CE - Sentencia 19001233300020250018001 de 2025

Radicado: 19001-23-33-000-2025-00180-01

Demandante: Miguel Ángel Mosquera Becerra

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicado: 19001-23-33-000-2025-00180-01

Demandante: Miguel Ángel Mosquera Becerra

Demandado:

Tema: Juzgado Sexto Administrativo de Popayán

Tutela contra providencia judicial . Reparación directa. Excepción de inepta demanda. Defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la providencia de 20 de octubre de 2025, dictada por Tribunal Administrativo del Cauca, que resolvió:

«PRIMERO.- NEGAR por improcedente el amparo tutelar de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y otro, pretendidos por el señor MIGUEL ANGEL MOSQUERA BECERRA, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente fallo.

SEGUNDO.-LEVANTAR la medida provisional ordenada en el numeral quinto del auto

MIGUEL ANGEL MOSQUERA BECERRA, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente fallo.

SEGUNDO.-LEVANTAR la medida provisional ordenada en el numeral quinto del auto interlocutorio No. 246 del 8 de octubre de 2025, proferido dentro de la tutela de la referencia.»

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 8 de octubre de 2025, el señor Miguel Ángel Mosquera Becerra interpuso acción de tutela contra el Juzgado Sexto Administrativo de Popayán, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, y los principios de legalidad y confianza legítima. En consecuencia, formuló la siguiente pretensión:

«PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales (…) vulnerados al señor MIGUEL ANGEL MOSQUERA BECERRA, por EL JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYAN, al proferir El Auto I – 735 de Cuatro (4) de septiembre de 2025 y el Auto I – 799 de veinticuatro (24) de septiembre de 2025, dictado por la señora Juez

Dra. MARIA CLAUDIA VARONA ORTIZ (…).

SEGUNDO: Que como consecuencia de lo anterior SE DEJE SIN EFECTOS El Auto I – 735 de Cuatro (4) de septiembre de 2025 y el Auto I – 799 de veinticuatro (24) de septiembre de 2025, proferido por el JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN a trav és de la señora Juez Dra. MARIA CLAUDIA VARONA

ORTIZ.

septiembre de 2025, proferido por el JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN a trav és de la señora Juez Dra. MARIA CLAUDIA VARONA ORTIZ.

TERCERO: Se ORDENE AL JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYAN, a través de su señora Juez Dra. MARIA CLAUDIA VARONA ORTIZ que profiera Auto Interlocutorio mediante el cual se REVOQUE El Auto I – 735 de Cuatro (4)Radicado: 19001-23-33-000-2025-00180-01

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de septiembre de 2025 teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la ley y la jurisprudencia que versa sobre la presente Litis.»

2. Hechos De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Antecedentes administrativos

El señor Miguel Ángel Mosquera Becerra fue incluido en la nómina general de pensionados del sector público administrada por el Consorcio FOPEP desde enero de 2011.

En febrero de 2020, al intentar realizar el cobro de su mesada pensional, advirtió la ausencia del depósito en su cuenta bancaria. Al indagar ante el FOPEP, se le informó que la Registraduría Nacional del Estado Civil había expedido el Registro Civil de Defunción con serial núm. 5253486, inscrito en la Registraduría Municipal de Popayán

ausencia del depósito en su cuenta bancaria. Al indagar ante el FOPEP, se le informó que la Registraduría Nacional del Estado Civil había expedido el Registro Civil de Defunción con serial núm. 5253486, inscrito en la Registraduría Municipal de Popayán el 14 de febrero de 2020, motivo por el cual su cédula de ciudadanía núm. 10515.432 figuraba como «cancelada por muerte », por lo que, se le informó que «solo la Registraduría puede certificar que el señor Miguel Ángel Mosquera está vivo y debe gestionar nuevamente la vigencia de su cédula».

Como consecuencia, se generó la suspensión del pago de sus mesadas pensionales y la desafiliación del sistema de seguridad social en salud.

