CE - Sentencia 20001233100020050254002 de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, dieciocho (18) de julio de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente (E): FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 20001-23-31-000-2005-02540-02 (72.149)

Ejecutante: CARLOS ALBERTO JÁCOME FARELO Y

OTROS

Ejecutado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA

NACIÓN Y OTRO

Medio de control: EJECUTIVO - APELACIÓN DE SENTENCIA

Asunto: PAGO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN – FALTA DE

PRUEBA DE L PAGO DE LOS INTERESES

MORATORIOS

Síntesis del caso: la parte ejecutada pretende que se declare la excepción de pago total de la obligación, sin embargo, no probó el pago íntegro de los intereses moratorios causados entre la ejecutoria de la sentencia y la fecha efectiva de pago, por lo cual no está demostrado que se pagó el saldo pendiente.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada en contra de la sentencia dictada en audiencia d el 4 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Cesar (índice 78 SAMAI) mediante la cual se dispuso lo siguiente:

“PRIMERO: Declarar probada la excepción de pago parcial de la obligación, en atención a las razones expuestas, y en consecuencia se dispone:

SEGUNDO: Ordénase seguir adelante con la ejecución por la cantidad

“PRIMERO: Declarar probada la excepción de pago parcial de la obligación, en atención a las razones expuestas, y en consecuencia se dispone:

SEGUNDO: Ordénase seguir adelante con la ejecución por la cantidad totalizada de $8.407.995,12, que corresponde al saldo de capital pendiente de pago, en favor de los demandantes WILSON JÁCOME FARELO,

ROBINSON JÁCOME FARELO, MILADYS JÁCOME FARELO, JOSÉ DE

JESÚS JÁ COME FARELO, FERNANDO JÁCOME FARELO, HUBER

JÁCOME FARELO, MARTHA LUCÍA JÁCOME FARELO, CARLOS ALBERTO JÁCOME FARELO y EDITH HIMERA JÁCOME FARELO, en las proporciones indicadas en el siguiente cuadro:

BENEFICIARIO

VALOR DEL CAPITAL

PENDIENTE DE CANCELAR

DESPUÉS DE LOS PAGOS Y/O

ABONOS

WILSON JÁCOME FARELO Hermano $ 934.221,68

ROBINSON JÁCOME FARELO Hermano $ 934.221,682

Expediente: 20001-23-31-000-2005-02540-02 (72.149)

Ejecutante: Carlos Alberto Jácome Farelo y otros Ejecutivo Apelación de sentencia

BENEFICIARIO

VALOR DEL CAPITAL

PENDIENTE DE CANCELAR

DESPUÉS DE LOS PAGOS Y/O

ABONOS

MILADYS JÁCOME FARELO Hermano $ 934.221,68

JOSÉ DE JESÚS

JÁCOME FARELO

Hermano $ 934.221,68

FERNANDO JÁCOME FARELO Hermano $ 934.221,68

FARELO Hermano $ 934.221,68

JOSÉ DE JESÚS

JÁCOME FARELO

Hermano $ 934.221,68

FERNANDO JÁCOME FARELO Hermano $ 934.221,68

HUBER JÁCOME FARELO Hermano $ 934.221,68

MARTHA LUCÍA

JÁCOME FARELO

Hermano $ 934.221,68

CARLOS ALBERTO

JÁCOME FARELO

Hermano $ 934.221,68

EDITH JÁCOME FARELO Hermana $ 934.221,68

TOTAL $ 8.407.995,12

TERCERO: Practíquese la liquidación del crédito, de conformidad con lo establecido en el artículo 446 del Código General del Proceso, la cual podrá ser presentada por cualquiera de las partes.

CUARTO: Sin condena en costas según lo previsto en el artículo 365 numeral 5 del Código General del Proceso.

