CE - Sentencia 20001233300020190043301 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 20001-2333-000-2019-00433-01 (4635-2024)

Demandante : Cesar Mosquera Abadía Demandada : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

• Ugpp.

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho Tema : Indexación de primera mesada pensional Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 20 de junio de 202 4, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda1.

1.1. Pretensiones.

El señor Cesar Mosquera Abadía, por intermedio de apoderada judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derech o previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar la nulidad de las Resoluciones Nos. RDP 001021 del 16 de enero , 0140021 del 20 de abril, ambas de 2018, y el Auto ADP 003791 del 6 de junio de 2019.

A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene a la

20 de abril, ambas de 2018, y el Auto ADP 003791 del 6 de junio de 2019.

A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene a la demandada a: (i) indexar la primera mesada pensional desde el 1° de febrero

1 Folios 1 a 18.2

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de 1992 al 30 de julio de 1999, y a reajustar el pago de las mesadas pensionales a partir del 1° de enero del 2000; (ii) solicita que se condene a la entidad demandada a pagar las diferencias pensionales causadas entre la fecha del otorgamiento de la pensión y la fecha de ejecutoria de esta sentencia; y (iii) que se condene en costas y agencias en derecho.

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

Que nació el 11 de agosto de marzo de 1944, y al entrar en vigencia la Ley 33 de 1985, contaba con más de quince años de servicios, por lo que le era aplicable el régimen pensional anterior a dicha ley, esto es, el Decreto Ley 3135 de 1968 y su Decreto reglamentario 1848 de 1969.

Que solicitó el reconocimiento pensional el cual le fue concedido mediante la Resolución No. UGM 43192 del 20 de abril de 2012, por la suma de $756.725, a partir del 12 de agosto de 1999.

Que dicha liquidación tuvo en cuenta de manera errada el promedio de lo devengado en los últimos diez (10) años, conforme lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

a partir del 12 de agosto de 1999.

Que dicha liquidación tuvo en cuenta de manera errada el promedio de lo devengado en los últimos diez (10) años, conforme lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Afirma que la suma mensual que constituye su mesada pensional debió haberse indexado hasta la fecha del reconocimiento de la pensión de jubilación, es decir, hasta el 8 de agosto de 2008 y que a partir del 1 de enero de 2009 debió reajustarse las mesadas pensionales.

1.2. Normas violadas y concepto de violación.

De la Constitución Política, los artículos 48 y 53. Las Leyes 33 de 1985 Decreto 1045 de 1978 artículo 45.

Asegura que entre la fecha que cotizó y la fecha del otorgamiento de la pensión de jubilación, el valor de sus cotizaciones se fue devaluando lo que le aparejó un detrimento de su patrimonio.

2. Contestación de la demanda.3

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La accionada se opuso a las pretensiones de la demanda. Como razones de su defensa señala que: «Con respecto a la pretensión de indexación de la primera mesada pensional tenemos que en el cuaderno administrativo obra Resolución No 009120 del 24 de noviembre de 1994 en donde se evidencia que el señor CESAR MOSQUERA ABADIA C.C. No. 11785310 DE QUIBDO – CHOCO, fue retirado mediante la Resolución No 00836 del 20 de marzo de 1992, a partir

CESAR MOSQUERA ABADIA C.C. No. 11785310 DE QUIBDO – CHOCO, fue retirado mediante la Resolución No 00836 del 20 de marzo de 1992, a partir del 01 de abril de 1992. Al tiempo en la resolución No. UGM 43192 del 20 de abril de 2012, CAJANAL revocó en todas y cada una de sus partes la resolución No. UGM 7647 del 12 de septiembre de 2011 y en consecuencia se reconoció una pensión vejez a favor de la Señora (sic) MOSQUERA ABADIA CESAR, identificado (a) con CC No. 11.785.310, en cuantía de $756.725, efectiva a partir del 11 de agosto de 1999, liquidada aplicando el 75% sobre el ingreso base de liquidación, conformado por el promedio de los salari os o rentas sobre los cuales ha cotizado o aportado el interesado entre el 20 de noviembre de 1986 y el 31 de marzo de 1992, conforme el inciso 3 o 6 de la ley 100 de 1993, IPC actualizado desde 1986 hasta 1998. A su turno mediante la Resolución RDP No 005745 del 8 de febrero de 2013, la UGPP MODIFICA LA RESOLUCION No. UGM 043192 DEL 20 DE ABRIL DE 2012 del Sr. (a) MOSQUERA ABADIA CESAR, con CC No. 11,785,310, en el sentido de aplicar prescripción trienal en el presente acto administrativo por cuanto la Pensión de Jubilación reconocida se hizo exigible el 11 de agosto de 1999 y el recurso de reposición con la documentación completa fue pr esentado solo hasta el día 30 de septiembre de 2011, dando lugar a la prescripción de las

Pensión de Jubilación reconocida se hizo exigible el 11 de agosto de 1999 y el recurso de reposición con la documentación completa fue pr esentado solo hasta el día 30 de septiembre de 2011, dando lugar a la prescripción de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 30 de septiembre de 2008, por lo que el resuelve quedo así: “" ARTICULO SEGUNDO: Reconocer y ordenar el pago a favor del (a) señor (a) MOSQUERA ABADIA CESAR, ya identificado (a), de una pensión mensual vitalicia de vejez, en cuantía de $756,725 (SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE), efectiva a partir del 11 de agosto de 1999, pero con efectos fiscales a partir del 30 de septiembre de 2008 por prescripción trienal.».

Como excepciones, propuso las de falta de requisitos pensionales o inexistencia de obligación y prescripción.

3. La sentencia de primera instancia.4

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El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia proferida el veinte (20) de junio dos mil veinticuatro (2024) negó las pretensiones de la demandada, al establecer que: «Como puede verse, la entidad se plegó al texto del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y se ajustó a la jurisprudencia citada del H. Consejo de Estado, pues tuvo en cuenta para conformar el Ingreso Base de Liquidación -IBL-, el salario mensual devengado por el demandante desde el año de 1986 hasta marzo de 1992,

Estado, pues tuvo en cuenta para conformar el Ingreso Base de Liquidación -IBL-, el salario mensual devengado por el demandante desde el año de 1986 hasta marzo de 1992, incluyendo allí la bonificación por servicios prestados devengada en los años de 1990 y 1991, valores que actualizó para el 1° de enero de 1999, con base en los IPC aplicables desde 1986 hasta 1998, y con dichos valores conformó el IBL de $1.008.966, que al aplicarle la tasa d e remplazo arrojó la suma de $756.725 que reconoció a partir del 11 de agosto de 1999, momento a partir del cual también lo fue actualizando.»

Para concluir, que «[…] no habrá lugar a indexar la primera mesada pensional del señor CESAR MOSQUERA ABADÍA, ya que los valores devengados por el accionante desde el año 1986 hasta marzo de 1992 y que fueron tenidos en cuenta para liquidar la pensión vitalicia de vejez que le fue reconocida mediante la Resolución No. UGM 043192 del 20 de abril de 2012, fueron indexados en debida forma.».

Condenó en costas a la demandante.

4. El recurso de apelación.

La parte demandante, por conducto de su apoderad a, solicitó revocar la decisión adoptada por el a quo y en tal virtud, acceder a las pretensiones del escrito introductorio. Al respecto sostiene que, tiene derecho a que se indexen los salarios y factores salariales recibidos durante el año 1994, e igualmente, afirma que en el expediente reposan las pruebas suficientes para probar que la primera mesada pensional no fue indexada y tampoco las remuneraciones que recibió en ese lapso.

afirma que en el expediente reposan las pruebas suficientes para probar que la primera mesada pensional no fue indexada y tampoco las remuneraciones que recibió en ese lapso.

En común con lo dicho, agrega que «[e]n la Resolución 900055 de 2003, al momento de liquidar la prestación no se actualizó el valor de la primera mesada, teniendo en cuenta que […] adquirió el estatus de pensionado el 16/03/2002, fecha en la que cumplió la edad requerida para pensionarse 55 años y que la liquidación de la mesada pensional con los salarios y factores salariales devengados […] durante el último año de servicios con la C.V.C., (Enero 1 de 1994 a diciembre 31 de 1994), ( folio 126 y 127 del expediente pensional), se realizó sin realizar la indexación del ingreso base de liquidación al año 2002, lo que implic ó que […] recibiera una pensión empobrecida por el efecto de la inflación, toda vez que el valor que les arrojó la liquidación inicial de pensión de $952.784, fue con la base salarial percibida al año 1994., (hoja de Prueba obrante a folio 137 del expediente pensional), vulnerando de maner a5

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injustificada los derechos fundamentales, a La Seguridad Social, dignidad humana, debido proceso, principio de favorabilidad e igualdad».

Asimismo, expresó que en la sentencia objeto de censura se aplicó el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, desconociendo el contenido en el parágrafo 2 de la Ley 33 de 1985.

5. Alegatos de conclusión.

de transición de la Ley 100 de 1993, desconociendo el contenido en el parágrafo 2 de la Ley 33 de 1985.

5. Alegatos de conclusión.

Mediante auto del 25 de julio de 2024, fue concedido el recurso de apelación por parte del Tribunal y con providencia de 7 de octubre siguiente, el despacho sustanciador lo admitió conforme al artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 2. Oportunidad desaprovechada por las partes para presentar sus escritos y el Ministerio Público para rendir concepto, según constancia secretarial de 8 de noviembre de 2024.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)3, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

Sin embargo, es del caso también abordar por esta Sala el estudio del reajuste de la pensión a la luz del régimen de transición del parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985.

Si bien en la demanda se alude a la indexación de la primera mesada

2 Visible a índice 7 de la herramienta electrónica Samai. 3 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»6

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pensional, frente a lo cual se hace un análisis concreto tanto en los hechos como en las pretensiones, se advierte también una reclamación de la pensión conforme la transición de la Ley 33 de 1985.

El plenario da cuenta que el Tribunal cuando fijó el litigio en el plenario solo tuvo presente lo de la indexación de la primera mesada. Es así que en el auto del 31 de marzo de 2022 se dijo:

“De otro lado, en cuanto a la fijación del litigio, se destaca que, de conformidad con lo solicitado en las pretensiones de la demanda, el litigio se centrará en determinar, en primer lugar, si son nulos o no, los siguientes actos administrativos:

“De otro lado, en cuanto a la fijación del litigio, se destaca que, de conformidad con lo solicitado en las pretensiones de la demanda, el litigio se centrará en determinar, en primer lugar, si son nulos o no, los siguientes actos administrativos: - Resolución RDP 001021 del 16 de enero de 2018, emitida por la UGPP, mediante la cual se niega la reliquidación de pensión solicitada por el señor CESAR MOSQUERA ABADIA. - Resolución RDP 014021 del 20 de abril de 2018, proferida por le UGPP, mediante la cual se confirma la resolución anterior. - Auto ADP 003791 del 6 de junio de 2019, emitido por la UGPP, mediante el cual se confirman las resoluciones anteriormente citadas. En caso de prosperar la pretensión anterior, a título de restablecimiento del derecho, se establecerá si hay lugar o no a condenar a la entidad demandada a indexar la primera mesada pensional del 1 de febrero de 1992 al 30 de julio de 1999, reajustando el pago de las mesadas cubiertas a partir del 1 de enero del 2000. Así como a pagar las diferencias pensionales causadas entre la fecha del otorgamiento de la pensión y la fecha de ejecutoria de la sentencia, y las costas del proceso.”

Es decir , a partir de esta fijación el Tribunal resolvió el asunto solo en lo pertinente a la indexación.

Mas adelante, en el recurso de apelación, el demandante enrostró que el Tribunal de instancia no realizó un estudio de la situación pensional del demandante a la luz del régimen de transición de la Ley 33 de 1985:

Mas adelante, en el recurso de apelación, el demandante enrostró que el Tribunal de instancia no realizó un estudio de la situación pensional del demandante a la luz del régimen de transición de la Ley 33 de 1985:

6. Sin embargo, la sentencia objeto de impugnación aplica el régimen de transición de la ley 100/93, desconociendo el régimen de transición de la ley 33/85 y aplica el régimen de transición en la ley 100/93 contenida en su art. 36, cuando esta norma en ningún momento se aplica pensión de jubilación sino pensión de vejez desconociendo el principio de que el régimen de transición es un derecho adquirido.

7. Sin embargo, a mi mandante no se le respecta (sic) su régimen de transición y no hay una explicación el régimen de transición de la ley 100/93, cuando todo sabemos que se le debe aplicar el principio de la condición más beneficiosa y el juez al momento de aplicar queda atado de al principio de la condición más beneficiosa, él no está facultado para elegir.

8. Igualmente, en lo que tiene que ver con la pensión de jubilación que aplicar la ley 33 de 1985 y no la del art. 27 del decreto 3135/68.

9. Dado que no se le respeto la voluntad de mi mandante de escoger la pensión de jubilación más favorable.

Por tal razón estima la Sala que, en el presente asunto, además de abordarse el tema de la indexación de la primera mesada pensional, se debe estudiar lo relativo al régimen de transición de la Ley 33 de 1985.7

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relativo al régimen de transición de la Ley 33 de 1985.7

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Esta decisión se adopta a partir de l deber que le asiste al Juez según el numeral 5 del artículo 42 del CGP:

«Deberes del juez. Son deberes del juez: …

5. Adoptar las medidas autorizadas en este código para sanear los vicios de procedimiento o precaverlos, integrar el litisconsorcio necesario e interpretar la demanda de manera que permita decidir el fondo del asunto. Esta interpretación debe respetar el derecho de contradicción y el principio de congruencia.»

Lo cual va de la mano con el objeto de la Jurisdicción según el artículo 103 del CPACA: «…la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y la preservación del orden jurídico.»

Derechos que en este caso corresponden a un sujeto de especial protección constitucional como es el accionante, pues es una persona que tiene más de ochenta (80) años de edad; por lo tanto, no se acompasa con su condición que esté sometido nuevamente a un proceso judicial cuando no se estudió su reclamación pensional, que fue formulada desde la demanda.

Es así que e l plenario da cuenta que, en la contestación de la demanda , la entidad se refirió al punto concerniente a la Ley 33 de 1985 . Es así que en la demanda el accionante se refirió a ello en los hechos 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21 y 22.

entidad se refirió al punto concerniente a la Ley 33 de 1985 . Es así que en la demanda el accionante se refirió a ello en los hechos 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21 y 22.

La UGPP, cuando se pronunció sobre esos hechos puntualmente, indicó:

«…

9. No es cierto, debe probarse. 10.No es cierto, debe probarse. 11.No es cierto, debe probarse. 17.No es cierto son apreciaciones de la parte actora que debe probar. 18.Es cierto. 19.Es cierto. 20.No es cierto son apreciaciones de la parte actora. 21.No es cierto son apreciaciones de la parte actora que debe probar. 22.No es cierto son apreciaciones de la parte actora que debe probar.»8

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Lo anterior implica que la entidad conocía también del requerimiento formulado por el accionante en lo referente a que era beneficiario del régimen de transición de la Ley 33 de 1985, desde que se le notificó la demanda y por ello se opuso.

De suerte que el estudio que se hará en esta sede no la sorprende a la UGPP porque ya se manifestó sobre ello en la contestación, y por el contrario permite resolver el requerimiento que preliminarmente se había planteado.

2. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, le corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal Administrativo del Cesar. Para el efecto se analizará si al accionante le asiste

2. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, le corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal Administrativo del Cesar. Para el efecto se analizará si al accionante le asiste derecho o no a que le sea indexada su primera mesada pensional comoquiera que su pensión de jubilación le fue liquidada con lo devengado durante el último año de servicios ( 1º de febrero de 1991 al 1 de febrero de 1992 ), pero el reconocimiento se hizo efectivo a partir 1 de enero de 2000.

Igualmente, se estudiará si el accionante es b eneficiario del régimen de transición de la Ley 33 de 1985 y por consiguiente su pensión debe liquidarse

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial; 2.2. Hechos probados; y 2.3. Caso concreto.

2.1 Marco normativo y jurisprudencial . En punto a la resolución del problema jurídico planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso concreto.

Si bien la normativa no contempla la actualización de la base salarial para el reconocimiento y pago de pensiones, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha aceptado que en economías inestables como la nuestra el mecanismo de la indexación de las obligaci ones dinerarias se convierte en un factor de equidad y de justicia, que permite el pago del valor real de las acreencias, pues cualquier reconocimiento sin tener en cuenta el aumento de valor del dinero,9

la indexación de las obligaci ones dinerarias se convierte en un factor de equidad y de justicia, que permite el pago del valor real de las acreencias, pues cualquier reconocimiento sin tener en cuenta el aumento de valor del dinero,9

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resulta inequitativo porque es indiscutible en algunos casos la pérdida del valor adquisitivo que ocurre entre la fecha en que el pensionado se retira del servicio y la fecha en que adquiere el estatus pensional y/o se reconoce la pensión, lo que hace que la prestación se liquide con montos empobrecidos.

En efecto, en sentencia de 15 de noviembre de 1995 esta sección, expediente 7760, con ponencia del doctor Joaquín Barreto Ruiz, consideró que la indexación no solo tiene un sustento legal en materia contenciosoadministrativa, sino que es un acto de equidad, cuyo soporte constitucional se encuentra en el artículo 230, en armonía con aquellos conceptos de la Carta Política que le asignan a las autoridades la función de asegurar el cumplimiento de los fines sociales del Estado, el respeto a la dignidad humana y al trabajo, dentro de la vigencia de un orden justo, por lo que no disponer el ajuste sería no solo un agravio a la integridad patrimonial de quien ha resultado triunfante en el ejercicio de la acción judicial, sino también un enriquecimiento sin causa d e quien en su negativa de reconocer oportunamente sus obligaciones, resulta haciendo a la postre una erogación menor a la que debía efectuar si hubiese cancelado en tiempo su obligación.

Agrega que la indexación legal obedece al reconocimiento del hecho n otorio

obligaciones, resulta haciendo a la postre una erogación menor a la que debía efectuar si hubiese cancelado en tiempo su obligación.

Agrega que la indexación legal obedece al reconocimiento del hecho n otorio de la constante y permanente devaluación de la moneda, que, tratándose de servidores del Estado, castiga y disminuye en forma continua el poder adquisitivo de sus ingresos.

Por su parte, la Corte Constitucional, en sentencia SU-120 de 2003, precisó:

“La Corte encuentra, entonces, i) que no existe normativa que establezca con precisión la base para liquidar la pensión de jubilación de quien se retire o sea retirado del servicio sin cumplir la edad requerida –el inciso segundo del artículo 260 del C.S.T no la precisa -; ii) que ninguna disposición ordena indexar ésta base salarial expresamente; iii) que no existe precepto que excluya o prohíba tal indexación.

No obstante existe un principio constitucional claro, esto es que el ‘Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales’ –artículo 53 C.P., y suficientes disposiciones del ordenamiento que denotan un afán permanente del legislador por compensar la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones.

En este orden de ideas, incumbe al juez confrontar la situación concreta de las personas que aspiran a acceder a la pensión en las condiciones anotadas y remediar la injusticia que se deriva de la omisión legislativa anotada, obrando en todo conforme lo habría hecho el legislador, de haber considerado la situación específica, es decir conforme con la Constitución Política.10

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en todo conforme lo habría hecho el legislador, de haber considerado la situación específica, es decir conforme con la Constitución Política.10

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De modo que en su misión de determinar el referente para resolver las situaciones planteadas por los accionantes, sobre la base salarial para liquidar la primera mesada pensional, la accionada tenía que proceder como lo indican las normas relativas al tema, como quiera que el legislador de haber considerado las particularidades que los actores afrontan habría optado por la indexación d el promedio de los salarios devengados en el último año de servicios –artículo 260 C.S.T-, o por el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios o rentas sobre las cuales el afiliado cotizó durante los 10 años anteriores al reconocimiento, según el caso.

Lo anterior porque i) así acontece con el trabajador que es despedido después de diez o más años de trabajo, sin poder aspirar a una mesada pensional, ii) ésta es la solución adoptada por la ley para liquidar las pensiones, reajustes y sustituciones de los excongresistas, y iii) esto ocurre con las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes del sector público del orden nacional, financiadas con recursos del presupuesto nacional, del Instituto de Seguros Sociales, así como las de los pensionados de las Fuerzas Armadas Militares y de la Policía Nacional.

Dado que la equidad, la jurisprudencia constitucional y los principios generales del derecho laboral indican que los espacios dejados por el legislador, no

Militares y de la Policía Nacional.

Dado que la equidad, la jurisprudencia constitucional y los principios generales del derecho laboral indican que los espacios dejados por el legislador, no pueden ser llenados por el j uzgador a su arbitrio, por su mera voluntad, sino consultando los criterios auxiliares de la actividad judicial –artículo 230 C.P.-. […]

b) Respecto del derecho constitucional de los pensionados a mantener el poder adquisitivo de su mesada pensional, la jurisprudencia indica: […]

• Que cuando el valor actual de la pensión y el valor inicial de la misma arrojan una diferencia a favor del trabajador, los obligados deben reintegrar lo dejado de pagar, para que ‘quienes con el paso de los años han visto aminorar el poder adquisitivo de su pensión (..)’ logren compensar el desmedro patrimonial sufrido (...) porque (...) el ente estatal debe permanecer vigilante de los derechos de los pensionados, sin distingo de su capacidad económica, debido a que integran uno de los grupos sometidos a su especial protección (...)’…

[…]

En suma, al decidir sobre la procedencia de indexar la primera mesada pensional, los jueces no pueden desconocer la necesidad de mantener el equilibrio en las relaciones de trabajo y el valor adquisitivo de las pensiones como lo indican los artículos 53 y 230 de la Carta Política. Y tampoco pueden apartarse del querer legislador, para quien ha sido una preocupación constante regular el monto y la oportunidad de los reajustes pensionales.

[…] [subraya la Sala].”

Tal actualización resulta procedente no solo por vía judicial, sino también en sede administrativa, comoquiera que es un beneficio legal que garantiza los

regular el monto y la oportunidad de los reajustes pensionales.

[…] [subraya la Sala].”

Tal actualización resulta procedente no solo por vía judicial, sino también en sede administrativa, comoquiera que es un beneficio legal que garantiza los principios de equidad y justicia, en virtud de los cuales se conserva la capacidad adquisitiva de la mesada pensional, pues lo contrario implicaría un11

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detrimento en su valor. Así lo ha estimado esta Corporación4, en los siguientes términos:

“En el caso objeto de examen no existe normatividad alguna que establezca la actualización de las sumas que en vía gubernativa paga la administración a sus administrados en forma morosa.

Y si bien, la administración no está facultada para sufragar sumas a dicionales a las que por ley le corresponde, no pueden desconocerse mandatos preconizados en la Constitución de 1991, contenidos en el artículo 53, al tenor del cual dentro de los principios mínimos fundamentales del derecho al trabajo se encuentran la remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo. Ello es entonces una expresión de equidad que impone que el pago del salario debe ser oportuno, dada la inflación y la consecuente pérdida del poder adquisitivo, que hace imperioso el pago del salario en forma concomitante con el desarrollo de la relación laboral, dentro de los períodos concebidos para tal fin.

Como lo ha sostenido la Sala, el ajuste de valor obedece al hecho notorio de la constante y permanente devaluación d e la moneda de nuestro país, que

concebidos para tal fin.

Como lo ha sostenido la Sala, el ajuste de valor obedece al hecho notorio de la constante y permanente devaluación d e la moneda de nuestro país, que disminuye en forma continua el poder adquisitivo del ingreso, por lo que disponer la indexación, en casos como el presente, es una decisión ajustada a la ley y un acto de equidad, cuya aplicación por parte del juez encuentr a sustento en nuestro máximo ordenamiento jurídico, como expresamente lo consagra el artículo 230 de la Carta.

No hay duda entonces que tiene aplicación el principio “pro operatio” a que alude el artículo 230 Superior, que consagra la equidad como un cri terio del que se auxilia el sentenciador para fundar su decisión.

Actualizar el pago de las sumas que la administración debía a la parte actora y que canceló tiempo después de su causación, es la única forma de impedir que la demandante se vea obligada a percibir un ingreso devaluado, de manera que represente el valor real al momento de su pago efectivo ; por ello, se debe reconocer que las sumas no canceladas en tiempo sufrieron los rigores del deterioro inflacionario. Lo contrario implica desconocer no so lo el hecho palmario de la inflación, sino desoír claros principios de equidad. Esta Corporación ha venido decantando estos criterios, variando la jurisprudencia que otrora existía.

[…] No se trata de meros con