CE - Sentencia 20001233300020170048101 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025).

Radicado : 20001-23-33-000-2017-00481-01 (3626-2023) Demandante : Roberto Carlos Barboza Macea Demandado : Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho Tema : Reconocimiento pensión de invalidez - soldado RegularDictamen rendido por la Junta Regional Decisión : Sentencia de segunda instancia

Se desata el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 9 de febrero de 2023 por el Tribunal Administrativo del Cesar, que accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez al actor.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. Pretensiones1

Roberto Carlos Barboza Masea por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio de l medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandó la nulidad del siguiente acto administrativo:

Resolución 1367 de 6 de abril de 2016 expedida por la Directora Administrativa (E) y la Coordinadora Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional, que negó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.

Resolución 1367 de 6 de abril de 2016 expedida por la Directora Administrativa (E) y la Coordinadora Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional, que negó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.

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Interno: 3626-2023

Demandante: Roberto Carlos Barboza Macea

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional

A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordene al ente ministerial demandado a (i) reconocer y pagar la pensión de invalidez a que tiene derecho, de conformidad con el canon 38 de la Ley 100 de 1993 desde el 1 de mayo de 2008 con las mesadas ordinarias y extraordinarias debidamente indexadas; (ii) pagar los intereses moratorios, de conformidad con lo previsto en el artículo 177 del CCA; (iii) cancelar las sumas necesarias para hacer el ajuste de valor, conforme al IPC, bajo el amparo de lo mormado en el artículo 178 del CCA; y (iv) pagar las agencias en derecho y la condena en costas.

Los hechos en que se fundamentan las pretensiones de la demanda en síntesis son los siguientes:

Roberto Carlos Barboza Macea nació el 30 de enero de 1979.

Indicó que, prestó servicio militar en el Ejército Nacional, y en 1999 se vinculó como soldado profesional en el Batallón de Artillería No. 2 (La Popa de Valledupar).

Precisó que, mediante Acta de Junta Médico Laboral 11438 de 14 de diciembre de 2005 el demandante fue calificado de su pérdida de capacidad laboral por las

Valledupar).

Precisó que, mediante Acta de Junta Médico Laboral 11438 de 14 de diciembre de 2005 el demandante fue calificado de su pérdida de capacidad laboral por las siguientes secuelas “Lumbalgia Mecánica Crónica (ocurrida en el servicio causa y lesión del mismo), Trastorno de Stress Postraumático y Trauma Acústico (enfermedades profesionales), Luxación Recidivante de Rodilla Izquierda (dolor y limitación funcional) (accidente común)”, en un 35.70%.

Destacó que, frente a la anterior decisión presentó recurso de apelación, y solicitó al Tribunal Médico Laboral su revisión, pues padece una lesión visual ocasionada por accidente de trabajo al manipular sustancias químicas nocivas la cual no fue tenida en cuenta. Empero, tal porcentaje fue ratificado por Acta del Tribunal Médico Laboral de 19 de mayo de 2006.

Señaló que, por Resolución 60516 de 12 de diciembre de 2006 , la entidad demandada le reconoció indemnización por disminución de la capacidad laboral en cuantía de $10.544.476.70.

Refirió que, de conformidad con el informe médico de 18 de febrero de 2010, Medicina Laboral del Ejército Nacional pidió concepto por el servicio de3

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Demandante: Roberto Carlos Barboza Macea

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Potenciales Evocados Visuales para retiro definitivo del servicio de Roberto Carlos Barboza Ma cea, el cual se efectúo el día 30 de abril de 2008 por disminución de la capacidad psicofísica.

Potenciales Evocados Visuales para retiro definitivo del servicio de Roberto Carlos Barboza Ma cea, el cual se efectúo el día 30 de abril de 2008 por disminución de la capacidad psicofísica.

Sostuvo que, en cumplimiento de una acción de tutela se ordenó efectuar al accionante una segunda Junta de Revisión Médica donde le fueran incluidas las patologías que no fueron tenidas en cuenta en la primera califi cación de su pérdida de capacidad laboral.

