CE - Sentencia 20001233300020190032401 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 20001233300020190032401 (71737)

Demandante: SOCIEDAD COMERCIAL O.G.B. S.C.S.

Demandado: MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y OTRO

Tema: Omisión en el cumplimiento de una orden impartida por una autoridad judicial. Caducidad del medio de control de reparación directa. No se configuraron costas procesales en el trámite de segunda instancia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la sociedad O.G.B. S.C.S. y el municipio de Valledupar, contra la sentencia del 11 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo d el Cesar , que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Según se narra en la demanda, d esde el 29 de mayo 2011, un grupo de personas indeterminadas ocuparon de hecho y de forma permanente el predio denominado “Lote número uno (1) de la Unidad Residencial O.G.B.”, ubicado en el municipio de Valledupar (Cesar), cuya propietaria es la sociedad O.G.B. S.C.S. Por lo anterior, la citada sociedad presentó una querella policiva ante la alcaldía de Valledupar.

Valledupar (Cesar), cuya propietaria es la sociedad O.G.B. S.C.S. Por lo anterior, la citada sociedad presentó una querella policiva ante la alcaldía de Valledupar.

Posteriormente, mediante Resolución No. 2604 del 4 de octubre de 2011, la alcaldía decretó el lanzamiento por ocupación de hecho en contra de personas indeterminadas. No obstante, de forma paralela, un grupo de ocupantes del predio presentaron una acción de tutela en contra del departamento del Cesar, el municipio de Valledupar y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social con el propósito de obtener soluciones de vivienda de manera previa a ser desalojados del lote. Así las cosas, mediante fallo de tutela proferido el 6 de julio de 2012, el JuzgadoRadicado: 20001233300020190032401 (71737)

Demandante: Sociedad comercial O.G.B. S.C.S.

2 2º Administrativo de Valledupar amparó los derechos fundamentales a la vivienda digna y salud de los ocupantes del predio, y ordenó : i) realizar un censo de las familias asentadas en el inmueble, para lo cual fijó un plazo de veinte (20) días , ii) levantar la suspensión de la diligencia de desalojo, la cual de acuerdo con el relato factico de la providencia había sido suspendida mediante fallo de tutela del 27 de abril de 2012, y iii) que, una vez culminado el censo, se fijara nueva fecha para la práctica de la diligencia de desalojo dentro de un término de veinte (20) días.

No obstante lo anterior, vencido el término establecido, las entidades accionadas no

práctica de la diligencia de desalojo dentro de un término de veinte (20) días.

No obstante lo anterior, vencido el término establecido, las entidades accionadas no dieron cumplimiento a las órdenes impartidas en el fallo de tutela, razón por la cual no se realizó la diligencia de lanzamiento.

La demandante solicita declarar patrimonialmente responsables a l departamento del Cesar y al municipio de Valledupar “ a título de falla en el servicio por omisión, debido a los daños y perjuicios causados a la sociedad comercial O.G.B. S.C.S., al permitir la consolidación de un a invasión con carácter permanente en el predio de su propiedad descrito en esta demanda, al no ejecutar sus correspondientes deberes legales”.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 22 de octubre de 20191, la sociedad O.G.B. S.C.S., mediante apoderado judicial y en ejercicio de l medio de control de reparación directa, presentó demanda en contra del departamento del Cesar y el municipio de Valledupar , para que fueran declarados patrimonialmente responsables por la “invasión” de la que fue objeto el predio “Lote número uno (1) de la Unidad Residencial O.G.B.” , ocasionada por el incumplimiento de l as ordenes impartidas por el Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar mediante fallo de tutela del 6 de julio de 2012.

1 “116ED_01ExpedeinteDigitalC”, Pg. 3 a 31, Índice 107, Samai, Tribunal Administrativo del Cesar. Expediente digital.Radicado: 20001233300020190032401 (71737)

Demandante: Sociedad comercial O.G.B. S.C.S.

Cesar. Expediente digital.Radicado: 20001233300020190032401 (71737)

Demandante: Sociedad comercial O.G.B. S.C.S.