Esta providencia queda notificada en estrados de acuerdo con lo previsto en el artículo 294 del C.G.P. ” (índice 7 8 SAMAI – mayúsculas y negrillas sostenidas del original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1. Mediante escrito radicado el 23 de agosto de 2021 (índice 18 SAMAI primera instancia), el señor Wilson Jácome Farelo y su grupo familiar presentaron demanda ejecutiva en contra de la Nación – Rama Judicial con las siguientes súplicas:

“ADEL TOLOZA PALOMINO, abogado conocido en el asunto de la referencia como apoderado judicial de los demandantes, ante usted con

ejecutiva en contra de la Nación – Rama Judicial con las siguientes súplicas:

“ADEL TOLOZA PALOMINO, abogado conocido en el asunto de la referencia como apoderado judicial de los demandantes, ante usted con mi acostumbrado respeto, por medio del presente escrito le solicito librar mandamiento ejecutivo en contra de LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL y la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, entidades de derecho público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y presupuestal, representadas legalmente por el Director Ejecutivo de Administración Judicial , el doctor JOSÉ MAURICIO CUESTAS GÓMEZ, y el Fiscal General de la Nación, el doctor3

Expediente: 20001-23-31-000-2005-02540-02 (72.149)

Ejecutante: Carlos Alberto Jácome Farelo y otros Ejecutivo Apelación de sentencia

FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DELGADO, respectivamente, ambos mayores de edad, vecinos y domiciliados en la ciudad de Bogotá D.C., o por quien hagan sus veces, a continuación de la sentencia proferida en este proceso; para el cumplimiento de las obligaciones dinerarias contenidas en los fallos judiciales que sirven de título.

BENEFICIARIO S.M.L.M. (2017) P. MORALES P. MATERIALES VALOR TOTAL MILTON JÁCOME FARELO 70 51.640.190 184.762.568,49 236.402.758,49

NYDIAN

RODRÍGUEZ CORONEL 35 25.820.095 — 25.820.095

MILTON R.

JÁCOME

RODRÍGUEZ

NYDIAN

RODRÍGUEZ CORONEL 35 25.820.095 — 25.820.095

MILTON R.

JÁCOME RODRÍGUEZ 35 25.820.095 — 25.820.095

EDITH HIMERA JÁCOME FARELO 20 14.754.340 — 14.754.340

WILSON JÁCOME FARELO 20 14.754.340 — 14.754.340

ROBINSON JÁCOME FARELO 20 14.754.340 — 14.754.340

MILADYS JÁCOME FARELO 20 14.754.340 — 14.754.340

JOSÉ DE JESÚS JÁCOME FARELO 20 14.754.340 — 14.754.340

FERNANDO JÁCOME FARELO 20 14.754.340 — 14.754.340

HUBER JÁCOME FARELO 20 14.754.340 — 14.754.340

MARTHA LUCÍA JÁCOME FARELO 20 14.754.340 — 14.754.340

CARLOS

ALBERTO JÁCOME FARELO 20 14.754.340 — 14.754.340

MYRIAM JÁCOME FARELO 20 14.754.340 — 14.754.340

TOTAL PERJUICIOS 340 250.823.780 184.762.568,49 435.586.348,49

2. Por la suma de QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA LEGAL ($529.934.352), por concepto de intereses de mora que devengan las anteriores sumas de dinero, desde

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA LEGAL ($529.934.352), por concepto de intereses de mora que devengan las anteriores sumas de dinero, desde cuando la obligación se hizo exigible, es decir, a partir de la ejecutoria de la sentencia que sirve de título ejecutivo, esto es, desde el día 10 de marzo de 2017 hasta la fecha de presentación de esta demanda (día 30 de mayo de 2021), conforme a la liquidación que se adjunta.

3. Por los intereses moratorios que se sigan causando en el trámite de este proceso a partir de la presentación de esta demanda.

4. Por las costas, incluidas las agencias en derecho a que haya lugar. ” (índice 62 SAMAI - negrillas y mayúsculas fijas del original).4

Expediente: 20001-23-31-000-2005-02540-02 (72.149)

Ejecutante: Carlos Alberto Jácome Farelo y otros Ejecutivo Apelación de sentencia

2. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte actora expuso, en síntesis, lo siguiente:

1. El señor Milton Jácome Farelo y su grupo familiar iniciaron una acción de reparación directa contra la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial , en la cual solicitaron la indemnización por los perjuicios materiales y morales derivados de la privación injusta de la libertad que sufrió el señor Milton Jácome Farelo, quien estuvo en detención domiciliaria por orden de la Fiscalía y del Juzgado Penal del

Circuito de Aguachica.

de la privación injusta de la libertad que sufrió el señor Milton Jácome Farelo, quien estuvo en detención domiciliaria por orden de la Fiscalía y del Juzgado Penal del Circuito de Aguachica.

1. Al momento de la privación de la libertad , el demandante Milton Jácome Farelo se desempeñaba como personero municipal y no pudo seguir ejerciendo el cargo debido a la medida de aseguramiento.

1. En sentencia del 22 de julio de 2010, el Tribunal Administrativo del Cesar declaró patrimonialmente responsable a las demandadas por los perjuicios ocasionados a los actores y ordenó el pago de (i) perjuicios morales, cuantificados en la suma de setenta salarios mínimos legales mensuales vigentes ( 70 SMLMV) en favor de Milton Jácome Farelo; (ii) treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes ( 35 SMLMV) en favor de Nydian Rodríguez Coronel y Milton Ramón Jácome Rodríguez, en sus condiciones de esposa e hijo, y veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes ( 20 SMLMV) en favor de Edith Himera, Wilson, Róbinson, Miladys, José de Jesús, Fernando, H úber, Martha Lucía, Carlos Alberto y Myriam Jácome Farelo, en su condición de hermanos, y (iii) perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante por valor de ciento cuarenta y cinco millones doscientos noventa y dos mil setecientos setenta y siete pesos con ochenta centavos ($145.292.777,80) en favor de Milton Jácome Farelo.

1. El Consejo de Estado, por medio de s entencia del 5 de diciembre de 2016, con ocasión de resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de

1. El Consejo de Estado, por medio de s entencia del 5 de diciembre de 2016, con ocasión de resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación , modificó el ordinal tercero de la parte resolutiva del fallo de primera instancia y actualizó la condena por perjuicios materiales, pero mantuvo la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado ; en esa decisión ordenó el pago de (i) los mismos montos y beneficiarios establecidos en primera instancia por perjuicios morales y, (ii) en favor de Milton Jácome Farelo la suma de ciento ochenta5

Expediente: 20001-23-31-000-2005-02540-02 (72.149)

Ejecutante: Carlos Alberto Jácome Farelo y otros Ejecutivo Apelación de sentencia

y cuatro millones setecientos sesenta y dos mil quinientos sesenta y ocho pesos con cuarenta y nueve centavos ($184.762.568,49) por lucro cesante , en los siguientes términos:

“PRIMERO.- NIÉGASE las excepciones propuestas por las entidades demandadas.

SEGUNDO.- DECLÁRASE a la Nación (Fiscalía General de la NaciónRama Judicial), administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados a los actores como resultado de la privación injusta de la libertad de que fue obeto el señor MILTON JÁCOME

FARELO.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, CONDÉNASE solidariamente a la Nación (Fiscalía General de la NaciónRama Judicial), a pagar las siguientes sumas de dinero:

POR CONCEPTO DE PERJUICIOS MORALES:

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, CONDÉNASE solidariamente a la Nación (Fiscalía General de la NaciónRama Judicial), a pagar las siguientes sumas de dinero:

POR CONCEPTO DE PERJUICIOS MORALES:

A MILTON JÁCOME FARELO (víctima), el equivalente a setenta (70) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta providencia.

A NYDIAN RODRÍGUEZ CORONEL y MILTON RAMÓN JÁCOME RODRÍGUEZ, en su condición de esposa e hijo de la víctima, respectivamente, el equivalente a treinta y cinco (35) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de esa providencia, para cada uno.

A EDITH HIMERA, WILSON, ROBINSON, MILADYS, JOSÉ DE JESÚS, FERNANDO, HUBER, MARTHA LUCÍA, CARLOS ALBERTO Y MYRIAM JÁCOME FARELO, en su condición de hermanos de la víctima, el equivalente a vente (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta providencia, para cada uno.

POR CONCEPTO DE PERJUICIOS MATERIALES, en la modalidad de lucro cesante, la suma de ciento ochenta y cuatro millones setecientos sesenta y dos mil quinientos sesenta y ocho pesos con cuarenta y nueve centavos ($ 184.762.568,49), a favor de MILTON JÁCOME FARELO (víctima).

CUARTO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: Sin costas.

SEXTO: Para el cumplimiento de la sentencia se observarán los artículos

(víctima).

CUARTO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: Sin costas.

SEXTO: Para el cumplimiento de la sentencia se observarán los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A. ”. (índice 70 SAMAI – mayúsculas y fijas del original).

