CE - Sentencia 19001233300020250015401 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Acción: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO Radicación: 19001-23-33-000-2025-00154-01

Accionante: CARLOS MANUEL BAHOS CHAGUENDO

Accionados: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA

Tema: Revoca. Improcedencia de la demanda por subsidiariedad – procedimiento sancionatorio ambiental.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala conoce de la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia del 14 de octubre de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo del Cauca. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1251, 1502 y 2433 de la Ley 1437 de 20114, así como del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado (modificado por el Acuerdo 434 de 2024).

El recurso de apelación fue concedido mediante auto del 22 de octubre de 2025. Posteriormente, en auto del 20 de noviembre de 2025 el despacho ponente de esta decisión dictó auto de pruebas5. Por lo anterior, procede la Sala a proferir sentencia en los términos previstos en el artículo 3 de la Ley 393 de 1997.

esta decisión dictó auto de pruebas5. Por lo anterior, procede la Sala a proferir sentencia en los términos previstos en el artículo 3 de la Ley 393 de 1997.

1 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20. 2 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26. 3 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62. 4 Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código [...]. 5 En la providencia se requirió a la Corporación Autónoma Regional del Cauca para que: «a). Informe si la medida preventiva impartida mediante Resolución DTC-884-2024 se encuentra vigente o fue levantada por dicha autoridad, en los términos del artículo 35 de la ley 1333 de 2009. B) Informe si actualmente se adelanta proceso administrativo sancionatorio como consecuencia de la expedición de la Resolución DTC-884-2024 «Por medio de la cual impone medida preventiva», en los términos del artículo 16 y siguientes de la Ley 1333 de 2009. C) De ser positiva la respuesta anterior, indique el estado de la investigación y allegue constancia de los actos administrativos que se han expedido con ocasión al procedimiento administrativo».Accionante: Carlos Manuel Bahos Chaguendo

C) De ser positiva la respuesta anterior, indique el estado de la investigación y allegue constancia de los actos administrativos que se han expedido con ocasión al procedimiento administrativo».Accionante: Carlos Manuel Bahos Chaguendo Accionados: Corporación Autónoma Regional del Cauca Radicación: 19001-23-33-000-2025-00154-01

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I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

1. En ejercicio de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la Constitución y desarrollada por la Ley 393 de 1997, el señor Carlos Manuel Bahos Chaguendo presentó demanda en contra de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (en adelante CRC) con el fin de obtener el cumplimiento de lo previsto en la Resolución DTC del 8 de agosto de 2024 expedida por dicha autoridad.

2. En consecuencia, solicitó que se le ordene a la accionada:

Que su despacho ordene a la CRC dar cumplimiento inmediato a la Resolución DTC-884 de 2024, en todos sus términos, en un plazo no superior a quince (15) días, e informe al juez de las actuaciones realizadas para garantizar:

1. La suspensión total de las actividades señaladas en la resolución.

2. La ejecución de la compensación ambiental (siembra de árboles nativos y cercado de franjas de protección).

3. La coordinación con la Policía Metropolitana de Popayán y la inspección de policía urbanística adscrita a la secretaria de Planeación Municipal conforme lo

cercado de franjas de protección).

3. La coordinación con la Policía Metropolitana de Popayán y la inspección de policía urbanística adscrita a la secretaria de Planeación Municipal conforme lo establece la propia resolución, para hacer efectiva la medida preventiva. […]

1.2. Posición de la parte demandante

3. El accionante expuso que la Resolución DTC-884 de 2024 fue expedida por la CRC como medida preventiva frente a afectaciones ambientales en las quebradas La Filipina y La Honda. Mencionó que, mediante tal acto administrativo, la autoridad impuso varias medidas preventivas al interior de la

parcela Llano Verde.

4. Destacó que, pese a que ha transcurrido un plazo razonable desde su expedición, las medidas allí ordenadas no han sido acatadas. En ese orden, mencionó que hay afectaciones con la tala de arboles nativos en franja de protección, quema de vegetación y construcciones materiales no convenciones y convencionales.

