la facultad discrecional de la entidad, sin realizar una valoración adecuada de su grave condición médica, ni del riesgo de un perjuicio irremediable derivado de su desvinculación.

Reiteró que la entidad omitió completamente el análisis de su estado de salud, no tuvo en cuenta la necesidad urgente de atención médica continua, ni solicitó la autorización previa del Ministerio del Trabajo, exigida en los casos en que opera la estabilidad laboral r eforzada por condiciones de salud, por lo que esa actuación evidenciaba una vulneración directa del derecho al debido proceso, así como el desconocimiento de las garantías constitucionales y legales que protegen a las personas en condición de debilidad manifiesta frente a decisiones laborales unilaterales.

Finalmente, reiteró que la acción de tutela procede como mecanismo transitorio porque “cuando existe riesgo de un perjuicio irremediable por la afectación del mínimo vital, la salud, el debido proceso, la estabilidad laboral reforzada, la acción de tutela procede transitoriamente para ordenar el reintegro provisional mientras se adelanta el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Tal como lo establece la Corte Constitucional (SU -049 de 2017). En este caso, la

acción de tutela procede transitoriamente para ordenar el reintegro provisional mientras se adelanta el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Tal como lo establece la Corte Constitucional (SU -049 de 2017). En este caso, la tutela es el único medio inmediato pa ra evitar la vulneración de los derechos fundamentales”.

4. OposiciónRadicación: 19001-23-33-000-2025-00128-01

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4.1. Respuesta de la Procuraduría General de la Nación

El apoderado judicial de la entidad rindió informe en el que señaló que la Oficina Jurídica requirió a las dependencias que pudieran tener conocimiento de los hechos, a lo que agregó que el Grupo de Gestión de Bienestar y Seguridad y Salud en el trabajo – División de Gestión Humana – Secretaria General-, informó que el 6 de mayo de 2023 se le realizó el examen ocupacional de ingreso, en el que se reportó una alteración optométrica. Adicionalmente, precisaron que “ al evaluar el archivo documental del Grupo, no encontramos registros de historia clínica enviados por el señor Oscar Muñoz que den cuenta de alguna alteración renal como tampoco que se encuentre en un proceso de diálisi s, motivo por el cual no se han emitido recomendaciones médico laborales”.

Manifestó que el Grupo de Gestión de Personal – División de Gestión Humana – Secretaria General-, informó que de conformidad con el Decreto no. 1336 de

cual no se han emitido recomendaciones médico laborales”.

Manifestó que el Grupo de Gestión de Personal – División de Gestión Humana – Secretaria General-, informó que de conformidad con el Decreto no. 1336 de 11 de octubre de 2023 el señor Óscar Eduardo Muñoz Bermeo no fue trasladado a la Procuraduría Provincial de Instrucción del Banco Magdalena, y aportó unos documentos.

Sostuvo que “para el caso de marras, donde el accionante está cuestionando la legalidad del acto administrativo que lo declaró insubsistente; Recordemos que con la expedición de la Ley 1437 de 2011 se pretendió, entre otras situaciones, la celeridad en los procesos contenciosos administrativos, para lo cual estableció el sistema de oralidad, cuyos términos, a diferencia de la anterior normativa, permiten que un proceso donde se solicita la nulidad de un acto administrativo no supere el año calendario, en atención a los tiempos establecidos en los artículos 197 y 199 de la Ley 1437 de 2011, artículo 612 del Código General del Proceso, y 180, 181 y 182 de la mentada Ley 1437 de 2011; sin perjuicio de las múltiples herramientas jurídicas que al interior del proceso contenci oso administrativo pueda llegar a hacer uso”.