3 Como pretensiones de su demanda, la sociedad actora solicita condenar a las entidades accionadas a pagarle, por concepto de daño emergente, la suma de $37.098.985.000; y por concepto de lucro cesante, como pretensión principal, la suma de $ 42.102.896.600,30 y de manera subsidiaria, la suma de $14.222.213.294,06.

En apoyo de las pretensiones, l a parte accionante afirma que es propietaria de l predio denominado “Lote número uno (1) de la Unidad Residencial O.G.B.” , identificado con el folio de matrícula No. 190 -90267 y ubicado en el municipio de Valledupar (Cesar). Asimismo, que el referido inmueble tiene una extensión de 103.434 M2.

Indica que, desde el 29 de mayo de 2011, el inmueble ha sido objeto de ocupación por un grupo de personas indeterminadas, sin el consentimiento y en contra de la voluntad del propietario , consolidándose de manera permanente la invasión denominada “Villa Luz (Emmanuel)”.

A raíz de lo anterior, sostiene que el 22 de junio de 2011 presentó querella policiva ante la alcaldía de Valledupar, por lo que mediante Resolución No. 2604 del 4 de octubre de 2011, esa autoridad decretó el lanzamiento por ocupación de hecho en contra de personas indeterminadas.

Afirma que, de forma paralela, un grupo de ocupantes del predio presentaron una

octubre de 2011, esa autoridad decretó el lanzamiento por ocupación de hecho en contra de personas indeterminadas.

Afirma que, de forma paralela, un grupo de ocupantes del predio presentaron una acción de tutela en contra del municipio de Valledupar, el departamento del Cesar, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el representante Legal de O.G.B. S. C.S., con el propósito de que se les brindara soluciones de vivienda antes de efectuarse el desalojo.

Manifiesta que, mediante fallo de tutela proferido el 6 de julio de 2012 , el Juzgado 2o Administrativo de Valledupar amparó los derechos fundamentales a la vivienda digna y salud de las ocupantes del predio, y ordenó: i) al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, realizar un censo de las familia s asentadas en el inmueble en un plazo de veinte (20) días ; ii) a la Alcaldía deRadicado: 20001233300020190032401 (71737)

Demandante: Sociedad comercial O.G.B. S.C.S.

4 Valledupar, levantar la suspensión de la diligencia de desalojo; y, iii) que, una vez culminado el censo, procediera a fijar nueva fecha para la realización de la diligencia en un término de veinte (20) días, previa notificación a los ocupantes del predio.

Advierte que, las ordenes impartidas en el fallo de tutela no fueron cumplidas por las entidades accionadas, por lo que no se realizó la diligencia de lanzamiento.

La demandante considera que el departamento del Cesar y el municipio de Valledupar son patrimonialmente responsables por permitir la consolidación de una “invasión” en

las entidades accionadas, por lo que no se realizó la diligencia de lanzamiento.

La demandante considera que el departamento del Cesar y el municipio de Valledupar son patrimonialmente responsables por permitir la consolidación de una “invasión” en el predio su propiedad, al haber incumplido las ordenes impartidas en el fallo de tutela proferido el 6 de julio de 2012 por el Juzgado 2o Administrativo de Valledupar.

Textualmente solicita en la demanda: “Declarar que el departamento del Cesar y el municipio de Valledupar , son administrativa y patrimonialmente responsables, en forma solidaria, a título de falla en el servicio por omisión, debido a los daños y perjuicios causados a la sociedad comercial O.G.B. S.C.S., al permitir la consolidación de una invasión con carácter permanente en el predio de su propiedad descrito en esta demanda, al no ejecutar sus correspondientes deberes legales”.

2. Contestaciones

El 6 de febrero de 20202 el Tribunal Administrativo del Cesar admitió la demanda y ordenó su notificación a las entidades demandadas y al Ministerio Público.