El 2 de marzo de 2020, el señor Mosquera Becerra radicó petición ante la Registraduría Nacional del Estado Civil y, ante la falta de respuesta oportuna y la persistencia de la afectación, interpuso acción de tutela.

Mediante Resolución 3193 del 20 de abril de 2020, la Registraduría Nacional del Estado Civil procedió de oficio a decretar la revocatoria directa de las resoluciones que habían cancelado la cédula de ciudadanía del actor por muerte. En consecuencia, se restableció la vigencia del documento de identidad en el Archivo Nacional de Identificación (ANI), tras corroborar mediante cotejo dactiloscópico que el ciudadano no había fallecido.

Del proceso judicial con radicado núm. 2022-00050-00

El 15 de marzo de 2022, Miguel Ángel Mosquera Becerra, en nombre propio y en representación de su núcleo familiar radicó demanda de reparación directa contra la

Del proceso judicial con radicado núm. 2022-00050-00

El 15 de marzo de 2022, Miguel Ángel Mosquera Becerra, en nombre propio y en representación de su núcleo familiar radicó demanda de reparación directa contra la Nación – Registraduría Nacional del Estado Civil , con el fin de que se declarara la responsabilidad patrimonial de la entidad demandada por la falla en el servicio derivada de la cancelación de su cédula de ciudadanía.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se declarara la responsabilidad patrimonial de la entidad demandada y se ordenara el pago de lucro cesante (correspondiente a los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, genera dos por el pago tardío de las mesadas pensionales retenidas entre febrero y junio de 2020), daño emergente ( por los préstamos que se vio obligado a adquirir para su subsistencia durante el bloqueo de sus cuentas y los intereses de mora cobrados por entidades bancarias sobre créditos vigentes) y perjuicios morales.

El Juzgado Sexto Administrativo de Popayán , en auto del 7 de julio de 2022 , admitió la demanda de reparación directa. En dicha providencia, el despacho difirió el estudio sobre la caducidad para una etapa posterior, a la espera de contar con elRadicado: 19001-23-33-000-2025-00180-01

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expediente administrativo completo, y ordenó la notificación personal a la

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expediente administrativo completo, y ordenó la notificación personal a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

El 4 de septiembre de 2025, la autoridad judicial accionada dictó a uto en el que, en uso de las facultades de saneamiento previstas en el artículo 207 del CPACA, adoptó las siguientes decisiones:

(i) Modificó el medio de control elegido por el accionante de reparación directa a nulidad y restablecimiento del derecho, porque la fuente del daño no fue un hecho u omisión, sino que provenía de un acto administrativo particular , específicamente, la Resolución 212023133 del 20 de febrero de 2020, mediante la cual se canceló la cédula del actor.

Al respecto, citó jurisprudencia del Consejo de Estado para sostener que la excepción que permite demandar en reparación directa actos administrativos revocados no aplica cuando el ciudadano tuvo conocimiento de la ilegalidad del acto antes de su revocatoria y no lo demandó en nulidad oportunamente.

(ii) Al adecuar el trámite a nulidad y restablecimiento del derecho, advirtió que de caducidad (4 meses) ya había vencido. En consecuencia, ordenó tramitar el fallo como sentencia anticipada para resolver, como único problema jurídico, si operó la caducidad de la acción respecto del mencionado acto administrativo.

Inconforme con la decisión, la apoderada de los demandantes interpuso recurso de

fallo como sentencia anticipada para resolver, como único problema jurídico, si operó la caducidad de la acción respecto del mencionado acto administrativo.

Inconforme con la decisión, la apoderada de los demandantes interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación el 9 de septiembre de 2025, con fundamento en los siguientes argumentos:

(i) el acto administrativo que mediante el cual se ordenó cancelar la cédula fue revocado por la propia entidad mediante la Resolución 3193 del 20 de abril de 2020, por lo que dicho acto desapareció de la vida jurídica y no es susceptible de control de legalidad.