Agregó que en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el actor tiene a su disposición medidas cautelares en las que se encuentra la solicitud de suspensión provisional que tiene la misma efectividad que la acción de tutela si se encuentra demos trada la violación del derecho fundamental alegado. Y sostuvo que la decisión de la Procuraduría General de la Nación por medio de la cual se declaró insubsistente al accionante no solo era susceptible

de tutela si se encuentra demos trada la violación del derecho fundamental alegado. Y sostuvo que la decisión de la Procuraduría General de la Nación por medio de la cual se declaró insubsistente al accionante no solo era susceptible de control a través del proceso de simple nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho, sino también podía impetrar la medida cautelar en caso de cumplir con los requisitos de ley , teniendo en cuenta que “ii) la suspensión provisional que consagra el código tiene la misma prontitud y eficacia protectora que la acción de tutela, por varias razones: a) porque se decide al iniciar el proceso, b) procede para evitar un “perjuicio irremediable”; y iii) porque la contradicción que se exige para suspender el acto administrativo ya no tiene el rigor y la exigenciaRadicación: 19001-23-33-000-2025-00128-01

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6 del pasado: que sea ostensible; de hecho se puede hacer un estudio complejo para concluirlo”.

Aclaró que “la misma norma en su artículo 82, estipula que en la Entidad se pueden realizar nombramientos ordinarios, ello en consonancia con lo estipulado en el numeral 2° del artículo 182 ibidem, norma que referencia que los cargos de PROCURADOR PROVINCIAL son empleos que comportan la naturaleza de ser de libre nombramiento y remoción, al estar sujetos a la facultad discrecional del nominador”. Y agregó que el artículo 158 del Decreto Ley 262 de 2000 contempla

PROCURADOR PROVINCIAL son empleos que comportan la naturaleza de ser de libre nombramiento y remoción, al estar sujetos a la facultad discrecional del nominador”. Y agregó que el artículo 158 del Decreto Ley 262 de 2000 contempla que el retiro definitivo de un servidor de la Procuraduría General de la Nación se produce, entre otros, por insubsistencia discrecional.

De conformidad con lo anterior, señaló que la decisión del nominador con la expedición del Decreto 0990 de 22 de julio de 2025 obedeció a la facultad discrecional que le otorga la Constitución Política y la ley al Procurador General de la Nación como jefe máximo del Ministerio Público, quien cuenta con las prerrogativas que le otorgó el legislador para el ejercicio eficiente de sus funciones.

Adicionalmente, precisó que no se podía dejar de lado que la misma Constitución en su numeral 6 del artículo 278, configuró como función del Procurador General de la Nación la de “nombrar y remover, de conformidad con la Ley , los funcionarios y empleados de su dependencia”, es decir, que se le otorgó la facultad de nombrar y remover a todos los servidores de la Procuraduría General de la Nación, siempre que se observen los parámetros legales para cada clase de nombramiento.

Precisó que para el cargo de libre nombramiento y remoción que ocupaba el accionante no opera el fuero de estabilidad laboral reforzada de conformidad con lo dispuesto en la sentencia de unificación SU -003 de 2018. En ese sentido, afirmó que el accionante ocupaba en la entidad un cargo de procurador provincial, el cual está clasificado dentro de lo que llama la Corte Constitucional

lo dispuesto en la sentencia de unificación SU -003 de 2018. En ese sentido, afirmó que el accionante ocupaba en la entidad un cargo de procurador provincial, el cual está clasificado dentro de lo que llama la Corte Constitucional el “segundo criterio, son de libre nombramiento y remoción, “Los empleos cuyo ejercicio implica especial confianza, que tengan asignadas funciones de asesoría institucional, asistenciales o de apoyo, que estén al servicio directo e inmediato de los altos funcionarios del Estado, siempre y cuando, tales empleos se encuentren adscritos a sus respectivos despachos”. Por lo que el accionante dentro del escrito de tutela no se encuentran bajo ninguna circunstancia como una estabilidad laboral reforzada, dada la naturaleza de su vínculo laboral.

Respecto de la supuesta condición de debilidad manifiesta que alega tener el accionante, aclaró que el señor Muñoz Bermeo no fue desvinculado de la Procuraduría con ocasión de sus patologías de salud ni por ninguna otra razón diferente a la facultad discrecional que tiene el Procurador General de la Nación y a la naturaleza del cargo que el accionante desempañaba, es decir, uno de libre de nombramiento y remoción.Radicación: 19001-23-33-000-2025-00128-01

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Agregó que “que bajo ninguna circunstancia el accionante acredita o acreditó

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Agregó que “que bajo ninguna circunstancia el accionante acredita o acreditó que posea una condición de debilidad manifiesta, pues de conformidad con lo informado por el Grupo de Gestión de Bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo (GG-BSST) no se encontraron registros de historia clínica enviados por el funcionario que den cuenta de alguna alteración renal como tampoco que se encuentre en un proceso de diálisis, igualmente, en cuanto al estudio de enfermedades, no se encuentra evidencia en la que su EPS o la ARL estén evaluando una posible calificación de origen laboral, como tampoco que haya solicitud de trámite ante la entidad de una Estabilidad Laboral Reforzada por condiciones de salud, ello sin olvidar que se encontraba vinculado en un cargo de libre nombramiento y remoción que, como se expuso ampliamente, no goza de ningún fuero de protección por la naturaleza del cargo”.

