CE - Sentencia 20001233300020180011701 de 2025

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 20001-23-33-000-2018-00117-01 (1846-2021) Demandante: Omaira María Castilla García Demandada: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y Municipio de

Valledupar

Temas: Reconocimiento de pensión ordinaria de jubilación de docente.

El régimen pensional se determina en virtud de la fecha de vinculación como educador oficial . El primer vínculo como maestra fue posterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de

2003. Aplicación del régimen pensional de la Ley 100 de 1993 y de su régimen de transición para otorgar la pensión con los requisitos de la Ley 33 de 1985 . En todo lo demás se aplica íntegramente la primera norma. Incompatibilidad entre pensión y salario cuando el docente entra al Régimen General de

Seguridad Social. REVOCA SENTENCIA.

SENTENCIA DE REEMPLAZO

En cumplimiento de lo ordenado en la sentencia del treinta (30) de mayo de dos mil

salario cuando el docente entra al Régimen General de Seguridad Social. REVOCA SENTENCIA.

SENTENCIA DE REEMPLAZO

En cumplimiento de lo ordenado en la sentencia del treinta (30) de mayo de dos mil veinticinco (2025) , proferida por la Sección Tercera, Subsección “A” de esta Corporación, mediante la cual se resolvió la segunda instancia en la acción de tutela promovida por la señora Omaira María Castilla García en contra de la Subsecci ón “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proceso con radicado 11001-03-15-000-2025-00038-01, procede la Sala a dictar sentencia de reemplazo.

ANTECEDENTES

La señora Omaira María Castilla García instauró demanda1 en contra de la Nación - Ministerio de Educación Nacional – FOMAG y del municipio de Valledupar, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

1 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00117-01 (1846-2021)

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de los Oficios: (i) OPFSM-0419 del 22 de junio de 2016, (ii) OPFSM-0127 del 8 de febrero de 2017 y (iii) OPFSM-0056 del 16 de febrero de

Que se declare la nulidad de los Oficios: (i) OPFSM-0419 del 22 de junio de 2016, (ii) OPFSM-0127 del 8 de febrero de 2017 y (iii) OPFSM-0056 del 16 de febrero de 2016; por medio de los cuales la Secretaría de Educación Municipal de Valledupar en nombre y representación del Ministerio de Educación – FOMAG le negó el reconocimiento de una pensión ordinaria de jubilación con fundamento en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

Como consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se reconozca dicha prestación a partir del 13 de abril de 2012, momento en el cual cumplió los requisitos de edad y tiempo de servicios. Lo anterior en una cuantía del 75 % del salario promedio devengado en el último año de labor, con la inclusión de las horas extras, prima de vacaciones, prima de navidad, prima de alimentación y demás que hubiere percibido, esto es, en un valor de $1.735.542.

Se ordene n los reajustes conforme la Ley 71 de 1988, más las mesadas semestrales y adicionales previstas en los artículos 50 y 142 de la Ley 100 de 1993 y en el artículo 5.º de la Ley 4ª de 1976, ello desde cuando adquirió el estatus pensional y hasta cuando se profiera la sentencia que ponga fin al proceso.

Que la entidad accionada liquide los bonos pensionales, así como las cuotas partes a las que hubiere lugar , y que adicionalmente pague los intereses moratorios y la indexación sobre las sumas adeudadas, dando cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 187 y 192 del CPACA.

HECHOS

a las que hubiere lugar , y que adicionalmente pague los intereses moratorios y la indexación sobre las sumas adeudadas, dando cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 187 y 192 del CPACA.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que nació el 19 de julio de 1956 y laboró como empleada pública en el Fondo Nacional de Caminos Vecinales Regional Cesar, del 10 de julio de 1980 al 31 de diciembre de 1994, tiempo durante el cual efectuó cotizaciones ante Cajanal.

Que luego fue nombrada por la Secretaría de Educación de Valledupar como docente oficial para los períodos comprendidos entre el 21 de octubre de 2004 y el 9 de enero de 2005, del 17 de enero al 10 de abril de 2005, del 23 de mayo de 2005 al 6 de junio de 2006, y, finalmente, desde el 20 de junio hasta el 16 de septiembre de 2008. Que, por último, tuvo una vinculación legal y reglamentaria como educadora del departamento del Cesar a partir del 3 de septiembre de 2008 , al menos a l 7 de febrero de 2013 cuando aún seguía activa en el servicio público educativo.

