CE - Sentencia 20001233300020210004802 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera.

Bogotá, D. C., Dieciséis (16) de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025).

E Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del Doce (12) de Junio de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida el Tribunal Administrativo del Cesar, que negó las pretensiones de la demandada.

I. ANTECEDENTES 1.1. La demanda1.

1.1.1. Pretensiones.

La señora Lisbeth Lorena Gaitán Mateus, actuando a través de apoderado judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar lo siguiente:

Que se declare la nulidad de los actos administrativos, contentivos de las decisiones dictadas en el proceso disciplinario IUS-2015-270070 / IUC -D-2015-48-786478, en los siguientes términos: numerales 3º y 4º de la de cisión disciplinaria de primera instancia del Veintiocho (28) de Junio de Dos Mil Dieciocho (2018), proferida por la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública; y numeral 3º de la de Segunda Instancia, del Trece (13) de Mayo de Dos Mil Veinte (2020), proferida por la Sala Disciplinaria.

Delegada para la Moralidad Pública; y numeral 3º de la de Segunda Instancia, del Trece (13) de Mayo de Dos Mil Veinte (2020), proferida por la Sala Disciplinaria.

Como consecuencia de la anterior pretensión, a título de restablecimiento del derecho, solicitó lo siguiente: (I) que se declare no probado y desvirtuado el cargo formulado a la señora Lisbeth Lorena Gaitán Mateus, disponiendo su ausencia de responsabilidad disciplinaria, en relación con los hechos objeto de investigación; (II) se elimine la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de doce (12) años, impuesta a la demandante, de todos los sistemas de información de la Procuraduría General de la

1Expediente digital de primera instancia – índice 00035 de Samai – archivo PDF 003ED_02Demandalisbethgait.

Radicado : 20001-23-33-000-2021-00048-02 (2131-2025).

Demandante : Lisbeth Lorena Gaitán Mateus.

Demandada : Procuraduría General de la Nación.

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho.

Tema

Decisión

: :

Disciplinario – destitución e inhabilidad. Sentencia de segunda instancia.2

Número Interno: 2131-2025

Demandante: Lisbeth Lorena Gaitán Mateus

Demandado: Procuraduría General de la Nación

Nación y se la reconozca como habilitada para ocupar cargos públicos; (III) se condene a la entidad a pagar a título de reparación por daño moral, el equivalente en pesos , de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor de la señor a Lisbeth

a la entidad a pagar a título de reparación por daño moral, el equivalente en pesos , de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor de la señor a Lisbeth Lorena Gaitán Mateus.

Que se condene en costas y agencias del derecho a la entidad demandada.

1.1.2. Hechos.

Con ocasión de una publicación periodística, la Procuraduría General de la Nación, inició indagación preliminar, respecto de posibles conductas relevantes en materia disciplinaria, relacionadas con la suscripción de un contrato de prestación de servicios p rofesionales en el municipio de Valledupar, por Mil Cuatrocientos Millones de Pesos ($1.400.000.000).

Mediante auto del 14 de septiembre de 2015, el órgano de control, vinculó a la actuación a la señora Lisbeth Lorena Gaitán Mateus, en su condición de secretaria general de la alcaldía del municipio de Valledupar, por cuanto, suscribió constancia de idoneid ad del contratista, notificó al mismo de la aceptación de oferta de servicios profesionales y suscribió el contrato, por delegación que le hizo el alcalde.

El 16 de marzo de 2016, la procuraduría delegada para la moralidad pública, inició investigación disciplinaria en contra de Lisbeth Lorena Gaitán Mateus, entre otros. La notificación de tal acto administrativo se efectuó por edicto.

La autoridad disciplinaria, cerró la investigación mediante auto del Catorce (14) de Julio de Dos Mil Dieciséis (2016).

Posteriormente, se formuló pliego de cargos por proveído del Seis (6) de Marzo de Dos

La autoridad disciplinaria, cerró la investigación mediante auto del Catorce (14) de Julio de Dos Mil Dieciséis (2016).

Posteriormente, se formuló pliego de cargos por proveído del Seis (6) de Marzo de Dos Mil Diecisiete (2017), en contra de varios servidores de la alcaldía de Valledupar; en particular a Lisbeth Lorena Gaitán Mateus , le atribuyó la falta disciplinaria descrita en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, por participar en la actividad precontractual y contractual del negocio jurídico No. 552 de 2015, con desconocimiento de los principios de transparencia y responsabilidad que regulan la contrataci ón, acto administrativo notificado personalmente a la defensa de la demandante, el Veinticuatro (24) de Marzo de Dos Mil Diecisiete (2017).

La defensa de la demandante, presentó sus descargos oportunamente.

El Veintitrés (23) de Agosto de Dos Mil Diecisiete (2017), la entidad corrió traslado para alegar de conclusión a la defensa de los disciplinados, notificando por estado la decisión, el Treinta y Uno (31) de Agosto de Dos Mil Diecisiete (2017).3

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Demandante: Lisbeth Lorena Gaitán Mateus

Demandado: Procuraduría General de la Nación

La defensa de la demandante, radicó sus alegatos de conclusión en tiempo y posterior a ello, la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, emitió decisión de primera instancia, el Veintiocho (28) de Junio de Dos Mil Dieciocho (2018), mediante el cual, en

ello, la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, emitió decisión de primera instancia, el Veintiocho (28) de Junio de Dos Mil Dieciocho (2018), mediante el cual, en sus numerales 3 y 4, declaró responsable disciplinariamente a la demandante y le impuso sanción, consistente en destitución e inhabilidad general por 12 años.

El Veinticinco (25) de Julio de Dos Mil Dieciocho (2018), la defensa de la actora interpuso recurso de apelación, contra el fallo disciplinario de primera instancia.

El Trece (13) Mayo de Dos Mil Veinte (2020), la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, profirió fallo de segunda instancia, confirmando la declaratoria de responsabilidad y la sanción impuesta a la demandante. Tal acto administrativo se notificó a la demandante el Veintiséis (26) de Mayo de Dos Mil Veinte (2020).

La sanción se ejecutó e inscribió en los registros públicos correspondientes y el municipio de Valledupar dictó Resolución No. 001647 del Diecisiete (17) de septiembre de Dos Mil Veinte (2020), dándole legal cumplimiento.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación.

En la demanda se formularon los cargos de nulidad consistentes en: aplicación indebida de las disposiciones que rigen la expedición de actos disciplinarios; interpretación errónea de las normas aplicables; inaplicar las normas jurídicas correspondientes; vulneración del derecho a la igualdad de la disciplinada y contrariar normas convencionales acogidas por nuestro ordenamiento jurídico.

Para sustentar la primera causal de nulidad, argumentó que, en las decisiones

derecho a la igualdad de la disciplinada y contrariar normas convencionales acogidas por nuestro ordenamiento jurídico.

Para sustentar la primera causal de nulidad, argumentó que, en las decisiones disciplinarias se incurrió en una adecuación típica incompleta -conducta y falta-, porque se formuló un solo cargo o se hizo atribución de un único tipo disciplinario, pese a que se señaló a la demandante, de haber realizado dos conductas independientes, relacionadas con las fases precontractual y contractual, de un negocio jurídico de l Estado. No se explicó ni el proceso de selección, ni el tipo de contrato que, a criterio del op erador disciplinario, la investigada debió aplicar.

También planteó que, no se fundamentó adecuadamente el sustento fáctico y jurídico de la ilicitud sustancial de la falta, por cuanto, si bien, las decisiones sancionatorias refieren deberes, principios y funciones, no determinaron específicamente qué deber funcional afectó y/o infringió la actora. No se especificaron las funciones concretas que la demandante desatendió, de acuerdo con el manual específico de funciones de la entidad, sin contar con que, las conductas reprochadas involucraron el actuar de otros servidores.

Adujo que, se verificó en el curso de la actuación disciplinaria que, el secretario de4

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gobierno, fue quien, en ejercicio de sus funciones, generó la necesidad, elaboró los estudios previos, rindió el informe de verificación de requisitos habilitantes, hizo la

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gobierno, fue quien, en ejercicio de sus funciones, generó la necesidad, elaboró los estudios previos, rindió el informe de verificación de requisitos habilitantes, hizo la evaluación de la oferta y expidió la constancia de idoneidad, lo cual, exonera a la demandante de responsabilidad, frente a la validación de la idoneidad del contratista, pues ella simplemente refrendó lo constatado por aquel funcionario.

De otra parte, se vulneró el principio y derecho a la igualdad del que es titular la demandante, toda vez que, la secretaria jurídica debía expedir concepto favorable, sobre la adecuada tipología contractual y el proceso de selección del contrato No. 552 del 19 de julio de 2015, quien rindió el concepto, lo que implica que, ambas tuvieron una participación similar en el proceso contractual, pese a ello , se le imputó y sancionó por una falta calificada como gravísima a título de culpa gravísima, cuando a la secretaria jurídica de la entidad, se le imputó y sancionó por una falta calificada como grave, a título de culpa grave.

También argumentó que, se vulneraron las normas convencionales acogidas en nuestro ordenamiento jurídico, por cuanto, la procuraduría delegada para la moralidad pública fue la misma autoridad que investigó, profirió pliego de cargos y dictó decisión de pri mera instancia, circunstancia que, desatiende la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativa a que, no se pueden concentrar en un solo órgano las funciones de investigar, instruir y sancionar. Aunado, la norma

instancia, circunstancia que, desatiende la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativa a que, no se pueden concentrar en un solo órgano las funciones de investigar, instruir y sancionar. Aunado, la norma convencional imposibilitaba limitar los derechos políticos, a través de una decisión administrativa, de modo que, la Procuraduría General de la República no podía limitar los derechos políticos de la demandante, al imponerle una sanción que la inhabilita para ocupar cargos públicos, entre ellos, los de elección popular.

Finalmente, la sanción impuesta no sólo afecta los derechos políticos de la actora, sino derechos de raigambre constitucional como el derecho al trabajo, intimidad, buen nombre y honra.

1.2. Contestación de la demanda2.

La apoderada de la Procuraduría General de la Nación, contestó la demanda y se opuso a cada una de las pretensiones, al considerar que, los actos administrativos fueron expedidos con el lleno de los requisitos legales, respetando el debido proceso y con base en una valoración lógica y racional de las pruebas.

Se apoyó en jurisprudencia de esta Corporación, para argumentar que, los alcances del examen que se hace en contra de los actos administrativos emitidos en materia disciplinaria, constituyen un juicio de validez y no de corrección, tal diferencia la consideró

2 Expediente digital de primera instancia – índice 00035 de Samai – archivo PDF 21ED_20ContestacionGabrie.5

Número Interno: 2131-2025

Demandante: Lisbeth Lorena Gaitán Mateus

Demandado: Procuraduría General de la Nación

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fundamental, en tanto, no se debe convertir el medio de control de nulidad y restablecimiento, en una instancia adicional, sino que, debe realizarse un estudio profundo sobre la adecuación de la decisión disciplinaria a la Constitución y la ley.

La actuación disciplinaria en sí, respetó las normas en que debió fundarse, se apoyó en el material probatorio legalmente aportado y respetó las garantías de la demandante. La Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública y la Sala Disciplinaria, tenían la competencia para emitir los actos administrativos sancionatorios, ejercieron tales competencias de manera racional y respetando el debido proceso y el derecho de defensa de la actora.

Era carga de la parte demandante , probar los vicios de ilegalidad configurados en el procedimiento disciplinario, carga que no se fue satisfecha, por tal razón, deben negarse las pretensiones de la demanda. Tampoco se probaron los perjuicios alegados en la demanda, lo cual, también amerita su negativa.

1.3. La sentencia de primera instancia3.

El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia del D oce (12) de Junio de Dos Mil Veinticinco (2025), negó las pretensiones de la demanda, sin condena en costas, por las siguientes razones:

En su valoración del acervo documental recaudado, el Tribunal encontró probado que, la señora Lisbeth Lorena Gaitán Mateus, expidió la constancia de idoneidad, con

las siguientes razones:

En su valoración del acervo documental recaudado, el Tribunal encontró probado que, la señora Lisbeth Lorena Gaitán Mateus, expidió la constancia de idoneidad, con fundamento en el acto delegatario, entendiendo cumplidos los requisitos de capacidad y experiencia del proponente, con el ejercicio profesional y la formación de la señora Natalia Springer, representante legal de la sociedad, siendo que, esa posibilidad sólo está dada en la norma correspondiente, para empresas o fundaciones, cuya constitución hub iera ocurrido en un plazo menor a 3 años a la fecha de suscripción del contrato.

El A -quo admitió posibles errores en la decisión de primera instancia , dictada en el procedimiento disciplinario, referidos a la adecuación típica de la primera conducta (certificación de idoneidad) a la falta endilgada, por no haberse especificado el principio vulnerado con tal conducta; sin embargo, explicó que , tales errores no tienen la entidad para que el cargo de nulidad prospere, debido a que, la Procuraduría General de la Nación, tanto en primera como en segunda instancia, escogió adecuadamente la n orma aplicable al supuesto de hecho que se investigaba. Además, indicó que, la autoridad disciplinaria siempre respetó el núcleo principal del reproche, relacionado con, haber celebrado el contrato, con elusión al principio de transparencia, sin adelantar el procedimiento previo de selección objetiva del contratista y sin utilizar el tipo de contrato

3 Expediente digital de primera instancia – índice 00044 de Samai – archivo PDF 53Sentenciadepr_20210004800LISBETHGA.6

Número Interno: 2131-2025

Demandante: Lisbeth Lorena Gaitán Mateus

3 Expediente digital de primera instancia – índice 00044 de Samai – archivo PDF 53Sentenciadepr_20210004800LISBETHGA.6

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Demandante: Lisbeth Lorena Gaitán Mateus

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pertinente para el negocio jurídico que quería celebrarse.

Frente a la discusión sobre la determinación de la ilicitud sustancial de la conducta, la decisión de primera instancia en este proceso señaló que, no era necesario que la autoridad disciplinaria detallara cual función o deber quebrantó, dado que, siempre se dejó claro que hubo afectación al principio de responsabilidad estatal previsto en el artículo 3.7 del CPACA y al principio de transparencia consagrado en el artículo 24.8 de la Ley 80 de 1993.

El Tribunal Administrativo del Cesar fue enfático en considerar que, la demandante omitió sus deberes funcionales de verificación y control, por cuanto, como delegataria de la contratación y ordenación del gasto del municipio, le correspondía actuar con ma yor diligencia y cuidado, revisando con rigor los documentos precontractuales y contractuales que se le presentaban, verificando que, la empresa cumpliera con los presupuestos habilitantes estipulados en los estudios previos, y que la tipología contractual estuviera acorde con el objeto ofertado y las actividades que se querían ejecutar.

En lo relativo a la vulneración del principio de igualdad, en la decisión de primer grado se consideró que, las atribuciones de responsabilidad que se hicieron a la demandante, difieren de las que se hicieron a la secretaria jurídica, tal diferencia surge de las funciones

En lo relativo a la vulneración del principio de igualdad, en la decisión de primer grado se consideró que, las atribuciones de responsabilidad que se hicieron a la demandante, difieren de las que se hicieron a la secretaria jurídica, tal diferencia surge de las funciones de cada una de ellas y su actuación en el proceso contractual. La secretaria jurídica omitió sus deberes de asesoramiento y verificación, mientras que, la demandante fue sancionada como directa encargada de avalar la idoneidad de la firma contratista y firmar el contrato, en tal sentido, consideró válidas las diferencias entre las faltas atribuidas y las sanciones impuestas a las dos funcionarias.

Por último, el argumento respecto de la aplicación del precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también fue despachado de manera desfavorable, en el tendido que, lo considerado por ese tribunal internacional, aplica para los servidores públicos de elección popular, calidad con la que no cumple la demandante.

1.4. Recurso de apelación4.

La parte demandante, en la oportunidad procesal correspondiente, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, solicitando su revocatoria con fundamento en lo siguiente:

En la decisión de primera instancia se anunció un análisis de subsunción típica, cuando lo que se hizo realmente fue desarrollar un juic io de reproche sobre las consecuencias

4 Expediente digital de primera instancia – índice 00048 de Samai – archivo PDF 055_MemorialWeb_Recurso-200012333000202.7

Número Interno: 2131-2025

Demandante: Lisbeth Lorena Gaitán Mateus

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de la conducta por la que fue sancionada la demandante, en ese sentido, a juicio de la recurrente, no se realizó el juicio lógico-jurídico que exige la adecuación típica en materia disciplinaria y, se confundió la ilicitud sustancial con la adecuación típi ca, por tanto, se sancionó por un cargo impreciso o vago, afectando el principio de tipicidad.

Igualmente, nunca se señaló en la adecuación típica, cual debió ser el procedimiento de selección correspondiente, ni la tipología contractual adecuada, simplemente se hizo una referencia genérica , que no cumple con las exigencias de precisión y claridad que determinan el principio de tipicidad. En línea con lo anterior, reprocha que, se omitió establecer el deber funcional concreto, a cargo de la señora Gaitán Matheus, en materia de evaluación de la idoneidad del proponente, qué norma legal, reglamentaria o funcional, le imponía verificar , más allá del concepto jurídico emitido por la dependencia competente, la idoneidad del contratista y, de qué forma, ese deber fue quebrantado en el contexto específico del contrato cuestionado.

La recurrente destacó que, la Sala Disciplinaria en la decisión de segunda instancia , advirtió que , una de las conductas fue subsumida ilegalmente, lo cual constituía una irregularidad sustancial, que ameritaba la nulidad parcial de la decisión de primera instancia, pese a ello, se adecuaron los dos comportamientos a la misma falta y se

advirtió que , una de las conductas fue subsumida ilegalmente, lo cual constituía una irregularidad sustancial, que ameritaba la nulidad parcial de la decisión de primera instancia, pese a ello, se adecuaron los dos comportamientos a la misma falta y se sancionó con bas e en ella, aspecto no comprendido en las potestades del operador disciplinario de primera instancia. Específicamente explicó que, la Sala Disciplinaria hizo la adecuación típica detallando que, el contrato que se debió celebrar era el de consultoría y no el de prestación de servicios, aspecto que no fue precisado de esa manera en la formulación de cargos, ni en la decisión de primera instancia.

Para la recurrente, esta no era la etapa procesal para variar o modificar el contenido del reproche normativo y fáctico, en ese momento la actuación procesal se encontraba cerrada y la señora Gaitán Matheus no tuvo oportunidad de controvertir el cargo en esos términos, sino en los términos genéricos e imprecisos, que utilizó la autoridad disciplinaria de primera instancia. En ese orden de ideas, la valoración jurídica introducida por el operador disciplinario, en segunda instancia, excedió el marco normativ o y probatorio delimitado en la etapa de imputación, constituyó una lesión al debido proceso de la investigada y amerita la nulidad de la actuación.

Tampoco encontró que, se hubiera realizado una valoración integral del material probatorio recaudado, toda vez que, no se tomó en cuenta que otro funcionario -secretario de gobiernoelaboró el informe de verificación de requisitos de la empresa contratista, con base en el manual de contratación, ese mismo servidor , suscribió la certificación de

probatorio recaudado, toda vez que, no se tomó en cuenta que otro funcionario -secretario de gobiernoelaboró el informe de verificación de requisitos de la empresa contratista, con base en el manual de contratación, ese mismo servidor , suscribió la certificación de idoneidad, la demandante no tenía competencia funcional para verificar tales requisitos, ni para pronunciarse autónomamente sobre la idoneidad técnica de la contratista.8

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Demandante: Lisbeth Lorena Gaitán Mateus

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A su juicio , no tenía un deber funcional autónomo de verificación, y su actuación fue consecuencia directa de una cadena administrativa regular y previamente ejecutada, bajo ese parámetro, no se comprobó la antijuridicidad de su conducta y debió ser exonerada de responsabilidad.

Por otro lado, señaló que, la contratista aportó diferentes certificaciones y contratos con los que acreditó su trayectoria en las materias objeto del contrato de prestación de servicios, por tanto, se dio por hecho que no cumplía con las condiciones de idoneidad para contratar, cu ando ello contraviene el material probatorio recaudado en el procedimiento disciplinario.

También expuso que, el Tribunal confundió las nociones de capacidad e idoneidad, explicó que, el objeto social de la empresa contratista era indeterminado y comprendía cualquier actividad lícita de comercio o civil , lo que le permitía desarrollar el objeto del contrato 552 de 2015, de conformidad con el certificado de existencia y representación legal, que da cuenta del tipo social de la contratista , como una sociedad por acciones simplificada.

contrato 552 de 2015, de conformidad con el certificado de existencia y representación legal, que da cuenta del tipo social de la contratista , como una sociedad por acciones simplificada.

Asimismo, señaló que, para este contrato no se exigía experiencia exclusiva en «formación de cogestores» o «pedagogía para la paz» , lo que, sí exigió expresamente el documento contractual, fue la capacidad para prestar asesoría, acompañamiento y apoyo técnico especializado, en temas como derecho internacional humanitario, justicia transicional, cultura de paz y transformación de sociedades violentas, entre otros, actividades para las que la contratista demostró su idoneidad y experticia.

A la par de lo anterior, se duele la recurrente que, en la sentencia de primera instancia, se le hubiera atribuido una actuación pasiva durante la actuación disciplinaria, en el entendido que se la llamó «un convidado de piedra» cuando participó en todas las etapas procesales, planteó los argumentos de defensa que consideró pertinentes, controvirtió las pruebas que se adujeron en su contra y en general , actuó durante todo el procedimiento disciplinario.

Conjuntamente replanteó la desatención a las normas de orden convencional, en el sentido que, la misma autoridad concentró las funciones de investigación, juzgamiento y sanción, sin ofrecer garantías objetivas de independencia e imparcialidad, aunado a que la sanción comporta una limitación al derecho de acceso a cargos públicos, limitación que sólo es admisible por condena de juez penal competente.

1.4. Trámite segunda instancia.9

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Demandante: Lisbeth Lorena Gaitán Mateus

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1.4. Trámite segunda instancia.9

Número Interno: 2131-2025

Demandante: Lisbeth Lorena Gaitán Mateus

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Con auto del Quince (15) de Agosto de Dos Mil Veinticinco (2025) 5, el consejero sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y, en virtud del numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, prescindió de la etapa de alegaciones.

1.4.1. Pronunciamiento entidad demandada6.

La entidad demandada, aportó un nuevo poder 7 y, a través de ese nuevo apoderado radicó un documento denominado pronunciamiento, mediante el cual solicitó que se confirme la decisión de primera instancia. Señaló que, las decisiones sancionatorias respetaron los principios de la lógica y la sana crítica probatoria, en tanto, se analizaron objetivamente las pruebas recaudadas durante el procedimiento disciplinario y se llegó a una conclusión, amparada en las normas jurídicas aplicables al caso en concreto.

También expuso, con base en jurisprudencia de esta Corporación que, pese al amplió control que se ejerce en sede judicial sobre los actos administrativos dictados en materia disciplinaria, esta no puede convertirse en una tercera instancia, en la que se reabran los debates que se resolvieron en el curso de la actuación disciplinaria, la posible nulidad de esta clase de actuaciones no puede fundarse en diferencias interpretativas o divergencias en la apreciación probatoria, para que proceda la nulidad, deben constatarse decisiones

debates que se resolvieron en el curso de la actuación disciplinaria, la posible nulidad de esta clase de actuaciones no puede fundarse en diferencias interpretativas o divergencias en la apreciación probatoria, para que proceda la nulidad, deben constatarse decisiones violatorias de las garantías del disciplinado y el debido proceso, lo cual, no ocurre en este caso, al contrario, todas esas garantías fueron respetadas.

Igualmente, se apoyó en la sentencia T-239 de 2022, de la Corte Constitucional con el fin de señalar que, las sanciones del ejercicio público, no implican una vulneración o restricción para acceder a cargos en el sector privado, y corresponden a la maximización de los principios de la función pública.

1.4.2. Concepto del ministerio público8.

Por su parte, el delegado del Ministerio Público ante el consejero sustanciador, rindió concepto, a través del cual, señaló que, en la sentencia de primera instancia se hizo adecuada distinción entre la adecuación típica y la ilicitud sustancial de la falt a que cometió la demandante, desde esa lógica, consideró ajustado a derecho el fallo de primera instancia.

Frente al segundo cargo del recurso de apelación, el procurador expuso que, la sentencia de primer grado hizo un análisis detallado de la conducta desplegada por la investigada,

5 Expediente digital - Índice 00005 – Samai. – archivo Word 005Autoqueadmite_1821312025Admiteapel. 6 Expediente digital - Índice 00011 – Samai. – archivo PDF 009_MemorialWeb_PRONUNCIAMIENTO.

5 Expediente digital - Índice 00005 – Samai. – archivo Word 005Autoqueadmite_1821312025Admiteapel. 6 Expediente digital - Índice 00011 – Samai. – archivo PDF 009_MemorialWeb_PRONUNCIAMIENTO. 7 Expediente digital - Índice 00004 – Samai. – archivo PDF 003_MemorialWeb_Poder-202100048LISBETH. 8 Expediente digital – Índice 00010 de Samai – archivo PDF 008Memorial_CHL_8Concepto.10

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junto con el quebrantamiento al deber funcional, que traduce en la violación de los principios de la contratación estatal y de la función administrativa, de modo que, tampoco prosperaría este cargo.

También expresó que, pese a que, en sede disciplinaria de primera instancia, no se hizo la adecuación normativa del primer comportamiento señalado, ello se corrigió en segunda instancia, adecuando la conducta de la demandante como un quebrantamiento del principio de transparencia en la contratación estatal. Finalmente, expuso que la Corte Constitucional ha refrendado la competencia de la Procuraduría General de la Nación, para controlar la actuación de los servidores públicos, sean estos de elección popular o no, contando con la garantía, que tales actos administrativos son controlados integralmente por la jurisdicción contencioso administrativa, por todos esos motivos, conceptuó que se debe confirmar la decisión de primera instancia.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

integralmente por la jurisdicción contencioso administrativa, por todos esos motivos, conceptuó que se debe confirmar la decisión de primera instancia.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este p