CE - Sentencia 20001233300020180010302 de 2025

Radicación: 20001-23-33-000-2018-00103-02 (0117-2024)

Demandante: Ana Carolina Tavera Reales Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar (Cesar)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., trece (13) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 20001-23-33-000-2018-00103-021 (0117-2024)

Demandante: Ana Carolina Tavera Reales

Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura,

Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar (Cesar)

Tema: nivelación salarial cargo abogado asesor grado 23 de tribunales superiores de distrito judicial y tribunales administrativos. Subtema: fijación del régimen salarial y prestacional en la Rama Judicial

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar del 12 de octubre de 2023, que accedió a las pretensiones de la demanda.

recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar del 12 de octubre de 2023, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La demandante prestó sus servicios como «abogado asesor grado 23» en el Tribunal Administrativo del Cesar. Solicitó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales entre el mencionado cargo, y el de «abogado asesor» sin grado. En el presente proceso, pretende la nulidad de los actos administrativos q ue le negaron lo pedido. El Tribunal consideró que el Consejo Superior de la Judicatura no era competente para fijar la categoría salarial del cargo de «abogado asesor», en tanto dicha potestad le corresponde al Gobierno nacional, en desarrollo de las facultades previstas en la Ley 4ª de 1992.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Ana Carolina Tavera Reales , por conducto de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 2

1 Radicado en tribunal corresponde a 20001233300120180010300. 2 25 de abril de 2018.Radicación: 20001-23-33-000-2018-00103-02 (0117-2024)

Demandante: Ana Carolina Tavera Reales Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar (Cesar)

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Seccional de Administración Judicial de Valledupar (Cesar)

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2 de acuerdo con las pretensiones, hechos y fundamentos jurídicos que a continuación se señalan3.

2.1.1. Pretensiones

2. La demandante solicitó que se inaplique por inconstitucional el artículo 1° del Acuerdo PSAA 12 -9203 del 01 de febrero de 2012, expedido por la entonces Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en lo que respecta a la creación del cargo que se denominó «abogado asesor grado 23», en los despachos de magistrado del Tribunal Administrativo del Cesar.

3. Asimismo, pidió que se declarara la nulidad de los oficios DESAJVA017 -1583 del 06 de junio de 2017 y DESAJVA017 -1666 de 14 de junio de 2017 , por medio de los cuales la Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar (Cesar) negó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales reclamadas entre el cargo de «abogado asesor grado 23» que ocupaba la demandante y el de «abogado asesor» sin grado. Finalmente, solicitó la nulidad del acto ficto generado por la falta de resolución del recurso de apelación interpuesto en contra del primer acto.

4. A título de restablecimiento del derecho, la demandante reclamó el reconocimiento y pago de la diferencia salarial y prestacional existente entre el empleo de «abogado asesor grado 23» que desempeñó y el de «abogado asesor» sin grado; así como la

4. A título de restablecimiento del derecho, la demandante reclamó el reconocimiento y pago de la diferencia salarial y prestacional existente entre el empleo de «abogado asesor grado 23» que desempeñó y el de «abogado asesor» sin grado; así como la reliquidación de las prestaciones salariales y sociales.

5. De igual manera, que se condenara a la demandada a actualizar las sumas adeudadas con base en el índice de precios al consumidor, en aplicación del artículo 187 del CPACA, y se le ordenara el cumplimiento del fallo en los términos del artículo 192 ibidem. Solicitó la condena en costas.

2.1.2. Hechos

6. La Sala sintetiza los principales hechos de la demanda, así:

7. Ana Carolina Tavera Reales fue nombrada en el cargo de «abogado asesor grado 23» en descongestión del Tribunal Administrativo de Cesar, a partir del 1 de febrero de 20134, designación que se prorrogó hasta el año 2018. El empleo fue creado por el Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo PSAA 12-9203 del 1 de febrero

20125.

8. El 11 de mayo de 2017, solicitó ante la Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar, el reconocimiento y pago de la diferencia salarial existente entre el cargo de «abogado asesor grado 23», que venía desempeñando, y el empleo de

3 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, archivo «01ExpedienteDigital.pdf», págs.5 a 29.