Manifestó que, por Acta de Junta Médica Laboral 61377 de 26 de julio de 2013 le fueron calificadas al señor Barboza Macea dos patologías “Orquialgia Izquierda y Ametropía con Agudeza Visual O.D 20/30 y O.I 20/30 ” con pérdida de capacidad laboral de 5.78%, el cual adicionado al 34.7% inicial, arroga una PCL acumulada de 41.48%.

Iteró que, el 20 de noviembre de 2013, pidió revisión de la valoración anterior, al considerar que no fueron reevaluadas las patologías iniciales.

Indicó que, el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía por acta 6720 MDNSG-TML41.1 modificó lo concluido, y le disminuyó la PCL al 5.55% arrojando un PCL total del 40.25%.

Advirtió que, Roberto Carlos Barboza Macea fue valorado de forma particular por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar, quien mediante Dictamen 5444 de 9 de noviembre de 2015 le calificó las patologías de

“HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL BILATERAL, ORQUITIS, EPIDIMISTTIS

por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar, quien mediante Dictamen 5444 de 9 de noviembre de 2015 le calificó las patologías de

“HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL BILATERAL, ORQUITIS, EPIDIMISTTIS

Y ORQUIEPIDIMITTIS SIN ABSCESO, OTRAS CONVULSIONES Y LAS NO

ESPECIFICADAS, TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO,

TRASTORNOS INTERNO DE LA RODILLA - NO ESPECIFICADO Y OTROS TRANSTORNOS ESPECIFICADOS DE LOS DISCOS INTERVERTEBRALES”, y le otorgó u na pérdida de capacidad laboral del 85.79%.

Afirmó que, el 15 de febrero de 2016, presentó reclamación administrativa ante la entidad enjuiciada , y solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.4

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Pedimento que, por Resolución 1367 de 6 de abril de 2016, fue negado por el ente ministerial demandado.

1.2. Normas violadas y concepto de violación

Como normas violadas se citan en la demanda las siguientes:

Artículos 1, 2, 13, 25, y 53 de la Constitución Política. Legales: artículos 38, 39, y 41 de la Ley 100 de 1993, artículo 5 y ss del CCA, la s sentencias 1251 de 2002 y C-444 de 1997; y el artículo 48 literal a) del Decreto 1295 de 1994.

Como concepto de violación señaló que cumple los requisitos para ser

2002 y C-444 de 1997; y el artículo 48 literal a) del Decreto 1295 de 1994.

Como concepto de violación señaló que cumple los requisitos para ser acreedor de la pensión de invalidez contemplada en la Ley 100 de 1993; y no, al previsto en el régimen especial , por lo que, en aras al principio de favorabilidad e igualdad, tiene derecho a tal reconocimiento.

2. Contestación de la demanda

La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional mediante apoderado judicial se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que2:

En el momento en que se efectuó la Junta de Calificación Médica al demandante se le determinó una disminución de la capacidad en un porcentaje de 40,25% de acuerdo con las patologías por las que se vio afectado durante su vinculación en el Ejército Nacional ; esto es “ PsiquiatríaOrtopediaOtorrinolaringología, OftalmologíaUrología y Audición”.

Consideró que, es irrisorio decir que aquellas afecciones p ueden generar porcentajes superiores al 50% o 75% que le otorguen el derecho de percibir la pensión de invalidez. Luego, no existe en el organismo del actor una afección que le impida realizar cualquier función.

Advirtió que, el señor Barbosa Masea no se encuentra imposibilitado en realizar actividades laborales del orden privado; dado que, las determinaciones

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de la Junta Médico Laboral solo se circunscriben en las funciones de tipo militar, lo que quiere decir que cuando se habla de “ No apto” se refiere es a actividades militares.

Precisó que, la Junta Médica Labora l no advirtió la existencia de un informe administrativo por lesiones; por lo que, la dirección ofició internamente, y pudo constatar que no obra prueba en el expediente prestacional que dé cuenta de los daños que allí se exponen “estallido con ocasión de una emboscada”; y en tal sentido, consideró que no puede tenerse como verídicos.

