CE - Sentencia 20001233300020180005201 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 20001-23-33-000-2018-00052-01 (0280-2021)

Demandante: Ayanith Julio Velásquez

Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Temas: Reliquidación de pensión de invalidez docente.

Decisión: Revoca la decisión que niega las pretensiones de la demanda. Condena en costas.

Ley 1437 de 2011 – Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

I. ASUNTO

1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la accionante en contra de la sentencia de 31 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar 1, que negó las súplicas de la demanda instaurada por la señora Ayanith Julio Velásquez en contra de l a Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

Magisterio.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda2.

2.1.1. Pretensiones.

Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda2.

2.1.1. Pretensiones.

2. La señora Ayanith Julio Velásquez, por intermedio de apoderada judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 formuló las siguientes

pretensiones:

(i) Declarar la nulidad parcial de la Resolución 0300 del 15 de abril de 2015, expedida por el secretario de Educación Municipal de Valledupar, acto administrativo en el que se suspendió la pensión de jubilación otorgada a la demandante y se le reconoció la pensión de invalidez , sin inc luir todos los factores salariales percibidos por la

1 Con ponencia del magistrado José Antonio Aponte Olivella. 2 Índice 2 del expediente digitalizado, segunda instancia . Archivo « 6_ED_06 ExpedienteDigitalCuaderno1 1 .pdf.PDF». Folios 16 y s.s. del archivo PDF.Radicado: 20001 -23 -33 -000 -2018 -00052 -01 (0280 -2021)

Demandante : Ayanith Julio Velásquez

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2 demandante en el último año de servicio al momento de adquirir el estatus de pensionada.

(ii) A título de restablecimiento del derecho y como consecuencia de la declaración anterior, solicitó que se condene a la entidad demandada a reliquidarle la pensión de

demandante en el último año de servicio al momento de adquirir el estatus de pensionada.

(ii) A título de restablecimiento del derecho y como consecuencia de la declaración anterior, solicitó que se condene a la entidad demandada a reliquidarle la pensión de invalidez, a partir del 14 de marzo de 2015, en monto equivalente al 100% del promedio de los salarios, sobresueldos, primas y demás factores salariales devengados durante los 12 meses anteriores a la adquisición del estatus jurídico de pensionada, como base de liquidación pensional.

(iii) Así mismo solicitó que se condene a la entidad accionada a descontarle del valor ya reconocido y pagado en virtud de la Resolución 0300 de 2015 ; así como q ue se le apliquen los reajustes legales anuales sobre el monto inicial de la pensión reconocida, conforme a la Constitución Política y la ley ; que se le paguen las mesadas atrasadas desde la consolidación del derecho hasta la inclusión en nómina y que el i ncremento decretado se siga aplicando en las mesadas futuras como parte d e la “reparación integral del daño ” y que se dé cumplimiento a la sentencia de conformidad con lo señalado en los artículos 192 y s.s. del CPACA.

(iv) Finalmente pretendió que se efectúe la actualización de las unas generadas con base en el IPC, así como el pago de intereses moratorios desde la ejecutoria de la sentencia hasta el cumplimiento total de la condena y que se condene en costas a la entidad de conformidad con lo señalado en el artículo 188 del CPACA 2.1.2. Hechos.

3. Como fundamentos fácticos relevantes se señalaron los siguientes:

entidad de conformidad con lo señalado en el artículo 188 del CPACA 2.1.2. Hechos.

3. Como fundamentos fácticos relevantes se señalaron los siguientes:

4. La demandante laboró por más de 20 años al servicio de la docencia oficia l y cumplió con los requis itos establecidos por la ley para le fu era rec onocida la pensión de invalidez por esa entidad.

5. Según lo indicó, la base de liquidación pensional en su reconocimiento incluyó solo la asignación básica, pero omitió tener en cuenta las primas de navidad, de vacaciones, de antigüedad, de servicios , las horas extras y demás factores salariales percibidos por la actividad docente durante el último año de servicios anterior al cumplimiento del estatus jurídico de pensionada.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.

6. Como normas vulneradas citó el articulo 15 de la Ley 91 de 1989, el artículo 1.° de la Ley 33 de 1985, la Ley 62 de 1985 y el Decreto 1045 de 1978.