3 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, archivo «01ExpedienteDigital.pdf», págs.5 a 29. 4 En la demanda se indica que la demandante fue nombrada mediante la Resolución 003 del 25 de enero de 2013 y «tomó posesión el mismo día», sin embargo, revisada la certificación de tiempo de servicios y el mismo escrito de demanda, aquella comenzó a prestar sus servicios a partir del 1 de febrero de 2013. 5 «Por el cual se adoptan medidas transitorias en el Distrito Judicial Administrativo del Cesar en el marco del Plan Especial de Descongestión de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo» , a partir del 2 de febrero hasta el 30 de junio de 2012.Radicación: 20001-23-33-000-2018-00103-02 (0117-2024)

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3 «abogado asesor» sin grado; así como la reliquidación, con efectos retroactivos de las diferencias salariales y prestacionales.

9. Explicó que al crear el cargo de «abogado asesor grado 23», el Consejo Superior de la Judicatura excedió sus facultades constitucionales y legales en materia del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos , cuando estableció una

9. Explicó que al crear el cargo de «abogado asesor grado 23», el Consejo Superior de la Judicatura excedió sus facultades constitucionales y legales en materia del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos , cuando estableció una categoría salarial distinta a la ya prevista para el «abogado asesor sin grado», lo que generó un detrimento para los intereses de quienes venían desempeñando el mencionado empleo de «abogado asesor grado 23», debido a que su remuneración salarial era inferior.

10. La entidad demandada, mediante el Oficio DESAJVA017-1583 del 6 de junio de 2017, negó la reclamación presentada. Explicó que el cargo de «abogado asesor grado 23» fue creado en ejercicio de las facultades conferidas a la entonces Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, y que la liquidación del salario se ha realizado conforme a las normas aplicables. Estos argumentos fueron reiterados en el Oficio DESAJV17-1666 del 14 de junio de 2017, mediante el cual se dio alcance al primero de los actos.

11. El 29 de junio de 2017 la parte actora interpuso recurso de apelación en contra de las anteriores decisiones. Sin embargo, la entidad omitió resolverlo, lo que dio lugar a la configuración del silencio administrativo negativo en los términos del artículo 86 del

CPACA.

12. Concluyó que pese a la diferencia salarial existente entre el cargo de «abogado asesor grado 23», desempeñado por la demandante, y el de «abogado asesor» sin grado, ambos empleos desarrollan funciones equivalentes, por lo que no se advierte una causa objetiva que justifique la mencionada disparidad salarial.

asesor grado 23», desempeñado por la demandante, y el de «abogado asesor» sin grado, ambos empleos desarrollan funciones equivalentes, por lo que no se advierte una causa objetiva que justifique la mencionada disparidad salarial.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

13. En la demanda se invocan las siguientes normas:

De la Constitución Política, los artículos 2, 6, 25, 53,122 y 150. De la Ley 4 de 1992, el artículo 14. De la Ley 270 de 1996, el artículo 152. Decreto 1024 de 2013. Decreto 194 de 2014. Decreto 1257 de 2015. Decreto 245 de 2016. Decreto 1003 de 2017. Decreto 338 de 2018.

14. La parte actora explicó el concepto de violación con los siguientes argumentos:

15. El Consejo Superior de la Judicatura, al expedir los actos administrativos cuestionados, vulneró disposiciones constitucionales y legales relativas a la protección del trabajo, así como el principio de legalidad que rige el empleo público.Radicación: 20001-23-33-000-2018-00103-02 (0117-2024)

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16. Manifestó que, conforme con el artículo 150 de la Constitución Política, corresponde

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16. Manifestó que, conforme con el artículo 150 de la Constitución Política, corresponde al Congreso de la República expedir las normas y señalar los criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno nacional al momento de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos.

17. Indicó que el Consejo Superior de la Judicatura, al crear el cargo de «abogado asesor grado 23» y fijar su asignación salarial, desconoció las disposiciones constitucionales y legales, y se atribuyó una competencia reservada exclusivamente para el Congreso y el Gobierno nacional, en punto de la determinación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de la Rama Judicial.

18. Lo anterior generó una diferencia salarial injustificada entre quienes venían desempeñando el empleo de «abogado asesor» sin grado y quienes, como la demandante, se vincularon al cargo de «abogado asesor grado 23» con una remuneración inferior, dado que la asignación prevista para el abogado asesor grado 23, es inferior a la establecida para el abogado asesor sin grado.

19. En consecuencia, los actos administrativos demandados excedieron las competencias constitucionales y legales atribuidas a la entonces Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en tanto , su función se limitaba a definir la estructura organizacional y la planta de personal de la Rama Judicial, sin que le asistiera atribución para establecer el régimen salarial de sus funcionarios y empleados.

2.2. Contestación de la demanda

estructura organizacional y la planta de personal de la Rama Judicial, sin que le asistiera atribución para establecer el régimen salarial de sus funcionarios y empleados.

2.2. Contestación de la demanda

20. El Consejo Superior de la Judicatura se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que los actos administrativos fueron expedidos en ejercicio de las facultades constitucionales y legales otorgadas a esa entidad. Asimismo, precisó que

le corresp onde reglamentar lo relativo a la carrera judicial, definir las funciones y requisitos de los empleos de la Rama Judicial, y determinar las plantas de personal de los despachos judiciales a nivel nacional.

21. Advirtió que, en atención a la Ley 270 de 1996 y a las necesidades del servicio, el Consejo Superior de la Judicatura determinó que el cargo que debía crearse, de manera transitoria, para atender la descongestión de los tribunales superiores de distrito judicial y tribunales administrativos era el de «abogado asesor grado 23».

Señaló que dicho empleo no corresponde al de «abogado asesor» innominado, toda vez que se estableció un grado específico, cuya remuneración fue fijada en consideración al nivel de funciones y responsabilidades exigidas por el perfil del cargo.

22. En estos términos, consideró que existe una diferencia salarial injustificada entre el cargo de «abogado asesor grado 23» y el de «abogado asesor» sin grado, dado que la denominación y las funciones asignadas a cada uno son distintas, circunstancia que justifica la diferenciación en el régimen salarial aplicable. Finalmente, propuso la excepción de prescripción trienal6.

la denominación y las funciones asignadas a cada uno son distintas, circunstancia que justifica la diferenciación en el régimen salarial aplicable. Finalmente, propuso la excepción de prescripción trienal6.

6 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2», archivo «03ContestacionDemanda.pdf».Radicación: 20001-23-33-000-2018-00103-02 (0117-2024)

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5 2.3. Sentencia de primera instancia

23. El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia del 12 de octubre de 2023, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, declaró fundada parcialmente la excepción de prescripción y condenó en costas a la demandada, así:

«PRIMERO. DECLARAR, fundada la excepción de prescripción de las prestaciones reclamadas alegadas por la parte demandada, causadas antes del 10 de mayo del 2014.

SEGUNDO: INAPLICAR PARCIALMENTE, por inconstitucionalidad y solamente entre las partes de este proceso, el artículo 1º del Acuerdo PSAA 12-9203 del 01 de febrero del 2012, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, al signar el grado 23 al cargo de Abogado Asesor, creado para el Tribunal Administrativo

del 2012, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, al signar el grado 23 al cargo de Abogado Asesor, creado para el Tribunal Administrativo del Cesar.

TERCERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo, contenido en el oficio número DESAJVA017-1583 del 06 de junio del 2017 y el DESAJVA017-1666 del 14 de junio del 2017, expedidos por el Director Seccional de Administración Judicial del Cesar, a través del cual se resolvió en forma negativa, el derecho de petición de fecha 11 de mayo del 2017, en donde solicitó el demandante el pago del salario y la reliquidación de las prestaciones sociales, con base en los Decretos 1024 del 2013; 194 del 2014; 1257 del 2015; 245 del 2016; 1003 del 2017.