5. Refirió que el 6 de agosto de 2024 solicitó a la autoridad encargada el acatamiento de los deberes dispuestos en el acto administrativo referido. Sin embargo, a la fecha de radicación de la demanda, no había recibido respuesta.

1.3. Posición de la parte demandada

6. La CRC solicitó que se desestimaran las pretensiones de la demanda.

Para el efecto, expuso la demanda es improcedente comoquiera que existen otros mecanismos jurídicos para el efectivo cumplimiento de lo ordenado por dicha autoridad y son, precisamente, los procesos administrativos sancionatorios.Accionante: Carlos Manuel Bahos Chaguendo

Accionados: Corporación Autónoma Regional del Cauca

otros mecanismos jurídicos para el efectivo cumplimiento de lo ordenado por dicha autoridad y son, precisamente, los procesos administrativos sancionatorios.Accionante: Carlos Manuel Bahos Chaguendo Accionados: Corporación Autónoma Regional del Cauca Radicación: 19001-23-33-000-2025-00154-01

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7. En ese orden de ideas, trajo a colación lo expuesto en los artículos 4 y 36 de la Ley 1333 de 2009 relacionado s con las funciones de sanción y de imposición de medidas preventivas en materia ambiental, para señalar que aquellas deben ser tramitadas en un proceso sancionatorio, sin que sea posible acudir a la acción de cumplimiento.

8. En línea con lo anterior, señaló que, en ejercicio del legítimo derecho de intervenir en tales actuaciones ambientales, cualquier persona incluido el hoy accionante podía manifestar explícitamente su deseo de intervenir en aquel y para ello, debía dar cumplimiento en lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, modificado por el artículo 24 de la Ley 2387 de 2023).

9. Aunado a lo anterior, precisó que aquella Corporación desde el año 2023 ha venido atendiendo denuncias relacionadas con presuntas afectaciones ambientales en el sector El Arado, vereda Santa Bárbara, municipio de Popayán; específicamente en el predio conocido como «Parcelación Llano Verde». De ahí que, ha realizado visitas técnicas, de las cuales ha evidenciado remoción de tierra

ambientales en el sector El Arado, vereda Santa Bárbara, municipio de Popayán; específicamente en el predio conocido como «Parcelación Llano Verde». De ahí que, ha realizado visitas técnicas, de las cuales ha evidenciado remoción de tierra con maquinaria pesada, tala de árboles sin autorización y afectación a la cobertura vegetal, como lo evidencia el informe técnico sancionatorio DTC12525-2024 del 12 de agosto de 2024.

10. En atención a tal situación, refirió que expidió las Resoluciones DTC-468 del 18 de abril de 2023 mediante la cual impuso medida preventiva, consistente en la suspensión de toda obra o actividad que afecte los recursos naturales del predio; DTC-5985-2023 y DTC-12785-2023 que sustentaron la necesidad de iniciar el procedimiento sancionatorio que a la fecha se surte ante dicha autoridad; DTC-884-2024 que impuso otra medida preventiva, entre otras.

11. En vista de ello, refirió que ha venido actuando con diligencia, realizando múltiples visitas de verificación de terrenos en las cuales se han documentado de manera precisa afectaciones ambientas, e imponiendo medidas necesarias.

Adicionalmente, refirió que actualmente cursa un trámite administrativo que debe desarrollarse dentro del marco legal previsto por el ordenamiento jurídico, so pena de desconocer el principio de legalidad y vulnerar los derechos fundamentales de los implicados.

1.4. Fallo de primera instancia

12. En sentencia del 14 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo del Cauca accedió a las súplicas de la demanda. Como fundamento de su decisión

fundamentales de los implicados.

1.4. Fallo de primera instancia

12. En sentencia del 14 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo del Cauca accedió a las súplicas de la demanda. Como fundamento de su decisión expuso, en primer lugar, que la demanda acredita todos los presupuestos de procedencia de la acción de cumplimiento.

