CE - Sentencia 20001233100020100034801 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., nueve (09) de diciembre dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 20001233100020100034801 (60395)

Demandante: MARÍA DÉVORA JAIMES NOGOA Y OTROS

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL

Tema: Responsabilidad del Estado por actos de ejecución extrajudicial – falsos positivos / valoración de la prueba trasladada, noticias de prensa, autenticidad de los informes militares y de policía, entrevistas efectuadas por agentes de policía judicial / Legitimación de compañera permanente / condena en abstracto para el lucro cesante en favor de la compañera permanente.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 31 de agosto de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 7 de junio de 2008, en horas de la tarde, miembros del Batallón de Infantería de Marina No. 15 Francisco de Paula Santander ingresaron al domicilio de Catalino López Barahona ubicado en Ocaña, Norte de Santander, manifestándole al civil que los acompañara fuera de la vivienda , no obstante, ante la negativa de l señor López Barahona , los militares le propinaron un disparo de arma de fuego en la

López Barahona ubicado en Ocaña, Norte de Santander, manifestándole al civil que los acompañara fuera de la vivienda , no obstante, ante la negativa de l señor López Barahona , los militares le propinaron un disparo de arma de fuego en la pierna y se lo llevaron a la fuerza, donde no muy lejos de su residencia , le dispararon nuevamente quitándole la vida en forma instantánea. Posteriormente, en los periódicos que circulaban en Ocaña, se divulgó la noticia de que Catalino López Barahona era un guerrillero del ELN que murió en combate con tropas del Ejército Nacional en la vereda Boquerón del municipio de Río de Oro, Cesar.Radicación: 20001233100020100034801 (60395)

Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

2 Los demandantes acusan de falsa la versión proporcionada por los miembros del Ejército Nacional sobre la muerte de Catalino López Barahona, aseguran que él no formaba parte de ningún grupo al margen de la ley, que la víctima fue herida en su casa por miembros del Ejército Nacional y luego “ajusticiada” cerca de allí.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 3 de septiembre de 2010 1, María Dévora Jaimes Nogoa , quien actúa en su propio nombre y en representación de Lina Malena López Jaimes, Keila Yeraldine López Jaimes , Niber José Nogoa Jaimes , Ingrid Carolina Nogoa Jaimes , Jorge Andrés Jaimes Nogoa, Cristobal Jaimes Nogoa y Eulises Jaimes Nogoa; así como Urbana Suárez Meneses, quien actúa en su propio nombre y en representación de

Andrés Jaimes Nogoa, Cristobal Jaimes Nogoa y Eulises Jaimes Nogoa; así como Urbana Suárez Meneses, quien actúa en su propio nombre y en representación de Leidys López Suárez, Samir Antonio López Suárez y Carlos Arturo López Suárez; mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional para que se le declarara patrimonialmente responsable por la muerte de Catalino López Barahona, ocurrida el 8 de junio de 2008.

Como pretensiones de su demanda el extremo activo solicita condenar a la entidad accionada a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV para cada uno de los demandantes; por daño emergente, la suma de $3’000.000 para todos los demandantes; por lucro cesante, la suma de $100’000.000 para cada uno de los accionantes; por “ daño a la vida de relación o perjuicio al proyecto de vida ”, el equivalente a 120 SMLMV para cada uno de los actores; por merma de la capacidad laboral, la suma de $100’000.000 para cada una de las demandantes María Dévora Jaimes Nogoa y Urbana Suárez Meneses.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 7 de junio de 2008, en horas de la tarde, miembros del Batallón de Infantería de Marina No. 15 Francisco de Paula Santander ingresaron al domicilio de Catalino López Barahona

1 Fl. 17 a 44, C.1.Radicación: 20001233100020100034801 (60395)

Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

3

1 Fl. 17 a 44, C.1.Radicación: 20001233100020100034801 (60395)

Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

3 ubicado en Ocaña, Norte de Santander, manifestándole al civil que los acompañara fuera de la vivienda, no obstante, ante la negativa del señor López Barahona, los militares le propinaron un disparo de arma de fuego en la pierna y se lo llevaron a la fuerza, donde no muy lejos de su residencia, le dispararon nuevamente quitándole la vida en forma instantánea.