Señaló que, la Junta Médica se practicó bajo todos los pilares normativos y contempló la totalidad de las afecciones derivadas de los tratamientos efectuados por la Dirección de Sanidad, y en ella nunca se expuso la disminución de la capacidad laboral en porcentaje de 50% o 75% ; contario sensu, es un porcentaje considerablemente inferior que desde ninguna óptica da expectativa al demandante de aspirar a una prestación pensional de invalidez. Así mismo, el demandante tuvo la oportunidad de presentar recurso el cual está inmerso en el acta, para que el caso fuera analizado por el Tribunal Médico Laboral.

Refirió que, no es posible que se permita una nueva valoración por parte de la Junta Regional y Nacional de Calificación , donde se incluyan afecciones que no poseía el demandante al momento de su desvinculación del servicio , y

Médico Laboral.

Refirió que, no es posible que se permita una nueva valoración por parte de la Junta Regional y Nacional de Calificación , donde se incluyan afecciones que no poseía el demandante al momento de su desvinculación del servicio , y pasados 4 meses que contempla la norma para incoar el mecanismo de control de nulidad y restablecimiento del derecho “cuando no hizo uso de tal figura”.

Resaltó que, de conformidad con el Decreto 1796 de 2000 , el único ente autorizado en Colombia para evaluar las patologías, deficiencia, discapacidad y minusvalía de los miembros de las Fuerzas Militares son las Juntas Médicos Laborales de cada fuerza y el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía.

Por consiguiente, los conocimientos de las Juntas Regionales frente a las Fuerzas Militares no son especializados ; ya que, la medicina laboral o salud ocupacional no atiende con profundidad la actividad que al interior de las instituciones militares se desarrolla. Por tanto, dichos conceptos vistos desde la óptica legal e inclusive empírica resultan inválidos, y por ello el c oncepto6

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debe contar con miembros del Tribunal Médico Laboral de las Fuerzas Armadas, o la Junta Militar “sin ignorar que en la oportunidad legal el demandante no hizo uso de los instrumentos que tenía y renunció a términos”.

3. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Cesar por sentencia de 9 de febrero de 2023, accedió a las pretensiones de la demanda, argumentando que3:

3. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Cesar por sentencia de 9 de febrero de 2023, accedió a las pretensiones de la demanda, argumentando que3:

En el sub examine la Junta Médica Laboral del Ejército tenía la obligación de practicar a Roberto Carlos Barboza Ma cea los exámenes al momento de su desvinculación, a fin de establecer con certeza las condiciones reales de su estado de salud.

Indicó que, el dictamen practicado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar resulta suficiente, pues el mismo aporta elementos de valoración sobre las condiciones psicofísicas y médicas del señor Barboza Macea, que determinó una disminución de la capacidad laboral de 85.79%, considerándola como una incapacidad absoluta y permanente, según informe administrativo del 2002 al caer en campo minado , de conformidad con lo normado en el Decreto 094 de 1989 y el artículo 15 del Decreto 1795 de 2000.

Señaló que, la pérdida de la capacidad laboral dada al actor como s oldado profesional del Ejército Nacional con antigüedad de 8 años, fue con ocasión a la exposición de factores de riesgo como Soldado Regular en el Batallón 10 Cacique Upar, de donde se logra establecer la conexidad entre la prestación del servicio militar y la pérdida de la capacidad laboral para efectos de hacer derivar a su favor la pretendida pensión por sanidad o invalidez.

Precisó que, no son válidos los argumentos esgrimidos por la entidad accionada respecto del dictamen realizado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar ; pues si bien, el accionante solicitó la

Precisó que, no son válidos los argumentos esgrimidos por la entidad accionada respecto del dictamen realizado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar ; pues si bien, el accionante solicitó la valoración de manera particular; lo cierto es que, es una prueba técnica que se aportó con la demanda, y sus conclusiones no fueron desvirtuadas por las partes, quienes habiendo t enido la oportunidad de controvertirlo en los

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términos del Código General del Proceso, no aportaron un nuevo dictamen ni contrarrestaron la veracidad de lo establecido en el.

Luego, aquella prueba contó con la anuencia de la entidad demandada (Ejército Nacional), quien, si no estaba de acuerdo con su incorporación o la considerada falsa, debió tacharla y/o solicitar aclaración o complementación, si no estaba de acuerdo con el índice de disminución de capacidad laboral decretado por ésta, lo que constituy e una aceptación de lo dictaminado por ésta.