(ii) La demanda no busc ó la nulidad de un acto que ya no existe, sino la indemnización de los perjuicios causados por un «servicio defectuoso », circunstancias que habilitaban el medio de control de reparación directa.

(iii) Adecuar el proceso a nulidad y restablecimiento del derecho implicaba una denegación de justicia, pues obligaba a tramitar una acción caducada.

El 24 de septiembre de 2025, el Juzgado Sexto Administrativo del Popayán no repuso su decisión y reiteró la tesis inicial. Además, señaló que el demandante « conoció del yerro de la administración, al menos el 2 de marzo de 2020 » (fecha en que presentó petición), por lo que tenía la carga de demandar la nulidad en ese momento, independientemente de la revocatoria posterior.

Por otro lado, rechazó por improcedente el recurso de apelación, con fundamento en que, de conformidad con el artículo 243 del CPACA, el auto que decide sobre el saneamiento o la adecuación del trámite no es susceptible de alzada.

Por otro lado, rechazó por improcedente el recurso de apelación, con fundamento en que, de conformidad con el artículo 243 del CPACA, el auto que decide sobre el saneamiento o la adecuación del trámite no es susceptible de alzada.

3. Argumentos de la acción de tutela

El señor Miguel Ángel Mosquera Becerra alegó que la autoridad judicial accionada, (en auto de 4 de septiembre de 2025 , confirmado en reposición el 24 de septiembre del mismo año ) incurrió en «defecto sustantivo por desconocimiento del precedenteRadicado: 19001-23-33-000-2025-00180-01

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judicial», al sanear el proceso y adecuar el medio de control de reparación directa al de nulidad y restablecimiento del derecho.

Al respecto, afirmó que se desconoció la realidad procesal y fáctica del litigio, dado que la pretensión de la demanda nunca estuvo dirigida a cuestionar la legalidad de un acto administrativo que ya había desaparecido del mundo jurídico; por el contrario, el objeto de la litis se circunscribía exclusivamente a la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado por la falla en el servicio derivada del error en la cancelación del documento de identidad.

En esa misma línea, explicó que, al encauzar la demanda por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, se imp uso la aplicación de un término de caducidad de 4 meses que, para la fecha de la providencia, se encontraba

En esa misma línea, explicó que, al encauzar la demanda por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, se imp uso la aplicación de un término de caducidad de 4 meses que, para la fecha de la providencia, se encontraba ampliamente superado. De este modo, alegó que la decisión judicial c erró definitivamente la posibilidad de obtener una reparación por los daños sufridos, no por falta de diligencia de su parte, sino por la imposición de una vía procesal improcedente frente a un acto revocado.

Asimismo, resaltó que la actuación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, al reconocer su error y revocar el acto de cancelación, confirmó la existencia de una falla en el servicio que debe ser indemnizada en el proceso de reparación directa. En sus argumentos, destacó que « el error en que incurrió la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL demuestra la falencia en el incumplimiento de un deber normativo, ajustando su conducta a la noción de imputación jurídica de responsabilidad subjetiva».

Aunado a lo anterior , señaló que jurisprudencia del Consejo de Estado habilita la procedencia de la reparación directa cuando un acto administrativo ha sido revocado por la propia administración (como ocurrió con la Resolución que canceló su cédula, la cual fue revocada por la Resolución 3193 del 20 de abril de 2020), por lo que no es exigible demandar su nulidad.

En su criterio, exigir el control de legalidad sobre un acto inexistente constituye un formalismo excesivo que ignora la excepción jurisprudencial aplicable a los daños derivados de actos revocados.

exigible demandar su nulidad.

En su criterio, exigir el control de legalidad sobre un acto inexistente constituye un formalismo excesivo que ignora la excepción jurisprudencial aplicable a los daños derivados de actos revocados.