Adicionalmente, manifestó que no hay ninguna enfermedad registrada o reportada en la entidad y mucho menos alguna de origen laboral que pudiera ser tomada como un antecedente grave o en virtud de la cual se requiriera iniciar trámites ante la junta de cali ficación de invalidez. Por lo tanto, como pudo verificarse en la documentación aportada como prueba por parte del accionante, no tiene ninguna condición de discapacidad ni pérdida de capacidad laboral declarada por las instancias competentes por lo que no gozaría del fuero de estabilidad laboral reforzada.

Afirmó que no existe una vulneración al derecho a la salud del accionante, toda vez que de conformidad con la sentencia C -800 de 2003 de la Corte Constitucional, las entidades promotoras de salud tienen prohibición de

Afirmó que no existe una vulneración al derecho a la salud del accionante, toda vez que de conformidad con la sentencia C -800 de 2003 de la Corte Constitucional, las entidades promotoras de salud tienen prohibición de suspender tratamiento o medicamento necesario para salvaguardar la vida, por lo que “si la persona deja de tener una relación laboral, deja de cotizar al régimen contributivo del Sistema de Salud y no se encuentra vinculada de ninguna otra forma a dicho régimen, pero estaba recibiendo un servicio específico de salud y, distingue como una posible situación que la vida y la integridad de la persona dependa del servicio médico específico que está recibiendo, caso en el cual, constitucionalmente no es admisible que se interrumpa el servicio de salu d específico que se venía prestando, pues, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, ello implicaría sacrificar el goce efectivo de los derechos a la vida y a la integridad de una persona”.

Respecto al derecho al mínimo vital y a la configuración de un perjuicio irremediable alegado por el accionante, precisó que el señor Muñoz Bermeo es abogado titulado de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en derecho procesal penal, asimismo cuenta con 19 años de experiencia profesional, por lo que cuenta con un perfil laboral consolidado y apto para continuar ejerciendo su profesión.

Finalmente, explicó que “conforme a lo que aparece consignado en el escrito de tutela, debo poner de presente al Despacho que no se acredita o demuestra elRadicación: 19001-23-33-000-2025-00128-01

Demandante: Óscar Eduardo Muñoz Bermeo

tutela, debo poner de presente al Despacho que no se acredita o demuestra elRadicación: 19001-23-33-000-2025-00128-01

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8 perjuicio irremediable que se le pudiera causar al accionante respecto a la Procuraduría General de la Nación por no conceder la acción tutelar, recordemos que no se trata simplemente de efectuar una enunciación, sino que a quien alega un hecho le compete probarlo”. Por lo que solicitó que se negara el amparo solicitado.

5. Sentencia de tutela impugnada

El Tribunal Administrativo del Cauca mediante sentencia de 11 de agosto de 2025, declaró improcedente la acción de tutela, y resolvió lo siguiente:

“PRIMERO: DECLARAR la improcedente de la acción de tutela promovida por el señor ÓSCAR EDUARDO MUÑOZ BERMEO en contra de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, conforme lo expuesto.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión”.

El juzgador de primera instancia indicó que la acción de tutela no cumplía con el requisito de subsidiariedad porque el accionante cuenta con el medio judicial

tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión”.

El juzgador de primera instancia indicó que la acción de tutela no cumplía con el requisito de subsidiariedad porque el accionante cuenta con el medio judicial ordinario y procedente para dirimir las controversias relacionadas con la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, como lo es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de con formidad con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Agregó que dentro de dicho medio de control el actor puede discutir la validez del acto administrativo mediante el cual su cargo fue declarado insubsistente, y puede solicitar medidas cautelares desde la presentación de la demanda y en cualquier estado del proceso, incluso permite la solicitud de medidas cautelares de urgencia sin previa notificación a la otra parte, siempre que cumpla con los requisitos para su adopción. Adicionalmente, precisó que en el caso concreto no se observan razones para considerar que el medio judicial carezca de eficacia o idoneidad que haga necesaria la intervención del juez de tutela.