7. En el concepto de violación sostuvo, en síntesis, que el acto acusado incurrió en violación directa de la ley toda vez que desconoció por completo lo establecido en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, que remite al Decreto 1045 de 1978, el cual se debe tener en cuenta al momento de liquidar, tanto las cesantías como las pensiones d e los empleados públicos, toda vez, que los factores salariales enunciados por ese decreto para efectos de determinar la cuantía de la pensiónRadicado: 20001 -23 -33 -000 -2018 -00052 -01 (0280 -2021)

enunciados por ese decreto para efectos de determinar la cuantía de la pensiónRadicado: 20001 -23 -33 -000 -2018 -00052 -01 (0280 -2021)

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3 de jubilación son superiores a los que se tomaron en cuenta para establecer el monto de la mesada pensional de la demandante, excluyendo por completo los factores devengados por la accionante en el último año de servicios , lo que trae como resultado la regresividad en los derechos sociales del mismo.

8. Señaló que no puede ser excusa para la no inclusión de factores en la liquidación pensional que no se hayan realizado aportes sobre los mismos pues puede ordenarse a las entidades responsables del reconocimiento prestacional realizar los descuentos correspondientes.

9. Finamente precisó que el tiempo de servicio de la demandante siempre lo fue en la educación estatal, lo que hace que sus prestaciones, como lo indica el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, se mantengan de conformidad con el régimen prestacional establecido en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978 siendo pertinente que se disponga remontar el análisis a la fecha de expedición de la Ley 91 de 1989, donde se encontraban aún vigentes para las entidades nacionales los decretos relacionados.

2.2. Contestación de la demanda

2.2.1. La Nació n – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no dio contestación a la demanda.

entidades nacionales los decretos relacionados.

2.2. Contestación de la demanda

2.2.1. La Nació n – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no dio contestación a la demanda.

2.3. La sentencia apelada3.

10. El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia de 31 de octubre de 2019 negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas a la accionante.

11. Para ello, se refirió a la regulación de la pensión de invalidez y con ello a los Decretos Ley 3135 de 1968 y el Decreto 1848 de 1969 que se refirieron específicamente a la pensión de invalidez, que se consagró específicamente para aquellos que experimentaran una pérdida de su capacidad laboral supe rior al 75%. De ello s concluyó que el reconocimiento de la pensión de invalidez conforme al Decreto 1848 de 1969 está condicionado exclusivamente al porcentaje de pérdida de capacidad laboral, el cual determina el monto de la prestación, sin que sea relevante el tiempo de vinculación del funcionario público.

12. En cuanto al caso concreto estimó que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconoció a la señora Ayanith Julio Velásquez una pensión de invalidez, con base en un 95.45% de pérdi da de capacidad laboral, porcentaje certificado por «UT Oriente Región 5», porcentaje que no estaba en discusión en el proceso judicial, comoquiera que lo pretendido era la reliquidación

porcentaje certificado por «UT Oriente Región 5», porcentaje que no estaba en discusión en el proceso judicial, comoquiera que lo pretendido era la reliquidación

3 Índice 2 Archivo «7_ED_07 0101ExpedienteDigitalCuaderno2 2 .pdf.PDF». Folios 192 y s.s. del archivo PDF.Radicado: 20001 -23 -33 -000 -2018 -00052 -01 (0280 -2021)

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4 de la pensión, solicitando la inclusión de todos los factores salariales devengados por la actora, por todo concepto.

13. Estimó que al analizar las normas relativas a la pensión que se reclama, en virtud del porcentaje de discapacidad, la entidad aplicó el articulo 63 del Decreto 1848 de 1969, literal A, cuando la incapacidad sea superior al 95%, el valor de la pensión mensual será igual al último salario devengado, por el empleado oficial al último promedio mensual si fuere variable.

14. Por tanto, Fonpremag liquidó la pensión con base en el 100% del último salario devengado, en atención al 95 ,45% de pérdida de capacidad laboral. Se incluyeron como factores salariales: sueldo básico y las primas de antigüedad, de vacaciones y de navidad.