2.1. El Departamento del Cesar 3 manifestó que el hecho lesivo alegado por la sociedad demandante no le era imputable, toda vez que la obligación de realizar la diligencia de lanzamiento corresponde exclusivamente al municipio de Valledupar. Formuló como excepciones la falta de legitimación en la causa por pasiva, la caducidad del medio de control de reparación directa, la inexistencia del nexo

2 “122ED_01ExpedeinteDigitalC”, Pg. 122, Índice 107, Samai, Tribunal Administrativo del Cesar. Expediente digital.

caducidad del medio de control de reparación directa, la inexistencia del nexo

2 “122ED_01ExpedeinteDigitalC”, Pg. 122, Índice 107, Samai, Tribunal Administrativo del Cesar. Expediente digital. 3 “73ED_03ContestaDptoCesarC”, Índice 107, Samai, Tribunal Administrativo del Cesar. Expediente digital.Radicado: 20001233300020190032401 (71737)

Demandante: Sociedad comercial O.G.B. S.C.S.

5 causal, el hecho de un tercero, la culpa exclusiva de la víctima y la “Genérica e innominada”.

2.2. El municipio de Valledupar contestó la demanda de forma extemporánea4.

3. Audiencia inicial

El 22 de marzo de 20225, el Tribunal Administrativo del Cesar celebró la audiencia inicial en la que realizó el saneamiento del proceso, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a este último punto, esto es, el objeto del litigio, señaló que se circunscribiría a determinar si “hay lugar o no a declarar que el departamento del Cesar y el municipio de Valledupar , son administrativa y patrimonialmente responsables, en forma solidaria, a título de falla en el servicio por omisión, debido a los daños y perjuicios pr esuntamente causados a la sociedad comercial O.G.B. S.C.S., al permitir la consolidación de una invasión con carácter permanente en el predio de su propiedad descrito en la demanda, al no ejecutar sus correspondientes deberes legales”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

permitir la consolidación de una invasión con carácter permanente en el predio de su propiedad descrito en la demanda, al no ejecutar sus correspondientes deberes legales”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 28 de marzo de 20236 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. El extremo activo 7 y el departamento del Cesar8, reiteraron lo expuesto en la demanda y en la contestación de esta, respectivamente.

4 “123ED_02ContesMpioVparPode”, Índice 107, Samai , Tribunal Administrativo del Cesar. Expediente digital. 5 “88ED_18ActaAudienciaInici”, Samai, Tribunal Administrativo del Cesar. Expediente digital. 6 Índice 68, Samai, Tribunal Administrativo del Cesar. 7 Índice 73, Samai, Tribunal Administrativo del Cesar. 8 Índice 71, Samai, Tribunal Administrativo del Cesar.Radicado: 20001233300020190032401 (71737)

Demandante: Sociedad comercial O.G.B. S.C.S.

6 4.2. El municipio de Valledupar 9 sostuvo que el daño alegado no le era imputable porque adelantó todos los procedimientos administrativos y policivos que le correspondían. Asimismo, afirmó que la demandante actuó negligentemente al no acudir a los mecanismos judiciales y policiv os previstos para obtener la reivindicación de su inmueble. Por último, alegó que operó la caducidad del medio de control de reparación directa.

4.3. El ministerio público guardó silencio.

5. Sentencia de primera instancia

reivindicación de su inmueble. Por último, alegó que operó la caducidad del medio de control de reparación directa.

4.3. El ministerio público guardó silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 11 de julio de 202410 el Tribunal Administrativo de l Cesar accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda , al establecer que el municipio de Valledupar, como autoridad de policía, ocasionó un daño especial a la demandante por la “ocupación definitiva o invasión masiva ” del predio de su propiedad en tanto las medidas para obtener la restitución del inmueble resultaban imposibles de cumplir.

Al efecto, en la sentencia el Tribunal indicó que “[…] esta controversia debe analizarse bajo la óptica del daño especial, comoquiera que se encuentra acreditado que el daño [...] tuvo lugar en el marco de una invasión masiva […] que, con el transcurrir de los años, derivó en la consolidación de una urbanización irregular que afectó su derecho de propiedad al no ser posible su restitución. […]. Las medidas para obtener la restitución de la posesión del lote de terreno urbano de propiedad de la parte demandante […] resultan imposibles de cumplir por razones de interés general, de orden público y social […]. L a Sala encuentra en este caso que se produjo un daño especial a la parte demandante, que impone la necesidad de declarar la existencia de responsabilidad en cabeza del Municipio de Valledupar, por ser la entidad que tiene a su cargo la función de policía […]”.

9 Índice 74. Samai, Tribunal Administrativo del Cesar.

declarar la existencia de responsabilidad en cabeza del Municipio de Valledupar, por ser la entidad que tiene a su cargo la función de policía […]”.

9 Índice 74. Samai, Tribunal Administrativo del Cesar. 10Índice 93, Samai, Tribunal Administrativo del Cesar.Radicado: 20001233300020190032401 (71737)

Demandante: Sociedad comercial O.G.B. S.C.S.

7 En consecuencia, el Tribunal Administrativo del Cesar condenó en abstracto al municipio de Valledupar por concepto de daño emergente y negó el reconocimiento del lucro cesante al no encontrar acreditada la explotación económica del bien.

6. Recurso de apelación

Los días 29 de julio11 y 1 de agosto de 202412, el municipio de Valledupar y la sociedad accionante, respectivamente, interpusieron recursos de apelación, los cuales fueron concedidos el 8 de agosto de 202413 y admitidos el 13 de septiembre siguiente14.

6.1. La demandante15 manifiesta que, con respecto al daño emergente, el tribunal debió condenar en concreto y no en abstracto , con base en el dictamen pericial aportado con la demanda. Asimismo, sostiene que el daño le es imputable al departamento del Cesar, toda vez que también incumplió las ordenes impartidas en el fallo de tutela del 6 de julio de 2012, lo cual impidió la realización de la diligencia de lanzamiento. Por último, considera que debió reconocerse la indemnización por lucro cesante solicitada como pr etensión subsidiaria, a pesar de que no se haya acreditado la explotación económica del predio , en tanto la ocupación le impidió

de lanzamiento. Por último, considera que debió reconocerse la indemnización por lucro cesante solicitada como pr etensión subsidiaria, a pesar de que no se haya acreditado la explotación económica del predio , en tanto la ocupación le impidió usar el inmueble.

6.2. El municipio de Valledupar16 sostuvo que el daño alegado no le era imputable, dado que se ocasionó por la culpa exclusiva de la víctima, toda vez que la diligencia de lanzamiento no pudo realizarse debido a que la demandante no cumplió con la carga de suministrar los medios logísticos para su realización. Además, argumentó que la accionante actuó negligentemente al asumir una posición pasiva frente al proceso policivo, lo cual coadyuvó a que se incrementara el número de ocupantes del predio. De igual manera , manifestó que O.G.B. S.C.S. actuó de mala fe al solicitar que se le indemnizara a título de lucro cesante por la imposibilidad de desarrollar un proyecto de urbanización en el inmueble ocupado, en tanto solicitó la

11 Índice 99, Samai, Tribunal Administrativo del Cesar. 12 Índice 101, Samai, Tribunal Administrativo del Cesar. 13 Índice 103, Samai, Tribunal Administrativo del Cesar. 14 Índice 3, Samai, Tribunal Administrativo del Cesar. 15 Índice 101, Samai, Tribunal Administrativo del Cesar. 16 Índice 99, Samai, Tribunal Administrativo del Cesar.Radicado: 20001233300020190032401 (71737)

Demandante: Sociedad comercial O.G.B. S.C.S.

8 respectiva licencia para el desarrollo del proyecto diecinueve (19) meses después

Demandante: Sociedad comercial O.G.B. S.C.S.

8 respectiva licencia para el desarrollo del proyecto diecinueve (19) meses después de que iniciara la ocupación y teniendo pleno conocimiento de dicha situación.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

No se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, puesto que de conformidad con el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), modificado por el numeral 5° del artículo 67 de la Ley 2080 del 202117, no se decretaron pruebas en segunda instancia.

7.1. No obstante lo anterior, l a parte demandante18 se pronunció reiterando los argumentos expuestos en el recurso de apelación . Asimismo, manifestó que el municipio de Valledupar realizó afirmaciones carentes de sustento probatorio.

7.2. El ministerio público19 consideró que había opera do el fenómeno de la caducidad, en tanto el respectivo terminó debía contabilizarse a partir d el vencimiento del plazo de veinte (20) días que tenían las entidades accionadas para dar cumplimiento a lo ordenado en el fallo de tutela proferido el 6 de julio de 2012 . En consecuencia, y tomando en cuenta que las demandadas tenían plazo hasta el 26 de julio de 2012 para cumplir con lo ordenado en la sentencia de amparo constitucional, el término de caducidad venció el 26 de julio de 2014 , por lo que la demanda fue interpuesta extemporáneamente el 22 de octubre de 2019.

constitucional, el término de caducidad venció el 26 de julio de 2014 , por lo que la demanda fue interpuesta extemporáneamente el 22 de octubre de 2019.

17 “Artículo 247 modificado por la Ley 2080 de 2021. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los demás intervinientes. 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegados por es crito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia”. 18 Índice 11, Samai. 19 Índice 12, SamaiRadicado: 20001233300020190032401 (71737)

Demandante: Sociedad comercial O.G.B. S.C.S.

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III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer los recursos de apelación presentados en contra de la sentencia del 11 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, puesto que la cuantía, dada por el valor de la mayor pretensión de la demanda, supera la exigida de 500 SMLMV, para que un proceso adelantado en

del Cesar, puesto que la cuantía, dada por el valor de la mayor pretensión de la demanda, supera la exigida de 500 SMLMV, para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa, tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación20, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 150 y 157 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 140 21 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño por hechos imputables a una omisión del departamento del Cesar y el municipio de Valledupar.

20 El valor de la pretensión se estima en la suma de $37.098.985.000. 21 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico prod ucido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmu eble por causa de trabajos públicos o

responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmu eble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados parti culares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”.Radicado: 20001233300020190032401 (71737)

Demandante: Sociedad comercial O.G.B. S.C.S.

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3. Problema jurídico

En la medida en que se trata de un presupuesto procesal, en primer término, corresponde a la Sala determinar si el medio de control se ejerció oportunamente o si, por el contrario, la pretensión de reparación directa se encontraba caducada al momento en que se presentó la demanda.

4. Solución del problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones generales sobre la vigencia del medio de control.

5. Vigencia del medio de control

Comoquiera que el ministerio público en el trámite de segunda instancia señaló que había operado la caducidad de la pretensión de reparación directa, es necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal22.

Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando

procesal22.

Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general 23, estableció unos plazos para poder ejercer

22 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales. Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguien te: “es necesario entender que la caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter de irrenunciabilidad, com o se mencion ó́ previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para declararla de oficio. [...] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad actúa al verificarse el plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencion ó́ anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración alguna”. Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252. 23 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo

23 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.Radicado: 20001233300020190032401 (71737)

Demandante: Sociedad comercial O.G.B. S.C.S.

11 oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 24, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y

los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su adveni miento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando

Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.” 24 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871 -05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción

legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos”.Radicado: 20001233300020190032401 (71737)

Demandante: Sociedad comercial O.G.B. S.C.S.

12 como una sanción ipso iure 25 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia26, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley proce sal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, señala que el medio de control de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

6. Caso concreto

Mediante sentencia del 11 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo de l Cesar accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al constatar que el

6. Caso concreto

Mediante sentencia del 11 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo de l Cesar accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al constatar que el municipio de Valledupar, como autoridad de policía, ocasionó un daño especial a la Sociedad O.G.B. S.C.S. , por la “ocupación d efinitiva o invasión masiva ” de su inmueble en tanto “las medidas para obtener la restitución de la posesión del lote […] resultan imposibles de cumplir por razones de interés general, de orden público y social”. En consecuencia, condenó en abstracto al municipio de Valledupar por

25 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no ha