CUARTA: DECLARAR la nulidad del acto administrativo ficto o presunto negativo, al darse el fenómeno del silencio administrativo negativo, al no haber obtenido respuesta, al recurso de apelación interpuesto, con relación a la decisión administrativa adoptada en los oficios ya referenciados y por los conceptos anteriormente señalados.

QUINTA: A título de Restablecimiento del derecho, condenar a la NaciónRama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial Seccional de Valledupar , a que se le reconozca y pague a la demandante la diferencia existente mensual del salario que debe devengar como abogado asesor del Tribunal Administrativo del Cesar, de conformidad con la escala salarial contemplada

Judicial Seccional de Valledupar , a que se le reconozca y pague a la demandante la diferencia existente mensual del salario que debe devengar como abogado asesor del Tribunal Administrativo del Cesar, de conformidad con la escala salarial contemplada en los Decretos 1024 del 2013; 194 del 2014; 1257 del 2015; 245 del 2016; 1003 del 2017, y lo pagado por la Dirección de Administración Seccional del Cesar, tomando como punto de ref erencia el Acuerdo PSAA 12 -9203 del 1º de febrero del 2012, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, a partir del 10 de mayo del 2014 y hasta que permanezca en el cargo.

SEXTA: Que se ordene la reliquidación de todas sus prestaciones sociales en favor de la demandante, como lo son: la prima de navidad, la prima de servicios, las vacaciones, prima de vacaciones, la bonificación por los servicios prestados, las cesantías y l os intereses a las cesantías, la prima de productividad, a que tiene derecho, teniendo en cuenta lo expresado en el numeral anterior, y tomando como punto de referencia la escala salarial, prevista en los decretos anteriormente señal ados y el cargo que desempeña, a partir del 10 de mayo del año 2014, y hasta que permanezca en el cargo.

SEPTIMA: Las sumas que se ordenan cancelar, se pagar án debidamente indexadas con aplicación de la siguiente fórmula: R = Rh Índice Final Índice Inicial.

OCTAVA: La NaciónRama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección

con aplicación de la siguiente fórmula: R = Rh Índice Final Índice Inicial.

OCTAVA: La NaciónRama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial de Valledupar , dará cumplimiento a estaRadicación: 20001-23-33-000-2018-00103-02 (0117-2024)

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6 sentencia en los términos previstos en los artículos 192, 194 y 195 del CPACA y reconocerá intereses en la forma prevista en el artículo 192 ibidem.

NOVENA: Se condena en costas a la parte demandada, por el equivalente a un 4%, tomando como punto de referencia, el valor establecido, en el capítulo de la estimación de la cuantía, expresado con la demanda, liquídense por secretaría7».

24. El Tribunal indicó que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura no estaba facultada para fijar escalas de remuneración salarial, por cuanto su competencia se limitaba a la creación de cargos previamente definidos por el Gobierno nacional.

25. En consecuencia, indicó que, al modificar la escala salarial aplicable al cargo de «abogado asesor» y asignarle grados salariales, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura excedió el ámbito de sus atribuciones, toda vez que la fijación

«abogado asesor» y asignarle grados salariales, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura excedió el ámbito de sus atribuciones, toda vez que la fijación del régimen salarial corresponde de manera exclusiva al Gobierno nacional.

26. Asimismo, sostuvo que el cargo de abogado asesor hace parte de los empleos nominados de los tribunales judiciales. En ese sentido, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, al crear dicho empleo en el marco del plan de descongestión de la jurisdicción contencioso -administrativa, no debía asignarle un grado salarial, pues ello contravenía lo dispuesto en la Constitución y la ley.

27. Dicha actuación implicó una modificación de la escala salarial previamente establecida, con el propósito de disminuir la remuneración mensual del trabajador, lo que afectó de manera significativa los ingresos de la demandante.

28. Conforme a los argumentos expuestos, sostuvo que la asignación del «grado 23» al cargo previamente nominado de «abogado asesor» constituyó un acto contrario a la

Constitución Política.