Ello, pues si bien , en los alegatos de conclusión menciona que las evaluaciones emitidas por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar están cuestionadas por la jurisdicción penal en Colombia, n ada aportó al expediente que pudiera sustentar tal a firmación; por lo que, no puede dar por cierto un argumento que no está demostrado.

En suma, consideró que las conclusiones a que llegó la Junta Regional de

al expediente que pudiera sustentar tal a firmación; por lo que, no puede dar por cierto un argumento que no está demostrado.

En suma, consideró que las conclusiones a que llegó la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar estuvieron soportadas en las disposiciones consagradas en el estatuto de la capacidad psicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones que son propios del régimen de la Fuerza Pública; es decir, a pesar de que no fue la autoridad encargada de valorar, dentro de su régimen, lo relativo a la disminución de la capacidad laboral, se sujetó a las normas que le son propias y a los índices de discapacidad en ellas consagrados.

Sostuvo que, contrario a lo dicho por el Ejército Nacional , las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez al ser quien decide en segunda instancia los recursos interpuestos contra lo resuelto por los Organismos Médico Laborales Militares y de Policía , tiene una competencia superior para la adecuada valoración de la capacidad psicofísi ca del actor, lo que permite tener en cuenta el índice de disminución de capacidad laboral dictaminado por ella.

Así que, como quiera que en el sub examine el retiro del Soldado Barboza Macea ocurrió en 2008 y la disminución de la capacidad laboral se det erminó por Dictamen 5444 de 9 de noviembre de 2015, resulta aplicable las directrices trazadas por la Ley 923 de 2004, pues está sentado por la jurisprudencia y la8

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ley que las situaciones acaecidas desde el 7 de agosto de 2002 se rigen por dicha norma ( exige un porcentaje de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%).

Visto lo anterior, y al quedar probado que la disminución de la capacidad laboral del demandante corresponde a 85.79%, ello le otorga el derecho a que sea acreedor del reconocimiento de la pensión de invalidez , en cuantía equivalente al 85% de las partidas computables, en los términos de la Ley 923 de 2004 y del Decreto Ley 1157 de 2014, con retroactividad a la fecha de su retiro del servicio (30 de abril de 2008 ), con observancia del término de prescripción frente a las mesadas causadas con anterioridad 15 de febrero de 2013, en razón a que la petición de reconocimiento pensional fue presentada el 15 de febrero de 2016.

Indicó que, no es viable qu e se le reconozca la pensión de jubilación con fundamento en la Ley 100 de 1993 ; dado que , tal reconocimiento se debe hacer conforme al régimen especial de las Fuerzas Militares ; y en tal sentido, ordenó que se liquide en el porcentaje y monto indicado. Ello, comoquiera que; si bien es cierto, el principio de favorabilidad que en caso de duda permite la aplicación de una norma general ante una especial; lo cierto es que, no puede extenderse a seleccionar lo más favorable de cada regulación en beneficio de una parte, sino que debe aplicarse en su totalidad.

aplicación de una norma general ante una especial; lo cierto es que, no puede extenderse a seleccionar lo más favorable de cada regulación en beneficio de una parte, sino que debe aplicarse en su totalidad.

Finalmente, advirtió que la indemnización por disminución de la capacidad sicofísica y la pensión de invalidez no son compatibles, y ordenó el descuento, debidamente indexado, de lo que la entidad demandada le pagó a Roberto Carlos Barboza Macea.

Condenó en costas a la parte demandada.

4. Recurso de apelación

Inconforme con la decisión, la apoderada de la parte demandada4, disiente de la sentencia atacada, y sustenta el recurso de alzada al considerar que:

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En el sub lite se configura una flagrante ausencia de requisitos legales para solicitar la pensión de invalidez, pues aun cuando se observa en e l historial médico del demandante afecciones de origen común, las mismas fueron atendidas y valoradas por la entidad de forma concomitante. Así mismo, sucedió con las presentadas con ocasión del servicio militar , a las que se dio el tratamiento médico correspondiente.

Alegó que, en el momento en que se efectuó la Junta de Calificación Médica se determinó una disminución de la capacidad en un porcentaje equivalente al 40,25% de acuerdo con las patologías por las que se vio afectado durante su vinculación en el Ejército Nacional; esto es “PSI[Q]UIATRIA-ORTOPEDIA, (…)

determinó una disminución de la capacidad en un porcentaje equivalente al 40,25% de acuerdo con las patologías por las que se vio afectado durante su vinculación en el Ejército Nacional; esto es “PSI[Q]UIATRIA-ORTOPEDIA, (…)

OTORRINOLARINGOLOGIA, OFTAMOLOGIA, UROLOGIA y AUDICIÓN”.

Advirtió que, resulta irrisorio afirmar que se reúnen los presupuestos contemplados en la Ley 923 de 2004, y que esas afecciones podrían generar porcentajes superiores al 50% o 75% según el régimen aplicable, para poder obtener derecho a una pensión de invalidez, cuando realmente no existe en el organismo de l demandante una afección que le impida realizar cualquier función. Luego, pidió que se revoque la sentencia de primera instancia.

5. Trámite del recurso Ley 2080 de 2021

Por auto de 22 de marzo de 20245, el consejero sustanciador admitió el recurso de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021; sin embargo, por no existir pruebas que decretar en segunda instancia, se prescindió del periodo para que las partes alegaran de conclusión.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 6, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

5 Samai índice 007. 6 El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de

competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

5 Samai índice 007. 6 El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles10

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2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si en los términos del recurso de apelación presentado por la parte demandada, procede revocar la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda.

Para el efecto, se determinará si es procedente el reconocimiento de la pensión de sanidad o invalidez a Roberto Carlos Barboza Macea con fundamento en el concepto rendido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar, obtenido a petición de parte extra proceso, y si el mismo se considera válido para demostrar la disminución de la capacidad laboral alegada para acceder al reconocimiento de la prestación rogada.

Con el fin de desatar el problema jurídico se abordarán los siguientes aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial; 2.2. Hechos relevantes probados; y 2.3. Caso concreto.

2.2.1. De la pensión de invalidez en el régimen de seguridad social especial previsto para los integrantes de la Fuerza Pública.

En lo relacionado con el estado y la capacidad psicofísica de los miembros de la Fuerza Pública debe decirse que los Decretos 2728 de 1968, 1836 de 1979,

especial previsto para los integrantes de la Fuerza Pública.

En lo relacionado con el estado y la capacidad psicofísica de los miembros de la Fuerza Pública debe decirse que los Decretos 2728 de 1968, 1836 de 1979, 094 de 1989, 1796 de 2000 y 4433 de 2004 se han ocupado al detalle de estos aspectos, precisando los p rocedimientos médico científicos a través de los cuales se verifica su capacidad laboral, el origen de la incapacidad, el porcentaje de pérdida de aquélla y las prestaciones económicas que eventualmente hay lugar a reconocer.

El Decreto 094 de 1989 7 regulaba la capacidad sicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones del personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, Soldados, Grumetes, Agentes, Alumnos de las Escuelas de Formación y personal civil del Mi nisterio de Defensa Nacional y la Policía Nacional. En cuanto a la falta de aptitud el inciso

de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. 7 Por el cual se reforma el estatuto de la capacidad sicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones del personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, Soldados, Grumetes, Agentes, Alumnos de las Escuelas de Formación y personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional11

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Demandante: Roberto Carlos Barboza Macea

Escuelas de Formación y personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional11

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3 del artículo 3 ídem señalaba que “ Será calificado no apto el que presente alguna alteración sicofísica, que no le permita desarrollar normal y eficientemente la actividad militar, policial o civil correspondiente a su cargo, empleo o funciones”.