13. Se destaca que, en lo que concierne al requisito de subsidiariedad, indicó que el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 dispone que las medidas preventivas son de ejecución inmediata y contra ellas no procedía ningún recurso. En seguida, señaló que el artículo 20 de la referida normativa prevé que cualquierAccionante: Carlos Manuel Bahos Chaguendo Accionados: Corporación Autónoma Regional del Cauca Radicación: 19001-23-33-000-2025-00154-01

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persona puede intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente una vez se haya iniciado el procedimiento sancionatorio, pero como aquel «se echó de menos por la parte actora», no era posible considerar que tenía la facultad para intervenir en el procedimiento administrativo iniciado.

14. Acto seguido, el a quo expuso que de las pruebas arrimadas al proceso no era posible determinar la existencia de un proceso sancionatorio con fundamento en los motivos que dieron lugar a la Resolución DTC-884, ni tampoco que se hubiera podido verificar si hubo merito para levantar la medida una vez

no era posible determinar la existencia de un proceso sancionatorio con fundamento en los motivos que dieron lugar a la Resolución DTC-884, ni tampoco que se hubiera podido verificar si hubo merito para levantar la medida una vez fue legalizada, conforme lo establece el artículo 16 de la Ley 1333 de 2009.

15. De esa manera, afirmó que, aunque tal orden fue dada desde el mes de agosto de 2024, la entidad accionada no hizo seguimiento adecuado, pues no verificó su acatamiento, ni consideró iniciar procedimiento a los infractores .

Además, destacó que mencionó actuaciones existentes previas a la imposición de la medida y otras relacionadas pero atinentes a otros actos administrativos que no son motivo de la presente acción constitucional.

16. En ese orden de ideas, le ordenó al director territorial de la CRC que en el término de 10 días procediera a hacer efectiva la Resolución DTC-884 del 8 de agosto de 2024, así como a garantizar el procedimiento administrativo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 1333 de 2009.

1.5. Impugnación

17. La autoridad accionada solicitó que se revocará la decisión de primer grado y, en su lugar, se declarara la improcedencia de la demanda. En esencia, señaló que el a quo desconoció el carácter subsidiario de la acción de cumplimiento, al desconocer por completo la existencia de un procedimiento administrativo especial y reglado para la materia ambiental.

18. Para el efecto, iteró que el procedimiento efectuado para materializar las medidas preventivas y, eventualmente, imponer sanciones, es el procedimiento administrativo sancionatorio ambiental regulado por la Ley 1333 de 2009.

18. Para el efecto, iteró que el procedimiento efectuado para materializar las medidas preventivas y, eventualmente, imponer sanciones, es el procedimiento administrativo sancionatorio ambiental regulado por la Ley 1333 de 2009.

Además, indicó que aquel trámite fue diseñado especialmente para: i) evaluar el mérito para iniciar investigación sancionatoria, ii) garantizar los derechos fundamentales de los presuntos infractores y iii) imponer medidas correctivas y compensatorias.

19. Precisó que aquella autoridad demostró que desde el año 2023 ha venido realizando actuaciones tendientes a la verificación y control ambiental en la zona desde el año 2023, incluyendo visitas técnicas que culminaron precisamente con la expedición de la medida preventiva contenida en la Resolución TCT-884 de 2024 y que desvirtuaban una actitud de total inactividad o renuencia.

20. Además, expuso que el hecho de que no se hubiera aportado prueba del seguimiento posterior a la expedición de la resolución, no configurabaAccionante: Carlos Manuel Bahos Chaguendo Accionados: Corporación Autónoma Regional del Cauca Radicación: 19001-23-33-000-2025-00154-01

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automáticamente la renuencia que existe la acción de cumplimiento. Precisó que si bien el artículo 16 de la Ley 1333 de 2009 otorga un término de 10 días para evaluar si existe mérito para iniciar procedimiento sancionatorio, aquello es una etapa dentro de un trámite más complejo que debe ser analizado a la luz del

si bien el artículo 16 de la Ley 1333 de 2009 otorga un término de 10 días para evaluar si existe mérito para iniciar procedimiento sancionatorio, aquello es una etapa dentro de un trámite más complejo que debe ser analizado a la luz del procedimiento administrativo y no habilita, per se, el uso de la acción.