Manifiesta que, en el semanario de Ocaña publicado entre el 12 y el 18 de junio de 2008, se difundió la falsa noticia de que Catalino López Barahona era un guerrillero del ELN que murió en combate con tropas del Batallón de Infantería de Marina No. 15 Francisco de Paula Santander, en la vereda Boquerón del municipio de Río de Oro, Cesar.

Asegura que los hijastros de Catalino López Barahona y otros testigos podían confirmar que “los militares sin razón ni motivo le dispararon a su padrastro por la espalda dentro de su casa y que luego en contra de su voluntad lo sacaron de la casa ajusticiándolo cerca de allí”.

Señala que, para la fecha de su muerte, Catalino López Barahona contaba con 39 años y se dedicaba a la agricultura, de la cual derivaba su sustento y el de su familia.

Los demandantes acusan de falsa la versión proporcionada por los miembros del Ejército Nacional sobre la muerte de Catalino López Barahona, aseguran que él no

familia.

Los demandantes acusan de falsa la versión proporcionada por los miembros del Ejército Nacional sobre la muerte de Catalino López Barahona, aseguran que él no formaba parte de ningún grupo al margen de la ley, que la víctima fue herida en su casa por miembros del Ejército Nacional y luego “ajusticiada” cerca de allí.

2. Contestación

El 7 de octubre de 20102, el Tribunal Administrativo del Cesar admitió la demanda y ordenó su notificación a la demandada y al ministerio público.

2 Fl. 51 y 52, C.1.Radicación: 20001233100020100034801 (60395)

Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

4 2.1. La Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional3 afirmó que la culpa exclusiva de la víctima fue la causante del daño, dado que falleció en un enfrentamiento armado cuando actuaba en calidad de insurgente.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 16 de julio de 2015 4 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. La parte actora5 reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

4.2. La Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y el m inisterio público guardaron silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 31 de agosto de 20176 el Tribunal Administrativo del Cesar negó las pretensiones de la demanda , al considerar que no se probó la falla de l servicio de la entidad demandada y a la que se atribuye la muerte de Catalino

Mediante sentencia del 31 de agosto de 20176 el Tribunal Administrativo del Cesar negó las pretensiones de la demanda , al considerar que no se probó la falla de l servicio de la entidad demandada y a la que se atribuye la muerte de Catalino López Barahona, dado que ni siquiera existía imputación penal por el homicidio de la víctima.

Al efecto, sostuvo que: “esta Corporación en aras de aclarar los puntos dudosos al interior del sub lite, profirió auto para mejor proveer para solicitarle a la Fiscalía 66 de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, con sede en Bucaramanga, que remitiera copia de la investigación adelantada por el homicidio del señor Catalino López Barahona, no obstante, esa entidad contestó a través del Oficio 3479 F.66 DFNE DH -DIH del 30 de octubre de 2015, señalando la imposibilidad de expedir copi as de la investigación dado el carácter oral y dinámico de la misma, pero recalcando a su vez que ‘hasta el momento no se ha

3 Fl. 61 a 71, C.1. 4 Fl. 270, C.1. 5 Fl. 235 a 243 y 272 a 274, C.1. 6 Fl. 312 a 334, Cuaderno Consejo de Estado.Radicación: 20001233100020100034801 (60395)

Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

5 formulado imputación en contra de persona alguna’. De conformidad con lo indicado, es evidente que al no existir imputación contra persona alguna a causa de los hechos pluricitados, o lo que es lo mismo, al no haberse acreditado