Que solicitó ante la entidad demandada el reconocimiento de una pensión ordinariaCalle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00117-01 (1846-2021)

de jubilación con base en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, pero esta

www.consejodeestado.gov.co 3

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00117-01 (1846-2021)

de jubilación con base en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, pero esta fue negada mediante Oficio OPFSM-0419 del 22 de junio de 2016, en el sentido de que la prestación tenía que ser otorgada en aplicación de todas las disposiciones de dicha norma y de la Ley 797 de 2003, decisión que fue reiterada en los Oficios OPFSM-0127 del 8 de febrero de 2017 y OPFSM-0056 del 16 de febrero de 2016.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Consideró vulneradas las Leyes: 100 de 1993, 797 de 2003, 33 de 1985 y 62 de

1985.

Expresó que reunió los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues tenía más de 35 años cuando entró en vigencia el Sistema General de Seguridad Social, estaba afiliada a Cajanal y para el 22 de julio de 2005 cuando fue promulgado el Acto Legislativo 01 del mismo año, tenía más de 750 semanas cotizadas o su equivalente en tiempo de servicios, por lo que, contrario a lo resuelto por la entidad, sí le asistía el derecho a la pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985, pues también acreditó las exigencias de esta norma para el efecto, la cual tendría que ser calculada con base en el 75% de todos los factores devengados durante el año anterior al estatu s desde cuando debe ser efectiva por la compatibilidad con el salario prevista en el Decreto 224 de 1972.

calculada con base en el 75% de todos los factores devengados durante el año anterior al estatu s desde cuando debe ser efectiva por la compatibilidad con el salario prevista en el Decreto 224 de 1972.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 2 de agosto de 2018 fue admitida la demanda,2 la cual se notificó a las entidades demandadas.

La Nación – Ministerio de Educación – FOMAG3 manifestó que l os actos administrativos demandados gozan de la presunción de legalidad prevista en el artículo 88 de la Ley 1437 del 2011, y la parte accionante no acredit ó siquiera sumariamente que estos hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.

Propuso como excepciones las que denominó: (i) inexistencia de la obligación, (ii) cobro de lo no debido, (iii) ineptitud de la demanda, (iv) no agotamiento de la vía gubernativa, (v) prescripción, (vi) falta de legitimidad en la causa por pasiva, (v ii) compensación, y (viii) genérica.

2 Ibid. 3 Ibid.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00117-01 (1846-2021)

El municipio de Valledupar 4 señaló que al momento de la expedición del acto

www.consejodeestado.gov.co 4

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00117-01 (1846-2021)

El municipio de Valledupar 4 señaló que al momento de la expedición del acto administrativo que se pretende declarar nulo actuó en nombre y representación de La Nación - Ministerio de Educación , razón por la cual no tiene ningún tipo de responsabilidad directa que comprometa s u patrimonio para el reconocimiento pensional en litigio.

Propuso las excepciones de: (i) falta de legitimación por pasiva, (ii) ineptitud de la demanda por no reunir los requisitos de procedibilidad, y (iii) genérica.

El 18 de junio de 2019 5 se celebró la audiencia inicial en la que , al momento de sanear el proceso indicó que el municipio de Valledupar no había sido demandado originalmente, por lo que lo desvinculó de la actuación. Adicionalmente en esta diligencia se fijó el litigio y se decretaron las pruebas, las cuales fueron practicadas en la audiencia del 13 de agosto de 2019,6 en la que finalmente se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para conceptuar si a bien lo consideraba.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN7

El Tribunal Administrativo del Cesar mediante sentencia del 30 de julio de 2020 negó las pretensiones, sin condena en costas.

Expresó que la Ley 100 de 1993 no rigió en forma directa las prestaciones de los docentes vinculados al FOMAG, dado que los exceptuó de su aplicación por expresa previsión de su artículo 279. Que, por esta razón, el Sistema General de

Expresó que la Ley 100 de 1993 no rigió en forma directa las prestaciones de los docentes vinculados al FOMAG, dado que los exceptuó de su aplicación por expresa previsión de su artículo 279. Que, por esta razón, el Sistema General de Pensiones, en materia de pensión ordinaria, no se aplica a los afiliados de dicho fondo ya que estas prestaciones siguen sometidas al régimen legal anterior, que no es otro que el contenido en la Ley 33 de 1985.

