CE - Sentencia 19001233300020250018301 de 2025
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 19001233300020250018301 de 2025
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2025
1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., nueve (09) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 19001-23-33-000-2025-00183-01
Accionante: José Julián Torres Vargas
Accionado: Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA / Revoca amparo / Declara improcedencia ante la carencia de objeto por hecho superado.
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la autoridad accionada contra la sentencia proferida el 22 de octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante la cual se dispuso la protección d el derecho fundamental de petición del demandante y se negó el amparo solicitado en relación con los derechos al debido proceso y dignidad humana.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1. El 6 de octubre de 2025 1, el señor José Julián Torres Vargas presentó acción de tutela contra el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, en busca de obtener el amparo de sus derechos fundamentales de petición, debido proceso y dignidad humana.
2. Como sustento de su solicitud, relató que el 19 de agosto de 2025 dirigió una
Popayán, en busca de obtener el amparo de sus derechos fundamentales de petición, debido proceso y dignidad humana.
2. Como sustento de su solicitud, relató que el 19 de agosto de 2025 dirigió una solicitud a l titular del despacho accionado, con el fin de que realizara una visita
colectiva a los internos del patio no. 4 de la Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad de Popayán , donde actualmente se encuentra recluido, conforme lo previsto en el artículo 422 de la Ley 1709 de 2014.
1 Esta es la fecha en la que radicó la tutela ante la oficina jurídica del establecimiento carcelario. El reparto ante el Tribunal se hizo el 8 de octubre de 2025, fecha en la que el INPEC remitió la demanda. 2 “Modifícase el artículo 51 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así: ARTÍCULO 51. Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. El Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad garantizará la legalidad de la ejecución de las sanciones penales. En los establecimientos donde no existan permanentemente jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad estos deberán realizar al menos dos visitas semanales a los establecimientos de reclusión que le sean asignados (…)”.Radicación: 19001-23-33-000-2025-00183-01
Accionante: José Julián Torres Vargas Accionado: Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
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3. Indicó que dicha petición fue reiterada el 8 y 22 de septiembre del año en curso.
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
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3. Indicó que dicha petición fue reiterada el 8 y 22 de septiembre del año en curso.
Sin embargo, sostuvo que, a la fecha de presentación de la acción constitucional, la autoridad demandada no había emitido respuesta alguna.
B. Sentencia de primera instancia
4. Mediante sentencia del 22 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo del Cauca amparó el derecho fundamental de petición del actor, tras encontrar acreditada la vulneración alegada.
5. Explicó que si bien se evidenció que la autoridad accionada dio respuesta a la solicitud del accionante por medio del auto del 1º de octubre de 2025, lo cierto es que esta no resolvió de fondo lo solicitado por el actor. En su criterio, la contestación no fue precisa ni congruente, pues se limitó a informar de manera general que desde el año anterior se venían realizando visitas al centro carcelario y que el tutelante
debía estar atento a las próximas jornadas , sin indicarle si el patio no. 4 ya había sido visitado y, de ser así, la fecha respectiva; o, en caso contrario, la fecha en la que le correspondería el turno para realizar la visita solicitada.
6. Por consiguiente, ordenó al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán que, en el término indicado, emitiera una respuesta de fondo, clara y precisa a la petición objeto de la tutela. Para tales efectos, debía precisar la
fecha en que corresponde el turno para realizar la visita colectiva al Patio No. 4, donde se encuentra recluido el actor y notificar dicha contestación en debida forma.
clara y precisa a la petición objeto de la tutela. Para tales efectos, debía precisar la fecha en que corresponde el turno para realizar la visita colectiva al Patio No. 4, donde se encuentra recluido el actor y notificar dicha contestación en debida forma.
7. En lo concerniente a los derechos fundamentales al debido proceso y dignidad humana, negó la solicitud de amparo por estimar que no se demostró su transgresión.
C. La impugnación
8. El Juzgado accionado alegó que el a quo no tuvo en cuenta que la petición del accionante se encaminaba a exponer, en una entrevista personal, asuntos propios de su proceso penal. Motivo por el cual en la contestación otorgada el 1º de octubre de 2025, se le exhortó para que, si lo estimaba conveniente, pusiera en conocimiento del juzgado -por escrito -, las inquietudes que deseara a efectos de resolverlas conforme a los términos y requisitos previstos en el ordenamiento jurídico en materia penal, procesal penal y de ejecución de penas y medidas de seguridad.
9. Precisó que las cuestiones estrictamente procesales pueden ser puestas en conocimiento de los Juzgados de Ejecución por los sentenciados, de manera escrita o a través de medios electrónicos, utilizando los recursos que debe suministrar el establecimiento carcelario, sin necesidad de la presencia del juez.