15. Sin embargo , como la pretensión de la demandante consistía en la reliquidación pensional con el fin de que le fuesen incluidos todos los factores salariales devengados mientras prestó sus servicios en atención al anterior

de vacaciones y de navidad.

15. Sin embargo , como la pretensión de la demandante consistía en la reliquidación pensional con el fin de que le fuesen incluidos todos los factores salariales devengados mientras prestó sus servicios en atención al anterior precedente del Consejo de Est ado (sentencia de 4 de agosto de 2010 ), no obstante, esa línea de decisión no p odía ser aplicada en virtud de lo señalado por la providencia de unificación de 28 de agosto de 2018 4 con ponencia del

consejero César Palomino Cortés.

16. Además, en sentencia de 2 5 de abril de 2019, el Consejo de Estado dejó establecido cuales son los factores salariales que deben ser reconocidos en las pensiones a los docentes, señalando claramente que solo aquellos que hubieren sido devengados en último año, siempre y cuando estén enlistados en la ley y se hubieren efectuado aportes.

17. Por tanto, señaló que acogía el criterio expuesto por el Consejo de Estado, motivo por el cual, a la liquidación de la pensión de invalidez de la demandante no se le pueden incluir factores adicionales a los señalados por la ley; así hayan sido devengados por el servidor durante el tiempo en que prestó sus servicios.

18. Advirtió que en el acto administrativo demandado que le reconoció la pensión a la actora, la entidad incluyó como factores salariales en la base de liquidación, además del sueldo básico, la prima de vacaciones y prima de navidad, factores que no están incluidos en la Ley 62 de 1985, sin embargo el aludido acto administrativo conserva su validez en la medida que no se puede afectar el derecho reconocido a la demandante cuya pretensi ón iba dirigida a que se

que no están incluidos en la Ley 62 de 1985, sin embargo el aludido acto administrativo conserva su validez en la medida que no se puede afectar el derecho reconocido a la demandante cuya pretensi ón iba dirigida a que se incluyeran factores adicionales a los reconocidos por la entidad, por lo tanto, no es posible modificar el acto acusado en aquello que no fue objeto de demanda a través del medio de control.

19. Finalmente negó las pretensiones con base en que, atendiendo el precedente jurisprudencial de unificación del Consejo de Estado, estableció que a la demandante no le asiste el derecho a la reliquidación de la pensión de invalidez incluyendo todos los factores salariales devengados en el último año de servicios.

4 Radicado 52001233300020120014301.Radicado: 20001 -23 -33 -000 -2018 -00052 -01 (0280 -2021)

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20. Se abstuvo de imponer condena en costas.

2.4. Recurso de apelación

21. La apoderada de la demandante5 presentó recurso de apelación, en el que, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y acceder a las pretensiones de la demanda.

22. Para el efecto señaló que el a quo dictó sentencia denegatoria de las pretensiones con base en la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de abril de 2019, sin embargo se debe

22. Para el efecto señaló que el a quo dictó sentencia denegatoria de las pretensiones con base en la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de abril de 2019, sin embargo se debe tener en cu enta que la accionante elevó su solicitud de reliquidació n ante la entidad cuando se había proferido la sentencia de «26 de Agosto de 2010» del Consejo de Estado, proceso radicado 150012331000200502159 -01, actuando amparada por la confianza legítima en las autoridades judiciales y el precedente judicial existente para salvaguardar la seguridad jurídica.

23. Además, dicha sentencia SUJ – 014CE – S22019 de 25 de abril de 2019 contradice lo que se había señalado en la sentencia de 4 de agosto de 2010 afectando el principio de la seguridad jurídica y con ello a las personas q ue interpusieron sus demandadas a la luz del precedente anterior.

24. Luego de referirse al artículo 8.° de la Ley 91 de 1989 señaló que es evidente que los docentes vinculados al FNPSM que ingresaron al servicio público con anterioridad al 27 de junio de 2003, aportan sobre todos los factores salariales pagados por nómina estatal, en aplicación de lo dispuesto por la ley. Además, se deben aplicar los criterios vigentes para la ocurrencia de los hechos, pues debe de respetar los precedentes y leyes existentes en el tiempo y al momento de causar el derecho correspondiente.

2.5. Alegatos de segunda instancia

2.5.1. En esta oportunidad la apoderada de la accionante 6 se refirió a la Ley 4ª

causar el derecho correspondiente.

2.5. Alegatos de segunda instancia

2.5.1. En esta oportunidad la apoderada de la accionante 6 se refirió a la Ley 4ª de 1945, el Decreto 1743 de 1966, la Ley 5ª de 1969, los Decretos 3135 y 1848 de 1969, las Leyes 33 y 62 de 1985, así como la Ley 91 de 1989 y señaló que a partir del precedente del Consejo de Estado y tribunales administrativos se deben liquidar las pensiones con inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio como son las p rimas de vacaciones, navidad y servicios, sobresueldos por funciones específicas (rectores, zonas rurales, difícil acceso).

5 Ibidem, páginas 208 y s.s. del archivo PDF. 6 Índice 14.Radicado: 20001 -23 -33 -000 -2018 -00052 -01 (0280 -2021)

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25. Señaló que la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 contradijo la de 2010 sin justificación objetiva, generando, inseguridad jurídica, vulneración del principio de confianza legítima, desigualdad en el trato judicial y regresividad en derechos laborales por lo que solicita aplicar el precedente del año 2010 y ordenar incluir todos los factores salariales devengados en la liquidación de la pensión.

derechos laborales por lo que solicita aplicar el precedente del año 2010 y ordenar incluir todos los factores salariales devengados en la liquidación de la pensión.

2.5.2. Tanto la parte demandante como el agente del Ministerio Público guardaron silencio.

26. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección procede a decidir previas las siguientes

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

27. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1507 de la Ley 1437 de 2011.

28. D e conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

3.2. Problema jurídico

29. En esta oportunidad , le corresponde a la Sala determinar ¿si l a señora Ayanith Julio Velásquez tiene derecho a que la pensión de invalidez le sea reliquidada «100% del promedio de los salarios, sobresueldos, primas y demás factores salariales devengados durante los 12 meses anteriores a la adquisición del estatus jurídico de pensionada » a la luz de lo establecido en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978?

30. Para des atar la cuestión litigiosa la Sala se referirá al régimen pensional aplicable a los docentes oficiales en materia de pensión de invalidez y se verificará el acervo probatorio.

30. Para des atar la cuestión litigiosa la Sala se referirá al régimen pensional aplicable a los docentes oficiales en materia de pensión de invalidez y se verificará el acervo probatorio.

7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».Radicado: 20001 -23 -33 -000 -2018 -00052 -01 (0280 -2021)

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7 3.3. Régimen pensional aplicable a los docentes oficiales en pensión de invalidez

31. La Ley 812 de 2003, a través de la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, en su artículo 81 reguló algunos aspectos relacionados con el régimen prestacional de los docentes oficiales, en sus niveles nacional, territorial y nacionalizado. En efecto, la referida norma distinguió entre el personal docente vinculado con anterioridad y posterioridad a su entrada en vigencia, 27 de junio de 2003, para efectos de determinar el régimen prestacional aplicable a cada grupo de docentes.

docente vinculado con anterioridad y posterioridad a su entrada en vigencia, 27 de junio de 2003, para efectos de determinar el régimen prestacional aplicable a cada grupo de docentes.

32. En relación con los primeros, esto es, los docentes que venían vinculados antes del 27 de junio de 2003 señaló la referida disposición que le serían aplicables las normas vigentes con anterioridad a la citada fecha y, en lo que se refiere al segundo grupo, es decir, los que se vinculan al servicio docente con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, dispuso la norma en cita que se sujetarían al régimen pensional de prima media con prestación definida, previsto en la Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

33. Al respecto de se pronunció la Sección Segunda de esta Corporación en sentencia de unificación del 25 de abril de 20198 donde unificó su criterio en torno a la forma de liquidar la pensión de los docentes, prevista en la Ley 91 de 1989, oportunidad en la cual determinó las siguientes reglas jurisprudenciales:

«a. Los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación de los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, y por tanto los factores en sus liquidaciones pensionales son aquellos sobre los que efectuaron los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y, por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los señalados en el citado artículo.

b. En el caso de los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la

puede incluir ningún factor diferente a los señalados en el citado artículo.

b. En el caso de los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, se les debe aplicar el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Para la liquidación pensional los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones.»