Alegó que, en casos similares al presente, otros tribunales 1 y juzgados realizaron el estudio de fondo de la demanda de reparación directa.

Por tanto, insistió en que la controversia versa sobre la responsabilidad del Estado por la prestación defectuosa del servicio de identificación y no sobre la validez de un acto administrativo que la misma entidad expulsó del ordenamiento, lo cual refuerza la idoneidad del medio de control originalmente escogido.

Sostuvo que la decisión judicial vulneró el principio de confianza legítima, al modificar sorpresivamente las reglas procesales en su perjuicio, y afectó su dignidad humana, al impedirle acceder a una reparación por la afectación a su mínimo vital que le causó el error administrativo.

Finalmente, solicitó como medida provisional la suspensión del proceso con el objeto de que no se dicte sentencia anticipada.

1 Sentencia de 12 de septiembre de 2018, Exp. núm. 2007-00211-01, Tribunal Administrativo de Boyacá: sentencia de 2 de marzo de 2018, Exp. núm. 2014-00237-01, Tribunal Administrativo de Sucre; sentencia de 16 de octubre de 2018, Exp. 2017-00064-00; sentencia de 1 de septiembre de 2023, Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Bogotá.Radicado: 19001-23-33-000-2025-00180-01

Demandante: Miguel Ángel Mosquera Becerra

sentencia de 1 de septiembre de 2023, Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Bogotá.Radicado: 19001-23-33-000-2025-00180-01

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4. Trámite previo de la acción de tutela

Mediante auto de 8 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo del Cauca decretó la medida provisional de suspensión del asunto al encontrar acreditados los requisitos de apariencia de buen derecho, riesgo probable y proporcionalidad.

Además, admitió la acción de tutela y ordenó notificar a l accionante y a la autoridad judicial accionada. Adicionalmente, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, como terceros con interés.

5. Oposiciones

El Juzgado Sext o Administrativo de Popayán solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela por falta del requisito relevancia constitucional, porque la inconformidad del actor radica en una interpretación que es de competencia exclusiva del juez natural del proceso.

Señaló que la adecuación del medio de control se fundamentó en las facultades de saneamiento previstas en los artículos 171 y 207 del CPACA, con el fin de evitar futuras sentencias inhibitorias. Sostuvo que la fuente del daño alegado por la parte actora no correspondía a un hecho u omisión, sino a un acto administrativo expreso , esto es, la Resolución 212023133 del 20 de febrero de 2020, mediante la cual se canceló la cédula de ciudadanía.

actora no correspondía a un hecho u omisión, sino a un acto administrativo expreso , esto es, la Resolución 212023133 del 20 de febrero de 2020, mediante la cual se canceló la cédula de ciudadanía.

Explicó que aplicó la jurisprudencia del Consejo de Estado , específicamente la sentencia del 1 de noviembre de 20232, la cual establece que la excepción para acudir a la reparación directa frente a actos revocados no opera de manera automática. A su juicio, dicha excepción es improcedente cuando el administrado tuvo conocimiento de la ilegalidad del acto antes de su revocatoria y, por ende, tuvo la oportunidad de ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Frente al caso concreto, señaló que se probó en el expediente que Miguel Ángel Mosquera Becerra conoció el «yerro de la administración» al menos desde el 2 de marzo de 2020, fecha en la que presentó petición y acci ón de tutela en las que pidió la corrección del error. De modo que, al haberse percatado de la irregularidad con anterioridad a la expedición del acto de revocatoria (ocurrida el 20 de abril de 2020), el actor tenía la carga procesal de demandar la nulidad del acto inicial dentro del término de caducidad de cuatro meses, obligación que incumplió.

Con base en lo anterior, la juez afirmó que la decisión de adecuar el trámite a nulidad y restablecimiento del derecho y estudiar la caducidad era la única vía jurídicamente viable, pues permitir la reparación directa implicaría desconocer las reglas de orden público sobre la caducidad de las acciones.

6. Intervención de los terceros con interés

viable, pues permitir la reparación directa implicaría desconocer las reglas de orden público sobre la caducidad de las acciones.

6. Intervención de los terceros con interés

La Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó ser desvinculada del presente trámite porque, considera, carecer de falta de legitimación en la causa por pasiva, en el entendido que la presunta vulneración de derechos fundamentales invocada por el accionante no se originó en una acción u omisión administrativa de la entidad, sino en una decisión jurisdiccional adoptada por el Juzgado Sexto Administrativo de Popayán.

2 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas., 01 de noviembre de 2023, Radicado número: 25000-23-36-000-2015-02954-01 (59185).Radicado: 19001-23-33-000-2025-00180-01

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Asimismo, argumentó que la acción de tutela no cumple con los requisitos de procedibilidad contra providencias judiciales , toda vez que el accionante pretende utilizar la tutela para cuestionar la interpretación realizada por el operador judicial sobre la escogencia de la acción procedente, lo cual desborda el objeto del juez constitucional y atenta contra el principio de subsidiariedad.

7. Sentencia de primera instancia

El 20 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo del Cauca profirió sentencia mediante la cual negó por improcedente la acción de tutela interpuesta por Miguel

7. Sentencia de primera instancia

El 20 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo del Cauca profirió sentencia mediante la cual negó por improcedente la acción de tutela interpuesta por Miguel Ángel Mosquera Becerra.

En primer lugar, abordó el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Al respecto, concluyó que la demanda no super ó los presupuestos de relevancia constitucional ni de subsidiariedad.

Sobre la relevancia constitucional, sostuvo que la controversia planteada por el accionante se trataba de un debate meramente legal relacionado con la interpretación de normas procesales sobre la escogencia del medio de control. Argumentó que el juez de tutela no podía inmiscuirse en la autonomía del juez natural para definir cuál era la vía procesal adecuada, máxime cuando dicha decisión estaba sustentada en precedentes del Consejo de Estado.

En cuanto a la subsidiariedad, señaló que el proceso ordinario aún se encontraba en curso y no había culminado con una sentencia definitiva. Por tanto, consideró que el accionante debía esperar las resultas del litigio y agotar los mecanismos ordinarios dentro del mismo, sin que fuera procedente utilizar la tutela como una instancia adicional o paralela para corregir supuestos errores de procedimiento antes de que se profiriera el fallo de fondo.

A pesar de haber encontrado improcedente la acción por razones formales, el Tribunal se pronunció sobre el defecto sustantivo invocado por la parte actora. En su análisis, desestimó la configuración de dicha causal, argumentando que la Juez Sexta Administrativa no actuó de manera caprichosa o arbitraria.

se pronunció sobre el defecto sustantivo invocado por la parte actora. En su análisis, desestimó la configuración de dicha causal, argumentando que la Juez Sexta Administrativa no actuó de manera caprichosa o arbitraria.

Sobre el particular , indicó que la decisión de adecuar el trámite a nulidad y restablecimiento del derecho se encontraba respaldada en jurisprudencia del Consejo de Estado, la cual limita la procedencia de la reparación directa frente a actos revocados cuando el ciudadano tuvo conocimiento previo de la ilegalidad. Concluyó que, al existir un fundamento jurisprudencial razonable para la decisión cuestionada, no era posible predicar la existencia de un error, independientemente de que el accionante no compartiera la interpretación acogida.

8. Impugnación

El señor Miguel Ángel Mosquera Becerra impugnó la sentencia de primera instancia con fundamento en que esa decisión , al avalar la actuación del Juzgado Sexto Administrativo de Popayán legitim ó una barrera para acceder a la administración de justicia.

Explicó que la adecuación del medio de control a nulidad y restablecimiento del derecho, respecto de un acto administrativo proferido en el año 2020, conduce a laRadicado: 19001-23-33-000-2025-00180-01

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declaratoria de caducidad del medio de control, lo que impide que se estudie de fondo la responsabilidad del Estado por los daños causados.

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declaratoria de caducidad del medio de control, lo que impide que se estudie de fondo la responsabilidad del Estado por los daños causados.

Insistió en que la controversia planteada en la demanda ordinaria no giró en torno a la legalidad de un acto administrativo vigente, sino a la reparación de los perjuicios derivados de un error de la administración que ya fue corregido por ella misma. Explicó que la Resolución 3193 del 20 de abril de 2020 revocó las decisiones que cancelaron su cédula, retirándolas del ordenamiento jurídico, por lo que exigirle demandar la nulidad de un acto que ya no existe carece de sentido.

Advirtió que el fallo de primera instancia ignoró el precedente del Consejo de Estado que habilita la acción de reparación directa en casos de actos administrativos revocados. Sostuvo que, al tratarse de una falla en el servicio por la prestación defectuosa de la f unción de identificación, la vía procesal idónea e ra la reparación directa, tal como ha sido reconocido en casos similares por la jurisprudencia contencioso administrativa. Afirmó que desconocer esta subregla vulnera su derecho a la igualdad y el principio de confianza legítima.

Frente al requisito de subsidiariedad, aclaró que sí hizo uso de todos los mecanismos ordinarios a su alcance. Precisó que interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra el auto que ordenó la adecuación del trámite, pero estos fueron resueltos desfavorablemente.

9. Trámite en segunda instancia

El conocimiento del presente asunto correspondió inicialmente por reparto al

de apelación contra el auto que ordenó la adecuación del trámite, pero estos fueron resueltos desfavorablemente.

9. Trámite en segunda instancia

El conocimiento del presente asunto correspondió inicialmente por reparto al despacho del consejero Luis Antonio Rodríguez Montaño, sin embargo la ponencia presentada no obtuvo la mayoría suficiente, por lo que , mediante auto del 14 de noviembre de 2025, se ordenó remitir el expediente al siguiente consejero en turno.

En cumplimiento de lo anterior, el 19 de noviembre de esta anualidad, se efectuó el cambio de ponente, por lo que el despacho de la consejera Claudia Rodríguez Velásquez asumió la sustanciación del asunto, con el fin de proferir la sentencia de segunda instancia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.Radicado: 19001-23-33-000-2025-00180-01

Demandante: Miguel Ángel Mosquera Becerra

judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.Radicado: 19001-23-33-000-2025-00180-01

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Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 3, para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 4 y específicas 5 de procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

En los términos del escrito de impugnación, corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la decisión de tutela de primera instancia, que declaró improcedente la acción de tutela.

En ese sentido, procederá con la verificación de los requisitos generales de procedencia, y, solo en caso afirmativo, procederá con el estudio de fondo de los

declaró improcedente la acción de tutela.

En ese sentido, procederá con la verificación de los requisitos generales de procedencia, y, solo en caso afirmativo, procederá con el estudio de fondo de los defectos invocados. En síntesis, la parte accionante sostiene que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial por interpretar erróneamente las normas sobre la procedencia del medio de control y desconocer el precedente jurisprudencial que habilita la reparación directa cuando el acto administrativo causante del daño ha sido revocado por la propia administración.

La Sala anticipa que amparará los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del actor, por encontrar demostrado que el Juzgado Sexto Administrativo de Popayán incurrió en los defectos alegados.

(i) Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en el presente caso

La Sala anota que la acción de tutela cumple con el (i) requisito de relevancia constitucional porque la parte actora invoca la protección del derecho fundamental al debido proceso, se sustentan con suficiencia las razones por las que la decisión judicial cuestionada afecta dicho derecho, no se trata de un asunto de mera legalidad o económico y los cuestionamientos tienen que ver con la ratio decidendi de la decisión.

3 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio

de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca) 4 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio i