CE - Sentencia 20001233300020140017801 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 20001-23-33-000-2014-00178-01 (1800-2017)

Demandante: Janeth Arias Angarita y otros1

Demandado: Departamento del Cesar y Municipio de La Jagua de Ibirico Temas: Aportes a seguridad social de servidores públicos.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La sala de subsección resolverá el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia de fecha 23 de febrero de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo d el Cesar, a través de la cual: i) declaró probada la excepción de prescripción de los derechos laborales reclamados; ii) negó las pretensiones de la señora Martha Cecilia Gómez Martínez; iii) negó la pretensión de reconocimiento y pago de los aportes pensionales al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y; iv) condenó en costas a la parte actora.

I. ANTECEDENTES

2. Pretensiones. Anular los siguientes actos administrativos.

3. Proferidos por la Alcaldía Municipal de La Jagua de Ibirico: i) DO-JA-032

I. ANTECEDENTES

2. Pretensiones. Anular los siguientes actos administrativos.

3. Proferidos por la Alcaldía Municipal de La Jagua de Ibirico: i) DO-JA-032 del 5 de marzo de 2014; ii) DO-JA-022 del 5 de marzo de 2014; iii) DO -JA-027 del 5 de marzo de 2014; iv) DO-JA-024 del 3 de marzo de 2014; v) DO-JA-030 del 5 de marzo de 2014; vi) DO -JA-035 del 5 de marzo de 2014; vii) DO -JA-043 del 13 de marzo de 2014; viii) DO -JA-034 del 5 de marzo de 2014; ix) DO -JA-028 del 5 de marzo de 2014.

4. Proferidos por la Gobernación del Cesar: i) GC-EXT-22752-2013 del 26 de noviembre de 2013; ii) GC-EXT-22742-2013 del 26 de noviembre de 2013; iii) GCEXT-22754-2013 del 26 de noviembre de 2013; iv) GC -EXT-22756-2013 del 26 de noviembre de 2013; v) GC-EXT-22755-2013 del 26 de noviembre de 2013; vi) GCEXT-22749-2013 del 23 de diciembre de 2013; vii) GC -EXT-22783-2013 del 23 de diciembre de 2013; viii) GC-EXT-22750-2013 del 23 de diciembre de 2013; ix) GCEXT-22753-2013 del 23 de diciembre de 2013 y x) GC -EXT-22757-2013 del 26 de noviembre de 2013.

EXT-22753-2013 del 23 de diciembre de 2013 y x) GC -EXT-22757-2013 del 26 de noviembre de 2013.

1 Martha Cecilia Gómez Martínez, María Bernarda Navarro Galván, Carmen Cecilia Díaz Campo, Ludis Domínguez Rangel, Adenovis Aguilar Centeno, Omaira Sierra Pacheco, Aura Nelis Rodríguez, José Agustín Martínez Ramírez y Rodrigo Alberto Soto Gámez.Radicado: 20001-23-33-000-2014-00178-01 (1800-2017)

Demandante: Janeth Arias Angarita y otros

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5. Como restablecimiento del derecho, exigieron el reintegro a los cargos que venían desempeñando al momento de su desvinculación, con el respectivo pago las asignaciones mensuales, prima s de servicios, prima s de antigüedad, auxilio s de movilización, subsid ios de alimentación, bonificaci ones por servicios prestados, primas de navidad, prima s de vacaciones docente, vacaciones, auxilio s de cesantías y sus respectivos intereses. Así mismo peticionaron el reconocimiento y pago de los costos acumulados por concepto de ascensos en el escalafón nacional docente y la consignación de los aportes pensionales al FOMAG.2

6. Finalmente, reclamaron la condena en costas de la entidad demandada.

7. Hechos.

8. Janeth Arias Angarita. Ingresó a laborar como docente en la Escuela Mixta de “La Victoria ” perteneciente al municipio de La Jagua de Ibirico, desde el 1° de

7. Hechos.

8. Janeth Arias Angarita. Ingresó a laborar como docente en la Escuela Mixta de “La Victoria ” perteneciente al municipio de La Jagua de Ibirico, desde el 1° de febrero de 1994.

9. Posteriormente fue nombrada en propiedad mediante la Resolución 012 del 1° de mar zo de 1997, cargo del que tomó posesión el 14 de agosto de la misma anualidad. Luego, a través de la Resolución 001158 del 18 de abril de 2001 fue ascendida al grado 10 del escalafón nacional docente, con efectos fiscales a partir del 16 de marzo de ese mismo año, sin recibir el pago de las diferencias causadas desde entonces.

10. Por medio del Decreto 000840 del 26 de mayo de 2010 , la Gobernación del Cesar la retiró del servicio para garantizar el acceso de la persona que superó el respectivo concurso de méritos.

11. Pese a lo anterior, la administración no canceló el 100% de la asignación básica correspondiente al grado 8 (sic) del escalafón nacional docente causada entre el 16 de marzo de 2001 y el mes de junio de 2010. Tampoco efectuó el pago de la prima de servicios, la prima de antigüedad, el auxilio de movilización, el subsidio de alimentación, la bonificación por servicios prestados, la prima de navidad, la prima de vacaciones, las vacaciones, el auxilio de cesantías y sus respectivos intereses desde el mes de febrero de 1994. Por último, indicó que desde su desvinculación no viene cotizando para seguridad social en pensiones.

12. Martha Cecilia Gómez Martínez. Ingresó a laborar como docente en la Escuela

desde el mes de febrero de 1994. Por último, indicó que desde su desvinculación no viene cotizando para seguridad social en pensiones.

12. Martha Cecilia Gómez Martínez. Ingresó a laborar como docente en la Escuela “Ana Aguilar” del municipio de La Jagua de Ibirico, desde el 1° de febrero de 1989.

13. Posteriormente fue nombrada en propiedad mediante la Resolución 012 del 1° de marzo de 1997, cargo del que tomó posesión el 14 de agosto de la misma anualidad.

2 El día 6 de abril de 2015, el mandatario judicial de los demandante desistió de la pretensión de reintegro (fls 1053-1056 del expediente físico), el cual fue aceptado el 1.° de octubre de 2015 (fls 1069 -1071). Por tanto, la litis se limitó al pago de los costos acumulados por concepto de ascensos en el escalafón nacional docente y la consignación de los aportes pensionales al FOMAG.Radicado: 20001-23-33-000-2014-00178-01 (1800-2017)

Demandante: Janeth Arias Angarita y otros

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14. Luego, a través de la Resolución 011905 del 15 de octubre de 2002 fue ascendida al grado 10 del escalafón nacional docente, con efectos fiscales a partir del 22 de marzo de ese mismo año, sin recibir el pago de las diferencias causadas desde entonces . Por medio del Decreto 000 488 del 15 de julio de 2011 , la Gobernación del Cesar la retiró del servicio para garantizar el acceso de la persona

del 22 de marzo de ese mismo año, sin recibir el pago de las diferencias causadas desde entonces . Por medio del Decreto 000 488 del 15 de julio de 2011 , la Gobernación del Cesar la retiró del servicio para garantizar el acceso de la persona que superó el respectivo concurso de méritos.

15. Pese a lo anterior, la parte demandada no canceló el 100% de la asignación básica correspondiente al grado 8 (sic) del escalafón nacional docente causada entre el 22 de marzo de 2002 y el mes de julio de 2011. De igual manera, tampoco efectuó el pago de la prima de servicios, la prima de antigüedad, el auxilio de movilización, el subsidio de alimentación, la bonificación por servicios prestados, la prima de navidad, la prima de vacaciones, las vacaciones, el auxilio de cesantías y sus respectivos intereses desde el mes de febrero de 19 89. Indicó que desde su desvinculación no viene cotizando para seguridad social en pensiones.

16. María Bernarda Navarro Galván . Ingresó a laborar como docente en la Institución Educativa “Luís Carlos Galán Sarmiento ” del municipio de La Jagua de Ibirico, desde el 6 de marzo de 1996. Posteriormente fue nombrada en propiedad mediante la Resolución 012 del 1° de marzo de 1997, cargo del que tomó posesión el 14 de agosto de la misma anualidad.

17. Luego, a través de la Resolución 002393 del 21 de noviembre de 2000 fue ascendida al grado 8 del escalafón nacional docente, con efectos fiscales a partir del mismo día, sin recibir el pago de las diferencias causadas desde entonces. Por

17. Luego, a través de la Resolución 002393 del 21 de noviembre de 2000 fue ascendida al grado 8 del escalafón nacional docente, con efectos fiscales a partir del mismo día, sin recibir el pago de las diferencias causadas desde entonces. Por medio del Decreto 000287 del 29 de agosto de 2006 , la Gobernación del Cesar la retiró del servicio para garantizar el acceso de la persona que superó el respectivo concurso de méritos.

18. Pese a lo anterior, la administración no canceló el 100% de la asignación básica correspondiente al grado 8 del escalafón nacional docente causada entre el 21 de noviembre de 2000 y el mes de agosto de 2006. De igual manera, tampoco efectuó el pago de la prima de servicios, la prima de antigüedad, el auxilio de movilización, el subsidio de alimentación, la bonificación por servicios prestados, la prima de navidad, la prima de vacaciones, las vacaciones, el auxilio de cesantías y sus respectivos intereses desde el mes de marzo de 1996. Indicó que desde su desvinculación no viene cotizando para seguridad social en pensiones.

19. Carmen Cecilia Díaz Campo. Ingresó a laborar como docente en la Institución Educativa “Luís Carlos Galán Sarmiento ”, sede “Juan Ramón de Ibirico ” de l municipio de L a Jagua de Ibirico, desde el 1° de febrero de 1996. Posteriormente fue nombrada en propiedad mediante la Resolución 012 del 1° de marzo de 1997, cargo del que tomó posesión el 14 de agosto de la misma anualidad.

20. Luego, a través de la Resolución 002766 del 30 de noviembre de 2000 fue

cargo del que tomó posesión el 14 de agosto de la misma anualidad.

20. Luego, a través de la Resolución 002766 del 30 de noviembre de 2000 fue ascendida al grado 8 del escalafón nacional docente, con efectos fiscales a partir del 1° de febrero de 1999 , sin recibir el pago de las diferencias causadas desdeRadicado: 20001-23-33-000-2014-00178-01 (1800-2017)

Demandante: Janeth Arias Angarita y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co entonces. Por medio del Decreto 000562 del 1° de septiembre de 2010 , la Gobernación del Cesar la retiró del servicio para garantizar el acceso de la persona que superó el respectivo concurso de méritos.

21. Pese a lo anterior, la administración no canceló el 100% de la asignación básica correspondiente al grado 8 del escalafón nacional docente causada entre el 1° de febrero de 1999 y el mes de septiembre de 2010. De igual manera, tampoco efectuó el pago de la prima de servicios, la prima de antigüedad, el auxilio de movilización, el subsi dio de alimentación, la bonificación por servicio s prestado s, la prima de navidad, la prima de vacaciones, las vacaciones, el auxilio de cesantías y sus respectivos intereses desde el mes de febrero de 199 6. Indicó que desde su desvinculación no viene cotizando para seguridad social en pensiones.

22. Ludis Domínguez Rangel 3. Ingresó a laborar como docente en la Institución

respectivos intereses desde el mes de febrero de 199 6. Indicó que desde su desvinculación no viene cotizando para seguridad social en pensiones.

22. Ludis Domínguez Rangel 3. Ingresó a laborar como docente en la Institución Educativa Agropecuaria “La Victoria de San Isidro ” del municipio de La Jagua de Ibirico, desde el 1° de febrero de 1996. Posteriormente fue nombrada en propiedad mediante la Resolución 012 del 1° de marzo de 1997, cargo del que tomó posesión el 14 de agosto de la misma anualidad.

23. Luego, por medio del Decreto 000838 del 26 de mayo de 2010, la Gobernación del Cesar la retiró del servicio para garantizar el acceso de la persona que superó el respectivo concurso de méritos. Pese a lo anterior, la parte demandada no canceló el 100% del pago de la prima de servicios, la prima de antigüedad, el auxilio de movilización, el subsidio de alimentación, la bonificación por servicios prestados, la prima de navidad, la prima de vacaciones, las vacaciones, el auxilio de cesantías y sus respectivos intereses desde el mes de febrero de 1996. Indicó que desde su desvinculación no viene cotizando para seguridad social en pensiones.

24. Adenovis Aguilar Centeno4. Ingresó a laborar como docente en la vereda “Las Delicias” del municipio de La Jagua de Ibirico, desde el 1° de febrero de 1996.

Posteriormente fue nombrada en propiedad mediante la Resolución 012 del 1° de marzo de 1997, cargo del que tomó posesión el 14 de agosto de la misma anualidad. Laboró en la Institución Educativa “Luís Carlos Galán Sarmiento”, perteneciente a

marzo de 1997, cargo del que tomó posesión el 14 de agosto de la misma anualidad. Laboró en la Institución Educativa “Luís Carlos Galán Sarmiento”, perteneciente a ese mismo municipio hasta el 30 de noviembre de 2002.

25. Pese a lo anterior, la demandada no canceló el 100% del pago de la prima de servicios, la prima de antigüedad, el auxilio de movilización, el subsidio de alimentación, la bonificación por servicios prestados, la prima de navidad, la prima de vacaciones, las vacaciones, el auxilio de cesantías y sus respectivos intereses desde el mes de febrero de 1996. Indicó que desde su desvinculación no viene cotizando para seguridad social en pensiones.

26. Omaira Sierra Pa checo. Ingresó a laborar como docente en la Institución Educativa “Luís Carlos Galán Sarmiento ” del municipio de La Jagua de Ibirico,

3 Solo demandó al departamento del Cesar. 4 En los hechos de la demanda se señaló a la señora Omaira Sierra Pacheco, pero las circunstancias fácticas corresponden a la señora Aguilar Centeno.Radicado: 20001-23-33-000-2014-00178-01 (1800-2017)

Demandante: Janeth Arias Angarita y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co desde el 1° de febrero de 1996. Posteriormente fue nombrada en propiedad mediante la Resolución 012 del 1° de marzo de 1997, cargo del que tomó posesión el 14 de agosto de la misma anualidad. Luego, por medio del Decreto 000280 del

mediante la Resolución 012 del 1° de marzo de 1997, cargo del que tomó posesión el 14 de agosto de la misma anualidad. Luego, por medio del Decreto 000280 del 13 de mayo de 2010, la Gobernación del Cesar la retiró del servicio para garantizar el acceso de la persona que superó el respectivo concurso de méritos.

27. Pese a lo anterior, la administración no canceló el 100% del pago de la prima de servicios, la prima de antigüedad, el auxilio de movilización, el subsidio de alimentación, la bonificación por servicios prestados, la prima de navidad, la prima de vacaciones, las vacaciones, el auxilio de cesantías y sus respectivos intereses desde el mes de marzo de 1996. Indicó que desde su desvinculación no viene cotizando para seguridad social en pensiones.

28. Aura Nelis Rodríguez Cañizares. Ingresó a laborar como docente en la vereda “Argentina Sur” del municipio de La Jagua de Ibirico, desde el 1° de febrero de 1995.

Posteriormente fue nombrada en propiedad mediante la Resolución 012 del 1° de marzo de 1997, cargo del que tomó posesión el 14 de agosto de la misma anualidad.

29. Laboró en la mencionada institución educativa hasta el 30 de noviembre de

2002. Pese a lo anterior, la demandada no canceló el 100% del pago de la prima de servicios, la prima de antigüedad, el auxilio de movilización, el subsidio de alimentación, la bonificación por servicios prestados, la prima de navidad, la prima de vacaciones, las vacaciones, el auxilio de cesantías y sus respectivos intereses desde el mes de febrero de 1995. Indicó que desde su desvin culación no viene

alimentación, la bonificación por servicios prestados, la prima de navidad, la prima de vacaciones, las vacaciones, el auxilio de cesantías y sus respectivos intereses desde el mes de febrero de 1995. Indicó que desde su desvin culación no viene cotizando para seguridad social en pensiones.

30. José Agustín Martínez Ramírez. Ingresó a laborar como docente en la vereda “Sororia Arriba” del municipio de La Jagua de Ibirico, desde el 1° de febrero de 1995.

Posteriormente fue nombrado en propiedad mediante la Resolución 012 del 1° de marzo de 1997, cargo del que tomó posesión el 14 de agosto de la misma anualidad.

31. Laboró en la vereda “Las Delicias” hasta el 30 de noviembre de 2002. Pese a lo anterior, la demandada no canceló e l 100% del pago de la prima de servicios, la prima de antigüedad, el auxilio de movilización, el subsidio de alimentación, la bonificación por servicios prestados, la prima de navidad, la prima de vacaciones, las vacaciones, el auxilio de cesantías y sus respectivos intereses desde el mes de febrero de 1995. Indicó que desde su desvinculación no viene cotizando para seguridad social en pensiones.

32. Rodrigo Alberto Soto Gámez . Ingresó a laborar como docente en la vereda “Las Delicias” del municipio de La Jagua de Ibirico, desde el 1° de febrero de 1995.

Posteriormente fue nombrado en propiedad mediante la Resolución 012 del 1° de marzo de 1997, cargo del que tomó posesión el 14 de agosto de la misma anualidad.

33. Laboró en la mencionada institución educativa hasta el 30 de noviembre de

Posteriormente fue nombrado en propiedad mediante la Resolución 012 del 1° de marzo de 1997, cargo del que tomó posesión el 14 de agosto de la misma anualidad.

33. Laboró en la mencionada institución educativa hasta el 30 de noviembre de

2002. Pese a lo anterior, la demandada no canceló el 100% del pago de la prima de servicios, la prima de antigüedad, el auxilio de movilización, el subsidio deRadicado: 20001-23-33-000-2014-00178-01 (1800-2017)

Demandante: Janeth Arias Angarita y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co alimentación, la bonificación por servicios prestados, la prima de navidad, la prima de vacaciones, las vacaciones, el auxilio de cesantías y sus respectivos intereses desde el mes de febrero de 1995. Indicó que desde su desvinculación no viene cotizando para seguridad social en pensiones.

34. Fundamentos de derecho . Se señalaron como vulneradas las siguientes disposiciones: el preámbulo y los artículos 1.°, 2.°, 6.°, 13, 23, 25, 29, 48, 53, 83 y 122 de la Constitución Política; 9.° y 11 del Decreto 1850 de 2002; 2° y 7° del Decreto 2400 de 1968; 1° del Decreto 3074 de 1968; 6° y 7° del Decreto 1950 de

1973; 2° del Decreto 2277 de 1979; 1° del Decreto 1440 de 1992; 38 de la Ley 715 de 2001; el parágrafo 3° del artículo 105 de la Ley 115 de 1994; 17, 24, 25, 26, 33, 45, 46 y 59 del Decreto 1045 de 1978; 3° de la Ley 6 de 1945; 49, 56 y 97 del Decreto 1042 de 1978; 11 del Decreto 3135 de 1968; 51 del Decreto 1848 de 1969; el Decreto 11 de 1993; 8° del Decreto 916 de 2005; 1° y 2° del De creto 1160 de 1947; 2° de la Ley 244 de 1995; 99 de la Ley 50 de 1990; 29 de la Ley 789 de 2002 y 83 de la Ley 1437 de 2011 . Al desarrollar el concepto de violación, expuso lo siguiente:

35. Los actos administrativos acusados desconocieron que los demandantes estuvieron sometidos a la misma jornada laboral establecida para el personal docente oficial en el artículo 9.° del Decreto 1850 de 2002. Igualmente pasaron por alto que los actores desempeñaron funciones públicas de carácter permanente, por lo que se tra nsgredió la prohibición legal de contratar por prestación u órdenes de servicios ese tipo de labores.

36. Es innegable que los accionantes, al dedicarse a la enseñanza en planteles oficiales administrados por los entes territoriales demandados, se les aplica el régimen contenido en el Decreto 2277 de 1979 , por lo que es ilegal que se

36. Es innegable que los accionantes, al dedicarse a la enseñanza en planteles oficiales administrados por los entes territoriales demandados, se les aplica el régimen contenido en el Decreto 2277 de 1979 , por lo que es ilegal que se desconozcan esos derechos, pero, a la par, las accionadas se beneficien de los servicios prestados por estos.

37. Además, los actos enjuiciados obviaron los criterios para la organización de la estructura de las plantas de personal cuya competencia en materia de educación la tienen los municipios y los departamentos, al tiempo que d esconocieron las reglas especiales de descentralización en la dirección y prestación de los servicios de salud y educación, así como las reglas para la incorporación de docentes, directivos docentes y administrativos a los cargos de las plantas, establecidas en el artículo 38 de la Ley 715 de 2001.

38. Por último, reiteró que los actos demandados negaron el reconocimiento y pago de los incrementos de salarios por antigüedad, la bonificación por servicios prestados, el subsidio de alimentación, el auxilio de transporte, la prima de vacaciones, las vacaciones y la prima de navidad.Radicado: 20001-23-33-000-2014-00178-01 (1800-2017)

Demandante: Janeth Arias Angarita y otros

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39. Contestación de la demanda 5. Dentro de la oportunidad de ley, la Gobernación del Cesar contestó la demanda, oponiéndose a la prosperidad de sus

pretensiones. Con tales fines alegó:

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39. Contestación de la demanda 5. Dentro de la oportunidad de ley, la Gobernación del Cesar contestó la demanda, oponiéndose a la prosperidad de sus

pretensiones. Con tales fines alegó:

40. Los servidores Janeth Arias Angarita, Martha Cecilia Gómez Martínez, María Bernarda Navarro Galván, Carmen Cecilia Díaz Campo, Ludis Domínguez Rangel, Omaira Sierra Pacheco y Rodrigo Alberto Soto Gámez, fueron retirados del servicio docente desde hace más de 3 años y por esa razón, la administración departamental, al momento de contestar las reclamaciones administrativas presentadas por cada uno de ellos, denegó esas súplicas por haber operado el fenómeno de la prescripción de sus derechos.

41. Frente a los señores José Agustín Martínez Ramírez, Aura Nelis Rodríguez Cañizares y Adenovis Aguilar Centeno , expresó que n unca sostuvo vínculos laborales con ellos, por lo que el llamado a responder por las súplicas de la demanda es el municipio de La Jagua de Ibirico.

42. Con tal fin, propuso las excepciones de « caducidad del medio de control », «inepta demanda por no haber demandado el acto administrativo que retiró a los demandantes del servicio», «prescripción», «inexistencia del derecho» y

«genérica».

43. Por su parte, la Alcaldía Municipal de La Jagua de Ibirico6 también contestó la demanda, oponiéndose a la prosperidad de sus pretensiones. Como defensa,

esgrimió los siguientes argumentos:

44. Los actores Yaneth Arias Angarita, Martha Cecilia Gómez Martínez, María

la demanda, oponiéndose a la prosperidad de sus pretensiones. Como defensa, esgrimió los siguientes argumentos:

44. Los actores Yaneth Arias Angarita, Martha Cecilia Gómez Martínez, María Bernarda Navarro, Ludis Domínguez Rangel, Adenovis Aguilar Centeno, Omaira Sierra Pacheco , José Agustín Martínez Ramírez y Rodrigo Alberto Soto Gámez tuvieron vinculaciones con la entidad territorial. Sin embargo, en la actualidad esas relaciones laborales no persiste n, de allí la respuesta a l as reclamaciones administrativas presentadas. Además, adujo que tales vínculos son antiguos y «este quedó saldado». Por otro lado, en cuanto a la señora Aura Nelis Rodríguez, indicó que nunca tuvo una relación laboral con el municipio.

45. Propuso las excepcion es de: «falta de legitimación en la causa por pasiva», «prescripción», «inepta demanda», «caducidad», «cosa juzgada», «falta de causa para pedir, inexistencia del derecho y cobro de lo no debido» y «genérica».

46. Sentencia de primera instancia 7. El 23 de febrero de 20 17, el Tribunal Administrativo del Cesar emitió sentencia en la que: i) declaró probada la excepción de prescripción de los derechos laborales reclamados; ii) negó las pretensiones solicitadas por la señora Martha Cecilia Gómez Martínez; iii) negó la pretensión relacionada con el reconocimiento y pago de los aportes pensionales al Fondo

5 Folios 419 a 432 del expediente físico. 6 Folios 695 a 709 del expediente físico.

relacionada con el reconocimiento y pago de los aportes pensionales al Fondo

5 Folios 419 a 432 del expediente físico. 6 Folios 695 a 709 del expediente físico. 7 Folios 1237-1262.Radicado: 20001-23-33-000-2014-00178-01 (1800-2017)

Demandante: Janeth Arias Angarita y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y; iv) condenó en costas a la parte actora. Con tales propósitos, concluyó:

47. Es imperioso determinar si operó el fenómeno de la prescripción extintiva de los derechos pretendidos por cada uno de los demandantes, ya que, de encontrarse probada, no sería menester estudiar el fondo del asunto. En ese orden de ideas, y después de relacion ar y explicar el marco normativo referente a ese fenómeno jurídico, analizó la situación particular de cada uno de los reclamantes, así:

48. En cuanto a la señora Janeth Arias Angarita, encontró acreditado que prestó sus servicios entre los años de 1994 a 2002, conforme lo certificado por la jefe de talento humano de la alcaldía municipal de La Jagua de Ibirico . De igual manera advirtió que en virtud del nombramiento efectuado mediante la Resolución 012 bis, tomó posesión el 14 de agosto 1997 como docente en la Escuela Rural Mixta “La Victoria” y, posteriormente, fue desvinculada mediante el Decreto 000840 del 26 de mayo de 2010.

49. Entonces, como las reclamaciones administrativas fueron formuladas los días

Victoria” y, posteriormente, fue desvinculada mediante el Decreto 000840 del 26 de mayo de 2010.

49. Entonces, como las reclamaciones administrativas fueron formuladas los días 12 de noviembre de 2013 y 18 de enero de 2014, pregonó que transcurrieron más de tres (3) años desde la terminación del vínculo laboral, con lo que se configuró el fenómeno extintivo de la prescripción, de conformidad con lo previsto en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

50. En cuanto a la señora María Bernarda Navarro Galván, encontró acreditado que prestó sus servicios entre los años de 1996 a 2002, conforme lo certificado por la jefe de talento humano de la alcaldía municipal de La Jagua de Ibirico. De igual manera advirtió que en virtud del nombramiento efectuado mediante la Resolución 012 bis, tomó posesión el 14 de agosto 1997 como docente de la Concentración Escolar “Luís Carlos Galán Sarmiento ” y, posteriormente, fue desvinculada mediante el Decreto 000287 del 29 de agosto de 2006.

51. Entonces, como las reclamaciones administrativas fueron formuladas los días 12 de noviembre de 2013 y 18 de enero de 2014, pregonó que transcurrieron más de tres (3) años desde la terminación del vínculo laboral, con lo que se configuró el fenómeno extintivo de la prescripción, de conformidad con lo previsto en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

52. En cuanto a la señora Carmen Cecilia Díaz Campo, encontró acreditado que prestó sus servicios entre los años de 1996 a 2002, conforme lo certificado por la

151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

52. En cuanto a la señora Carmen Cecilia Díaz Campo, encontró acreditado que prestó sus servicios entre los años de 1996 a 2002, conforme lo certificado por la jefe de talento humano de la alcaldía municipal de La Jagua de Ibirico. De igual manera advirtió que en virtud del nombramiento efectuado mediante la Resolución 012 bis, tomo posesión el 14 de agosto 1997 como docente en la Escuela “Juan Ramón de Ibirico” y, posteriormente, fue desvinculada mediante el Decreto 000562 del 1° de septiembre de 2010.

53. Entonces, como las reclamaciones administrativas fueron formuladas los días 12 de noviembre de 2013 y 18 de enero de 2014, pregonó que transcurrieron másRadicado: 20001-23-33-000-2014-00178-01 (1800-2017)

Demandante: Janeth Arias Angarita y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de tres (3) años desde la terminación del vínculo laboral, con lo que se configuró el fenómeno extintivo de la prescripción, de conformidad con lo previsto en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

54. En cuanto a la señora Ludis Domínguez Rangel , encontró acreditado que prestó sus servicios entre los años de 1996 a 2002, conforme lo certifi cado por la jefe de talento humano de la alcaldía municipal de La Jagua de Ibirico. De igual manera advirtió que en virtud del nombramiento efectuado mediante la Resolución

prestó sus servicios entre los años de 1996 a 2002, conforme lo certifi cado por la jefe de talento humano de la alcaldía municipal de La Jagua de Ibirico. De igual manera advirtió que en virtud del nombramiento efectuado mediante la Resolución 012 bis, tomó posesión el 14 de agosto 1997 como docente en la vereda “La Guaramera” y, posteriormente, fue desvinculada mediante el Decreto 000838 del 26 de mayo de 2010.

55. Entonces, como las rec lamaciones administrativas fueron formuladas los días 12 de noviembre de 2013 y 18 de enero de 2014, pregonó que transcurrieron más

de tres (3) años desde la terminación del vínculo laboral, con lo que se configuró el fenómeno extintivo de la prescripción, de conformidad con lo previsto en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

58. En cuanto a la señora Omaira Sierra Pacheco , encontró acreditado que prestó sus servicios entre los años de 1996 a 2002, con forme lo certificado por la jefe de talento humano de la alcaldía municipal de La Jagua de Ibirico. De igual manera advirtió que en virtud del nombramiento efectuado mediante la Resolución 012 bis, tomó posesión el 14 de agosto 1997 como docente en la vere da “El Cau