Ahora bien, como resultado de la desvinculación del servicio el decreto en comento establecía la obligación de realizar el examen de capacidad psicofísica en todos los casos, el cual “ tiene carácter de definitivo para los efectos legales correspondientes ” (inciso 3 artículo 4 ídem), y cuya importancia, destaca la Sala, radica en los derechos prestacionales derivados del estado de salud del miembro de la Fuerza Pública. En efecto, el artículo 8 reguló el examen de retiro en los siguientes términos:

“Artículo 8º EXAMENES PARA RETIRO. Los exámenes médico -laborales y tratamientos que se deriven del examen de capacidad sicofísica para retiro, así como la correspondiente Junta Médico -Laboral Militar o de Policía, deben observar completa continuidad, desde su comienzo hasta su terminación. Su interrupción por parte del interesado, sin causa justificada y por un término mayor de treinta (30) días se considera como renuncia a tales exámenes y perderá por lo tanto los derechos originados por razón de las lesiones o enfermedades, relacionadas en este procedimiento.

Para hacer efectivo el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, en las

lo tanto los derechos originados por razón de las lesiones o enfermedades, relacionadas en este procedimiento.

Para hacer efectivo el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, en las Direcciones de Sanidad de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, se llevará un riguroso control sobre el proceso de los exámenes de la capacidad sicofísica para retiro y de las correspondientes Juntas Médico -Laborales, exigiendo a los interesados las presentaciones periódicas que se estimen necesarias”.

Así pues, la disminución de la capacidad laboral del integrante de la fuerza pública da lugar al reconocimiento de diversas prestaciones, entre ellas, la pensión de invalidez, regulada en el artículo 90 del Decreto 094 de 1989, para el caso de los soldados cuando sufrieran una pérdida igual o superior al 75% de su capacidad psicofísica, así:

“Artículo 90 . PENSIÓN DE INVALIDEZ DEL PERSONAL DE SOLDADOS Y GRUMETES. A partir de la vigencia del presente Decreto, cuando el personal de Soldados y Grumetes de las Fuerzas Militares adquiera una incapacidad durante el servicio que implique una pérdida igual o superior al 75% de su capacidad sicofísica tendrá derecho mientras subsista la incapacidad, a una pensió n mensual pagadera por el Tesoro Público y liquidada así:

a) El 75% del sueldo básico de un Cabo Segundo o su equivalente, cuando el índice de lesión fijado determine una disminución de la capacidad sicofísica del 75% y no alcance al 95%.12

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75% y no alcance al 95%.12

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Demandante: Roberto Carlos Barboza Macea

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional

b) El 100% del sueldo básico de un Cabo Segundo o su equivalente, cuando el índice de lesión fijado determine una disminución de la capacidad sicofísica igual o superior al 95%”.

A su turno, el Decreto 1796 de 20008 en su artículo 39 establecía la prestación pensional por invalidez para el personal vinculado al servicio militar obligatorio y para los soldados profesionales, siempre que sufrieran una pérdida del 75% o más de su capacidad psicofísica durante el servici o. Para mayor ilustración se transcribe el citado artículo 39:

“ARTÍCULO 39. LIQUIDACIÓN DE PENSIÓN DE INVALIDEZ DEL PERSONAL VINCULADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO Y PARA LOS SOLDADOS PROFESIONALES. Cuando el personal de que trata el presente artículo adquiera una incapacidad durante el servicio que implique una pérdida igual o superior al 75% de su capacidad laboral, tendrá derecho mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual valorada y definida de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional para el efecto, y liquidada como a continuación se señala:

a. El setenta y cinco por ciento (75%), del salario que se señala en el parágrafo 1o del presente artículo, cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) y no alcance el ochenta y cinco por ciento (85%). b. El ochenta y cinco por ciento (85%) del salario que se señala en el parágrafo

o superior al setenta y cinco por ciento (75%) y no alcance el ochenta y cinco por ciento (85%). b. El ochenta y cinco por ciento (85%) del salario que se señala en el parágrafo 1o del presente artículo, cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%) y no alcance el noventa y cinco por ciento (95%). c. El noventa y cinco por ciento (95%), del salario que se señala en el parágrafo 1o del presente artículo, cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%).

PARAGRAFO 1o. La base de liquidación de la pensión del personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio será el sueldo básico de un cabo tercero o su equivalente en la Policía Nacional. PARAGRAFO 2o. Para los soldados profesionales, la base de liquidación será igual a la base de cotización establecida en el Régimen de Carrera y Estatuto del Personal de Soldados Profesionale