21. Destacó que la presente acción tiene como finalidad exigir la efectividad de un mandato omitido y no debatir si la administración ha sido más o menos diligente en el cumplimiento de sus funciones complejas y regladas.

22. De otro lado, refirió que la orden impartida por el a quo era redundante, en la medida que reitera deberes expresamente consagrados en la ley para la autoridad ambiental y extralimitaba el objeto de la acción, comoquiera que esta acción no tiene por objeto servir de instrumento de supervisión continua sobre actuaciones administrativas.

II. CONSIDERACIONES

23. La Sala revocará la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones de la acción de cumplimiento, para en su lugar declarar la improcedencia de la demanda, por las razones que pasan a explicarse. Para ello, se analizarán las siguientes cuestiones: i) el agotamiento del requisito de constitución en renuencia, y ii) el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de cumplimiento.

2.1. Caso concreto

24. Como viene de verse, el accionante ejerció acción de cumplimiento en contra de la CAR, con el fin de obtener el cumplimiento de lo previsto en el artículo la Resolución DTC del 8 de agosto de 2024 expedida por dicha autoridad y mediante la cual se dispuso la suspensión inmediata de toda actividad de tala de

contra de la CAR, con el fin de obtener el cumplimiento de lo previsto en el artículo la Resolución DTC del 8 de agosto de 2024 expedida por dicha autoridad y mediante la cual se dispuso la suspensión inmediata de toda actividad de tala de árboles, remoción de tierra, entre otras medidas preventivas.

2.1.1. El accionante agotó el requisito de procedibilidad relativo a la constitución en renuencia de los accionados

25. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, previo al ejercicio de la acción de cumplimiento, el actor debe constituir en renuencia a la autoridad o al particular que ejerce funciones públicas y frente al cual se exige el cumplimiento del mandato legal o consagrado en acto administrativo. Para ello, es necesario que el actor indique expresamente cuál es la norma sobre la cual versa la acción, sin que la autoridad conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación de la solicitud o, por el contrario, se ratifique en el pretendido incumplimiento6. 6 Al respecto, el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 establece lo siguiente: «Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionanteAccionante: Carlos Manuel Bahos Chaguendo Accionados: Corporación Autónoma Regional del Cauca Radicación: 19001-23-33-000-2025-00154-01

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26. En tales términos, esta Sección ha señalado que «el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con

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26. En tales términos, esta Sección ha señalado que «el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»7. La falta de agotamiento de este requisito conlleva el rechazo de la demanda.

27. En este caso está probado que el demandante constituyó en renuencia a la CAR respecto de cumplimiento de la Resolución DTC del 8 de agosto de 2024 expedida por dicha autoridad. En efecto, se corroboró que mediante correo electrónico del 6 de agosto de 2025 le pidió a tal autoridad el acatamiento de tal disposición, sin que se evidencie una respuesta oportuna.

2.1.2. La acción no supera los requisitos de procedencia

28. Conforme a lo dispuesto en la Ley 393 de 1997, la Sección Quinta de esta corporación ha sostenido que la procedencia de la acción de cumplimiento se encuentra supeditada a la acreditación de cinco requisitos generales:

(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (artículo 1)8.

(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas, encargado de ello (artículos 5 y 6).

(iii) Que el afectado no tenga o no haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no

(iii) Que el afectado no tenga o no haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(iv) Que la acción no persiga la protección de derechos fundamentales que puedan ser garantizados a través de la tutela (artículo 9).

(v) Que la acción no tenga por objeto el acatamiento de normas que establezcan gastos a la administración (artículo 9).

29. El incumplimiento de alguno de los requisitos de procedibilidad conlleva la improcedencia del medio de control. Por el contrario, si los anteriores

previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud». 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011. Rad. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo. 8 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios y directrices.Accionante: Carlos Manuel Bahos Chaguendo Accionados: Corporación Autónoma Regional del Cauca Radicación: 19001-23-33-000-2025-00154-01

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presupuestos se encuentran satisfechos, corresponde a la Sala determinar si

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presupuestos se encuentran satisfechos, corresponde a la Sala determinar si existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad o del particular en ejercicio de funciones públicas frente a los cuales se haya dirigido la acción; y, a partir de ello, determinar la prosperidad de las pretensiones de la demanda.