Que con la expedición de la Ley 812 de 2003, el régimen prestacional de los educadores nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio educativo oficial es el previsto en las normas vigentes con anterioridad al 27 de junio de la citada anualidad; mientras que, si el maestro ingresó con posterioridad a esa fecha, su derecho se regiría por el esquema de prima media previsto en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, en armonía con lo dispuesto por el Decreto 1158 de 1994.

Que la demandante demostró que en su calidad de docente prestó servicios con posterioridad al año 2003, por lo que, al tener en cuenta que el régimen prestacional se define por la vinculación al servicio educativo, no puede tenerse como marco pensional aplicable el período que laboró como empleada pública ante el Fondo

4 Ibid. 5 Ibid. 6 Ibid. 7 Ibid.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00117-01 (1846-2021)

www.consejodeestado.gov.co 5

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00117-01 (1846-2021)

Nacional de Caminos Vecinales (10 de julio de 1980 a 31 de diciembre de 1994), de manera que su pensión no podía ser reconocida con fundamento en la Ley 33 de 1985, sino en la Ley 100 de 1993 como lo manifestó la entidad demandada en los actos reprochados.

RECURSO DE APELACIÓN8

La parte demandante interpuso recurso de apelación . Afirmó que se hizo beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo que le asiste el derecho a una pensión de jubilación al haber alcanzado 20 años de servicio y 55 años de edad; lo anterior porque su vinculación al Magisterio se presentó con posterioridad a la entrada vigencia de la Ley 812 de 2003 y adquirió su estatus pensional el 13 de abril de 2012, antes de que culminara el desmonte de los regímenes especiales del ordenamiento en el año 2014.

Que debe darse aplicación al principio de favorabilidad , el cual le permite al trabajador optar por el régimen pensional que se ajuste en mayor proporción a sus intereses, que en su situación sería el previsto en la Ley 33 de 1985.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 23 de julio de 20219 se admitió el recurso de apelación. El 26 de enero de 202210 se corrió traslado para alegar de conclusión y al Ministerio Público para conceptuar si a bien lo consideraba.

El 23 de julio de 20219 se admitió el recurso de apelación. El 26 de enero de 202210 se corrió traslado para alegar de conclusión y al Ministerio Público para conceptuar si a bien lo consideraba.

El Ministerio Público11 presentó concepto. Solicitó que se confirme el fallo apelado, para lo cual expuso que , como la vinculación de la actora con el Magisterio se presentó con posterioridad a la Ley 812 de 2003, no le asiste el derecho de que su pensión de jubilación sea concedida en los términos de la Ley 33 de 1985, pues esta únicamente rige para los profesionales de la educación vinculados antes de la entrada en vigencia de la primera de las normas en mención. Por lo anterior, concluyó que las pretensiones de la demanda deben ser negadas, en punto a que su situación se encuentra cobijada por las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Deberá resolver la Subsección si a la demandante le asiste el derecho a que le sea reconocida una pensión ordinaria de jubilación con base en la Ley 33 de 1985 , en aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 , a fin de que esta sea

8 Ibid. 9 Ver índice 4 de SAMAI. 10 Ver índice 11 de SAMAI. 11 Ver índice 10 de SAMAI.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00117-01 (1846-2021)

www.consejodeestado.gov.co 6

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00117-01 (1846-2021)

calculada en cuantía del 75% del promedio de los factores salariales sobre los que se haya efectuado cotizaciones durante el año anterior a la adquisición del estatus jurídico pensional, y con efectividad desde esa misma fecha , o si, por el contrario, dicha prestación debe otorgarse bajo los preceptos del régimen general de pensiones de esta última norma y de la Ley 797 de 2003.

Marco normativo y jurisprudencial

Acerca de la determinación del régimen pensional aplicable al docente en virtud de su primera fecha de vinculación al servicio educativo

Para resolver el presente asunto, le corresponde a la Subsección dar aplicación a la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado,12 en la cual se estableció principalmente la forma de liquidar la pensión ordinaria de jubilación de los docentes prevista bajo los postulados remisorios de la Ley 91 de 1989.