1. La sentencia quedó ejecutoriada el 9 de marzo de 2017, según consta en la certificación anexa a la solicitud de ejecución (índice 70 SAMAI); sin embargo, a la fecha de presentación de la demanda ejecutiva ni la Fiscalía General de la Nación ni la Rama Judicial han dado cumplimiento a las referidas órdenes judiciales.6

Expediente: 20001-23-31-000-2005-02540-02 (72.149)

Ejecutante: Carlos Alberto Jácome Farelo y otros Ejecutivo Apelación de sentencia

3. El mandamiento de pago

El 7 de marzo de 2024, el Tribunal Administrativo del Cesar libró mandamiento de pago en favor de Milton Jácome Farelo y su grupo familiar (índice 01 SAMAI), para ello, ordenó a la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la Fiscalía General de la Nación pagarles las sumas reconocidas en la sentencia de segunda instancia, incluidas las correspondientes a perjuicios morales y materiales, y en particular, dispuso el reconocimiento de intereses moratorios calculados con base en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, desde la fecha de ejecutoria de la sentencia , esto es, el 9 de marzo de 2017, y hasta el momento en que se efectúe el pago total

reconocimiento de intereses moratorios calculados con base en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, desde la fecha de ejecutoria de la sentencia , esto es, el 9 de marzo de 2017, y hasta el momento en que se efectúe el pago total de la obligación, con el siguiente fundamento:

a) La sentencia proferida por el Consejo de Estado el 5 de diciembre de 2016 impuso a la Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación la obligación de pagar perjuicios morales y materiales derivados de la privación injusta de la libertad del señor Milton Jácome Farelo.

b) Dicha providencia, que quedó debidamente ejecutoriada el 9 de marzo de 2017, constituye título ejecutivo conforme a lo dispuesto en el artículo 297 del CPACA en tanto contiene una condena clara, expresa y exigible, impuesta por una autoridad judicial competente.

c) Se cumplen los requisitos del artículo 306 del Código General del Proceso, norma que permite al juez que profirió la sentencia adelantar su ejecución dentro del mismo expediente sin necesidad de la presentación de una nueva demanda.

d) La condena es exigible, pues, para la fecha de presentación de la demanda, había transcurrido el plazo legal de dieciocho meses establecido por el artículo 177 del CCA.

e) Verificado que las entidades obligadas no han cumplido voluntariamente la condena dineraria, procede ordenar el pago de las sumas liquidadas junto con los intereses moratorios desde la fecha de exigibilidad hasta el pago efectivo.7

Expediente: 20001-23-31-000-2005-02540-02 (72.149)

Ejecutante: Carlos Alberto Jácome Farelo y otros

Ejecutivo

intereses moratorios desde la fecha de exigibilidad hasta el pago efectivo.7

Expediente: 20001-23-31-000-2005-02540-02 (72.149)

Ejecutante: Carlos Alberto Jácome Farelo y otros Ejecutivo Apelación de sentencia

4. La excepción propuesta

La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso la excepción de pago total de la obligación (índice 43 SAMAI primera instancia), con los siguientes argumentos:

1. La Nación – Rama Judicial ya efectuó el pago total de la obligación derivada de la sentencia de reparación directa, como se acreditó con las Resoluciones números 0238 del 16 de febrero de 2022 y 0757 del 18 de mayo de 2022 ; ambas fueron expedidas por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y se sustentan en el hecho de que la Rama Judicial fue la primera en recibir la radicación de la sentencia solidaria, y asumió por tanto el ciento por ciento (100%) del pago de la condena; esta actuación se f ormalizó mediante acuerdos de pago con los beneficiarios ; al

respecto, manifestó expresamente lo siguiente:

“Mediante Resolución No. 02,38 del 16 de febrero de 2022 y Resolución No. 0757 del 18 de mayo de 2022, la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL reconoció y ordenó el pago de la suma de

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS

SESENTA Y SIETE M IL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

($382.767.686) y TRESCIENTOS DOS MILLONES TRESCIENTOS

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS

SESENTA Y SIETE M IL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

($382.767.686) y TRESCIENTOS DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($302.337.783), a favor de MILTON JÁCOME FARELO Y OTROS, en cumplimiento de la sentencia del 22 de julio de 201 0 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar y modificada mediante fallo del 5 de diciembre de 2016 del H. Consejo de Estado, ejecutoriada el 9 de marzo de 2017; suma pagada mediante abono en cuenta bancaria, por la División de Tesorería de la Subd irección Financiera de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, previo los descuentos de ley (retención en la fuente), conforme a lo dispuesto en el Artículo Segundo de la mencionada resolución”. (fl. 2 del texto de la contestación de la demanda – negrillas y mayúsculas del original).

1. Por el hecho de haberse realizado el pago íntegro de la obligación, antes de que se profiriera el mandamiento ejecutivo y sin que mediara orden de apremio, se produjo el fenómeno jurídico del pago total de la obligación, pues, “de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 1626 del Código Civil: "El pago efectivo es la prestación de lo que se debe", es decir, se realizó el pago efectivo de lo que se debía; ya como se había indicado antes, la suma de dinero ordenada pagar en la Res olución No. 0238 de 16 de febrero de 2022 y Resolución No. 0757 del 18 de mayo de 2022 se

se había indicado antes, la suma de dinero ordenada pagar en la Res olución No. 0238 de 16 de febrero de 2022 y Resolución No. 0757 del 18 de mayo de 2022 se ejecutó a través de abonos en cuenta a cada uno de los beneficiarios, estando pagadas; en segundo lugar, de acuerdo con el artículo 1627 del Código Civil, el pago se hizo incluyendo todos los aspectos de conformidad y al tenor de la8

Expediente: 20001-23-31-000-2005-02540-02 (72.149)

Ejecutante: Carlos Alberto Jácome Farelo y otros Ejecutivo Apelación de sentencia

obligación, es decir, por concepto de capital (perjuicios de carácter moral y perjuicios materiales de lucro cesante) e intereses moratorios, de conformidad a lo ordenado en la sentencia del 22 de julio de 2010 proferida por el Tribunal Administrativo de Cesar y modificada mediante fallo del 5 de diciembre de 2016 del H. Consejo de Estado, ejecutoriada el 9 de marzo de 2017 ; en tercer lugar, tal como lo ordena el artículo 1634 del Código Civil: "Para que el pago sea válido, debe hacerse o al acreedor mismo (bajo cuyo nombre se entienden todos los que le hayan sucedido en el crédito, aún a título singular), o a la persona que la ley o el juez autoricen a recibir por él, o a la persona diputada por el acreedor para el cobro (...)". (índice 43 SAMAI primera instancia).

5. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Cesar , en fallo dictado en audiencia del 4 de septiembre de 2024, declaró probada la excepción de pago parcial de la obligación

SAMAI primera instancia).

5. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Cesar , en fallo dictado en audiencia del 4 de septiembre de 2024, declaró probada la excepción de pago parcial de la obligación y ordenó seguir adelante con la ejecución (índice 7 8 SAMAI) con el siguiente razonamiento:

1. La apoderada de la Fiscalía General de la Nación propuso la excepción de mérito de pago total , para ello argumentó que (i) la obligación derivada de la condena impuesta en el proceso ordinario de reparación directa fue cancelada completamente mediante las Resoluciones números 0238 del 16 de febrero de 2022 y 0757 del 18 de mayo de 2022 expedidas por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, y (ii) las resoluciones mencionadas fueron efectivamente expedidas para dar cumplimiento a la sentencia del 22 de julio de 2010, modificada por la providencia del Consejo de Estado del 5 de diciembre de 2016, mediante la cual se condenó a la Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación al pago de perjuicios morales y materiales en favor de Milton Jácome Farelo y otros.

1. Con base en esas pruebas y en cumplimiento del deber de verificación, la Sala

(i) ordenó al profesional de contaduría del Tribunal Administrativo del Cesar calcular el valor del capital e intereses ordenados en la sentencia, así también como el valor efectivamente abonado por las entidades condenadas con el fin de establecer si existía o no un saldo pendiente; (ii) la liquidación practicada demostró que las sumas desembolsadas mediante las Resoluciones números 0238 y 0757 no cubrieron la

efectivamente abonado por las entidades condenadas con el fin de establecer si existía o no un saldo pendiente; (ii) la liquidación practicada demostró que las sumas desembolsadas mediante las Resoluciones números 0238 y 0757 no cubrieron la totalidad de la condena ya que, subsiste un saldo en favor de los demandantes por9

Expediente: 20001-23-31-000-2005-02540-02 (72.149)