30. Así, frente a la solicitud de ordenar el cumplimiento de la Resolución DTC del 8 de agosto de 2024 expedida por la autoridad accionada, esta Sección advierte que, en principio, las disposiciones se encuentran vigentes y tienen rango de ley o acto administrativo.

31. Además, la acción se dirige en contra de una autoridad pública, pues los deberes cuyo cumplimiento se exigen estarían a cargo de la CRC.

32. En lo que respecta al requisito de la subsidiariedad, la Sala debe destacar que lo perseguido por el accionante es el acatamiento de un deber cuya observancia no implica la protección de un derecho fundamental que pueda ser garantizado vía acción de tutela. Sin embargo, lo pretendido sí puede ser garantizado a través de un procedimiento administrativo sancionatorio en los términos de la Ley 1333 de 2009, conforme pasa a explicarse.

33. En primer lugar, debe destacarse que la norma cuyo acatamiento se solicita es la Resolución DTC-884-2024, que es del siguiente tenor:Accionante: Carlos Manuel Bahos Chaguendo Accionados: Corporación Autónoma Regional del Cauca Radicación: 19001-23-33-000-2025-00154-01

Accionados: Corporación Autónoma Regional del Cauca Radicación: 19001-23-33-000-2025-00154-01

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34. Como puede apreciarse, la norma tiene carácter de acto administrativo de carácter particular y concreto. Mediante aquel, la autoridad ambiental accionada impuso una serie de medidas preventivas a ciertos ciudadanos que estarían desplegando conductas contrarias al equilibrio ambiental al interior de un predio localizado en la vereda Santa Bárbara, sector El Arado del municipio de Popayán

(Cauca).

35. Ahora bien, el accionante solicita con la presente demanda que se le ordene a la CRC cumplir lo dispuesto en tal acto administrativo y, en consecuencia, que se disponga que aquel debe garantizar: 1) la suspensión total de las actividades ordenadas en dicha Resolución, 2) la ejecución de la compensación ambiental y 3) la coordinación con autoridades policiales para garantizar la efectividad de la medida.

36. Ello permite advertir que lo perseguido por el accionante excede la órbita de la presente acción constitucional. En realidad, lo que pretende el señor Bahos Chaguendo, no es que la CRC cumpla lo dispuesto en Resolución DTC-8842024, sino que garantice su ejecución y para ello el ordenamiento jurídico contempla el procedimiento administrativo sancionatorio.

37. Al respecto, debe precisarse que la Ley 1333 de 2009 ha previsto un procedimiento administrativo sancionatorio como vía específica para exigir el

contempla el procedimiento administrativo sancionatorio.

37. Al respecto, debe precisarse que la Ley 1333 de 2009 ha previsto un procedimiento administrativo sancionatorio como vía específica para exigir el acatamiento de las obligaciones impuestas mediante actos administrativos de carácter ambiental. Dicho procedimiento constituye el cauce natural, ordinario y preferente para verificar el incumplimiento, ejercer facultades de investigación y adoptar las decisiones necesarias para garantizar la eficacia del acto administrativo.

38. Asimismo, los artículos 16 y 18 de la normativa comento disponen:

ARTÍCULO 18. Iniciación del procedimiento sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción aAccionante: Carlos Manuel Bahos Chaguendo Accionados: Corporación Autónoma Regional del Cauca Radicación: 19001-23-33-000-2025-00154-01

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las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos. [Énfasis de la Sala]

ARTÍCULO 20. Intervenciones. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona natural o jurídica podrá intervenir para aportar pruebas o

recibir descargos. [Énfasis de la Sala]

ARTÍCULO 20. Intervenciones. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona natural o jurídica podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental, así como con las entidades de investigación del SINA.