29. En lo que respecta a la prescripción, sostuvo que, para efectos de su contabilización, debía considerarse la fecha de presentación de la petición mediante la cual se formuló la reclamación, de conformidad con lo previsto en el Decreto 3135 de 1968 y en el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969. En ese sentido, afirmó que en el plenario se acreditó que la reclamación administrativa fue radicada el 11 de mayo de 2017, por lo que solo resulta procedente el reconocimiento de las sumas causadas

el plenario se acreditó que la reclamación administrativa fue radicada el 11 de mayo de 2017, por lo que solo resulta procedente el reconocimiento de las sumas causadas dentro de los tres años anteriores a dicha fecha, esto es, a partir del 10 de mayo de 2014, y no desde el momento en que se efectuó la posesión, el 1.º de febrero de 2013.

30. En cuanto a la condena en costas, precisó que estas se fijaban en un 4 %, conforme con los parámetros establecidos en la tarifa de honorarios profesionales expedida por el Colegio Nacional de Abogados8.

7 Se corrigieron los errores de digitación del aparte transcrito. 8 Samai, índice 2, actuación « EXPEDIENTE DIGITAL », documento «ED_EXPEDIENTE_9_200012333001201800(.pdf) NroActua 2».Radicación: 20001-23-33-000-2018-00103-02 (0117-2024)

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7 2.4. Recursos de apelación

2.4.1. Parte demandante

31. La parte demandante, por conducto de su apoderado, solicitó la revocatoria de la sentencia únicamente en lo relativo a la decisión del Tribunal de declarar la prescripción trienal respecto de las prestaciones causadas con anterioridad al 10 de mayo de 2014.

sentencia únicamente en lo relativo a la decisión del Tribunal de declarar la prescripción trienal respecto de las prestaciones causadas con anterioridad al 10 de mayo de 2014.

32. A su juicio, el derecho es exigible a partir del momento en que se declara la inaplicación por inconstitucionalidad de la expresión «grado 23» contenida en el acuerdo de creación del cargo. Por ello, considera que en el caso bajo estudio no operó la prescripción trienal9.

2.4.2. Parte demandada

33. La demandada, mediante apoderado, interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia que accedió a las pretensiones de la demanda.

34. Adujo que, pese a lo resuelto en la parte resolutiva, la sentencia carece de claridad respecto de las causales de nulidad que dieron lugar a la inaplicación por excepción de inconstitucionalidad del artículo 1º del Acuerdo PSAA12 -9203 del 1º de febrero de 2012, así como a la nulidad de los actos administrativos. Es por ello que, cuestionó la falta de argumentación y la incongruencia del fallo de primera instancia.

35. Manifestó que, si bien la parte actora solicitó la inaplicación por inconstitucionalidad del Acuerdo PSAA12-9203 de 2012, el despacho debió realizar un análisis riguroso sobre su procedencia, máxime cuando en el caso concreto no se acreditaban los presupuestos exigidos para su declaratoria.

36. Señaló que la sentencia de primera instancia, al reconocer el derecho con la expresión «hasta que permanezca en el cargo», ignoró que desde el 1° de julio de

acreditaban los presupuestos exigidos para su declaratoria.

36. Señaló que la sentencia de primera instancia, al reconocer el derecho con la expresión «hasta que permanezca en el cargo», ignoró que desde el 1° de julio de 2022 el cargo de «abogado asesor grado 23» cambió su denominación a «profesional especializado grado 23», conforme al Acuerdo PCSJA22-11968. Por tanto, el Tribunal Administrativo del Cesar no podía extender los efectos del fallo más allá de dicha fecha, ya que ese cambio no fue objeto de controversia en el proceso y excede la competencia de la Sala. En consecuencia, solicitó que el restablecimiento del derecho se limite hasta el 1° de julio de 2022.

37. Explicó que actuó dentro de sus competencias constitucionales y legales, al crear el cargo de «abogado asesor grado 23» puntualmente las previstas en los artículos 256 y 257 de la Constitución Política y en los numerales 9 y 12 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996. Resaltó que la entonces Sala Administrativa estaba facultada para

reglamentar la carrera judicial, crear y suprimir cargos, definir funciones y requisitos, y adoptar medidas de descongestión judicial, conforme lo disponía también el artículo 63 ibidem.