5 formulado imputación en contra de persona alguna’. De conformidad con lo indicado, es evidente que al no existir imputación contra persona alguna a causa de los hechos pluricitados, o lo que es lo mismo, al no haberse acreditado condena alguna o algún tipo de averiguación a miembros del Ejército Nacional a causa de tales hechos, ello no permite tener certeza a la Sala que el homicidio del señor Catalino López Barahona hubiese sido a consecuencia de dicho actuar militar. Así las cosas, lo único cierto es que el señor Catalino López Barahona , murió el día 8 de junio de 2008 y, en estas condiciones, encuentra la Sala que, si bien ello denot a la existencia de un daño moral a sus familiares, no está demostrado que este resulte imputable a la entidad demandada, pues no se probó que la muerte del mencionado señor se debiera a una falla de la Administración, ni mucho menos a un exceso de la fuerza pública, tal como los llamados falsos positivos, que alega el apoderado de la parte actora”.

6. Recurso de apelación

El 21 de septiembre de 2017 7 la parte demandante interpuso y sustentó recurso de apelación , el que fue concedido el 5 de octubre de 2017 8 y admitido el 6 de diciembre de 20179.

6.1. La parte actora 10 señaló que en la investigación penal “ hay suficientes elementos materiales probatorios y evidencias físicas que demuestran que la muerte de este humilde campesino fue producto de un plan macabro de los militares para presentarle a sus comandantes resultados en la lucha en contra de

elementos materiales probatorios y evidencias físicas que demuestran que la muerte de este humilde campesino fue producto de un plan macabro de los militares para presentarle a sus comandantes resultados en la lucha en contra de los grupos al margen de la ley, en un típico falso positivo”.

7 Fl. 336 a 338, Cuaderno Consejo de Estado. 8 Fl. 340, Cuaderno Consejo de Estado. 9 Fl. 345, Cuaderno Consejo de Estado. 10 Fl. 336 a 338, Cuaderno Consejo de Estado.Radicación: 20001233100020100034801 (60395)

Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

6

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 27 de febrero de 2018 11 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

6.1. Las partes y el ministerio público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 31 de agosto de 2017 por el Tribunal Administrativo del Cesar, de conformidad con los artículos 129 y 132 numeral 6 del C.C.A., subrogados por los artículos 37 y 40 de la Ley 446 de 1998, respectivamente, dado que la cuantía del proceso excede de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de presentación de la demanda 12, pues la sumatoria de las pretensiones equivale a $2.762’600.00013.

2. Acción procedente

proceso excede de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de presentación de la demanda 12, pues la sumatoria de las pretensiones equivale a $2.762’600.00013.

2. Acción procedente

La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 8614 del Código Contencioso Administrativo.

11 Fl. 348, Cuaderno Consejo de Estado. 12 El valor del salario mínimo legal mensual vigente para el 2010 era de $515.000, por lo que 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes equivalían a $257’500.000. 13 En concordancia con lo dispuesto en el artículo 20, numeral 2, del Código de Procedimiento Civil modificado por el artículo 3 de la Ley 1395 de 2010: “La cuantía se determinará así: (...) 2. Por el valor de la suma de todas las pretensiones acumuladas al momento de la presentación de la demanda”. 14 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resultenRadicación: 20001233100020100034801 (60395)

Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

7 En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama

Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

7 En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño por hechos imputables a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional.

3. Vigencia de la acción

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes, así como tampoco la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto el ejercicio oportuno de la acción es un presupuesto procesal que, por ende, debe examinarse de oficio15.

Así pues, c on el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general 16, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o exservidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación particular o de otra entidad pública.” 15 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, Exp. 21093: “[…]

resulten perjudicadas por la actuación particular o de otra entidad pública.” 15 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, Exp. 21093: “[…] respecto a la oportunidad para pronunciarse respecto a este fenómeno jurídico ha de decirse, en primer lugar, que, por tratarse de un presupuesto procesal de la acción, ha de examinarse de manera oficiosa al momento de admitirse la demanda por manera que, conforme prescribe el artículo 143, inc. 3 del Código Contencioso Administrativo, habrá de rechazarla el juez cuando verifique que ha ocurrido,, o bien podrá ser propuesta por el demandado mediante el recurso de reposición propuesto contra el auto admisorio de la demanda, o en la contestación de la misma, formulada como excepción de fondo - artículo 144 ordinal 3 - e incluso declararla de oficio el Juez en la sentencia definitiva si se encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del C.C.A.” 16 Corte Constitucional. Sentencia C -394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C -832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la

un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C -832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”Radicación: 20001233100020100034801 (60395)

Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

8 El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 17, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bi fronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la segunda de sus manifestaciones, tal vez la que menos se considera en la doctrina y jurisprudencia pero que es de la esencia y naturaleza de la figura, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación, lo que implica que en tal concepción surta efectos para ambas partes indistintamente de quien realiza la proposición judicial,

cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación, lo que implica que en tal concepción surta efectos para ambas partes indistintamente de quien realiza la proposición judicial, en tanto se refiere es a la situación jurídica en concreto; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure18 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del

17 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871 -05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos 18 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no

eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, esRadicación: 20001233100020100034801 (60395)

Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

9 aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia 19, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. Esta concepción de límite temporal de la figura en comento, sin embargo, opera en favor del accionado y en contra del accionante que acude tarde a hacer efectivo su derecho de acción, pues implica reconocer que el derecho a demandar se perdió, en tanto el accionado lo puede proponer como medio exceptivo o el juez reconocer o declarar de oficio.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

No obstante, en cuanto a la forma de abordar la exigibilidad del término para demandar cuando se invoca un delito de lesa humanidad o un crimen de guerra,

propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

No obstante, en cuanto a la forma de abordar la exigibilidad del término para demandar cuando se invoca un delito de lesa humanidad o un crimen de guerra, mediante sentencia del 29 de enero de 2020, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado20 unificó su jurisprudencia y precisó que, salvo para el caso de desaparición forzada, que cuenta con regulación legal expresa 21, el conteo del

decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 19 Corte Constitucional. Sentencia C -574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”. 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, radicado 61033, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

indicado”. 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, radicado 61033, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. 21 Regulado expresamente por el inciso 2º del literal i) del numeral 2 o del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 y antes por el numeral 8º del artículo 136 del Decreto No. 1 de 1984, adicionado por el artículo 8º de la Ley 589 de 2000.Radicación: 20001233100020100034801 (60395)

Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

10 plazo para acceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo inicia desde el momento en que los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial a éste, excepto que existan situaciones objetivas que impidan materialmente el ejercicio del derecho de acción.

Así las cosas, el juez de lo contencioso administrativo deberá contar el plazo de los dos (2) años para el ejercicio oportuno del medio de control de reparación directa a partir del momento en que el interesado sabía o tuvo posibilidad de advertir "que el Estado tuvo alguna injerencia en la controversia y era susceptible de ser demandado en los términos del artículo 90 de la Constitución Política".

En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: i) que la muerte de Catalino López Barahona tuvo

de ser demandado en los términos del artículo 90 de la Constitución Política".

En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: i) que la muerte de Catalino López Barahona tuvo lugar el 8 de junio de 2008 (hechos probados 7.1.4., 7.1.5. y 7.1.9.); ii) que el 3 de junio de 2010 , los demandantes presentaron la solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación y el 3 de septiembre de 2010 se cumplieron 3 meses sin que se hubiera logrado el acuerdo de conciliación 22, según constancia expedida el 7 de septiembre de 2010 23 y; iii) que la demanda se presentó el 3 de septiembre de 2010, es decir, dentro de los dos (2) años establecidos en la ley procesal vigente.

4. Legitimación en la causa

Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis24.