Precisó que aun cuando el accionante manifestó que al salir del trabajo perdería continuidad de su tratamiento de salud, lo cierto es que el Sistema General de Seguridad Social en Salud cuenta con mecanismos para garantizar la continuidad del aseguramiento, pues el artículo 2.1.8.1 y siguientes del Decreto Reglamentario 780 de 2016 establece un periodo de protección laboral por uno o tres meses más contados a partir del día siguiente al vencimiento del periodo para que el cotizante tenga derecho a la prestación de los servicios de salud.Radicación: 19001-23-33-000-2025-00128-01

Demandante: Óscar Eduardo Muñoz Bermeo

para que el cotizante tenga derecho a la prestación de los servicios de salud.Radicación: 19001-23-33-000-2025-00128-01

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9 Refirió que de conformidad con la consulta del ADRES realizada por el despacho, se observó que el accionante se encuentra afiliado a la NUEVA E.P.S. desde el 1° de octubre de 2019, por lo tanto, a la fecha el periodo era superior a cinco años, por lo que después del reporte de novedad de terminación del vínculo laboral, el accionante goza de un periodo de protección laboral de 3 meses y , adicionalmente, cuenta con los demás mecanismos para garantizar la continuidad del servicio de salud.

Asimismo, aclaró que la parte actora se encontraba en un cargo de libre nombramiento y remoción según lo dispuesto en el artículo 182 del Decreto Ley 262 de 2000, cuyo salario no lo ponía en una situación de vulnerabilidad, pues de conformidad con los documentos aportados en la tutela, su salario mensual devengado para el mes de junio de este año era superior a 9.6 SMLMV, además de conformidad con la declaración juramentada de bienes y rentas correspondiente al año 2022, se evidenció que el accionante contaba con u n patrimonio que no evidencia una vulnerabilidad económica.

En ese orden de ideas, aclaró que “ de acuerdo con su hoja de vida, allegada a la entidad, el accionante es abogado especialista y cuenta con más de 20 años

patrimonio que no evidencia una vulnerabilidad económica.

En ese orden de ideas, aclaró que “ de acuerdo con su hoja de vida, allegada a la entidad, el accionante es abogado especialista y cuenta con más de 20 años de experiencia laboral, en los cuales laboró como servidor público, empleado del sector privado y como litigante, a pesar de que según su historia clínica ha tenido diversos diagnósticos desde muchos años atrás puesto que, el síndrome de Alport le fue diagnosticado desde su infancia. Igualment e, tuvo acceso al cargo que ocupaba en la Procuraduría General de la Nación ya siendo paciente con la Enfermedad Renal Crónica (ERC) en etapa 5”.

Refirió que el accionante en el escrito de tutela indicó que la entidad accionada conocía de su estado de salud, pero esta última afirmó lo contrario, por lo que dicha controversia le corresponde al juez natural del asunto y no al juez de tutela, pues solamente allegó captura de pantalla del correo electrónico de 7 de octubre de 2023, mediante el cual solicitó no ser trasladado a la Procuraduría Provincial del Banco Magdalena debido a sus condiciones médicas, sin embargo, la respuesta dada por la entidad no hizo alusión al motivo de la revocatoria ni demostraba que fue debido a la situación informada por el accionante.

Finalmente, concluyó que de conformidad con lo expuesto, el mecanismo judicial idóneo y eficaz para que el accionante reclame la protección de los derechos fundamentales que considera vulnerados es el medio de control de nulidad y restablecimiento del dere cho ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y precisó que “en virtud de la naturaleza del cargo que ocupaba no se encuentra en una situación apremiante de vulnerabilidad, ni existen

restablecimiento del dere cho ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y precisó que “en virtud de la naturaleza del cargo que ocupaba no se encuentra en una situación apremiante de vulnerabilidad, ni existen elementos que demuestren una situación de vulnerabilidad económica tan grave que permite flexibili