34. En cuanto a la pensión de invalidez, la jurisprudencia de esta Corporación 9 ha establecido que esa remisión normativa a las disposiciones de la Ley 91 de 1989 la cual, remite a su turno, al régimen previsto en los Decretos Ley 3135 de

8Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ -014-CE-S2 -2019.

Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17). 9 Ver Sentencia de 18 de septiembre de 2025 . Rad. 68001-23-33-000-2020-00781-01 (3437-2023) M.P.

Jorge Iván Duque Gutiérrez.Radicado: 20001 -23 -33 -000 -2018 -00052 -01 (0280 -2021)

Demandante : Ayanith Julio Velásquez

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8 1968 y los Decretos 1848 de 1969 norma aplicable tanto en el sector público como privado, con antelación a la expedición de la Ley 100 de 1993 . Así se señaló, por esta misma Subsección:

«[…] la norma que regulaba la pensión de invalidez tanto en el sector público como privado, con antelación a la expedición de la Ley 100 de 1993, era el Decreto Ley 3135 de 1968 en su artículo 2310,13 el cual en su momento fue reglamentado por los artículos 60 a 64 del Decreto 1848 de 1969.11 Pese a lo anterior, con la expedición de la Ley 100 de 1993 se profirió el Decreto 1295 de 1994 en cuyo artículo 98 derogó expresamente el referido artículo 23 del Decreto 3135 de 1968, esto a fin de reemplazar tal disposición normativa con lo regulado en sus artículos 46 y 4812.

10 Artículo 23. Pensión de invalidez. La invalidez que determine una pérdida de la capacidad laboral no inferior a un 75 por ciento, da derecho a una pensión, pagadera por la respectiva entidad de previsión con base en el último sueldo mensual devengado mientras la invalidez subsista, así: a) El cincuenta por ciento cuando la pérdida de la capacidad laboral sea del 75%; b) Del 75%, cuando la pérdida de la capacidad laboral exceda del 75% y no alcance al 95%;

a) El cincuenta por ciento cuando la pérdida de la capacidad laboral sea del 75%; b) Del 75%, cuando la pérdida de la capacidad laboral exceda del 75% y no alcance al 95%; c) El ciento por ciento (100%) cuando la pérdida de la capacidad laboral sea superior al 95%. Parágrafo.- La pensión de invalidez excluye la indemnización. 11 «[…] Artículo 60. Derecho a la pensión. Todo empleado oficial que se halle en situación de invalidez, transitoria o permanente, tiene derecho a gozar de la pensión de invalidez a que se refiere este capítulo. Artículo 61. Definición.

1. Para los efectos de la pensión de invalidez, se considera inválido el empleado oficial que por cualquier causa, no provocada intencionalmente, ni por culpa grave, o violación injustificada y grave de los reglamentos de previsión, ha perdido en un porcen taje no inferior al setenta y cinco por ciento (75%) su capacidad para continuar ocupándose en la labor que constituye su actividad habitual o la profesional a que se ha dedicado ordinariamente.

2. En consecuencia, no se considera inválido el empleado ofi cial que solamente pierde su capacidad de trabajo en un porcentaje inferior al setenta y cinco por ciento (75%).

Artículo 62. Calificación de la incapacidad laboral.

1. La calificación del grado de invalidez se efectuará por el servicio médico de la entidad de previsión social a la cual esté afiliado el empleado oficial que pretende el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.

2. En defecto de dicha afiliación esa calificación se hará por el servicio médico de la entidad o empresa empleadora.

3. Las entidades y empresas oficiales que no tengan servicio médico, deberán contratar dicho servicio con

2. En defecto de dicha afiliación esa calificación se hará por el servicio médico de la entidad o empresa empleadora.

3. Las entidades y empresas oficiales que no tengan servicio médico, deberán contratar dicho servicio con la Caja Nacional de Previsión Social, para la calificación a que se refiere este artículo.