Lo anterior porque, además de dicho punto , tal providencia en sus reglas jurisprudenciales desarrolló lineamientos específicos y de obligatorio acatamiento acerca del entendimiento de los diferentes regímenes pensionales aplicables a los educadores del Estado en atención a la fecha de vinculación, debido a la expedición de la Ley 812 de 2003.

Como se advierte, el ámbito de aplicación de las directrices de unificación es más amplio que el de los litigios de reliquidación pensional, pues este se extiende también a los asuntos de reconocimiento del derecho en sí mismo, tal como

Como se advierte, el ámbito de aplicación de las directrices de unificación es más amplio que el de los litigios de reliquidación pensional, pues este se extiende también a los asuntos de reconocimiento del derecho en sí mismo, tal como acontece en el caso bajo estudio donde la determinación del marco normativo que rige la situación particular de la accionante es esencial para verificar la pertinencia de sus pretensiones.

Se destaca que la aludida decisión judicial fijó sus efectos retrospectivamente según el ordinal segundo de la parte resolutiva, a fin de extenderse a todas las situaciones pendientes de definición y que no se hayan consolidado bajo el fenómeno de cosa juzgada.

Con las anteriores precisiones se resalta que la sentencia de unificación 13 en mención fijó en síntesis las siguientes reglas de interpretación:

12 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ -014CE-S2 -2019. Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17). Actor: Abadía Reynel Tolosa. 13 El sustento jurídico de estas reglas fue, esencialmente, los siguientes planteamientos: «[…] 51. En criterio de la Sala, los factores que hacen parte de la base de liquidación y sobre los cuales se deben hacer los aportes en el régimen general de pensiones de la Ley 33 de 1985, son únicamente los señalados de manera expresa en el mencionado artículo 1º de la Ley 62 de 1985.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00117-01 (1846-2021)

www.consejodeestado.gov.co 7

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00117-01 (1846-2021)

«[…] a) En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985 , los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.

b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones. […]». (Subrayado fuera de texto).

Como se observa, el criterio relevante para determinar el marco jurídico pensional de la educadora oficial es la acreditación de su primera vinculación al magisterio, contrastada con la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003), sin que para estos efectos deba verificarse si para esa fecha la reclamante seguía

de la educadora oficial es la acreditación de su primera vinculación al magisterio, contrastada con la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003), sin que para estos efectos deba verificarse si para esa fecha la reclamante seguía o no vinculada bajo dicha calidad, pues en observancia del principio de la condición

52. Luego entonces, los factores que deben incluirse en la base de la liquidación de la pensión de jubilación de los docentes bajo el régimen general de la Ley 33 de 1985 son: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.

[…] 62. La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben tener en cuenta para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando la siguiente regla:

• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores

la siguiente regla:

• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo los factores sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.

63. Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se incluían todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.

[...] 67. En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes nacionales y nacionalizados y de los nombrados a partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las siguientes reglas:

Edad: 55 años Tiempo de servicios: 20 años Tasa de remplazo: 75%

Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del último año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica, gastos de representac ión; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;

los factores que hayan servido de base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica, gastos de representac ión; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. […]». (Resalta la Sala).Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00117-01 (1846-2021)

más beneficiosa,14 es claro que esta situación corresponde a un tránsito legislativo sin un régimen de transición específico, que hace necesario proteger la expectativa legítima que tenía la maestra de pensionarse con una regulación más favorable.

Sobre la aplicación del régimen general de la Ley 100 de 1993 y de su régimen de transición para el caso de los docentes oficiales

Al respecto, la norma en mención consagró que su aplicación sería a partir del 1.º de abril de 1994 (para trabajadores del orden nacional) y del 30 de junio de 1995 (para empleados territoriales), pero indistintamente para todos los habitantes del territorio nacional, sin hacer divisiones entre servidores públicos, trabajadores oficiales, empleados del sector privado, o independientes; a excepción de aquellos contemplados en el artículo 279 como los docentes afiliados al FOMAG en virtud de la Ley 91 de 1989.

Sin embargo, este apartamiento que se hizo para los educadores oficiales, solo

contemplados en el artículo 279 como los docentes afiliados al FOMAG en virtud de la Ley 91 de 1989.