Ejecutante: Carlos Alberto Jácome Farelo y otros Ejecutivo Apelación de sentencia

valor de ocho millones cuatrocientos siete mil novecientos noventa y cinco pesos con doce centavos ($8.407.995,12) por concepto de capital, el cual no fue satisfecho por las entidades ejecutadas; en consecuencia, (iii) no se configuró el pago total de la obligación, sino únicamente un pago parcial, por lo cual solo debía entenderse por probada dicha excepción en forma parcial y era necesario continuar la ejecución únicamente respecto del saldo pendiente ; en la sentencia de primera instancia el tribunal presentó el siguiente argumento:

“Con miras a establecer si el pago realizado a los demandantes con ocasión a las mencionadas resoluciones cubrió totalmente la obligación generada por la condena impuesta en el proceso ordinario, la Sala, con apoyo del profesional de la contaduría adscrito a este Tribunal, hizo tal verificación y realizó la liquidación de los perjuicios morales y materiales contenidos en el documento base de la orden de compulsiva, partiendo de la fecha de su ejecutoria. Se determina en primera medida el capital adeudado; s eguidamente se calculan los intereses y también procede a descontar los pagos realizados por la

compulsiva, partiendo de la fecha de su ejecutoria. Se determina en primera medida el capital adeudado; s eguidamente se calculan los intereses y también procede a descontar los pagos realizados por la parte demandada, habida cuenta de que dichos pagos quedan plenamente demostrados en el proceso. De allí se concluye que, con las sumas acreditadas, no se canceló la totalidad de lo adeudado (…).

Así las cosas, como los pagos efectuados por la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, como consecuencia de la Resolución Nº 0757 de 18 de mayo de 2022, no cubrieron totalmente la obligación generada por la condena impuesta en el aludido proceso ordinario, se declarará probada la excepción de pago parcial de la obligación, para continuar la ejecución por el saldo de capital pendiente de pago en favor de cada uno de los ejecutantes, según el cuadro acabado de relacionar en e sta sentencia, suma que se totaliza en la cantidad de $8.407.995,12.

En este sentido, se ordenará seguir adelante con la ejecución respecto de los demandantes WILSON JÁCOME FARELO, R ÓBINSON

JÁCOME FARELO, MILADYS JÁCOME FARELO, JOSÉ DE JESÚS

JÁCOME FARELO, FERNANDO JÁCOME FARELO, HUBER JÁCOME

FARELO, MARTHA LUCÍA JÁCOME FARELO, CARLOS ALBERTO JÁCOME FARELO y EDITH HIMERA JÁCOME FARELO, por la suma de $8.407.995,12, en las proporciones indicadas en el cuadro anteriormente aludido” (fls. 7 y 8 del texto de la sentencia – mayúsculas

JÁCOME FARELO y EDITH HIMERA JÁCOME FARELO, por la suma de $8.407.995,12, en las proporciones indicadas en el cuadro anteriormente aludido” (fls. 7 y 8 del texto de la sentencia – mayúsculas del texto original y resaltado de la Sala).

6. Recurso de apelación

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial presenta recurso de apelación contra el fallo de primera instancia (índice 02 SAMAI segunda instancia) y pide que se revoque la decisión que declaró probada la excepción de pago parcial, y que se reconozca que la obligación quedó saldada en su totalidad con los pagos10

Expediente: 20001-23-31-000-2005-02540-02 (72.149)

Ejecutante: Carlos Alberto Jácome Farelo y otros Ejecutivo Apelación de sentencia

realizados en el año 2022, sin dar lugar al cobro de intereses adicionales posteriores a esa fecha , por cuanto desconocer esos pagos afecta gravemente la gestión presupuestal de la entidad y vulnera principios de eficiencia y responsabilidad fiscal; al respecto, argumenta lo siguiente:

1. No es cierto que la obligación derivada de la condena judicial no se encuentra completamente saldada, pues, el pago efectuado mediante la Resolución no. 0757 del 18 de mayo de 2022, por parte de la Rama Judicial sí corresponde al cumplimiento integral de la obligación de acuerdo con los términos presupuestales y administrativos establecidos por la ley.

1. La diferencia entre la liquidación practicada por la demandada y la realizada por el tribunal radica únicamente en la fecha de corte utilizada para calcular los

y administrativos establecidos por la ley.

