CE - Sentencia 20001233300020210018701 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Radicación: 20001-23-33-000-2021-00187-01 (4870-2022)

Demandante: Beder Luís Maestre Suárez

Demandada: Departamento del Cesar, Secretaría Técnica del Consejo

Superior de la Carrera Notarial (CSCN), Superintendencia de Notariado y Registro

Tercero: Luis Horacio Peláez Ocampo

Temas: Principio constitucional del mérito. Carrera administrativa.

Sistemas de Carrera. Sistema especial de carrera notarial.

CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra la sentencia proferida el veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo del Cesar, por medio de la cual se negaron las pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor Beder Luís Maestre Suárez instauró demanda en contra del Departamento del Cesar , e n ejercicio del medio de control de nulidad electoral previsto en el artículo 13 9 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

El señor Beder Luís Maestre Suárez instauró demanda en contra del Departamento del Cesar , e n ejercicio del medio de control de nulidad electoral previsto en el artículo 13 9 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos, expedidos por el

Gobernador del Cesar:

• Decreto 162 del 22 de julio de 2020 «Por medio del cual se nombra un notario en propiedad».

• Decreto 69 del 11 de mayo de 2021 «Por el cual se da cumplimiento a falloRadicación: 20001-23-33-000-2021-00187-01 (4870-2022)

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de tutela de segunda instancia del Juzgado Quinto del Circuito de Oralidad de Valledupar y se efectúa nombramiento en propiedad del Notario Único de San Diego, Cesar».

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que el Consejo Superior de la Carrera Notarial convocó a concurso público de méritos para el nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a la carrera notarial mediante Acuerdo 1 del 9 de abril de 2015, que incluyó tres grupos de notarías a ofertar: i) las que se encuentren en interinidad o encargo, ii) las que se llegaren a crear y iii) las que resulten vacantes después del ejercicio de los derechos

notarías a ofertar: i) las que se encuentren en interinidad o encargo, ii) las que se llegaren a crear y iii) las que resulten vacantes después del ejercicio de los derechos de carrera. Precisó que la Notaría Única del Círculo de San Diego no se encontraba en ninguno de los escenarios descritos y, por lo tanto, no hizo parte del concurso público.

Que el señor Darío Martínez Santacruz se desempeñó como Notario Único del Círculo de San Diego desde el 30 de marzo de 2012 hasta que, mediante Decreto 2135 de 2016, fue nombrado en propiedad como Notario Segundo del Círculo de Itagüí (Antioquia), en virtud de la lista de elegibles del Acuerdo 26 del 29 de junio de

2016. Tomó posesión del cargo el 11 de enero de 2017 y, ante la vacancia en el Círculo de San Diego, mediante Decreto 17-002 del 12 de enero de 2017 se nombró al señor Manuel María Orozco como notario encargado.

Afirmó que fue aplicado el mecanismo ordinario para asignación de notarías regulado en los artículos 1 al 3 del Acuerdo 27 del 2016, pero como no fue suficiente para suplir la totalidad de cargos, el CSCN realizó dos audiencias públicas de postulación y selección de notarías: la primera fue el 17 de agosto de 2017 y la segunda el 20 de abril de 2018.

En la última, la Secretaría Técnica postuló la Notaría Única de San Diego y 14 concursantes manifestaron su interés. Que esa audiencia fue suspendida y se reanudó el 9 de mayo, pero no se publicó el acta correspondiente. Algunos

En la última, la Secretaría Técnica postuló la Notaría Única de San Diego y 14 concursantes manifestaron su interés. Que esa audiencia fue suspendida y se reanudó el 9 de mayo, pero no se publicó el acta correspondiente. Algunos participantes declinaron por su interés, y otro fue nombrado, pero, por no tomar posesión del cargo, su nombramiento fue declarado insubsistente.

Que el 29 de junio de 2018, la Secretaría Técnica del CSCN decidió: i) no prorrogar la vigencia de lista de elegibles, prevista hasta el 3 de julio de 2018, ii) suplir los círculos notariales vacantes por medio del mecanismo ordinario de postulación y iii) continuar con el trámite de los concursantes que a la fecha de vencimiento de la lista de elegibles hubieren aceptado la postulación, pero estuvieren pendientes de la expedición del acto administrativo de nombramiento.Radicación: 20001-23-33-000-2021-00187-01 (4870-2022)

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Expuso que, veinticuatro meses después de vencida la lista de elegibles, el 10 de julio de 2020, el CSCN solicitó al gobernador del Cesar que nombrara a Luis Horacio Peláez Ocampo como Notario en propiedad del Círculo Notarial de San Diego y, conforme con la comunicación, este aceptó la Notaría en audiencia pública de postulación del 20 de abril de 2018.