Artículo 63. Cuantía de la pensión. El valor de la pensión d e invalidez se liquidará con base en el segundo salario devengado por el empleado oficial y será equivalente al grado de incapacidad laboral, conforme a los porcentajes que se establecen a continuación, así: a) Cuando la incapacidad sea superior al novent a y cinco por ciento (95%), el valor de la pensión mensual será igual al último salario devengado por el empleado oficial, o al último promedio mensual, si fuere variable. b) Si la incapacidad excediere del setenta y cinco por ciento (75%) sin pasar de no venta y cinco por ciento (95%), la pensión mensual será equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del último salario devengado por el empleado oficial, o del último promedio mensual. c) Si la incapacidad laboral es del setenta y cinco por ciento (75 %), dicha pensión será igual al cincuenta por ciento (50%) del último salario devengado por el empleado oficial, o del último promedio mensual, si fuere variable. Artículo 64. Efectividad de la pensión.

1. La pensión de invalidez se reconocerá y pagará por la entidad de previsión social a la cual esté afiliado el empleado.

2. Si el empleado no estuviere afiliado a ninguna entidad de previsión social, el reconocimiento y pago se hará directamente por la entidad o empresa empleadora.

3. La pensión de invalidez se debe desde que cese el subsidio monetario por incapacidad para trabajar y su

2. Si el empleado no estuviere afiliado a ninguna entidad de previsión social, el reconocimiento y pago se hará directamente por la entidad o empresa empleadora.

3. La pensión de invalidez se debe desde que cese el subsidio monetario por incapacidad para trabajar y su pago se comenzará a hacer inmediatamente después del señalamiento de la incapacidad. […]». 12 «ARTÍCULO 46. INEXEQUIBLE. Estado de Invalidez. Para los efectos del presente Decreto, se considera inválida la persona que por causa de origen profesional, no provocada intencionalmente, hubiese perdido el 50% o más de su capacidad laboral. Corte Constitucional Sentencia C-452 de 2002.

ARTÍCULO 48. INEXEQUIBLE. Monto de la Pensió n de Invalidez. Todo afiliado al que se le defina una invalidez tendrá derecho, desde ese mismo día, a las siguientes prestaciones económicas, según sea el caso: a) Cuando la invalidez es superior al 50% e inferior al 66%, tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al 60% del ingreso base de liquidación. b) Cuando la invalidez sea superior al 66%, tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al 75% del ingreso base de liquidación.Radicado: 20001 -23 -33 -000 -2018 -00052 -01 (0280 -2021)

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Tal derogatoria implicó necesariamente la misma suerte para su reglamentación particular a través del Decreto 1848 de 1969, 13 lo que en principio permitiría

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Tal derogatoria implicó necesariamente la misma suerte para su reglamentación particular a través del Decreto 1848 de 1969, 13 lo que en principio permitiría considerar que la normativa aplicable en materia de invalidez sería la del Decreto 1295 de 1994, sino fuera porque la Corte Constitucional mediante sentencia C-452 de 2002 14 declaró inexequibles p recisamente los dos artículos mencionados anteriormente. Esto conllevó que recobraran su vigencia o se reincorporaran al ordenamiento los artículos 23 del Decreto 3135 de 1968 y 60 a 64 del Decreto 1848 de 1969, a fin de evitar la configuración de un vací o legal respecto de una prestación con contenido fundamental derivado del derecho constitucional a la seguridad social.15

[…]».

35. De acuerdo con lo anterior es evidente que el aspecto crucial para establecer la norma aplicable al docente , es determinar la fecha de la vinculación en la docencia oficial; por tanto, si el docente acreditó su vinculación con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 , debe acudirse a la Ley 91 de 1989 que a su vez remite al del régimen del sector público nacional. Si por el

c) Cuando el pensionado por invalidez requiere del aux ilio de otra u otras personas para realizar las funciones elementales de su vida, el monto de la pensión de que trata el numeral anterior se incrementa en un 15%. PARÁGRAFO 1 INEXEQUIBLE. Los pensionados por invalidez de origen profesional, deberán contin uar cotizando al Sistema General de Seguridad Social en Salud, con sujeción a las disposiciones legales pertinentes.

un 15%. PARÁGRAFO 1 INEXEQUIBLE. Los pensionados por invalidez de origen prof