39. Luego, es claro que el accionante, si a bien lo tiene, puede acudir directamente ante la accionada para solicitar que inicie un proc edimiento sancionatorio en contra de los implicados por el incumplimiento de los compromisos ambientales. Inclusive, el ciudadano puede intervenir en cualquier fase del procedimiento y, si así lo quiere, aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente.

40. A través de dicho trámite, la entidad puede verificar el eventual incumplimiento, adoptar las medidas necesarias y garantizar la eficacia del acto administrativo, lo cual convierte ese mecanismo en la vía idónea para la satisfacción de la pretensión expuesta.

41. Nótese que el artículo 9 de la Ley 393 de 1997 estableció que la acción de cumplimiento no procederá «cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento para lograr el efectivo cumplimiento de la norma o acto administrativo, salvo, que, de no proceder el juez, se siga un perjuicio grave e inminente para el accionante», lo cual no fue alegado ni en el escrito de la demanda, ni en la impugnación.

administrativo, salvo, que, de no proceder el juez, se siga un perjuicio grave e inminente para el accionante», lo cual no fue alegado ni en el escrito de la demanda, ni en la impugnación.

42. Asimismo, la jurisprudencia reiterada de esta Sección ha sostenido que este mecanismo constitucional no es un instrumento paralelo para reconocer derechos subjetivos9 o resolver controversias que cuentan con otros medios de defensa. En efecto, la acción de cumplimiento «no tiene dentro de su objeto el de dirimir controversias jurídicas, ni el de reconocer derecho subjetivo alguno»10. De lo contrario, «si se autoriza al juez constitucional a que resuelva de fondo todas las controversias jurídicas en torno a la aplicación del derecho en el caso concreto, se anularía el principio de separación funcional de jurisdicciones y se dejaría sin sentido la existencia de los mecanismos procesales ordinarios y contencioso administrativos»11. 9 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 22 de noviembre de 2022. Rad. 25000-2341000-2012-00109-01(AC). En el mismo sentido, ver Consejo de Estado, Sección Quinta.

Sentencia del 27 de marzo de 2025. Rad. 08001-23-33-000-2025-00057-01. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 1 de noviembre de 2012. Rad. 76001-23-31-000-2012-00499-01.

Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 14 de octubre de 2021. Rad. 19001-23-33-0002021-00086-01. Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 10 de abril de 2025. Rad. 68001-23-33-000-2025-00074-01. 10 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 22 de noviembre de 2022. Rad. 25000-2341000-2012-00109-01(AC). En el mismo sentido, ver Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 27 de marzo de 2025. Rad. 08001-23-33-000-2025-00057-01. 11 Id.Accionante: Carlos Manuel Bahos Chaguendo Accionados: Corporación Autónoma Regional del Cauca Radicación: 19001-23-33-000-2025-00154-01

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43. De allí que esta acción no proceda para « exigir el cumplimiento de obligaciones consagradas en los contratos estatales, imponer sanciones, hacer efectivo los términos judiciales de los procesos, o perseguir indemnizaciones, por cuanto, para dichos propósitos, el ordenamiento jurídico establece otros cauces procesales, al tratarse de situaciones administrativas no consolidadas. Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción de cumplimiento no se puede incoar frente a normas que generen gastos […]»12.

44. Bajo esa lógica, dado que la acción de cumplimiento no puede desplazar ni sustituir el mecanismo especializado que el legislador diseñó de manera

frente a normas que generen gastos […]»12.

44. Bajo esa lógica, dado que la acción de cumplimiento no puede desplazar ni sustituir el mecanismo especializado que el legislador diseñó de manera expresa para tratar este tipo de casos, la demanda deviene como improcedente.

2.2. Conclusión

45. Por las anteriores razones, la Sala revocará la sentencia de primera instancia proferida el 14 de octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Cauca, que accedió a las pretensiones de la acción de cumplimiento. En su lugar, se declarará la improcedencia de la demanda por no acreditarse el requisito de la subsidiariedad, como viene de verse, a efectos de garantizarse lo perseguido, el ordenamiento jurídico dispone el procedimiento sancionatorio ambiental.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 14 de octubre de 2025 dictada por el Tribunal Administrativo del Cauca, que accedió