Peláez Ocampo como Notario en propiedad del Círculo Notarial de San Diego y, conforme con la comunicación, este aceptó la Notaría en audiencia pública de postulación del 20 de abril de 2018.

Que el gobernador del Cesar expidió el Decreto 162 del 22 de julio 2020, que designó al señor Luis Horacio Peláez Ocampo como Notario Único del Círculo de San Diego, quien aceptó el cargo el 30 de julio. Dicho acto administrativo fue confirmado a través del Decreto 69 del 11 de mayo de 2021.

NORMAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Manifestó que los actos acusados vulneran los artículos 29, 131 y 209 de la Constitución Política, los artículos 3 de la Ley 588 del 2000, 73 del CPACA y los acuerdos 1 de 2015, 26 de 2016 y 2 del 11 de abril de 2018. Sostuvo que fueron expedidos con infracción de las normas en que debían fundarse, de forma irregular y que fueron falsamente motivados.

Sostuvo que, la vigencia de la lista de elegibles es un término perentorio y preclusivo y, en este caso, finalizó el 3 de julio de 2018, por lo que no podían efectuarse nombramientos posteriores a esa fecha, como lo hizo el CSCN malinterpretando la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Que, como el señor Luis Horacio Peláez no tenía pendiente ningún trámite de nombramiento o posesión, no era posible «darle continuidad» a un trámite inconcluso, en los términos del aviso público emitido por la Secretaría Técnica del

Que, como el señor Luis Horacio Peláez no tenía pendiente ningún trámite de nombramiento o posesión, no era posible «darle continuidad» a un trámite inconcluso, en los términos del aviso público emitido por la Secretaría Técnica del CSCN el 29 de junio de 2018. Que la Notaría Única del Círculo de San Diego solo quedó vacante cuando se declaró la insubsistencia del nombramiento del señor Aníbal Guillermo Gonzáles, quien tenía el mejor y único derecho para aceptar la Notaría el 19 de febrero de 2020, cuando ya estaba vencida la lista de elegibles.

Expresó que el Decreto 162 de 2020 es un acto complejo y, por lo tanto, se deben estudiar los vicios que provienen de los actos preparatorios que condujeron a su expedición. En este sentido, que se vulneró el Acuerdo 2 de 2018 que reguló la audiencia pública de postulación, pues este no permite que una notaría sea aceptada por varios concursantes, sino que solo aquel con mejor puntaje cuenta con derecho para aceptar.

A su juicio, en gracia de discusión, de admitirse que el señor Luis Horacio Peláez Ocampo aceptó la Notaría en la audiencia pública, entonces aquel incumplió con el parágrafo segundo del artículo 4 del Acuerdo 2 de 2018, según el cual, quien manifiesta la aceptación dispone de cinco (5) días para allegar la documentación necesaria para su nombramiento. Que lo anterior desconoce el derecho al debidoRadicación: 20001-23-33-000-2021-00187-01 (4870-2022)

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proceso en las actuaciones administrativas del artículo 29 de la Constitución Política.

En cuanto el acta de la audiencia de postulación y selección del 20 de abril de 2018, se omitió el deber de publicarla previsto en el artículo 6 del Acuerdo 2.

Que el CSCN reglamentó y aplicó una nueva modalidad para la conformación, expedición, publicación y ejecución de la lista de elegibles «por categorías», mientras que el artículo 11 del Decreto 3454 de 2006 ordena que esta se realice «por círculos notariales», desconociendo el artículo 131 de la Constitución Política, que reserva al legislador la regulación del servicio público que prestan los notarios. De allí que la lista de elegibles está viciada, pues fue irregularmente expedida.

Considera que el Decreto 162 de 2020 fue falsamente motivado, pues tuvo como presupuesto que la Notaría Única del Círculo de San Diego estaba vacante a la fecha de expedición del Acuerdo 1 de 2015. Además, que el gobernador del Cesar desconoció el artículo 73 del CPACA porque omitió la notificación al señor Manuel María Orozco, quien para ese momento desempeñada el cargo de notario único del Círculo de San Diego. En consecuencia, manifestó que el acto vulneró el derecho de audiencia y de defensa.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo del Cesar el 3 de junio de 2021 y notificada a los demandados. Igualmente, se cumplió con la publicación del

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo del Cesar el 3 de junio de 2021 y notificada a los demandados. Igualmente, se cumplió con la publicación del aviso a la comunidad previsto en el numeral 5 del artículo 277 del CPACA.

Luis Horacio Peláez Ocampo. Se opuso a las pretensiones. Sostuvo que la Notaría Única del Círculo de San Diego quedó vacante durante la vigencia de la lista de elegibles después del ejercicio de los derechos de carrera , de allí que era susceptible de ser ofertada en el concurso , conforme con el artículo 1 del Acuerdo 1 del 9 de abril de 2015.

Sobre el vencimiento de la lista de elegibles planteó que, si se presentan desistimientos de concursantes postulados durante su vigencia, y siempre que se haya presentado más de una aceptación, el CSCN d ebe verificar el siguiente participante con mejor puntaje en el orden de elegibilidad, conforme con el procedimiento ordinario previsto en los acuerdos que regulan el trámite. Se opuso a la idea de que la lista de elegibles solo genera derechos para una pe rsona y propuso que, por el contrario, esta se agota en estricto orden descendente. Diferenció entre postulación, aceptación y nombramiento.

Adujo que, de accederse a las pretensiones, se vulnerarían sus derechos adquiridos por mérito en un concurso público, pese a que tanto él como el departamento delRadicación: 20001-23-33-000-2021-00187-01 (4870-2022)

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Cesar actuaron con arreglo a los principios de buena fe y confianza legítim a, en desarrollo de las normas constitucionales sobre el mérito como criterio primordial de acceso a los derechos de la carrera notarial.

Expresó que no puede presumirse la buena fe de la contraparte pues en varios apartes de la demanda aparenta actuar en representación del señor Manuel María Orozco, desplazado de su cargo en virtud del acto aquí cuestionado. De allí que no es claro si se persigue un interés particular o el restablecimiento del orden legal.

Manifestó que los actos administrativos demandados no son susceptibles de control jurisdiccional, pues uno fue expedido para dar cumplimiento a una orden impartida por la Superintendencia de Notariado y Registro a través del CSCN y el otro a una sentencia de tutela, de allí que se trata de actos de ejecución.

Departamento del Cesar. Se opuso a las pretensiones. Afirmó que, la Notaría Única del Círculo de San Diego, Cesar, hizo parte del concurso de méritos, pues quedó vacante durante la vigencia de la lista de elegibles y, aunque no estaba vigente cuando se expidieron los actos demandados, esto no los hace nulos porque la postulación y aceptación tuvo lugar previamente.

Superintendencia de Notariado y Registro , CSCN. Se opuso a las pretensiones y reiteró que la Notaría estuvo vacante desde que el señor Darío Martínez renunció para posesionarse en el Círculo de Itagüí (Antioquia). Manifestó que el demandante

y reiteró que la Notaría estuvo vacante desde que el señor Darío Martínez renunció para posesionarse en el Círculo de Itagüí (Antioquia). Manifestó que el demandante confunde el término durante el cual se ejecuta la lista de elegibles y el término de su vigencia. Que los catorce aspirantes que aceptaron el cargo tenían derecho a , eventualmente, ser nombrados y posesionados, pero esto dependía del puntaje obtenido, criterio que determina la primera opción para ejercer este derecho. En este sentido, todos aceptaron en vigencia de la lista de elegibles, en audiencia del 20 de abril y 9 de mayo del 2018. Interpretaciones en contrario dejan sin utilidad las listas de elegibles, que consiste precisamente en que se agote de manera descendente para proveer el cargo en cuestión.

Sostuvo que , la Secretaría Técnica del CSCN verificó las aceptaciones a las postulaciones y el 12 de junio de 2020 le solicitó los documentos para su nombramiento, los cuales fueron remitidos el 19 de junio de 2020, es decir, en el término previsto por el parágrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo 4 de 2018. Que no sería razonable interpretar que, en virtud de esta regla, quien ocupó la posición catorce en la lista de elegibles estaba obligado a remitir la documentación en los cinco días siguientes a la audiencia, como sí lo estaba el primero en el orden.

Añadió que, el acta de la audiencia del 20 de abril de 2018 sí fue publicada en el portal web de la entidad.

Respecto a la disposición de las listas de elegibles por «categorías» y no porRadicación: 20001-23-33-000-2021-00187-01 (4870-2022)

portal web de la entidad.

Respecto a la disposición de las listas de elegibles por «categorías» y no porRadicación: 20001-23-33-000-2021-00187-01 (4870-2022)

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«círculos notariales», explicó que se trata de una clasificación que concuerda con los artículos 28 y 31 del Acuerdo 1 de 2015, que se presume legal y fue expedido en ejercicio de las competencias legales del CSCN. En términos generales, que no se vulneró el derecho al debido proceso en las actuaciones administrativas y que se observaron las normas correspondientes en el trámite.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo del Cesar negó las pretensiones en sentencia del 24 de febrero de 2022. Previo a pronunciarse sobre el fondo del asunto, precisó que la Sala no observó que las pretensiones de la demanda apuntaran al restablecimiento del derecho del demandante o un tercero y, en consecuencia, era preciso decidir sobre el asunto en el marco legal del trámite impreso al proceso: el medio de control de nulidad electoral.

Sostuvo que la lista de elegibles es un acto administrativo particular con vocación transitoria que establece, con carácter obligatorio, la forma como la administración debe proveer los cargos que fueron objeto de concurso, en estricto orden de mérito.

Concluyó que, el señor Aníbal Guillermo Gonzáles no era el único miembro de la lista de elegibles con el «mejor y único» derecho para aceptar la Notaría de San

Concluyó que, el señor Aníbal Guillermo Gonzáles no era el único miembro de la lista de elegibles con el «mejor y único» derecho para aceptar la Notaría de San Diego. Que los catorce concursantes tenían un interés legítimo para ser nombrados y entre estos, el señor Peláez Ocampo manifestó su aceptación el 20 de abril de 2018 dentro de la audiencia pública, es decir, antes de que venciera la lista, quedando a la espera del nombramiento.

Expuso que solo el concursante con el mejor puntaje obtenido estaba obligado a entregar los documentos para el nombramiento en el cargo cinco días después de celebrada esta audiencia, de la cual encontró probado que sí se publicó la respectiva acta. Además, que no se explicó con suficiencia y argumentos jurídicos por qué se aduce vulnerado el derecho al debido proceso.

Concluyó que, si bien la oferta se realizó por categorías (primera, segunda y tercera), se indicaba el departamento y el municipio en el que se encontraban ubicadas. De allí que, implícitamente, se indicaba el círculo notarial al que pertenecían. Por lo anterior, el CSCN no vulneró el artículo 131 de la Constitución ni el artículo 11 del Decreto 3454 de 2006.

Finalmente, argumentó que los actos no fueron falsamente motivados, pues, aunque la Notaría no fue ofertada en la convocatoria, quedó vacante el 11 de enero de 2017 cuando el señor Darío Martínez Santacruz se posesionó como notario segundo del Círculo de Itagüí, es decir, durante el término de vigencia de la lista de elegibles. Y que no se violó el artículo 73 del CPACA, pues la información de los

segundo del Círculo de Itagüí, es decir, durante el término de vigencia de la lista de elegibles. Y que no se violó el artículo 73 del CPACA, pues la información de los concursos de méritos es pública.Radicación: 20001-23-33-000-2021-00187-01 (4870-2022)

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RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante interpuso recurso de apelación porque, en su criterio, el Tribunal Administrativo no interpretó integral y adecuadamente la regla del Acuerdo 1 de 2015 para que las notarías que no fueron ofertadas inicialmente en el concurso ingresaran al mismo.

En cuanto a la vacancia de la Notaría Única del Círculo de San Diego, insistió en que esta no se consolidó en virtud del ejercicio del derecho de preferencia, ascenso, o cualquier otro que haga parte de los derechos de la carrera notarial, por lo que no debió ser ofertada en el concurso.

Que, cuando el señor Darío Martínez Santacruz fue nombrado Notario Segundo del Círculo de Itagüí y la Notaría Única del Círculo de San Diego quedó vacante, el CSCN debió ofertarla para disponer del ejercicio del derecho de preferencia entre los notarios en propiedad que ejercieren sus funciones dentro de la misma circunscripción político administrativa.

Afirmó que, el señor Luis Horacio Peláez Ocampo no se encontraba pendiente de la expedición de su decreto de nombramiento o trámites de posesión a la fecha de

circunscripción político administrativa.

Afirmó que, el señor Luis Horacio Peláez Ocampo no se encontraba pendiente de la expedición de su decreto de nombramiento o trámites de posesión a la fecha de vencimiento de la lista de elegibles. Que se desconoció el término de vigencia de la lista de elegibles.

En relación con el acta allegada por la Superintendencia de Notariado y Registro, adujo que esta carece de lugar, duración, firma y nombre del funcionario que la elaboró. En síntesis, que no es cierto que se cumplió con el deber de elaborar y publicar la constancia de la audiencia pública de postulación y selección de notarías vacantes.

Indicó que, cuando los concursantes manifiestan su voluntad de aceptación no adquieren ningún derecho a ser nombrados en la respectiva notaría postulada, tan solo cuentan con una expectativa que solo se concreta cuando, de forma posterior, el CSCN verifica el puntaje y el puesto que ocupan en la lista de elegibles para determinar el concursante con el mejor puntaje y derecho para, en sentido estricto, aceptar la notaría postulada.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 1.° de marzo de 2024 se admitió el recurso y , de conformidad con los artículos 292 y 293 del CPACA, se puso a disposición de las partes y del Ministerio Público por el término de tres días, quiénes no actuaron en esta etapa procesal. En la misma providencia se adecuó el trámite del proceso al medio de control de nulidad, previsto en el artículo 137.Radicación: 20001-23-33-000-2021-00187-01 (4870-2022)

providencia se adecuó el trámite del proceso al medio de control de nulidad, previsto en el artículo 137.Radicación: 20001-23-33-000-2021-00187-01 (4870-2022)

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cuestión previa

El 25 de agosto del presente año, el magistrado Juan Camilo Morales Trujillo manifestó su impedimento para conocer del presente medio de control con fundamento en las causales 1 y 12 del artículo 141 del Código General del Proceso1, debido a que fue apoderado de la Superintendencia de Notariado y Registro en diferentes procesos ante la jurisdicción de lo contencioso en los periodos comprendidos entre 2018-2021 y 2023-2024.

Al respecto, se precisa que el régimen de impedimentos bu sca garantizar la imparcialidad e independencia en las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales. En esa medida, a través de esta figura pretende evitarse que existan situaciones de hecho que puedan comprometer el criterio que asuman los jueces en las providencias que profieran dentro de los asuntos asignados para su conocimiento. Siendo así, cuando un funcionario judicial advierta que se encuentra impedido, deberá manifestarlo, con el fin de salvaguardar los principios que rigen la debida administración de justicia.

Ahora bien, se considera que se presentan elementos subjetivos en la manifestación de impedimento que llevan a considerar que la decisión que llegare a adoptarse en el asunto mencionado comporta para el magistrado una posible afecta ción de la

Ahora bien, se considera que se presentan elementos subjetivos en la manifestación de impedimento que llevan a considerar que la decisión que llegare a adoptarse en el asunto mencionado comporta para el magistrado una posible afecta ción de la objetividad e imparcialidad que se demanda de los titulares de la función jurisdiccional. Lo anterior porque, en su calidad de asesor externo, fuera de la actuación judicial, conceptuó respecto de asuntos que constituyen el objeto de la demanda.

Por tanto, esta Subsección declarará fundado el impedimento manifestado por el mencionado magistrado, en aras de salvaguardar los principios de imparcialidad y transparencia.

El mérito y la carrera: principios constitucionales

El artículo 125 de la Constitución Política dispone el principio del mérito a través del sistema de carrera, regla general del empleo público, con excepción de los cargos de elección popular, libre nombramiento y remoción, trabajadores oficiales y los demás que determine la ley . Según esta norma, todo nombramiento que no se

1 «Artículo 141. Causales de recusación. Son causales de recusación las siguientes:

1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso.

[…]

12. Haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso,

o haber intervenido en este como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo».Radicación: 20001-23-33-000-2021-00187-01 (4870-2022)

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encuentre regulado en la Constitución o en la ley debe hacerse mediante concurso público2.

La carrera puede definirse como un sistema técnico de administración del empleo en el que el criterio esencial para la provisión de cargos públicos es el mérito, la calidad de los aspirantes. Esto repercute, no solo en beneficio del interés general y de los fines del Estado, quien tendrá a su servicio a los más calificados, sino también en el de los trabajadores, a quienes se les garantiza estabilidad laboral e igualdad de oportunidades3.

El mérito se encuentra en la esencia misma de los empleos de carrer a, es una de las principales formas en las que se proyecta la satisfacción de las necesidades del servicio y de los intereses de la comunidad , pues las calidades intelectuales, académicas y laborales son criterios inherentes en su provisión. Además, concreta los principios de la función administrativa de transparencia, moralidad, imparcialidad e igualdad porque asegura que la función pública se desarrolle por los mejores y más capacitados funcionarios.

Sin perjuicio de lo anterior, la Corte Constitucional ha escindido conceptualmente el principio del mérito de la carrera administrativa pues, por su trascendencia, se extiende a las demás formas de ejercicio de funciones públicas. Así:

«La jurisprudencia actual de esta corporación sostiene que “[a]unque

principio del mérito de la carrera administrativa pues, por su trascendencia, se extiende a las demás formas de ejercicio de funciones públicas. Así:

«La jurisprudencia actual de esta corporación sostiene que “[a]unque tradicionalmente se ha asimilado el principio del mérito con el sistema de manejo del personal denominado de carrera, ya que es allí donde se materializa el mérito de la manera más palpable y exigente, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que se tra ta de un mandato transversal predicable no únicamente de los empleos de carrera, sino de todo empleo público y, en general, del ejercicio de las funciones públicas”» (énfasis fuera de texto)4.

En este orden, se concluye que la Constitución de 1991 consideró como elemento fundamental del ejercicio de la función pública el principio del mérito y que previó la carrera como mecanismo general de vinculación; en el marco del aquel, el concurso público se constituye en un instrumento adecuado para que, bajo parámetros objetivos, no discriminatorios, transparentes y claros, se garantice la selección de las personas mejor cualificadas5.

2 «Artículo 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público. El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes […]».

nombrados por concurso público. El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes […]». 3 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 12 de septiembre de 2019. Rad. 1100103-25-000-2013-00174-00 (0419-2013). C.P. William Hernández Gómez. 4 Corte Constitucional. Sentencia SU-67 del 24 de febrero de 2022. M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.

Cita de cita: Corte Constitucional. Sentencia C-503 del 3 de diciembre de 2020. M.P. Alejandro Linares Cantillo. 5 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 28 de noviembre de 2024. Rad. 1100103-24-000-2013-00277-00 (2185-2014). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.Radicación: 20001-23-33-000-2021-00187-01 (4870-2022)

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Sistemas de carrera

En el ordenamiento jurídico se identifican tres modalidades o categorías que distinguen o clasifican los sistemas de carrera administrativ a. Primero, el sistema general que, como se anunció, está previsto en el artículo 125 de la Constitución y fue desarrollado en la Ley 909 de 2004. Este se caracteriza por su amplitud, verificable en el campo de aplicación definido en el artículo 3 de la ley antes citada

general que, como se anunció, está previsto en el artículo 125 de la Constitución y fue desarrollado en la Ley 909 de 2004. Este se caracteriza por su amplitud, verificable en el campo de aplicación definido en el artículo 3 de la ley antes citada y su carácter residual. Segundo, los sistemas especiales de origen constitucional, es decir, aquellos que por expresa disposición cons tituyente gozan de una regulación especial. En tercer y último lugar, existen sistemas específicos de carrera que emergen de la potestad del Congreso para expedir leyes que regulan el ejercicio de funciones públicas6.

El primero y el último se caracterizan por ser administrados y vigilados por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), organismo autónomo de origen constitucional que, por su carácter técnico y especializado, garantiza el principio superior del mérit o a partir del ejercicio coordinado de funciones en cuanto al desarrollo y ejecución de los respectivos concursos de méritos.

Sistema especial de carrera notarial

La Constitución Política de 1991 transformó sustancialmente múltiples asuntos inherentes a la función notarial. Entre estos destaca la creación del régimen especial de la carrera notarial con fundamento en el inciso 2.° del artículo 131, según el cual:

«Artículo 131. Compete a la ley la reglamentación del servicio público que prestan los notarios y registradores, la definición del régimen laboral para sus empleados y lo relativo a los aportes como tributación especial de las notarías, con destino a la administración de justicia.

El nombramiento de los notarios en propiedad se hará mediante concurso.

Corresponde al Gobierno la creación, su