9 Samai, gestión en tribunal administrativo , índice 36, actuación « Recepcion de Memorial », documento «16_RECEPCIONDEMEMORIAL_APELACION_RECURSODEAPELACION(.pdf) NroActua 36».Radicación: 20001-23-33-000-2018-00103-02 (0117-2024)

Demandante: Ana Carolina Tavera Reales

Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección

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38. Indicó que la creación del cargo de «abogado asesor grado 23» obedeció a necesidades específicas de descongestión de los tribunales superiores de distrito judicial y tribunales administrativos, estableciendo una categoría salarial acorde con las funciones y responsabilidades asignadas, distintas del «abogado asesor» innominado. Añadió que la diferencia en la denominación entre ambos cargos resultaba justificada y no era procedente su nivelación.

39. El apelante destacó que el cargo de «abogado asesor grado 23» se regulaba por la escala establecida en el artículo 6 del Decreto 194 de 2014, a diferencia del «abogado asesor» sin grado, cuya remuneración se encontraba prevista en el artículo 4 del mismo d ecreto. Señaló que eliminar la categoría de grado 23 para este tipo de empleos implicaría desconocer la autonomía administrativa conferida al Consejo Superior de la Judicatura.

40. Se advirtió que, en el presente caso, pese a la exigencia jurisprudencial relativa a la carga argumentativa para solicitar la inaplicación de una norma por inconstitucionalidad, la demandante no acreditó el mínimo requerido para sustentar dicha solicitud, razón por la cual no era procedente que el tribunal declarara la inaplicación de las disposiciones impugnadas.

inconstitucionalidad, la demandante no acreditó el mínimo requerido para sustentar dicha solicitud, razón por la cual no era procedente que el tribunal declarara la inaplicación de las disposiciones impugnadas.

41. Asimismo, se advirtió que el Acuerdo PSAA12-9203 de 2012 gozaba de presunción de legalidad, sin que a la fecha se hubiese declarado la nulidad de alguno de sus apartes, razón por la cual los reparos en su contra debían ser formulados mediante el ejercicio del medio de control de nulidad simple.

42. Afirmó que la parte demandante no aportó pruebas que permitieran comparar las funciones y requisitos del cargo que desempeña «abogado asesor grado 23» con el de «abogado asesor», limitándose a afirmar que son equivalentes, pese a haber sido creados mediante disposiciones distintas y con perfiles diferentes. En consecuencia, consideró que no es posible aplicar el principio de «a trabajo igual, salario igual», al no estar demostrada la igualdad funcional y jurídica entre los cargos.

43. Finalmente, solicitó que se revocara la condena en costas al no existir prueba de su causación10.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

44. Mediante auto del 9 de agosto de 2024, se admitieron los recursos de apelación interpuestos por las partes. Al no existir solicitud probatoria, se prescindió del período para correr traslado a las partes, en aplicación del numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 202111.

10 Samai, gestión en tribunal administrativo , índice 34, actuación « Recepcion de Memorial », documento

para correr traslado a las partes, en aplicación del numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 202111.

10 Samai, gestión en tribunal administrativo , índice 34, actuación « Recepcion de Memorial », documento «13_RECEPCIONDEMEMORIAL_APELACION_201800103ANACAROL(.pdf) NroActua 34». 11 Samai, Índice 7, actuación « Auto que admite recurso de apelación », documento « 10Auto que admite_01172024ADMITEAPELAC(.pdf) NroActua 7».Radicación: 20001-23-33-000-2018-00103-02 (0117-2024)

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III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

45. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problema jurídico

46. Se circunscribe a establecer, según lo expuesto en los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y parte demandada contra la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones, ¿si el Consejo Superior de la Judicatura excedió sus competencias constitucionales y legales al asignar la denominación

interpuestos por la parte actora y parte demandada contra la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones, ¿si el Consejo Superior de la Judicatura excedió sus competencias constitucionales y legales al asignar