CE - Sentencia 19001233300220200068401 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 19001-23-33-002-2020-00684-01 (1808-2023)

Demandante: María Eneida Osiris Bonilla de Calvo

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1

Tema: Devolución de dineros percibidos de buena fe

Sentencia de segunda instancia _________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el ente de previsión social demandado contra la sentencia proferida el 10 de noviembre de 2022 por el Tribunal Administrativo del C auca, mediante la cual se accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. María Eneida Osiris Bonilla de Calvo presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 2, en orden a que se declarara la nulidad de las resoluciones RDP 023882 del 08 de agosto

control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 2, en orden a que se declarara la nulidad de las resoluciones RDP 023882 del 08 de agosto de 2019, RDP 030952 del 16 de octubre de 2019 y RDP 033195 del 29 de noviembre de 2019, por medio de las cuales la Ugpp determinó que adeudaba unas sumas de dinero por concepto de mayores valores pagados en las mesadas pensionales.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó i) la declaratoria de que los pagos afectados, supuestamente en exceso , fueron recibidos de buena fe y la inexistencia de una obligación clara, expresa y actualmente exigible; y ii) la prescripción de la acción de cobro.

1 En lo que sigue Ugpp. 2 En adelante CPACA.2

Radicado: 19001-23-33-002-2020-00684-01 (1808-2023)

Demandante: María Eneida Osiris Bonilla de Calvo

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. A través de la Resoluci ón 41453 del 6 de septiembre de 2007, la Caja Nacional de Previsión Social3, hoy Ugpp, le reconoció a María Eneida Osiris Bonilla de Calvo la pensión de jubilación, acto administrativo confirmado a través de la Resolución 36195 del 30 de julio de 2008. Esta prestación se encontraba condicionada al retiro definitivo del servicio para su disfrute.

la pensión de jubilación, acto administrativo confirmado a través de la Resolución 36195 del 30 de julio de 2008. Esta prestación se encontraba condicionada al retiro definitivo del servicio para su disfrute.

3.2. El 30 de junio de 2011 le fue aceptada su renuncia al cargo que venía desempeñando, a través de acto administrativo remitido a Cajanal para que fuera incluida en la nómina de pensionados.

3.3. No fue incluida en nómina y la entidad tampoco respondía sus peticiones, razón por la cual presentó acción de tutela ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Popayán. Dentro de este proceso Cajanal manifestó no haber dado respuesta comoquiera que no se tenía el acto administrativo de retiro definitivo del servicio.

3.4. La acción de tutela fallada a su favor no surtió efectos, ni siquiera con el desacato, y la afectación al mínimo vital y al servicio de salud se extendió por varios meses más.

3.5. Luego del reenvío de la renuncia, Cajanal a través de oficio del 5 de junio de 2012 le solicitó fotocopia de la cédula y «supervivencia», documentos que fueron remitidos a la entidad.

3.6. El 6 de junio de 2012 recibió un oficio en el cual el ente de previsión social le informaba acerca de que su solicitud había sido enviada a la Ugpp por competencia, junto con el expediente.

3.7. Fue incluida en la nómina de junio de 2012, junto con el pago del correspondiente retroactivo; no obstante, no se le notificó acto administrativo alguno que diera cuenta

junto con el expediente.

3.7. Fue incluida en la nómina de junio de 2012, junto con el pago del correspondiente retroactivo; no obstante, no se le notificó acto administrativo alguno que diera cuenta de las mesadas pagadas, por qué conceptos y en qué cuantía, ante lo cual la pensionada en virtud del principio de buena fe y confianza legítima, y ante la demora de la entidad en el trámite, no manifestó reparo alguno.

3.8. Después de varias peticiones que presentó en el año 2018, la Ugpp a través de la Resolución RDP 19214 del 26 de junio de 2019 ordenó elevar el valor de la

3 En lo sucesivo Cajanal.3

Radicado: 19001-23-33-002-2020-00684-01 (1808-2023) Demandante: María Eneida Osiris Bonilla de Calvo pensión, efectiva a partir del 1 de julio de 2011; sin embargo, los efectos fiscales fueron a partir del 8 de noviembre de 2015 por prescripción trienal.

3.9. Por medio de la Resolución RDP 23882 del 8 de agosto de 2019 , la Ugpp determinó que se habían pagado unos mayores valores por que la pensión había sido reconocida desde el 14 de mayo de 2008, situación incomprensible, pues de la actuación administrativa y de la acción de tutela la entidad conocía que la fecha de retiro era del 30 de junio de 2011.

3.10. A través de la Resolución RDP 030952 del 16 de octubre de 2019, la Subdirección de Determinación de la Ugpp estableció que adeudaba la suma de

retiro era del 30 de junio de 2011.

3.10. A través de la Resolución RDP 030952 del 16 de octubre de 2019, la Subdirección de Determinación de la Ugpp estableció que adeudaba la suma de $70.969.073, sin haber allegado ningún sustento o prueba de ello y explicar por qué́ pasó por alto la condición de retiro definitivo plasmada en la Resolución 41453, origen del reconocimiento pensional.

3.11. Interpuso recurso de reposición contra el anterior acto administrativo, el cual fue confirmado por la Ugpp en todas sus partes por medio de la Resolución RDP 036195 del 29 de noviembre de 2019. No obstante, la entidad de previsión social no se pronunció en ninguno de los argumentos de la alzada y pasó por alto que debía demandar sus propios actos mediante los cuales supuestamente realizó el pago doble.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 29 y 83 de la Constitución Política ; 817 del Estatuto Tributario; 102 del Decreto 1848 de 1969; 4 de la Ley 1066 de 2006; y 164, numeral 1, literal c), de la Ley 1437 de 2011.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente4:

5.1. La Ugpp vulneró el debido proceso al haber revocado tácitamente los actos administrativos de contenido particular y concreto por medio de los cuales se incluyó en nómina y se pagó el retroactivo, los cuales debió demandar al no contar con autorización de la beneficiaria.

5.2. Las actuaciones de la actora siempre se han ajustado a los principios de legalidad

en nómina y se pagó el retroactivo, los cuales debió demandar al no contar con autorización de la beneficiaria.

5.2. Las actuaciones de la actora siempre se han ajustado a los principios de legalidad y de buena fe y , de conformidad con el artículo 83 de la Constitución Política y 164 del CPACA, es deber de la entidad demostrar la mala fe del particular.

4 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL », documento «ED_19001233300220200068(.zip) NroActua 2 », carpeta « 2020-684-00 MA ESNEDA OSIRIS BONILLA VS UGPP (1)», subcarpeta «JuzgadoPrimero», archivo «002DemandaPoder.pdf».4

Radicado: 19001-23-33-002-2020-00684-01 (1808-2023) Demandante: María Eneida Osiris Bonilla de Calvo 5.3. Al momento de la inclusión en nómina no se le notificó un acto administrativo ni mucho menos se le entregó la liquidación de los valores pagados, lo que le dio la confianza legítima de que correspondía a lo adeudado, máxime que la inclusión en nómina no fue inmediata, sino que tardó varios meses en su reconocimiento.

5.4. La Ugpp no le dio a conocer el documento a partir del cual se estableció la deuda con el fin de verificar su veracidad, así como tampoco se refirió a sus propios errores. La entidad ha pretendido alegar su propia culpa en su favor, sin desvirtuar la buena fe de la pensionada.

5.5. Operó la prescripción extintiva frente al cobro de los supuestos valores entregados, puesto que el derecho a su recobro se realizó después de 7 años de

fe de la pensionada.

5.5. Operó la prescripción extintiva frente al cobro de los supuestos valores entregados, puesto que el derecho a su recobro se realizó después de 7 años de haberlos recibido, cuando la norma estableció que se debía realizar dentro de los 3 años siguientes al pago, lo que ocurrió en el año 2012.

1.2. Contestación de la demanda

6. La Ugpp se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con

fundamento en los siguientes argumentos5:

6.1. Luego de revisar la nómina de pensionados la entidad encontró que la Resolución 41453 del 6 de septiembre de 2007 fue ingresada el 1 de junio de 2012, con una efectividad a partir del 14 de mayo de 2008, y en razón a ello, se pagó el retroactivo correspondiente entre la fecha de efectividad y la inclusión en nómina; sin embargo, con ocasión de una solicitud de reliquidación, se aport aron nuevos elementos de juicio, los que dieron origen a determinar que se había efectuado un doble pago, es decir, la mesada pensional y el salario por concepto de la labor desempeñada.

6.2. Es así como con la Resolución RDP 030952 del 16 de octubre de 2019 la Ugpp determinó unos mayores valores recibidos por concepto de la pensión reconocida a favor de la actora con cargo a recursos del sistema general de seguridad social en pensiones, sin tener derecho a aquellas, cuando era conocedora de que no le asistía el derecho y en modo alguno rechazó el pago por ventanilla o el abono en cuenta. Por tanto, adeudaba la suma de $70.969.073.

pensiones, sin tener derecho a aquellas, cuando era conocedora de que no le asistía el derecho y en modo alguno rechazó el pago por ventanilla o el abono en cuenta. Por tanto, adeudaba la suma de $70.969.073.

6.3. A sabiendas de la inexistencia de su derecho pensional la demandante continuó cobrando las mesadas pensionales a su favor, circunstancia que se puede catalogar como de mala fe, pues conocía de la circunstancia de pago erróneo.

5 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL », documento «ED_19001233300220200068(.zip) NroActua 2 », carpeta «2020 -684-00 MA ESNEDA OSIRIS BONILLA VS UGPP (1)», documento «009ContestacionDemandaUgpp.pdf».5

Radicado: 19001-23-33-002-2020-00684-01 (1808-2023) Demandante: María Eneida Osiris Bonilla de Calvo 6.4. Por último, propuso las excepciones de: i) buena fe de la entidad demandada; ii) prescripción; y iii) innominada.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo del Cauca en sentencia proferida el 10 de noviembre de 2022 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandada. Al efecto dispuso lo siguiente6:

«PRIMERO. - DECLARAR la nulidad de las Resoluciones RDP 023882 del 08 de agosto de 2019, mediante la cual modifica a Resolución RDP No. 19214 de 26/06/2019, RDP

«PRIMERO. - DECLARAR la nulidad de las Resoluciones RDP 023882 del 08 de agosto de 2019, mediante la cual modifica a Resolución RDP No. 19214 de 26/06/2019, RDP 030952 del 16 de octubre de 2019, RDP 036195 del 29 de noviembre de 2019, en la cuales se determina el cobro de mayores valores pagados a la demandante MARÍA ENEIDA OSIRIS BONILLA DE CALVO, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO. - A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO determinar que la señora María Eneida Osiris Bonilla de Calvo no está obligada al reembolso de los mayores valores pagados por la UGPP, por concepto del retroactivo pensional reconocido entre los años 2008 a 2011, al mediar la buena fe de la demandante que la exime del pago de dichos rubros.

TERCERO. - Condenar en costas a la parte demandada, conforme los parámetros establecidos en la parte motivan de esta sentencia.

(…)» (sic).

8. Para tal efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al

asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente:

8.1. La Ugpp, a efectos de proceder al cobro de los mayores valores pagados a la demandante por concepto de un retroactivo pensional, no efectuó análisis alguno sobre su actuar o buena fe en el trámite administrativo.

8.2. Por el contrario, «advirtiendo que no existe justificación de la entidad para haber efectuado la inclusión en nómina desde el mes de mayo de 2008, su sustento fue la

sobre su actuar o buena fe en el trámite administrativo.

8.2. Por el contrario, «advirtiendo que no existe justificación de la entidad para haber efectuado la inclusión en nómina desde el mes de mayo de 2008, su sustento fue la imposibilidad de devengar salario y mesada pensional, aspecto que con base en la Ley 1437 de 2011, no relevaba a la UGPP de analizar el proceder de la pensionada».

8.3. En este contexto, pese a que con la contestación de la demanda se sustent ó la mala fe en el hecho de que la pensionada, aun siendo conocedora de que no le asistía el derecho a las mesadas pensionales, efectuó su cobro, resulta ba insuficiente tal argumento, pues en modo alguno se acredit ó por parte de la entidad

6 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL », documento «ED_19001233300220200068(.zip) NroActua 2 », carpeta «2020 -684-00 MA ESNEDA OSIRIS BONILLA VS UGPP (1)», documento «022SentenciaPrimeraInstancia.pdf».6

Radicado: 19001-23-33-002-2020-00684-01 (1808-2023) Demandante: María Eneida Osiris Bonilla de Calvo que se le haya puesto de manifiesto por algún medio la liquidación de los valores reconocidos.

8.4. Los valores consignados , «según relatan los hechos de la demanda », fueron en calidad de retroactivo pensional en el año 2012, más no como pagos concomitantes al salario cuando se encontraba la trabajadora activa en el servicio , de ahí que no sea plausible atender las manifestaciones de la contestación de la demanda al

calidad de retroactivo pensional en el año 2012, más no como pagos concomitantes al salario cuando se encontraba la trabajadora activa en el servicio , de ahí que no sea plausible atender las manifestaciones de la contestación de la demanda al derivar mala fe al percibir salario y pensión, pues su pago fue posterior.

8.5. Comoquiera que la comprobación de la mala fe que admitiera el recobro de las sumas pagadas de más por concepto de retroactivo pensional recaía en la UGPP, su ausencia de demostración impedía a la entidad el establecimiento de la deuda con cargo a la demandante, por más que las consideraciones de los actos administrativos resulten loables.

8.6. No existían elementos de juicio que permitieran «desmontar» el principio de buena fe de que goza ba el actuar de la demandante . Por tanto, conforme con el artículo 164, numeral primero, literal c, del CPACA, pese a que la U gpp en el año 2019 constató el giro de dineros por concepto de mesadas pensionales a favor de la demandante entre el mes de mayo de 2008 y junio de 2011, fecha para la cual aún se encontraba en servicio activo, no le era factible a la entidad el cobro de dichos valores, razón suficiente para declara r la nulidad de los actos administrativos demandados.

8.7. De conformidad con lo previsto en el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 la prescripción de las prestaciones sociales transcurre una vez cumplido el término de 3 años, lapso superado con creces en el asunto, situación que impedía el recobro efectuado por la entidad.

8.8. La condena en costas era procedente, toda vez que se accedió a las pretensiones

3 años, lapso superado con creces en el asunto, situación que impedía el recobro efectuado por la entidad.

8.8. La condena en costas era procedente, toda vez que se accedió a las pretensiones de la demanda, en consideración a lo previsto en los artículos 188 del CPACA y 365 del Código General el Proceso7.

1.4. El recurso de apelación

9. La Ugpp interpuso recurso de apelación bajo los siguientes argumentos8:

9.1. María Eneida Osiris Bonilla conocía que había recibido unos mayores valores

7 En adelante CGP. 8 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL », documento «ED_19001233300220200068(.zip) NroActua 2 », carpeta «2020 -684-00 MA ESNEDA OSIRIS BONILLA VS UGPP (1)», documento «026ApelacionUGPP.pdf».7

Radicado: 19001-23-33-002-2020-00684-01 (1808-2023) Demandante: María Eneida Osiris Bonilla de Calvo pagados por la Ugpp, toda vez que la pensión de jubilación que se le reconoció se incluyó en nómina a partir del 14 de mayo de 2008, cuando el retiro efectivo de l servicio ocurrió el 1 de julio de 2011.

9.2. Así entonces, aquella era cons ciente de que estaba recibiendo un doble pago y en modo alguno lo rechazó, circunstancia que se podía catalogar como un actuar de mala fe.

9.3. La Corte Constitucional (sin especificar en qué providencia) ha considerado que el principio de buena fe es aquel que exige a los particulares y a las autoridades

mala fe.

9.3. La Corte Constitucional (sin especificar en qué providencia) ha considerado que el principio de buena fe es aquel que exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una «persona correcta (vir bonus)».

9.4. En este contexto, la buena fe «presupone la existencia de relaciones recíprocas con trascendencia jurídica, y se refiere a la “confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada” En este sentido y conforme al artículo 83 superior, este principio implica que (i) las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben estar gobernadas por el principio de buena fe y; (ii) ella se presume en las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, es deci r en las relaciones jurídico administrativas. Esta última característica opera como presunción legal que admite prueba en contrario».

9.5. Dentro del asunto no se podía concluir que haya existido una actuación de buena fe por parte de la demandante, pues conocía de forma clara que recibía un mayor valor al que realmente le correspondía; sin embargo, realizó los respectivos cobro s de este.

9.6. El cobro efectuado por la Ugpp estaba fundamentado en el numeral 10 del artículo 6 del Decreto 575 de 22 de marzo de 2013 9, que estableció que la entidad debía «(a)delantar las acciones administrativas y judiciales pertinentes en el caso en que se detecten inconsistencias en la información laboral o pensional o en el cálculo de las prestaciones económicas y suspender, cuando fuere necesario, los pagos e iniciar el proceso de cobro de los mayores dineros pagados».

detecten inconsistencias en la información laboral o pensional o en el cálculo de las prestaciones económicas y suspender, cuando fuere necesario, los pagos e iniciar el proceso de cobro de los mayores dineros pagados».

9.7. Al haberse permitido percibir una mesada superior a la que correspondía, se desconoció el principio de la sostenibilidad o equilibrio financiero y se condenó al Estado a tener que asumir cargas procesales que a corto o largo plazo desencadenaban en una desfinanciación del sistema que amenazaba su sostenibilidad.

9.8. En ese sentido, no era procedente que se declarara la nulidad de las resoluciones

9 «Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y se determinan las funciones de sus dependencias».8

Radicado: 19001-23-33-002-2020-00684-01 (1808-2023) Demandante: María Eneida Osiris Bonilla de Calvo a través de las cuales se determinó el cobro de mayores valores pagados a favor de la demandante.

1.5. Pronunciamientos en segunda instancia

10. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar10.

1.6. Concepto del Ministerio Público

11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

12. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 11, el

11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

12. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 11, el problema jurídico consiste en determinar ¿si para el caso concreto se desvirtuó la presunción de buena fe que ampara a María Eneida Osiris Bonilla de Calvo y en consecuencia si hay lugar a la devolución de los dineros pagados en exceso con ocasión del retroactivo pensional que se le reconoció entre los años 2008 a 2011?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Del principio de la buena fe y su tratamiento jurisprudencial para la devolución de prestaciones periódicas

13. La institución de la buena fe nace como regla moral regida por el honor y el crédito personal, luego como regla de derecho. En su origen, en Roma, la fides hacía referencia a las relaciones entre Dios y el hombre y se le daba su nombre cuando había cumplido a cabalidad lo que se decía o lo que se había prometido y entre las partes se actuaba de acuerdo con lo convenido. Es la fidelidad de la palabra al estar ligado a su propia declaración12.

10 Tal y como se indicó en el auto del 8 de marzo de 2024. Samai, índice 4, actuación «Auto que admite recurso de apelación », documento «6AUTOQUEADMITE_18082023ADMITERAPELA(.pdf) NroActua 4». 11 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.

NroActua 4». 11 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012. 12 Schulz Fritz, Principios del Derecho Romano, editorial Civitas, Madrid, 2000, página 143.9

Radicado: 19001-23-33-002-2020-00684-01 (1808-2023)

Demandante: María Eneida Osiris Bonilla de Calvo

14. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos 13, «(l)a buena fe (del latín, bona fides) es un principio general del derecho, consistente en el estado mental de honradez, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión, o la rectitud de una conducta. Exige una conducta recta u honesta en relación con las partes interesadas en un acto, contrato o proceso. En ocasiones se le denomina ‹principio de probidad›», entiéndase por probidad, de conformidad con la Real Academia de la Lengua Española14, como honradez.

15. La Corte Constitucional en la sentencia C-540 de 199515, sostuvo que «(l)a buena fe ha sido desde tiempos inmemoriales, uno de los principios fundamentales del derecho, ya se mire por su aspecto activo, como el deber de proceder con lealtad en nuestras relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo, como el derecho a esperar que los demás procedan en al

(sic) misma forma».

16. El principio de la buena fe surgió en nuestro ordenamiento jurídico en el Código Civil, en especial, en su artículo 769 que estableció:

«Artículo 769. <Presunción de buena fe>. La buena fe se presume, excepto en los

16. El principio de la buena fe surgió en nuestro ordenamiento jurídico en el Código Civil, en especial, en su artículo 769 que estableció:

«Artículo 769. <Presunción de buena fe>. La buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria.

En todos los otros, la mala fe deberá probarse»16.

17. Por su parte, el Código de Comercio en su artículo 835 dispuso que «(s)e presumirá la buena fe, aún la exenta de culpa. Quien alegue la mala fe o la culpa de una persona, o afirme que ésta conoció o debió conocer determinado hecho, deberá probarlo». Este cuerpo normativo, en los artículos 863 y 871 previó el principio de la buena fe como rector de los contratos en las etapas precontractual y contractual y su ejecución.

18. A su turno, el Código Contencioso Administrativo17 en su artículo 136, numeral 2, estableció que «(l)os actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe ». (Negrilla del texto original).

19. El desarrollo más importante del principio de la buena fe en nuestro ordenamiento jurídico se encuentra en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, el cual

dispuso:

13Tesauro Interamericano de Derechos Humanos. Principio de buena fe https://www.corteidh.or.cr/sitios/tesauro/tr1938.htm#:~:text=NA%3A,la%20rectitud%20de%20una%2 0conducta. 14 https://dle.rae.es/probidad?m=form.

https://www.corteidh.or.cr/sitios/tesauro/tr1938.htm#:~:text=NA%3A,la%20rectitud%20de%20una%2 0conducta. 14 https://dle.rae.es/probidad?m=form. 15 Sentencia C-540 del 23 de noviembre de 1995. Magistrado ponente: Jorge Arango Mejía. 16 Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional a través de la sentencia C -540-95 del 23 de noviembre de 1995. Magistrado ponente: Jorge Arango Mejía. 17 Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011.10

Radicado: 19001-23-33-002-2020-00684-01 (1808-2023)

Demandante: María Eneida Osiris Bonilla de Calvo

«Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas».

20. Así las cosas, la buena fe es uno de los principios generales del derecho que gobierna las relaciones entre la administración y los ciudadanos. Al respecto, la Corte Constitucional18 ha sostenido que el principio de la buena fe es aquel que exige, tanto a las autoridades, como a los particulares acomodar sus comportamientos y actuaciones a una conducta honesta y leal, tal y como lo haría una «persona correcta ("vir bonus")». Así, la buena fe presupone la existencia de relaciones recíprocas con trascendencia jurídica y se refiere a la «confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada».

21. En dicha providencia la Corte Constitucional se refirió a la buena fe, así:

trascendencia jurídica y se refiere a la «confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada».

21. En dicha providencia la Corte Constitucional se refirió a la buena fe, así:

«La buena fe supone la existencia de una relación entre personas y se refiere fundamentalmente a la confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada. En las gestiones ante la administración, la buena fe se presume del particular y constituye guía insustituible y parámetro de acción de la autoridad. La doctrina, por su parte, ha elaborado diversos supuestos para determinar situaciones contrarias a la buena fe. Entre ellos cabe mencionar la negación de los propios actos (venire contra factum propriu m), las dilaciones injustificadas, el abuso del poder y el exceso de requisitos formales, sin pretender con esta enumeración limitar el principio a tales circunstancias. No es posible reducir la infracción de la buena fe a casos tipificados legalmente . De ahí que la aplicación de este principio suponga incorporar elementos ético-jurídicos que trascienden la ley y le dan su real significado, suscitando en muchas ocasiones la intervención judicial para calificar la actuación pública según las circunstanc ias jurídicas y fácticas del caso» (se resalta).

22. De lo transcrito se advierte que para calificar la conducta se debe analizar la situación particular de cada caso, de cara a esos comportamientos honestos que se esperan de los particulares cuando acuden a la administración. Valga resaltar que esa calificación de la conducta a efectos de determinar si se actuó bajo ese principio o no, corresponde a un análisis subjetivo que debe darse en el caso concreto; empero el derrotero será siempre la verificación de un actuar honesto de cada parte.

esa calificación de la conducta a efectos de determinar si se actuó bajo ese principio o no, corresponde a un análisis subjetivo que debe darse en el caso concreto; empero el derrotero será siempre la verificación de un actuar honesto de cada parte.

23. La Corte Constitucional en la sentencia C-131 de 200419, en cuanto a la aplicación

del principio de la buena fe, sostuvo:

«El mencionado principio es entendido, en términos amplios, como una exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra dada, a la cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas y de los

18 Sentencia T-475 del 29 de julio de 1992. Magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. 19 Sentencia C -131 de 2004 del 19 de febrero de 2004. Magistrada ponente: Clara Inés Vargas Hernández.11

Radicado: 19001-23-33-002-2020-00684-01 (1808-2023) Demandante: María Eneida Osiris Bonilla de Calvo particulares entre sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un soporte esencial del sistema jurídico; de igual manera, cada una de las normas que componen el ordenamiento jurídico debe ser interpretada a luz del principio de la buena fe, de tal su erte que las disposiciones normativas que regulen el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes legales, siempre deben ser entendidas en el sentido más congruente con el comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los sujetos intervinientes en la misma. La buena fe incorpora el valor ético de la confianza y significa que el hombre

de deberes legales, siempre deben ser entendidas en el sentido más congruente con el comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los sujetos intervinientes en la misma. La buena fe incorpora el valor ético de la confianza y significa que el hombre cree y