10. Explicó que las visitas persona les solo son exigibles cuando se trata de verificar las condiciones de reclusión o la manera en que la pena debe cumplirse en elRadicación: 19001-23-33-000-2025-00183-01
Accionante: José Julián Torres Vargas
las condiciones de reclusión o la manera en que la pena debe cumplirse en elRadicación: 19001-23-33-000-2025-00183-01
Accionante: José Julián Torres Vargas Accionado: Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
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establecimiento penitenciario y carcelario, según lo dispuesto en el artículo 38, numeral 6, de la Ley 906 de 2004 y la Ley 65 de 1993. Agregó que las visitas que efectúa su despacho deben realizarse en varios establecimientos carcelarios y no únicamente en Popayán.
11. Adujo que el juez de primera instancia también pasó por alto la dinámica de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, que comprende una alta carga laboral, conocimiento de múltiples peticiones semanales, de acciones de tutela y de habeas corpus y falta de personal, lo cual impide hacer presencia en los lugares de reclusión para entrevista r a los internos , ya sea individual o colectivamente , aunque si se prog ramen visita periódicas. Añadió que, por razones de seguridad y orden público, no es viable trasladar a un interno hasta el despacho para una entrevista individual.
12. Aseveró que no existe directriz d el Consejo Superior de la Judicatura o del Consejo Seccional de la Judicatura que obligue a esos despachos a laborar diariamente o con cierto frecuencia desde los centros de reclusión.
13. Manifestó que, según información previa, los internos del patio n o. 4 eran indígenas condenados por su propia jurisdicción, respecto de los cuales no ejercía
diariamente o con cierto frecuencia desde los centros de reclusión.
13. Manifestó que, según información previa, los internos del patio n o. 4 eran indígenas condenados por su propia jurisdicción, respecto de los cuales no ejercía vigilancia, aunque dicha situación habría variado recientemente.
14. Finalmente, informó que, en cumplimiento a lo ordenado por el a quo, mediante oficio 314 del 30 de octubre de 2024, a través de la Dirección del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Popayán, le informó al accionante que se había
programado visita al patio no. 4 el 6 de noviembre de 2025, a efectos de escuchar exclusivamente al acc ionante y a los demás condenados que se enc ontraran en dicho pabellón a disposición del Juzgado para la vigilancia de su pena, con el fin de conocer sus inquietudes procesales e ilustrarles acerca de los requisitos para acceder a la concesión de subrogados o beneficios penales o administrativos. En consecuencia, afirmó que la petición fue atendida en forma debida y oportuna.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
D. Competencia
15. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19913.
E. Análisis del caso concreto
3 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".Radicación: 19001-23-33-000-2025-00183-01
E. Análisis del caso concreto
3 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".Radicación: 19001-23-33-000-2025-00183-01
Accionante: José Julián Torres Vargas Accionado: Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
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16. Esta Subsección revocará el fallo impugnado, tras constatar que se configuró una carencia actual de objeto por hecho superado, lo que conlleva a la improcedencia de la solicitud de amparo.
17. El accionante atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán , con ocasión a la falta de respuesta frente a la petición que formuló el 19 de agosto de 2025,
orientada a que se realizara una visita colectiva en el patio no. 4, donde se encuentra privado de la libertad.
18. De los elementos de juicio obrantes en el expediente, se evidenció que, en efecto, el 19 de agosto de 2025 el actor dirigió una solicitud ante la autoridad judicial
accionada, en los siguientes términos:
<< (…) por favor se permita al señor juez visitar personalmente a los PP.L. que nos encontramos al interior del pabellón #4, se aplique el art. 51, de la ley 1709 de 2014, esto con el fin de tratar diferentes temas sobre los procesos en vigilancia por dicho juzgado. Mencionando que en mi caso personal, 4 años no he obtenido alguna visita
esto con el fin de tratar diferentes temas sobre los procesos en vigilancia por dicho juzgado. Mencionando que en mi caso personal, 4 años no he obtenido alguna visita a lo que se refiere (sic) este artículo (sic). No obstante se eleva esta colectiva (…)>>
19. A su vez, se encontró que, mediante auto del 1 º de octubre de 2025 que se le notificó el día 7 del mismo mes y año , el Juzgado accionado dio respuesta a dicha petición. Informó que, desde finales del año pasado , se venían efectuando visitas regulares al interior del establecimiento penitenciario y a cada pabellón donde se encuentran personas sentenciadas a disposición del despacho, con el propósito de escuchar sus inquietudes sobre la ejecución de la condena e instruirlos acerca de los requisitos para acceder a la co ncesión de subrogados o beneficios penales o administrativos. Precisó que el patio n o. 4 ya había sido visitado y exhortó al peticionario a permanecer atento a las próximas jornadas , aclarándole que ello no impedía que, de estimarlo pertinente, presentara sus solicitudes por escrito ante el despacho, de manera fundamentada, a efectos de resolverlas conforme los términos y requisitos previstos en el ordenamiento jurídico.
20. Bajo ese escenario, para la Sala resulta claro que los supuestos de hecho que motivaron la presentación de la acción de tutela desaparecieron en el curso del proceso, lo que condujo a que se configurara una carencia actual de objeto por hecho superado.
21. Con posterioridad a la interposición de la acción constitucional y previo a qu e se adoptara la decisión de primera instancia, la autoridad accionada desplegó la
hecho superado.
21. Con posterioridad a la interposición de la acción constitucional y previo a qu e se adoptara la decisión de primera instancia, la autoridad accionada desplegó la conducta que reclamaba el accionante, esto es, otorgar una respuesta frente a la solicitud presentada por el actor el 19 de agosto de 2025 , reiterada el 8 y 22 de septiembre del mismo año.
22. Debe precisarse que si bien a la fecha de presentación de la demanda -6 de octubre de 2025la autoridad accionada ya había emitido una respuesta, esta solo fue notificada al peticionario el 7 de octubre siguiente. Por consiguiente, al momentoRadicación: 19001-23-33-000-2025-00183-01
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de acudir al juez constitucional, el demandante no tenía conocimiento de dicha contestación, situación que se superó en el transcurso del proceso, pues el Juzgado no solo atendió la solicitud del demandante, sino que, además, le comunicó de forma efectiva la respuesta , razón por la cual no se co mparte la exigencia del a quo en relación con el contenido de la misma.
23. Al abordar el estudio del caso , el juez de primera instancia concluyó que la contestación no era de fondo, por cuanto no se indicó de manera exacta la fecha en que se realizó la visita al patio no . 4, ni la fecha en que se efectuaría la siguiente, limitándose a señalar de manera general que ya se habían adelantado visitas y que
contestación no era de fondo, por cuanto no se indicó de manera exacta la fecha en que se realizó la visita al patio no . 4, ni la fecha en que se efectuaría la siguiente, limitándose a señalar de manera general que ya se habían adelantado visitas y que debía permanecer atento a las próximas.
24. Sin embargo, la falta de precisión reprochada por el a quo deviene del contenido de la misma petición, ya que el actor no solicitó información concreta sobre fechas específicas, sino que se limitó a requerir la realización de una visita colectiva, conforme el artículo 42 de la Ley 1709 de 2014. Por ende, mal haría en exigírsele a la autoridad enjuiciada que of reciera una contestación con el nivel de detalle que echa de menos el fallador de primera instancia.
25. La petición se circunscribió a solicitar la realización de una visita colectiva por parte del juez encargado de vigilar la ejecución de la pena impuesta a las personas
recluidas en el patio no. 4, entre ell as el accionante . Dicho asunto fue abordado expresamente por el titular del despacho, quien informó que ya se habían efectuado algunas visitas en oportunidades anteriores y que se adelantarían otras en los próximos días, motivo por el cual el solicitante debía permanecer atento. De manera que la autoridad accionada no recurrió a información evasiva, impertinente o que no guarde relación lo pedido. Por el contrario, abarcó el tema objeto de la solicitud de forma precisa, clara y congruente , y en el marco del proceso le dio el trámite que consideró pertinente.
26. La respuesta en los términos exigidos por el juez de primera instancia desborda
forma precisa, clara y congruente , y en el marco del proceso le dio el trámite que consideró pertinente.
26. La respuesta en los términos exigidos por el juez de primera instancia desborda el ámbito de protección del derecho fundamental de petición. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, siempre que la autoridad atienda el objeto de la petición de manera clara, precisa y acorde a lo solicitado , como aconteció en este caso, se entiende que el pronunciamiento de la autoridad satisface materialmente el derecho fundamental de petición, independientemente d el sentido de la respuesta , ya que esta no hace parte del núcleo esencial de dicha prerrogativa.
27. Examinar el contenido de la respuesta a tal punto de direccionar el sentido en que debía otorgarse constituye una intromisión indebida en un asunto que es de competencia exclusiva del sujeto pasivo de la petición4.
28. Con todo, aún si se admitiera que la contestación debía brindarse en los términos señalados por el a quo , lo cierto es que , en cumplimiento del fallo de primera
4 En ese sentido, ver sentencia del 4 de noviembre de 2021, exp.11001-0315-000-2021-05637-01, CP. Gabriel
Valbuena Hernández.Radicación: 19001-23-33-000-2025-00183-01
Accionante: José Julián Torres Vargas Accionado: Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
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instancia, el Juzgado accionado informó al actor la fecha exacta en la que se programó la visita que solicitó. Si bien este proceder estuvo motivado por la orden
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
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instancia, el Juzgado accionado informó al actor la fecha exacta en la que se programó la visita que solicitó. Si bien este proceder estuvo motivado por la orden de amparo, la Sala no pasa por alto que ya se había atendido la solicitud -de ahí que se trate de un hecho superado - y este segundo pronunciamiento complementa la respuesta. En consecuencia, cualquier orden adicional en sede de tutela carecería de efectos prácticos.
29. Por lo expuesto, la Sala revocará la sentencia del 22 de octubre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca. En su lugar, declarara la improcedencia de la acción de tutela ante la carencia actual de objeto por hecho superado.
30. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR el fallo dictado el 22 de octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo de l Cauca . E n su lugar, DECLARAR improcedente la solicitud de amparo, conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE5
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE5
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
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