1. La diferencia entre la liquidación practicada por la demandada y la realizada por el tribunal radica únicamente en la fecha de corte utilizada para calcular los intereses, pues, el tribunal (i) liquidó la deuda hasta el 28 de febrero de 2022 y (ii) continuó calculando intereses hasta agosto de 2024 , operación que generó el supuesto saldo pendiente; (iii) no obstante, el término de aproximadamente cuatro (4) meses entre la fecha de corte de liquidación y la consignación efectiva (junio de 2022) es razonab le y está justificado por los trámites presupuestales y administrativos que debe seguir una entidad pública para efectuar cualquier desembolso, los cuales incluyen validaciones ante la DIAN, autorizaciones internas, revisiones presupuestales, y verificació n de cuentas de los beneficiarios , y (iv) la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que las restricciones administrativas y presupuestales de las entidades públicas no pueden entenderse como incumplimiento injustificado; esto dijo la parte demandada:

“De conformidad con el trabajo de liquidación que acompaña el final de la decisión recurrida, se puede observar que, entre la liquidación efectuada por la Nación – Rama Judicial, plasmada en la Resolución de orden de pago No. 0757 de 18 de mayo de 2022, y la efectuada por el despacho, el único punto de discrepancia que existe es la fecha en que se entiende abonado el pago, ya que se liquidan intereses hasta el 01 de febrero de 2022 y, en dicha fecha, se hace un corte para la aplicación del pago y luego se continúa con la liquidación de intereses posteriores hasta el 01

hasta el 01 de febrero de 2022 y, en dicha fecha, se hace un corte para la aplicación del pago y luego se continúa con la liquidación de intereses posteriores hasta el 01 de agosto de 2024, surgiendo de esta manera el saldo al cual hace referencia el despacho.

Si bien el valor considerado como capital a favor de cada uno de los beneficiarios coincide entre una liquidación y otra —es decir, la suma de $14.754.340,00 —, lo que genera el saldo pendiente, según el despacho, son las sumas de intereses liquidadas posteriores al 28 de febrero de 2022.

Tal como se observa en la Resolución No. 0757 de 18 de mayo de 2022, la suma ordenada para el pago obedece a la liquidación de la obligación desde la ejecutoria11

Expediente: 20001-23-31-000-2005-02540-02 (72.149)

Ejecutante: Carlos Alberto Jácome Farelo y otros Ejecutivo Apelación de sentencia

de la sentencia con corte al 28 de febrero de 2022. Al respecto, resulta necesario que el despacho considere que la Nación – Rama Judicial es una entidad del orden público cuyas actuaciones presupuestales y de pago de cualquier servicio adquirido u obligación están sujetas al cumplimiento de una serie de actuaciones previamente descritas por normas y directrices tanto externas como internas, con la finalidad de garantizar el cuidado y respeto del erario público.

Tal como lo manifestó la Corte Constitucional al desatar un estudio de constitucionalidad, específicamente por el plazo conferido para el pago de una obligación plasmada en una sentencia judicial, contemplado en el artículo 192 del CPACA, textualmente indicó frente a este punto lo siguiente:

constitucionalidad, específicamente por el plazo conferido para el pago de una obligación plasmada en una sentencia judicial, contemplado en el artículo 192 del CPACA, textualmente indicó frente a este punto lo siguiente:

“[...] la norma demandada contiene una medida razonable y proporcionada, en tanto contribuye al logro de una finalidad importante para el ordenamiento constitucional, esto es, la garantía de la legalidad del gasto público y la materialización de los principios de planeación y anualidad presupuestal. Es efectivamente conducente para el logro de ese fin, y no es evidentemente desproporcionada respecto de la garantía de los derechos a la seguridad social, al mínimo vital y a la dignidad humana de los beneficia rios de las condenas.” Sentencia C-208 de 2023 del 7 de junio de 2023, M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.

Quiero solicitar al despacho considerar que el término de los cuatro meses, transcurrido desde la fecha de corte de la liquidación del crédito (28 de febrero de 2022) para el pago y el 1 de junio de 2022, fecha en que efectivamente se consignaron los dineros en las cuentas de los beneficiarios (ver formulario SIIF), es un término más que razonable para que la entidad pueda depositar los dineros en las cuentas de los beneficiarios sin desconocer toda la cadena presupuestal y actuaciones administrativas que deben acompañarlo.

Reconocer que las entidades públicas de