4.1. Lina Malena López Jaimes (hija), Keila Yeraldine López Jaimes Nogoa (hija) Leidys López Suárez (hija), Samir Antonio López Suárez (hijo) y Carlos Arturo

22 Artículo 3 del Decreto 1716 de 2009. 23 Fl. 49, C.1. 24 Consejo de Estado, sentencia de 26 de septiembre de 2012, Exp. 24677. “La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo. En otros términos, la

23 Fl. 49, C.1. 24 Consejo de Estado, sentencia de 26 de septiembre de 2012, Exp. 24677. “La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio.”Radicación: 20001233100020100034801 (60395)

Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

11 López Suárez (hijo), son las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en este proceso y están legitimad os en la causa por activa, en razón a que conformaban el núcleo familiar de Catalino López Barahona (víctima), según dan cuenta las copias auténticas de los correspondientes registros civiles de nacimiento y las sentencias de filiación del 30 de diciembre de 2011 y del 26 de marzo de 2013, proferidas por el Juzgado Promiscuo de Familia de Aguachica25.

En cuanto a los accionantes Niber José Nogoa Jaimes e Ingrid Carolina Nogoa Jaimes, quienes alegaron su condición de hijos de la víctima, según las copias auténticas de sus correspondientes registros civiles de nacimiento, se observa que estos son hijos de María Dévora Jaimes Nogoa y José de la Cruz Nogoa Picón, es decir, no eran hijos de Catalino López Barahona 26. Igualmente, los demandantes Jorge Andrés Jaimes Nogoa, Cristóbal Jaimes Nogoa y Eulises Jaimes Nogoa alegaron su condición de hijos de la víctima, pero las copias auténticas de sus

Jorge Andrés Jaimes Nogoa, Cristóbal Jaimes Nogoa y Eulises Jaimes Nogoa alegaron su condición de hijos de la víctima, pero las copias auténticas de sus correspondientes registros civiles de nacimiento no registran datos del padre 27. Adicionalmente, la prueba testimonial no da cuenta de que los anteriores convivieran o tuvieran una relación afectiva con la víctima, de modo que no se encuentran legitimados en la causa por activa ni como hijos de crianza ni como terceros damnificados.

En cuanto a la s accionantes María Dévora Jaimes Nogoa y Urbana Suárez Meneses, quienes demandaron en condición de compañeras permanentes de Catalino López Barahona, de acuerdo con los testimonios escuchados en este proceso, solo la primera de las mencionadas se encuentra legitimada para reclamar perjuicios derivados de la muerte de la víctima, en calidad de compañera permanente, toda vez que en dicha calidad convivía con el señor López Barahona bajo el mismo techo para la época de su deceso y, por tanto, ostentaba una relación afectiva con el hoy occiso. Ello es así pues se comprobó que en dicha calidad denunció el homicidio de Catalino López Barahona y fue la persona autorizada por la Fiscalía General de la Nación para recamar su cadáver (hechos probados 7.1.10. y 7.1.14.). Sin embargo, no se acreditó lo mismo o una

25 Fl. 282 a 296, C.1. 26 Fl. 102 y 103, C.1. 27 Fl. 131, 132, 251, C.1.Radicación: 20001233100020100034801 (60395)

Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

12

26 Fl. 102 y 103, C.1. 27 Fl. 131, 132, 251, C.1.Radicación: 20001233100020100034801 (60395)

Demandante: María Dévora Jaimes Nogoa y otros

12 afectación en calidad de tercera damnificada de la demandante Urbana Suárez Meneses.

Adicionalmente, sobre la conformación del grupo familiar de la víctima, la testigo Yima Liz Alarcón Ochoa 28, quien manifestó haber sido vecina de Catalino López Barahona en Aguachica, Cesar, a quien conoció durante 9 o 10 años sostuvo que él “primero vivía con la señora Urbana Suárez Meneses, pero cuando lo conocí ya vivía con la señora María Dévora Jaimes Nogoa, el finado en su poder con la otra señora tenía dos hijos varones que la primera mujer se los había llevado y en su poder tenía un niña que es Leidys y con la señora Dévora tenía dos niñas y los hijastros que estaba terminándole de criar a la señora ”. La testigo manifestó que María Dévora Jaimes Nogoa quedó “muy afectada” con la muerte de Catalino, que ella “está pasando muchas necesidades porque el que sostenía ese hogar era el