Sin embargo, este apartamiento que se hizo para los educadores oficiales, solo tiene sustento para aquellos que precisamente hayan estado vinculados como tal antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, pues como se precisó en la sentencia de uni ficación objeto de estudio, quienes lo hayan hecho con posterioridad a esa fecha estarán sometidos plenamente a las disposiciones de la Ley 100 de 1993, con la única diferencia de la edad que se exige en 57 años tanto para los hombres como para las mujeres.

De hecho, lo expuesto no limitó la posibilidad de tener en cuenta todas las previsiones del régimen general, entre estas, la del régimen de transición que permite acceder a las normas anteriores en cada caso particular para consolidar el derecho pensional.

Además, al no tener ninguna prohibición o exclusión, resulta adecuado que, desde una perspectiva de favorabilidad e igualdad, dicho beneficio pueda ser validado como la única garantía de protección de expectativas legítimas de los docentes que no hayan sid o beneficiarios de las prebendas de la Ley 91 de 1989, pero que en todo caso hubiesen alcanzado a reunir unas condiciones de confianza legítima sobre su situación prestacional.

En consecuencia, los maestros oficiales en razón de su fecha de vinculación inicial al servicio del magisterio y conforme al artículo 81 de la Ley 812 de 2003 que define los marcos jurídicos aplicables, podrán acceder al reconocimiento de una pensión de jubilación con base en los requisitos de la Ley 33 de 1985, bien sea por aplicación

al servicio del magisterio y conforme al artículo 81 de la Ley 812 de 2003 que define los marcos jurídicos aplicables, podrán acceder al reconocimiento de una pensión de jubilación con base en los requisitos de la Ley 33 de 1985, bien sea por aplicación directa del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, o por ser beneficiarios del régimen de

14 Sobre este principio ver sentencia del 15 de febrero de 2011, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Radicación: 40.662Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00117-01 (1846-2021)

transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 15 siempre que acrediten las exigencias propias de cada caso.

Al respecto, esta última norma estableció que quienes a la entrada en vigencia de la misma tuviesen 35 años de edad o más si eran mujeres y 40 años de edad o más en el caso de los hombres, o 15 o más años de servicio, tendrían derecho a que se les respetara la edad, el tiempo de servicios o semanas cotizadas y el monto (tasa de reemplazo) de la norma pensional anterior.

Esto fue precisado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 proferida por esta corporación, en el sentido de que solo se garantiza la estabilidad de estos elementos pensionales, no así de los demás aspectos regulados por la nueva regulación que sí tendría que ser plenamente observada en todos los asuntos, por ejemplo, el cálculo del IBL y la inclusión de los factores exclusivamente del Decreto

elementos pensionales, no así de los demás aspectos regulados por la nueva regulación que sí tendría que ser plenamente observada en todos los asuntos, por ejemplo, el cálculo del IBL y la inclusión de los factores exclusivamente del Decreto 1158 de 1994.

Aun así, tal mecanismo de conservación de régimen encontró su límite temporal en el parágrafo 4.° del artículo 1.° del Acto Legislativo 01 de 2005, precisamente hasta el 31 de julio de 2010, a excepción de quienes demostraran que a la fecha de entrada en vigencia de dicha norma (25 de julio de 2005), tenían más de 750 cotizadas al sistema, evento en el cual se extendería su aplicación hasta el año 2014 (31 de diciembre).16

Resolución del caso concreto

Como se desprende de lo anterior, es indispensable determinar cuál es la normativa que gobierna el caso de la accionante en virtud de la fecha de su primer ingreso al servicio educativo oficial.17

Por lo mismo, se destaca que la propia demandante fue quien, a partir de los hechos de su demanda e incluso en su recurso de apelación, reconoció expresamente que su vínculo inicial a la docencia oficial solo tuvo lugar hasta el 21 de octubre de 2004,

15 «[…] La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados.

y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley. […]». 16 «[…] El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014". "Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por este régimen serán los exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen". […]». 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 25 de abril de 2022. Radicado: 25000-23-42-000-2020-00046-01 (2494-2021). Esta afirmación se ratifica con este fallo en el que se indicó que: «[…] resulta necesario determinar con exactitud la fecha a partir de la cual aquella asumió la calidad de educadora estatal, que es la que le permitiría acceder a uno u otro régimen

pensional con motivo de la excepcionalidad que se predica de esta clase de servidores públicos. […]»Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejode