CE - Sentencia 20001233300020200074101 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero de Estado: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 20001-23-33-000-2020-00741-01 (0037-2025)1

Demandante: Aril Antonio Murillo Perea

Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 2080 de 2021

Tema: Reconocimiento de pensión gracia Decisión: Recurso de apelación, sentencia de segunda instancia

Asunto La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 14 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que negó las pretensiones de la demanda. Para el efecto, se tendrán en cuenta los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. La demanda.

1.1. Pretensiones.

El señor Aril Antonio Murillo Perea, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo C ontencioso Administrativo (CPACA), para solicitar la nulidad de las resoluciones RDP 015814 del 8 de julio de 2020, RDP 019523 del 28 de agosto de 2020 y RDP 022548 del 2 de

para solicitar la nulidad de las resoluciones RDP 015814 del 8 de julio de 2020, RDP 019523 del 28 de agosto de 2020 y RDP 022548 del 2 de

1 Expediente digital, puede ser consultado en Samai Consejo de Estado2

Numero interno: 0037-2025

Demandante: Aril Antonio Murillo Perea

Demandado: UGPP

octubre de 2020, por medio de las cuales la UGPP negó el reconocimiento de la pensión gracia.

A título de restablecimiento del derecho, el demandante solicitó que se declare que tiene el derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia de jubilación, con la inclusión de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios, s e condene a la UGPP a cumplir la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA, así como al pago de intereses; y se disponga la indexación de las sumas reconocidas y el pago de costas y agencias en derecho.

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

El demandante indicó que nació el 25 de abril de 1954 e inició su labor docente en el departamento de Cesar el 17 de julio de 1978.

El señor Murillo Perea puso de presente que prestó sus servicios como educador, por más de 20 años, funciones que desempeñó con honestidad, idoneidad y buen crédito, a través de las siguientes vinculaciones y tiempos:

• Desde el 17 de julio de 1978 hasta el 31 de agosto de 1981. - Desde el 1° de septiembre de 1981 hasta el 30 de diciembre de 2019, con lo que acumuló más de 40 años de servicios como docente.

• Desde el 17 de julio de 1978 hasta el 31 de agosto de 1981. - Desde el 1° de septiembre de 1981 hasta el 30 de diciembre de 2019, con lo que acumuló más de 40 años de servicios como docente.

El accionante informó que en diferentes ocasiones ha solicitado el reconocimiento y pago de la pensión gracia de jubilación, la última el 11 de marzo de 2020 y la entidad, a t ravés de la Resolución RDP 015814 del 8 de julio de 2020 negó la prestación.

1.2. Concepto de violación.

El demandante refirió que los actos demandados vulneraron los artículos 1, 2,3,6,13, 25 y 53 de la Constitución Política. La Ley 4ª de 1966 ; los decretos 81 de 1976, 1848 de 1969, 1045 de 1978 y 10 de 1984; la Ley 114 de 1913; el Decreto 1160 de 1998; los artículos 11 y 36 de la Ley 100 de 1993, y el Decreto 1048 de 1978.3

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Demandante: Aril Antonio Murillo Perea

Demandado: UGPP

El señor Murillo Pera argumentó que la entidad no tuvo en cuenta el tip o de vinculación con la que se desempeñó como docente, con lo que desconoció los postulados del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, además del principio de favorabilidad consagrado en la Constitución Política.

2. Contestación de la demanda2

La accionada se opuso a las pretensiones de la demanda. Afirmó que una vez

favorabilidad consagrado en la Constitución Política.

2. Contestación de la demanda2

La accionada se opuso a las pretensiones de la demanda. Afirmó que una vez verificado el expediente administrativo se acreditó que no hay lugar al reconocimiento de la pensión gracia a favor del demandante por cuanto no se demostró el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley, en concreto, la vinculación como maestro en un ente territorial al 31 de diciembre de 1980.

La UGPP sostuvo que con las certificaciones aportadas se pudo concluir que la vinculación del señor Aril Murillo Perea es de carácter nacional y, por ello, no es posible acceder al reconocimiento de la prestación deprecada.

La entidad propuso como excepciones las que denominó: falta de requisitos pensionales o inexistencia de la obligación demandada y prescripción.

3. La sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo de l César, mediante sentencia proferida el 14 de noviembre de 20243, negó las pretensiones de la demanda, sin condena en costas.

El Aquo consideró que, de la revisión de los diferentes certificados aportados al proceso es claro concluir que el demandante tuvo una única vinculación y la entidad nominadora fue el Ministerio de Educación Nacional, por consiguiente, el cargo tuvo una connotación de nacional, de acuerdo con el artículo 1° de la Ley 91 de 1989.

En efecto, el tribunal encontró que «las probanzas que militan en el expediente permiten evidenciar, que el acto administrativo de nombramiento inicial

2 Expediente digital índice 2 Samai 3 Expediente digital.4

Numero interno: 0037-2025

permiten evidenciar, que el acto administrativo de nombramiento inicial

2 Expediente digital índice 2 Samai 3 Expediente digital.4

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Demandante: Aril Antonio Murillo Perea

Demandado: UGPP

(Resolución No. 9780 del 17 de julio de 1978), fue proferido por el M inisterio de Educación Nacional, no evidenciándose más actos administrativos de nombramientos, sólo certificaciones en donde se dejaba constancia que a través de otras resoluciones fue comisionado como rector, además que la plaza a ocupar, fue en el Colegi o Cooperativo de Bosconia, en la Institución Educativa Técnico Agropecuario de San José de Oriente del Municipio de La Paz., y, en el I.E Integrada Montelíbano en el Municipio de El Copey, Cesar»

En la sentencia, el tribunal de instancia precisó que de acuerdo con la norma y la jurisprudencia e n cuanto al presupuesto de tiempo de servicios, sólo es posible el reconocimiento de la pensión gracia a los docentes que acrediten haber prestado sus servicios por 20 años, en planteles departamentales, distritales o municipales (territoriales y/o nacionalizado), no siendo posible computar períodos cuya naturaleza del cargo sea nacional, tema que ha quedado zanjado por el precedente vertical de esta jurisdicción, en sede incluso de unificación a lo largo de los años.

En relación al presunto derecho adquirido que alegó la parte demandante, el tribunal precisó que tanto la doctrina como la jurisprudencia han entendido, que éste es aquél que ha entrado al patrimonio de una persona natural o

En relación al presunto derecho adquirido que alegó la parte demandante, el tribunal precisó que tanto la doctrina como la jurisprudencia han entendido, que éste es aquél que ha entrado al patrimonio de una persona natural o jurídica y que hace parte de él, y que por lo mismo, no puede ser arrebatado o vulnerado por quien lo creó o reconoció legítimamente, como lo que ocurre cuando una persona ha satisfecho los requisitos de edad y tiempo de servicio o número de semanas cotizadas, exigidas por la le y para acceder a una pensión de jubilación o de vejez, pues en ese momento surge el derecho adquirido de gozar de la misma, no obstante, cuando una persona no cumple la totalidad de los requisitos pensionales, tales como el tiempo de servicio o no ha llega do a la edad prevista en la norma legal, no tiene un derecho adquirido, sino que se ubica apenas en una simple expectativa de alcanzarlo en el momento de reunir la condición faltante.

Finalmente, el fallo cuestionado concluyó que, el demandante no completó 20 años de servicios con vinculación territorial o nacionalizada, por ello, los actos acusados se encuentran ajustados a derecho.5

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Demandante: Aril Antonio Murillo Perea

Demandado: UGPP

4. El recurso de apelación.

La parte demanda nte solicitó revocar la sentencia de primera instancia 4. Afirmó que el tribunal desconoció la fecha inicial de vinculación del demándate al colegio Cooperativo del corregimiento de Bosconia (1978), el tipo de plaza a ocupar y el tiempo laborado como docente.

Afirmó que el tribunal desconoció la fecha inicial de vinculación del demándate al colegio Cooperativo del corregimiento de Bosconia (1978), el tipo de plaza a ocupar y el tiempo laborado como docente.

Manifestó que, es cierto que el demandante, según la Resolución 9780 del 17 de julio de 1978, fue nombrado por intermedio del Ministerio de Educación Nacional, como profesor de enseñanza secundaria, sin categoría en el escalafón docente, en el Colegio Cooperativo del corregimiento de BosconiaCesar, también lo es que la plaza a ocupar , como consta en el acta de posesión suscrita ante la secretaria de la Alcaldía Municipal del Copey (Cesar), era exclusivamente para el municipio del Cesar.

El apelante trascribió apartes de la sentencia de unificación SUJ.11/ 18 del 21 de junio de 2018, en lo relacionado con la naturaleza jurídica de los recursos transferidos o cedidos por la Nación a las entidades territoriales, de acuerdo con el antiguo situado fiscal.

El demandante indicó que, no se valoraron adecuadamente los documentos aportados, así: «El defecto fáctico por no valoración de pruebas se presenta “cuando el funcionario judicial omite considerar elementos probatorios que constan en el proceso, no los advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar su decisión y, en el caso concreto, resulta evidente que, de haberse realizado su análisis y valoración, la solución del asunto jurídico debatido habría variado sustancialmente”. No obstante, lo anterior, la Corte ha reconocido que en la valoración del acervo probatorio el análisis que pueda realizar el juez constitucional es limitado, en tanto quien puede llevar a cabo un mejor y más completo

la Corte ha reconocido que en la valoración del acervo probatorio el análisis que pueda realizar el juez constitucional es limitado, en tanto quien puede llevar a cabo un mejor y más completo estudio es el juez natural debido al principio de inmediación de la prueba ».

5. Trámite del recurso de apelación

Mediante auto del 1 de abril de 2025 5, el despacho sustanciador admitió el recurso de apelación y precisó que como el asunto del epígrafe se rige por la Ley 2080 de 25 de enero de 2023, de acuerdo con el numeral 4 del artículo

4 Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai, archivo «EXPEDIENTE DIGITAL» índice 2. 5 Índice 4 aplicativo Samai6

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Demandante: Aril Antonio Murillo Perea

Demandado: UGPP

247 del CPACA, no corrió traslado para alegar de conclusión.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 6, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, le corresponde a la Sala establecer si ¿cumple los requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913 para ser beneficiario de la pensión gracia?

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, le corresponde a la Sala establecer si ¿cumple los requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913 para ser beneficiario de la pensión gracia?

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión gracia; 2.2. La incorporación de los profesores a los entes territoriales, en virtud de la descentralización de la educación pública; 2.3. Hechos probados; y 2.4. Caso concreto.

2.1. Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión gracia.

En principio, debe señalarse que la pensión gracia se considera una prestación especial otorgada a los docentes estatales territoriales, como reconocimiento a su esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al servicio de la actividad educativa cumplida durante un lapso no inferior a 20 años, entre otras exigencias. Su regulación normativa se condensa en los siguientes párrafos:

6 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se p odrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»7

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Demandante: Aril Antonio Murillo Perea

Demandado: UGPP

El artículo 1º de la Ley 114 de 19137 consagró por primera vez la pensión gracia:

«Los Maestros de Escuelas Primarias Oficiales que hayan servido en el Magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente Ley».

El numeral 3 del artículo 4 de la citada Ley determina que, para gozar de la gracia de la pensión, es preciso que el interesado compruebe «[q]ue no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional […]».

De acuerdo con los antecedentes normativos, en concepto de la Sala, el propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que recibían los profesores de primaria en las entidades territor iales respecto de las asignaciones que recibían los docentes vinculados directamente con la Nación; tal diferencia surgía porque, en virtud de la Ley 39 de 1903 8, la educación pública primaria estaba en cabeza de los municipios o

las asignaciones que recibían los docentes vinculados directamente con la Nación; tal diferencia surgía porque, en virtud de la Ley 39 de 1903 8, la educación pública primaria estaba en cabeza de los municipios o departamentos, en tanto que la secundaria lo era a cargo de la Nación.

Posteriormente, la Ley 116 de 1928 9 amplió el beneficio de la pensión gracia a los maestros de escuelas normales e inspectores de instrucción, así:

«Artículo 6º. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a la jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a ésta complementan. Para el cómputo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria como en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección».

Al remitirse la norma transcrita a la Ley 114 de 1913, dejó incólume la exigencia de no recibir otra pensión de carácter nacional p ara poder acceder a la pensión gracia de jubilación, es decir, mantuvo la prohibición establecida en la Constitución Nacional de 1886 de recibir doble asignación del erario, limitación que también consagra el artículo 128 de la Carta actual10.

7 «[Q]ue crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela». 8 «[S]obre Instrucción Pública». 9 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927». 10 «ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una

8 «[S]obre Instrucción Pública». 9 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927». 10 «ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte may oritaria el8

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Demandante: Aril Antonio Murillo Perea

Demandado: UGPP

La Ley 37 de 193311 tampoco introdujo modificaciones a los presupuestos contenidos en las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, pero hizo extensiva la pensión de gracia a los profesores que prestaran sus servicios en el nivel secundario.

La Corte Constitucional, en senten cia C-479 de 9 de septiembre de 1998 12, con ocasión de demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º (parcial) y 4 (numeral 3) de la Ley 114 de 1913, expresó:

«En cuanto al aparte acusado del numeral 3 del artículo 4 de la ley 114 de 1913, que co nsagra como requisito para gozar de la pensión de gracia el no haber recibido ni recibir actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional, no encuentra la Corte que viola la Ley Suprema, concretamente el principio de igualdad, pues el legislador, en virtud de las facultades que la misma Carta le confiere, es competente para regular los aspectos relativos a la pensión, incluyendo, obviamente, las condiciones para acceder a ella.

Por otra parte, es pertinente señalar que los recursos económicos del Estado

confiere, es competente para regular los aspectos relativos a la pensión, incluyendo, obviamente, las condiciones para acceder a ella.

Por otra parte, es pertinente señalar que los recursos económicos del Estado para satisfacer el pago de prestaciones sociales no son infinitos sino limitados y, por tanto, es perfectamente legítimo que se establezcan ciertos condicionamientos o restricciones para gozar de una pensión de jubilación. En este orden de ideas, l a norma parcialmente acusada, tiene una justificación objetiva y razonable, pues lo único que pretende es evitar la doble remuneración de carácter nacional y así garantizar el precepto constitucional vigente desde la Constitución de 1886 (art. 34), reprodu cido en la Carta de 1991 (art. 128), sobre la prohibición de recibir doble asignación del Tesoro Público, salvo las excepciones que sobre la materia establezca la ley».

A raíz del proceso de nacionalización de la educación ordenado por la Ley 43 de 197513, los profesores de primaria y secundaria quedaron vinculados a la Nación, como lo dispuso esta normativa, «[l]a educación primaria y secundaria oficial será un servicio público a cargo de la Nación ». Como consecuencia de esta transformación, ya no existirí an diferencias salariales entre los distintos docentes del sector oficial.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 15 (ordinal 2º), respecto

Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndase por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas». 11 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».

las entidades territoriales y el de las descentralizadas». 11 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados». 12 M. P. Carlos Gaviria Díaz. 13 «[P]or la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».9

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Demandante: Aril Antonio Murillo Perea

Demandado: UGPP

de las pensiones, preceptuó:

«(…)

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de e star esta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1º de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se rec onocerá solo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos

cuando se cumplan los requisitos de ley, se rec onocerá solo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.»

Las normas trascritas permiten concluir que el legislador acabó con el reconocimiento de la pensión gracia; seguramente por la razón antes enunciada, esto es, por quedar todos los docentes vinculados con la Nación.

Por ello, se acata el criterio expuesto por la sala plena de esta Corporación en fallo de 26 de agosto de 1997, en el sentido de que el artículo 15 (numeral 2) de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio, para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la p ensión gracia, en tratándose de los docentes nacionalizados.

En la aludida providencia el Consejo de Estado sostuvo:

«(…) La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requ isitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad “[...] con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación”, hecho que modificó la Ley 114 de10

compatibilidad “[...] con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación”, hecho que modificó la Ley 114 de10

Numero interno: 0037-2025

Demandante: Aril Antonio Murillo Perea

Demandado: UGPP

1913 para dichos docentes, en cuanto ésta señalaba que no podía disfrutar de la pensión gracia quien recibiera “[…] otra pensión o recompensa de carácter nacional».

(…)

5. La norma pretranscrita, sin duda, regula una situación transitoria, pues su propósito, como se ve, no es otro que el colmar las expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales.

6. De lo anterior se desprende que para los docentes nacionalizados que se hayan vinculado después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no existe la posibilidad del reconocimiento de tal pensión, sino de la establecida en el literal B del mismo precepto, o sea la “[…] pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año”, que se otorgará por igual a

docentes nacionales o nacionalizados (literal B, No.2, artículo 15 Ib.) hecho que indica que el propósito del legislador fue ponerle fin a la pensión gracia.

También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de

También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia […] siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y, por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley14.»

Recientemente, la sección segunda de esta colegiatura se ocupó de dilucidar la interpretación aplicable de la letra a del numeral 2 del artículo 15 de la mencionada Ley 91 de 1989, mediante sentencia de unificación SUJ-030-CES2-2021 de 11 de agosto de 2022, expediente 15001-23-33-000-2016-0027801 (3018-2017), en la que se fijó la siguiente regla en torno al tema, así:

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de di ciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento.»

14 Expediente S-699 del 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón, magistrado ponente Nicolás Pájaro

demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento.»

14 Expediente S-699 del 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón, magistrado ponente Nicolás Pájaro Peñaranda.11

Numero interno: 0037-2025

Demandante: Aril Antonio Murillo Perea

Demandado: UGPP

Lo anotado, al considerar que, como lo coligió la Corte Constitucional en fallo SU-14 de 202015, esa disposición

«[…] «solo tiene una lectura posible, est o es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación [después del 29 de diciembre de 1989,] siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989».

De acuerdo con las anteriores normativa y jurisprudencia, nótese que en criterio de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado resulta dable conceder la pensión gracia a quien, pese a colmar los requisitos con posterioridad al 29 de diciembre de 1989 (entrada en vigor de la Ley 91 de ese año), sirvió al sector educativo antes del 31 de diciembre de 1980, umbral que precisamente previó el legislador como plazo máximo para iniciar tales labores

posterioridad al 29 de diciembre de 1989 (entrada en vigor de la Ley 91 de ese año), sirvió al sector educativo antes del 31 de diciembre de 1980, umbral que precisamente previó el legislador como plazo máximo para iniciar tales labores y, por ende, ser acreedor de esa prestación.

En relación con la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, letra b, de la Ley 91 de 1989, la Corte Constitucional, en sentencia C -84 de 17 de febrero de 1999, expuso:

«(…)

Los apartes acusados de la norma demandada, son exequibles.

3.2.1. De la propia evolución histórico-legislativa de la vinculación laboral de los “docentes oficiales”, aparece claro que, en razón de la Ley 43 de 1975, tanto la educación primaria como la secundaria oficial constituyen “un servicio a cargo de la Nación”, lo que significa que culminado el tránsito entre el régimen anterior y el establecido por dicha ley, el 31 de diciembre de 1980, no subsistió la antigua distinción entre docentes nacionales y territoriales, pues todos pasaron a ser pagados con dineros de la Nación, por co nducto de los Fondos Educativos Regionales (FER), girados por concepto del situado Fiscal.

Por ello, con la expedición por el Congreso de la Ley 91 de 1989, en su artículo 15, numeral 2º, literal A, se dispuso que quienes venían vinculados como docentes oficiales hasta el 31 de diciembre de 1980 y por mandato de las

15 M. P. José Fernando Reyes Cuartas.12

Numero interno: 0037-2025

Demandante: Aril Antonio Murillo Perea

docentes oficiales hasta el 31 de diciembre de 1980 y por mandato de las

15 M. P. José Fernando Reyes Cuartas.12

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Demandante: Aril Antonio Murillo Perea

Demandado: UGPP

leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y, para entonces “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia”, continuarían con ese derecho, para que la misma le fuere reconocida con e l lleno de los requisitos legales correspondientes. (…) Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la “nacionalización” de la educación primaria y secundaria oficial decretada por la Ley 43 de 1975 para ser cumplida en un período de cinco años, es decir hasta el 31 de diciembre de 1980, existían dos categorías de docentes oficiales, a saber: los nacionales, vinculados laboralmente de manera directa al Ministerio de Educación Nacional; y los territoriales, vinculados laboralmente a los departamentos, en nada se oponía a la Constitución entonces en vigor, que exis