CE - Sentencia 20001233100020120006501 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diez (10) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 20001233100020120006501 (52183)

Demandante: JOAQUIN TOMÁS OVALLE PUMAREJO

Demandado: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL C ESAR Y

OTRA

Tema: Requisitos de una providencia para erigirse como un precedente judicial obligatorio. Afectación de predios rurales por creciente del río Ariguaní. Desviación de una fuente hídrica con maquinaria pesada. Falla del servicio por omisión en la adopción e imple mentación de medidas necesarias y adecuadas tendientes a evitar la desviación del cauce. Alcance la norma que establece la caducidad de la acción de reparación directa en casos de omisión. Aminoración patrimonial por la pérdida de plantación y producción de palma africana. Falta de prueba de un daño indemnizable. No se configuraron costas procesales.

FALLO DE REEMPLAZO

La Sala, en cumplimiento de la orden de tutela del 19 de noviembre de 2025, proferida por la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, profiere una nueva providencia para decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 19 de junio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que declaró probada de oficio la excepción de

profiere una nueva providencia para decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 19 de junio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que declaró probada de oficio la excepción de caducidad de la acción de reparación directa1.

I. SÍNTESIS DEL CASO

En el mes de noviembre de 2006 ocurrió un a creciente del río Ariguaní, la cual produjo la desviación del cauce de esa fuente hídrica y con ello la inundación de

1 Se profiere fallo de reemplazo en cumplimiento de lo impartido en la sentencia de tutela del 19 de noviembre de 2024, proferida por la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado que, dispuso dejar sin efectos la sentencia del 17 de junio de 2024, dictada por esta Subsección y, además, ordenó que “se profiera una providencia de reemplazo, en la que se valore el término de caducidad de la acción de reparación directa conforme a lo precisado en esta sentencia”.Radicación: 20001233100020120006501 (52183)

Demandante: Joaquín Tomás Ovalle Pumarejo

2 varios predios rurales ubicados en el municipio del mismo nombre, ubicado en el departamento del C esar. Posteriormente, en fecha indeterminada, algunos propietarios de estos terrenos solicitaron un permiso a la Corporación Autónoma Regional del Magdalena para reencausar y tapar el desvío del río, a través de trabajos realizados con maquinaria pesada. Sin embargo, a juicio del demandante, estas actividades produjeron la desviación total del cauce del cuerpo acuífero, lo

Regional del Magdalena para reencausar y tapar el desvío del río, a través de trabajos realizados con maquinaria pesada. Sin embargo, a juicio del demandante, estas actividades produjeron la desviación total del cauce del cuerpo acuífero, lo que provocó una afectación por desabastecimiento de agua en el predio rural denominado “El Indio”, con la consecuente pérdida de 200 hect áreas de palma africana que allí se encontraban sembradas.

Joaquín Tomás Ovalle Pumarejo, arrendatario del predio “El Indio” para la época de los hechos, considera que la Corporación Autónoma Regional del Cesar y la Corporación Autónoma Regional del Magdalena son patrimonialmente responsables por la merma y/o aminoración patrimonial sufrida por la pérdida de la plantación y producción de palma africana que se encontraba sembrada en este predio, pues, a su juicio, ello se ocasionó porque las citadas au toridades administrativas no adoptaron ni implementaron medidas necesarias, adecuadas y oportunas para evitar la desviación del cauce del río Ariguaní.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 7 de febrero de 2012 2, Joaquín Tomás Ovalle Pumarejo, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda en contra de la Corporación Autónoma Regional del Cesar (en adelante “CORPOCESAR”) y la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (en adelante “CORPOMAG”), para que fueran declaradas patrimonialmente responsables por la merma y/o aminoración patrimonial que sufrió por la pérdida de plantación y

“CORPOCESAR”) y la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (en adelante “CORPOMAG”), para que fueran declaradas patrimonialmente responsables por la merma y/o aminoración patrimonial que sufrió por la pérdida de plantación y producción de palma africana, la cual se encontraba sembrada en el predio “El Indio”, ubicado en el municipio de Ariguaní (Cesar).

2 Fl. 45 a 62, C.1.Radicación: 20001233100020120006501 (52183)

Demandante: Joaquín Tomás Ovalle Pumarejo

3 Como pretensiones de su demanda el extremo activo solicita condenar a las entidades administrativas a pagarle, por perjuicios materiales, la suma de $3.354.452.500.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que, el 19 de diciembre de 2006, Joaquín Tomás Ovalle Pumarejo arrendó a la sociedad Ovalle Pumarejo y Cía. S. en C. el predio “El Indio” , identificado con el folio de matrícula No. 2260000998 y ubicado en el municipio de Ariguaní (Cesar).

Sostiene que el predio arrendado tenía sembradas 200 hectáreas de palma africana y, además, que algunos espacios del latifundio se destinaban a la explotación ganadera.

Advierte que, en el mes de noviembre de 2006, ocurrió una creciente del río Ariguaní, la cual produjo la desviación del cauce de esa fuente hídrica y con ello la inundación de varios predios rurales ubicados en el citado municipio.

Ariguaní, la cual produjo la desviación del cauce de esa fuente hídrica y con ello la inundación de varios predios rurales ubicados en el citado municipio.

Indica que, en fecha indeterminada, algunos propietarios de esos predios solicitaron una autorización a CORPOMAG para reencausar y tapar el desvío del río, a través de trabajos realizados con maquinaria pesada.

Resalta que, dichas actividades produjeron la desviación total del cauce del río, la cual provocó una afectación por desabastecimiento de agua en el predio “El Indio”, conllevando así a la pérdida de 200 hectáreas sembradas de palma africana.

El accionante, arrendatario del predio “ El Indio ” para la época de los hechos, considera que CORPOCESAR y CORPOMAG son patrimonialmente responsables por la merma y/o aminoración patrimonial sufrida por la pérdida de la plantación y producción de palma africana que se encontraba sembrada en este predio, pues, a su juicio, ello se ocasionó porque las citadas autoridades no adoptaron ni implementaron medidas nec esarias, adecuadas y oportunas para evitar la desviación del cauce del río Ariguaní.Radicación: 20001233100020120006501 (52183)

Demandante: Joaquín Tomás Ovalle Pumarejo

4

2. Contestación

El 14 de junio de 2012 3 el Tribunal Administrativo del C esar admitió la demanda y ordenó su notificación a las entidades públicas accionadas y al Ministerio Público.

2.1. CORPOMAG4 se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que

ordenó su notificación a las entidades públicas accionadas y al Ministerio Público.

2.1. CORPOMAG4 se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que el hecho lesivo no le era atribuible, toda vez que sus actuaciones se adelantaron en cumplimiento de las facultades legales que le han sido conferidas. Formuló como excepciones las que denominó “ausencia de responsabilidad, hecho de un tercero, fuerza mayor y caducidad de la acción”.

2.2. CORPOCESAR 5 se opuso a las pretensiones de la demanda, manifestando que el daño alegado no le era imputable por cuanto no t uvo injerencia en su causación. Formuló como excepciones las de falta de legitimación en la causa por pasiva, caducidad de la acción y la genérica.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 15 de mayo de 2014 6 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

3.1. CORPOMAG 7 y CORPOCESAR 8 reiteraron los argumentos expuestos en el escrito de la contestación a la demanda.

3.2. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 19 de junio de 2014 9 el Tribunal Administrativo del C esar declaró probada la excepción de caducidad de la acción de reparación directa, al

3 Fl. 75 a 76, C.1. 4 Fl. 104 a 112, C.1. 5 Fl. 113 a 120, C.1. 6 Fl. 543, C.1. 7 Fl. 546 a 555, C.1.

3 Fl. 75 a 76, C.1. 4 Fl. 104 a 112, C.1. 5 Fl. 113 a 120, C.1. 6 Fl. 543, C.1. 7 Fl. 546 a 555, C.1. 8 Fl. 556 a 566, C.1. 9 Fl. 571 a 586, C.3.Radicación: 20001233100020120006501 (52183)

Demandante: Joaquín Tomás Ovalle Pumarejo

5 constatar que habían transcurrido más de dos (2) años desde la fecha en que el demandante tuvo conocimiento del daño y aquella en la que ejerció el derecho de acción.

Al efecto, el Tribunal indicó: “[…] encuentra la Sala que el término de caducidad debe contarse a partir de la respuesta al derecho de petición de fecha 20 de abril de 2009 presentado por el señor Joaquín Tomás Ovalle Pumar ejo (demandante), pues en esta respuesta por parte de CORPOCESAR (11 de mayo de 2009), se dejó claro cuáles han sido hasta el momento las gestiones que dicha Corporación había realizado para paliar los posibles daños presentados en el predio ‘El Indio’, y de tal conocimiento devenía el interés o no de acudir ante la autoridad judicial competente, en procura de la defensa de los derechos que consideraban violados por el posible actuar negligente de las corporaciones demandadas. En este orden de ideas, se observa que tomando como fecha de inicio para el cómputo de la caducidad de la presente acción el 11 de mayo de 2009, se encuentra caducada; pues, desde el 11 de mayo de 2009, fecha en que se da respuesta a la petición del demandante, se

observa que tomando como fecha de inicio para el cómputo de la caducidad de la presente acción el 11 de mayo de 2009, se encuentra caducada; pues, desde el 11 de mayo de 2009, fecha en que se da respuesta a la petición del demandante, se contaba con dos años posteriores para iniciar la acción, lo que nos lleva hasta el 11 de mayo de 2011, y observando la constancia dada por la Procuraduría 47 Judicial II, la solicitud de conciliación extrajudicial sólo se presentó hasta el 8 de octubre de 2011, que excede, de lejos, el término de caducidad establecido en el artículo 136 del C.C.A., por lo que habrá de declarar probada la excepción de caducidad de la acción”.

5. Recurso de apelación

El 10 de julio de 201410 la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 31 de julio de 201411 y admitido el 5 de noviembre siguiente12.

5.1. El recurrente 13 reiteró los argumentos expuestos en el libelo introductorio. Manifestó, además, que el a quo erró al declarar probada la excepción de caducidad de la acción de reparación directa, toda vez que el demandante tuvo conocimiento

10 Fl. 588 a 593, C.3. 11 Fl. 595, C.3. 12 Fl. 601, C.3. 13 Fl. 588 a 593, C.3.Radicación: 20001233100020120006501 (52183)

Demandante: Joaquín Tomás Ovalle Pumarejo

6 del daño “a partir del 16 de febrero de 2010”, pues desde esa fecha “conoció de los

Demandante: Joaquín Tomás Ovalle Pumarejo

6 del daño “a partir del 16 de febrero de 2010”, pues desde esa fecha “conoció de los perjuicios causados por los trabajos r ealizados en el río Ariguaní con maquinaria pesada, desviando el cauce del río, lo que a la postre conllevó a la falta de agua en el predio ‘El Indio’ y el daño a la plantación de palma”.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 3 de diciembre de 2014 14 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente

6.1. CORPOMAG15 y CORPOCESAR16 reiteraron los argumentos expuestos en el trámite de primera instancia.

6.2. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 19 de junio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor de la demanda, supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta Corporaci ón17, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 129 y 132 numeral 6 del Código Contencioso Administrativo

2. Acción procedente

La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado

14 Fl. 604, C.3.

Contencioso Administrativo

2. Acción procedente

La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado

14 Fl. 604, C.3. 15 Fl. 610 a 618, C.3. 16 Fl. 618 a 628, C.3. 17 La pretensión mayor de la demanda se estima en $3.354.452.500.Radicación: 20001233100020120006501 (52183)

Demandante: Joaquín Tomás Ovalle Pumarejo

7 proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo , según lo dispone el artículo 8618 del CCA.

En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño por hechos imputables a una omisión de CORPOCESAR y

CORPOMAG.

3. Vigencia de la acción

Mediante sentencia del 17 de junio de 2024, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado determinó que, en el presente asunto litigioso, había operado el fenómeno preclusivo de caducidad de la acción de reparación de reparación directa, toda vez que transcurrieron más de dos (2) años desde la fecha en que acaeció el daño antijurídico y aquella en la que se presentó la demanda.

No obstante, lo anterior, mediante fallo de tutela del 19 de noviembre de 2024, la Subsección “B” de esta misma Sección y Corporación dejo sin efectos la precitada decisión y ordenó, además, que se “profiera una providencia de reemplazo, en la que

Subsección “B” de esta misma Sección y Corporación dejo sin efectos la precitada decisión y ordenó, además, que se “profiera una providencia de reemplazo, en la que se valore el término de caducidad de la acción de reparación directa conforme a lo precisado en esta sentencia”.

Ahora bien, aunque en esta providencia se acatará lo dispuesto por el juez de tutela en el fallo del 19 de noviembre de 2024, en tanto toda autoridad judicial debe cumplir las órdenes a él impartidas en marco de la acción de amparo constitucional, resulta determinante y pertinente hacer las siguientes consideraciones con el propósito de salvaguardar los postulados iusfundamentales de autonomía e independencia judicial19, y de sometimiento de las autoridades judiciales y sus decisiones al imperio

18 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de traba jos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o exservidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación particular o de otra entidad pública.” 19 Artículo 228 de la Constitución Política: “ “La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con excepciones queRadicación: 20001233100020120006501 (52183)

Demandante: Joaquín Tomás Ovalle Pumarejo

8 de la ley20.

decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con excepciones queRadicación: 20001233100020120006501 (52183)

Demandante: Joaquín Tomás Ovalle Pumarejo

8 de la ley20.

En primer lugar, debe señalarse que, aunque la sentencia del 17 de junio de 2024 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado estableció con fundamento en las piezas procesales que en el asunto litigioso examinado no se satisfizo el presupuesto procesal de vigencia de la acción de reparación directa, en tanto transcurrieron más de dos (2) años desde la fecha en que acaeció el hecho dañoso y aquella en que se presentó la demanda, en el trámite de tutela, específicamente en el fallo de segunda instancia, la Subsección B de la misma Sección y Corporación, determinó que el extremo inicial para contabilizar la caducidad de la acción iniciaría a correr desde el momento en que se demostró “el incumplimiento de la obligación legal”.

Así, aunque la sentencia del 19 de noviembre de 2024, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado estimó que “el término de caducidad debe contarse, no desde el momento en que el accionante tuvo conocimiento de la desviación del río, sino cuando se demostró el incumplimiento de la obligación legal de las autoridades legales para regular dicho cauce”, debe reiterarse que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión

conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trab ajo público o por cualquiera otra causa.

Entonces, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado al dejar sin efectos la sentencia del 17 de junio de 2024 proferida por esta Subsección, impuso una pauta según la cual el término para ejercer el derecho de acción en casos de omisión empezaría a correr a partir del día en que se demostró el incumplimiento de un contenido obligacional, criterio que resulta contrario al fijado en la norma atrás

establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrad o y autónomo”. 20 Artículo 230 de la Constitución Política: “Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judiciales”.Radicación: 20001233100020120006501 (52183)

Demandante: Joaquín Tomás Ovalle Pumarejo

9 citada. Precisamente, de lo probado en el caso en concreto pudo constatarse que, diferente a lo considerado por el juez de tutela, el demandante conoció del daño el

9 citada. Precisamente, de lo probado en el caso en concreto pudo constatarse que, diferente a lo considerado por el juez de tutela, el demandante conoció del daño el 16 de abril de 200921, por lo cual el término preclusivo inició a contabilizarse a partir del 17 de abril de 2009, que corresponde al día siguiente a aquel en que, con grado de certeza, Joaquín Tomás Ovalle Pumarejo conoció y/o debió conocer del hecho lesivo alegado, en tanto puso en conocimiento de CORPOMAG que el cauce del río Ariguaní había sido desviado por trabajos realizados con maquinaria pesada y sin contar con la debida autorización.

En segundo lugar, es imperioso subrayar que las decisiones judiciales a las que se hizo referencia en el fallo de tutela del 19 de noviembre de 2024 proferido por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado 22, no tienen la calidad ni reúnen los requisitos para erigirse como un precedente judicial obligatorio, pues aunque puedan considerárseles antecedentes judiciales sobre una materia, no son providencias de unificación, tampoco fueron adoptadas por el pleno de la Sección o de la Corporación, ni son precedente obligatorio, por lo que no resultan vinculantes para la Subsección C, ni se constituye en un parámetro obligatorio para el razonamiento judicial y por tanto no vincula al juez del proceso ordinario que en su decisión debe apegarse a lo que establece la ley23.

21 Lo probado en el proceso permitió constatar que el 16 de abril de 2009, Joaquín Tomás Ovalle

razonamiento judicial y por tanto no vincula al juez del proceso ordinario que en su decisión debe apegarse a lo que establece la ley23.

21 Lo probado en el proceso permitió constatar que el 16 de abril de 2009, Joaquín Tomás Ovalle Pumarejo presentó una petición ante CORPOMAG en la que señaló que en la cuenca del río Ariguaní “[…] varios usuarios de esta realizaron trabajos sobre el río, sin autorización alguna con maquinaria pesada, desviando el cauce y talando árboles”. Además, en el citado escrito se indicó expresamente que “[…] a la altura de nuestra bocatoma (canal Jordi – Ovalle) el río fue desviado, de tal forma que ni siquiera en la estación lluviosa tenemos acceso a nuestro litraje, causándonos con esto enormes perjuicios en nuestras actividades agrícolas y pecuarias”. (Fl. 26 y 27, C.2 del expediente). 22En el pie de página No. 12 de la referida providencia expresamente se señaló: “ (…) la Sección Tercera del Consejo de Estado en casos de omisión de las autoridades de policía en cumplimiento de la obligación legal de realizar el desalojo, consideró que el término de caducidad iniciaba desde cuando resultara evidente que las autoridades no darían cumplimiento a su obligaciones y el demandante no podría recuperar por esta vía la posesión del predio (ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 13 de noviembre de 2014, Exp. 2621 2, posición reiterada por la Subsección A en sentencia del 3 de julio de 2020, Exp. 55308; Subsección C, en

Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 13 de noviembre de 2014, Exp. 2621 2, posición reiterada por la Subsección A en sentencia del 3 de julio de 2020, Exp. 55308; Subsección C, en sentencia del 31 de mayo de 2021; Subsección B, en sentencia del 8 de abril de 2024, Exp. 64874 y del 10 de octubre de 2024, Exp. 61708. En este caso, se aplicará el precedente jurisprudencial por analogía, al tratarse de la situación en la que el solicitante evidencia que la autoridad ambiental no ejercerá su obligación legal de regular el cauce del río, momento a partir del cual empezará a contar la caducidad de la acción de reparación directa”. (Se resalta) 23 Bajo esta noción, la Corte Constitucional ha indicado los criterios a tener en cuenta para identificar el precedente, estos son: “(i) la ratio decidendi de la sentencia que se evalúa como prece dente, presenta una regla judicial relacionada con el caso a resolver posteriormente; (ii) se trata de un problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional semejante y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia son semejante s o plantean un punto de derecho semejante al que se debe resolver posteriormente.” . Ver sentencias T-1317 de 2001, T -292 de 2006, T -794 de 2011, SU230-15 y SU449 -16.Radicación: 20001233100020120006501 (52183)

Demandante: Joaquín Tomás Ovalle Pumarejo

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Con ello, debe resaltarse que cada asunto litigioso goza de una identidad procesal

Demandante: Joaquín Tomás Ovalle Pumarejo

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Con ello, debe resaltarse que cada asunto litigioso goza de una identidad procesal y probatoria propia, luego, la valoración de las piezas procesales y la decisión judicial que se adopte en cada caso no puede suponer el desconocimiento de una decisión que con antelación se adoptó por hechos disímiles y que no guardan una exacta homogeneidad, por lo que adoptar un criterio por vía de una acción de tutela, para hacer la su brogación de la providencia que se busca derogar o modificar y pretender que las otras autoridades judiciales lo acojan por tratarse de una providencia que carece de fuerza vinculante como criterio para las decisiones judiciales, por no tratarse de una sen tencia de unificación ni de un precedente obligatorio, desatiende los postulados de autonomía judicial, seguridad jurídica y de sometimiento de las autoridades judiciales al imperio de la ley.

Finalmente, en tercer lugar, es importante destacar que, el presente asunto litigioso, no guarda relación alguna con la regla que el juez de tutela de segunda instancia estableció para dejarla sin efecto, pues dio alcance de regla obligatoria a un evento que no tiene vínculo alguno con el caso examinado como erróneamente se pretende hacer ver en el fallo de tutela. Es más, el “precedente” que trae la precitada providencia de tutela se refiere a un caso de omisión en las actividades de policía en un desalojo, cuando aquí lo que se discute es la indemnización de perjuicios por los daños causados a unos predios por la desviación del cauce de un río. De hecho, en el escenario de que se llegase a entender que la similitud entre la sentencia

en un desalojo, cuando aquí lo que se discute es la indemnización de perjuicios por los daños causados a unos predios por la desviación del cauce de un río. De hecho, en el escenario de que se llegase a entender que la similitud entre la sentencia traída como precedente y el supuesto establecido en la providencia revocada se refiere a la certeza de la falta de actuación de las autoridades, tampoco el antecedente jurisprudencial resultaría aplicable, en cuanto el contenido obligacional en uno y en otro caso eran distintos, pues, el antecedente que se pretende aplicar “analógicamente” trataba sobre una actuación positiva (hacer el desalojo) y el presente negocio versa sobre una omisión por no haber evitado un resultado dañoso.

En definitiva, la sentencia de tutela del 28 de noviembre de 2024, proferida por la Subsección B de la Secc ión Tercera del Consejo de Estado, se apartó de los precedentes constitucionales antes invocados y del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, dado que varió el criterio para computar el término deRadicación: 20001233100020120006501 (52183)

Demandante: Joaquín Tomás Ovalle Pumarejo

11 caducidad de la acción de reparación directa, por las razones expuestas en precedencia.

Ahora bien, pese a que, como se indicó anteriormente, no se comparte la decisión adoptada por la Subsección B de la Sección del Tercera del Consejo de Estado, es obligación del juez acatar lo impartido en la orden de tutela, de modo que en el caso en concreto se examinará el cómputo del citado presupuesto procesal atendiendo

obligación del juez acatar lo impartido en la orden de tutela, de modo que en el caso en concreto se examinará el cómputo del citado presupuesto procesal atendiendo las directrices impartidas en el fallo del 28 de noviembre de 2024.

Según lo expuesto, se evid encia que, a juicio del juez de tutela, “el término de la acción de reparación directa comenzó a correr entre el 2 y el 11 de mayo de 2012, luego, si la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 8 de octubre de 2011 y la demanda se interpuso e l 7 de febrero de 2012, es evidente que la acción se ejerció dentro del término legal”. Por lo anterior, de acuerdo con lo determinado en la sentencia de tutela del 28 de noviembre de 2024, proferido por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, se advierte que el ejercicio del derecho de acción se ejerció en tiempo, es decir, antes del vencimiento de los dos (2) años establecidos en la ley procesal vigente para presentarla de forma oportuna. Ello implica entonces emitir pronunciamiento d e fondo sobre la controversia, en estricta atención a lo ordenado por el juez constitucional.

4. Legitimación en la causa

Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis24.

4.1. Joaquín Tomás Ovalle Pumarejo está legitimado en la causa por activa, pues acreditó ser el arrendatario del predio “El Indio”, identificado con el folio de matrícula

4.1. Joaquín Tomás Ovalle Pumarejo está legitimado en la causa por activa, pues acreditó ser el arrendatario del predio “El Indio”, identificado con el folio de matrícula No. 2260000998 y ubicado en el municipio de Ariguan í (Cesar), el cual, según se afirma, resultó afectado por el desabastecimiento de agua debido a que

24 Frente al tema, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “la legitimación en la causa corresponde a un presupuesto procesal de la acción (y no de la pretensión) y, por lo tanto, debe analizarse de oficio y de manera previa a la decisión de fondo de la litis. En consecuencia, la ausencia de legitimación material en l a causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el fondo del caso”. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de abril de 2021. Rad.: 48436. En igual sentido, ver sentencia del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2020, Rad.: 1760-18. Sentencia del 25 de julio de 2019, Rad.: 54527 y auto del 10 de septiembre de 2020, Rad.: 0736-18.Radicación: 20001233100020120006501 (52183)

Demandante: Joaquín Tomás Ovalle Pumarejo

12 CORPOMAG y CORPOCESAR no adoptaron ni implementaron medidas necesarias, adecuadas y oportunas para evitar la desviación del cauce del río Ariguaní. De esta información da cuenta el contrato de arrendamiento del 19 de febrero de 2006, suscrito entre Joaquín Tomás Ovalle Muñoz y Joaquín Tomás Ovalle Pumarejo25, así como el certificado de tradición expedido por la Oficina de

febrero de 2006, suscrito entre Joaquín Tomás Ovalle Muñoz y Joaquín Tomás Ovalle Pumarejo25, así como el certificado de tradición expedido por la Oficina de Registro