CE - Sentencia 20001233300020210033502 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 20001-23-33-000-2021-00335-02

ACCIÓN POPULAR – FALLO

Actor: ARMANDO VALERA SARMIENTO

TESIS: EL MUNICIPIO TIENE EXPRESAS COMPETENCIAS

CONSTITUCIONALES Y LEGALES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DEL

MEDIO AMBIENTE Y LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS

RECURSOS NATURALES QUE LO LEGITIMAN PARA FUNGIR COMO PARTE

DEMANDADA EN EL PROCESO

DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: AL GOCE DE UN AMBIENTE SANO, AL MANEJO Y APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES, AL GOCE DEL ESPACIO PÚBLICO Y A LA UTILIZACIÓN Y DEFENSA DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO, A LA

DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuesto s por la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS 1 y el MUNICIPIO DE VALLEDUPAR2 contra la sentencia de 30 de noviembre de 2023 , proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar3.

1 En adelante ANT. 2 En adelante el MUNICIPIO. 3 En adelante el TRIBUNAL.2

proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar3.

1 En adelante ANT. 2 En adelante el MUNICIPIO. 3 En adelante el TRIBUNAL.2

Número único de radicación: 20001-23-33-000-2021-00335-02

Actor: ARMANDO VALERA SARMIENTO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

I.- ANTECEDENTES

I.1La demanda

El señor ARMANDO VALERA SARMIENTO, en ejercicio de la acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política, desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 19984, presentó demanda contra el MUNICIPIO5 y la ANT, tendiente a que se protegieran los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, al manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, al goce del espacio público y a la utilización y defensa de los bienes de uso público y a la defensa del patrimonio público.

I.2. Hechos

Manifestó que las sabanas comunales del corregimiento de Los Venados del MUNICIPIO están siendo invadidas y apropiadas por más de 100 personas particulares de otras regiones , lo que ha ocasionado daños sobre la fauna y la flora del sector , la cual está desapareciendo, y la disminución del espacio para albergar el ganado

4 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”. 5 En adelante el Municipio.3

4 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”. 5 En adelante el Municipio.3

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Actor: ARMANDO VALERA SARMIENTO

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y alimentar los semovientes y, por ende, la desnaturalización de dicha figura.

Indicó que ni la ANT ni las demás autoridades competentes han adoptado medidas efectivas para la protección de las sabanas , pese a que tienen conocimiento de tal invasión.

I.3. Pretensiones

La parte actora solicitó, además del amparo de los derechos colectivos invocados y la declaratoria de responsabilidad de las demandadas, lo siguiente:

“[…] Que como consecuencia de lo anterior, se ordene a los demandados ejecutar las acciones tendientes a recuperar las sabanas comunales y que se le dé el uso colectivo, con el fin de evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos invocados en la demanda.

De igual forma solicita, que se declare la omisión de parte de la Agencia Nacional de Tierras y del Municipio de Valledupar, en recuperar las Sabanas Comunales del Corregimiento de Los Venados, y, que, en caso de ser condenados, la orden se cumpla con base en los artículos 39 y 40 de la Ley […]”.4

recuperar las Sabanas Comunales del Corregimiento de Los Venados, y, que, en caso de ser condenados, la orden se cumpla con base en los artículos 39 y 40 de la Ley […]”.4

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I.4. Defensa

I.4.1.- La ANT manifestó que junto con las solicitudes de intervención del actor popular encaminadas a recuperar las sabanas no se allegaron pruebas sobre la ocupación alegada.

Indicó que el acto administrativo que deslindó los predios privados y declaró como bien baldío inadjudicable se encuentra debidamente ejecutoriado, de manera que solo está pendiente determinar la forma en que va a administrarse dicho bien para el cumplimiento d e los fines sociales de la propiedad.

Expuso que el actor popular puede promover acciones policivas a cargo de autoridades municipales, departamentales y del orden nacional para superar la afectación; además, en los casos de indebida ocupación de terreno baldíos, el Decreto Ley 902 de 2017 prevé un procedimiento jurídico para su recuperación que comprende una fase administrativa a su cargo y una etapa judicial en la que es un juez quien decide sobre la eventual restitución al dominio del Estado.5

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Actor: ARMANDO VALERA SARMIENTO

quien decide sobre la eventual restitución al dominio del Estado.5

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I.6. Medida cautelar

El Tribunal mediante auto de 27 de enero de 2022, accedió a la solicitud de medida cautelar formulada en la demanda y, en consecuencia, dispuso:

«[...] PRIMERO: ORDENAR a la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, y, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, para que de FORMA INMEDIATA, ejecuten los actos necesarios para la recuperación de las sabanas comunales del Corregimiento de Los Venados.

SEGUNDO: ORDENAR con cargo al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, que se realicen los estudios necesarios para establecer la naturaleza del daño en las sabanas comunales del Corregimiento de Los Venados, y las medidas urgentes a tomar para mitigarlo. Por Secretaría, ofíciese a dicha dependencia.

TERCERO: De igual forma, y como parte de la medida cautelar, se ORDENA a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR, que ejerza su función de control y vigilancia, garantizando que no se continúe con la tala de árboles nativos en las sabanas comunales del Corregimiento de Los Venados.

Asimismo, se CONMINA a dicho ente, que ejerza su poder coercitivo de forma rigurosa, conforme a sus competencias, contra las personas que cometan infracciones ambientales en esa zona […]».

Contra la anterior decisión, la ANT interpuso recurso de apelación,

de forma rigurosa, conforme a sus competencias, contra las personas que cometan infracciones ambientales en esa zona […]».

Contra la anterior decisión, la ANT interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sección en auto de 14 de julio de 2022, en el sentido de modificar la medida cautelar decretada en los siguientes términos:7

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PRIMERO: MODIFICAR los numerales primero y tercero de la parte resolutiva de la providencia de 27 de enero de 2022, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR, los cuales quedarán en los

siguientes términos: “[...] PRIMERO: ORDENAR a la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS que de manera inmediata inicie el procedimiento correspondiente para que en el menor tiempo posible, que no podrá ser superior a seis (6) meses, expida el reglamento general de la sabana comunal del corregimiento de Los Venados, el cual deberá contener, como mínimo, la determinación de las áreas, usos, reglas, prohibiciones, obligaciones, condiciones de permanencia y n úmero de sujetos, y con base en este documento asignar los derechos de uso, conforme lo dispone el Acuerdo 058 de 2018. [...] TERCERO: ORDENAR al MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, que ejerza

permanencia y n úmero de sujetos, y con base en este documento asignar los derechos de uso, conforme lo dispone el Acuerdo 058 de 2018. [...] TERCERO: ORDENAR al MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, que ejerza su funci ón de control y vigilancia, garantizando que no se continúe con la tala de árboles nativos en las sabanas comunales del Corregimiento de Los Venados. Asimismo, se CONMINA a dicho ente territorial, que ejerza su poder coercitivo de forma rigurosa, conforme a sus competencias, contra las personas que cometan infracciones ambientales en esa zona [...]”.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

El Tribunal, en sentencia de 30 de noviembre de 2023, declaró la vulneración de los derechos e intereses colectivos al goce del espacio público, a la utilización y la defensa de los bienes de uso público y a la defensa del patrimonio público, con fundamento en lo siguiente:

Destacó que aunque la ANT ha adelantado las gestiones tendientes a lograr la expedición del reglamento de uso y manejo de las Sabanas8

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Comunales del Corregimiento de Los Venados, ordenado en la medida cautelar decretada, hasta el momento no ha sido expedido.

Indicó que resulta flagrante la vulneración de los derechos colectivos

Comunales del Corregimiento de Los Venados, ordenado en la medida cautelar decretada, hasta el momento no ha sido expedido.

Indicó que resulta flagrante la vulneración de los derechos colectivos aludidos en la demanda popular por parte del MUNICIPIO, pues pese a que el Consejo de Estado lo conminó para que ejerciera su función de control y vigilancia, así como su poder coercitivo para evitar la continuidad de la tala de árboles nativos en las sabanas comunales, no ha presentado ningún informe sobre el cumplimiento de las medidas adoptadas, mucho menos, allegó el informe solicitado a través del auto para mejor proveer emitido por este Tribunal, en el que diera cuenta de las acciones emprendidas para evitar dicho flagelo.

En virtud de lo anterior, impartió las siguientes órdenes:

“[…]PRIMERO: LEVANTAR la medida cautelar decretada por este Tribunal, modificada por el Consejo de Estado, a través de autos de fechas 27 de enero de 2022 y 14 de julio de 2022, respectivamente; por las razones esbozadas en precedencia.

SEGUNDO: AMPARAR los derechos colectivos al GOCE DE UN AMBIENTE SANO, A LA EXISTENCIA DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y EL MANEJO Y APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES, AL GOCE DEL ESPACIO PÚBLICO Y LA UTILIZACIÓN Y DEFENSA DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO Y A LA DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO, de los habitantes del Corregimiento de Los Venados, quebrantados con ocasión de la indebida ocupación.9

USO PÚBLICO Y A LA DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO, de los habitantes del Corregimiento de Los Venados, quebrantados con ocasión de la indebida ocupación.9

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Actor: ARMANDO VALERA SARMIENTO

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TERCERO: ORDENAR al Municipio de Valledupar que, de manera inmediata, ejerza las funciones de control y vigilancia del medio ambiente de las Sabanas Comunales del Corregimiento de Los Venados, evitando que se continúe con la tala de árboles nativos en las mismas, y, de conformidad con sus competencias, ejerza su poder coercitivo contra las personas que cometan infracciones ambientales en esa zona, al tenor de las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

CUARTO: ORDENAR a la Agencia Nacional de Tierras que culmine, dentro de un término que no podrá exceder de 6 meses, el procedimiento para expedir el reglamento de uso y manejo de la sabana comunal del Corregimiento de Los Venados, en donde se atisbe, como mínimo, la determinación de las áreas, usos, reglas, prohibiciones, obligaciones, condiciones de permanencia y número de sujetos, y con base en ello, asignar los derechos de uso, de conformidad con lo regulado en el Acuerdo 058 de 2018, como quedó señalado en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: CONFORMAR un Comité de Vigilancia que verifique el cumplimiento

lo regulado en el Acuerdo 058 de 2018, como quedó señalado en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: CONFORMAR un Comité de Vigilancia que verifique el cumplimiento de esta sentencia, el cual estará integrado por: a). El actor popular, b). El Alcalde Municipal de Valledupar o su delegado, c). El Inspector Rural del Corregimiento de Los Venados, d). El Personero Municipal, e). El defensor del pueblo y f). el Procurador 47 Judicial en Asuntos Administrativos.

SEXTO: Cada dos (2) meses las entidades condenadas, AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS “ANT”, y, el MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, deberán rendir un informe ejecutivo a esta Corporación. El primero deberá efectuarse dentro de los primeros 5 días del mes febrero de 2024 y así sucesivamente.

SÉPTIMO: Condenar en costas a las entidades condenadas, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Para tal efecto, se fijan 5 SMLMV como agencias en derecho, de conformidad con las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, en el Acuerdo No.

PSAA1610554 del 5 de agosto de 2016, ordinal 1. Procesos declarativos en general – primera instancia, literal b […]”.

III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

III. 1.- La ANT manifestó que antes de expedir el reglamento de uso y manejo de las Sabanas Comunales se deben culminar todos los10

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Actor: ARMANDO VALERA SARMIENTO

uso y manejo de las Sabanas Comunales se deben culminar todos los10

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trámites previstos en el Acuerdo núm. 058 de 2018, dentro de los cuales está instaurar la Junta de Baldíos ; sin embargo, no se ha logrado debido al cambio en la administración local y las modificaciones en los cargo s de secretarios de Agricultura y de Planeación Municipal, quienes deben participar en la junta.

Destacó que debe agotarse asimismo un procedimiento consistente en la expedición del acto de apertura de la reglamentación del uso y manejo de la sabana comunal, una fase de preinscripción de posibles beneficiarios de esa reglamentación y la evaluación y asignación de puntajes a los inscritos.

Indicó que lo anterior se extiende aproximadamente por 12 meses, por lo que existe una limitación en términos de viabilidad jurídico – administrativa para cumplir con el término de seis (6) meses para expedir el reglamento de uso y manejo de la sabana comunal.

A su juicio , la limitación temporal impuesta compromete su capacidad para llevar a cabo una labor exhaustiva y rigurosa en la creación de normativas que cumplan con los estándares legales y administrativos requeridos.11

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Actor: ARMANDO VALERA SARMIENTO

creación de normativas que cumplan con los estándares legales y administrativos requeridos.11

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Cuestionó la condena en costas porque no ha incurrido en conductas reprochables ni en acciones dilatorias, tampoco adoptó una postura temeraria, ni omitió la colaboración solicitada por el despacho judicial y, e n todo momento, demostró una actitud colaborativa en total concordancia con el marco legal vigente.

III. 2.- El MUNICIPIO insistió en la ausencia de responsabilidad por la vulneración de los derechos alegados porque su actuar se ha ajustado a la Constitución y a la Ley ; además, no es el llamado a ejercer la defensa de ese tipo de bienes, de manera que no se acredita el nexo causal en relación con el daño alegado.

Reiteró que no le asiste legitimación en la causa por pasiva porque no existe una relación jurídica sustancial entre el actor popular y el Municipio en cuanto a los derechos invocados, sino que en el caso se plantea un asunto propio de la ANT.

IV.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Los recursos de apelación fueron admitidos mediante auto de 5 de febrero de 2024 y, posteriormente, en providencia de 3 de octubre de 2025, se12

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de 2024 y, posteriormente, en providencia de 3 de octubre de 2025, se12

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vinculó a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR6, razón por la cual se le puso en conocimiento la causal de nulidad procesal saneable prevista en el artículo 133, numeral 8, del Código General del Proceso – CGP7.

No obstante, dentro de término concedido, CORPOCESAR no alegó la nulidad en comento y, en consecuencia, mediante proveído de 19 de noviembre de 2025 se declaró saneada la irregularidad procesal, y se ordenó que el proceso continue su curso con la audiencia de la autoridad ambiental vinculada al trámite.

V.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El procurador delegado ante esta Corporación guardó silenci o en la oportunidad procesal prevista para su intervención.

6 En adelante CORPOCESAR. 7 Para el efecto, en la providencia se argumentó: “[…] Lo anterior, en razón a que en los hechos sustento de la demanda se indicó que en las sabanas comunales existentes en el corregimiento de Los Venados, del municipio de Valledupar, viene ejecutándose la tala de árboles nativos por parte de particulares, con la consecuente pérdida de fauna y flora, y aunque la Sala al resolver el recurso de alzada contra la

del municipio de Valledupar, viene ejecutándose la tala de árboles nativos por parte de particulares, con la consecuente pérdida de fauna y flora, y aunque la Sala al resolver el recurso de alzada contra la medida cautelar decretada en primera instancia en este proceso estableció la necesidad de vincular a dicha autoridad ambiental, por tratarse de un asunto directamente relacionado con su gestión, ello no se dispuso por parte del a quo.

Comoquiera que CORPOCESAR no fue notificada del auto admisorio de la demanda de la acción popular, se ha incurrido en la causal de nulidad prevista en el artículo 133, numeral 8, del Código General del Proceso -CGP […]”.13

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V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Generalidades de la acción popular

La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 1998 8, tiene como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando estos resulten amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo para la protección de sus derechos.

Problemas jurídicos

públicas o de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo para la protección de sus derechos.

Problemas jurídicos

Conforme con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, a la Sala corresponde determinar, en su orden, lo siguiente:

1. ¿Se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva

respecto del MUNICIPIO? y, en caso negativo:

8 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.14

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1. ¿El MUNICIPIO es responsable de la tra nsgresión de los derechos colectivos?

1. ¿Es procedente ampliar el plazo otorgado para la expedición del reglamento de las sabanas comunales?

1. ¿Están acreditados los supuestos de procedencia de la condena en costas?

De la legitimación en la causa por pasiva del MUNICIPIO

Sobre el particular, la Sala destaca que , en materia de acci ones populares, el estudio y análisis de esta excepción supone establecer la relación jurídica material existente entre los extremos de la litis y, a partir de esta, determinar quién tiene injerencia real en la causa o fuente del hecho constitutivo de la trasgresión de los derechos

populares, el estudio y análisis de esta excepción supone establecer la relación jurídica material existente entre los extremos de la litis y, a partir de esta, determinar quién tiene injerencia real en la causa o fuente del hecho constitutivo de la trasgresión de los derechos colectivos.

En consecuencia, están legitimados por activa y pasiva, según la ley (artículos 13 y 14 de la ley 472 de 1998) las personas naturales o jurídicas que se vean perjudicados por la violación o amenaza a los15

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derechos e intereses colectivos y aquellas que con su accionar u omisión, sean las que producen dicha violación o amenaza.

Es decir, dicha excepción constituye a su vez un presupuesto procesal que, de no acreditarse, conlleva a la imposibilidad del juez de emitir un pronunciamiento de fondo respecto del sujeto procesal en quien recae la falta de legitimación para concurrir al litigio, siendo procedente disponer su desvinculación del proceso.

Precisado lo anterior, y una vez revisados en su integridad los supuestos fácticos de la demanda como las pretensiones de la misma, surge con claridad que los asuntos ventilados en esta acción constitucional están relacionados con las funciones de policía atribuidas al Alcalde Municipal de Valledupar para la protección de bienes de uso público destinados al goce y disfrute por parte de una

misma, surge con claridad que los asuntos ventilados en esta acción constitucional están relacionados con las funciones de policía atribuidas al Alcalde Municipal de Valledupar para la protección de bienes de uso público destinados al goce y disfrute por parte de una determinada colectividad, como es el caso de las sabanas comunales, conforme con lo precisado por esta Sala al resolver el recurso de apelación interpuesto contra la providencia que accedió a la solicitud de medida cautelar 9; y la protección del medio ambiente y los recursos naturales en su jurisdicción.

9 En providencia de 14 de julio de 2022, se puntualizó: “[…] Sala destaca que las sabanas comunales son bienes de uso público, catalogados por disposición legal expresa como baldíos inadjudicables,16

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Otro asunto es que, en el marco del juicio de responsabilidad que corresponde adelantar luego de dilucidar si existe o no vulneración de tales derechos colectivos, eventualmente se advierta la ausencia de una acción u omisión del MUNICIPIO que sea susceptible de calificarse como causa determinante de la transgresión que motivó al actor para acudir ante el juez constitucional.

Entonces, bajo tal entendido, la Sala considera que lo alegado por el MUNICIPIO sobre la ausencia de legitimación para ser llamado a este proceso, no tienen vocación de prosperidad, razón por la cual este cargo será denegado.

Entonces, bajo tal entendido, la Sala considera que lo alegado por el MUNICIPIO sobre la ausencia de legitimación para ser llamado a este proceso, no tienen vocación de prosperidad, razón por la cual este cargo será denegado.

De la responsabilidad del Municipio por la vulneración de los derechos colectivos

Para efectos de dilucid ar este asunto , la Sala hará referencia a los hechos probados que conllevaron al Tribunal a declarar la vulneración

que hacen parte de la reserva territorial de Estado y, por tanto, son imprescriptibles, inalienables e inembargables. Asimismo, la Sala observa que las sabanas comunales son de uso comunitario, lo que implica que los vecinos del lugar pueden ocuparlas con ganados y, por tanto, no debe existir ningún tipo de cerramiento que impida ese aprovechamiento; sin embargo, también se permite que las áreas determinadas por la ANT puedan ser empleadas para cultivos de pancoger y, además, los usuarios pueden construir obras menores necesarias para la tecnificación y mejoramiento de la calidad de vida de los ocupantes pero, en todo caso, dichos usos por parte de los ocupantes es a título de mera tenencia, toda vez que el dominio es de la Nación […]”.17

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de los derechos colectivos a l goce de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, al goce del espacio público y la

de los derechos colectivos a l goce de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público y a la defensa del patrimonio público.

Así, en Oficio núm. 20203200884981 de 7 de septiembre de 2020 10, la subdirectora de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica de la ANT, en respuesta al derecho de petición formulado por el señor Armando Valera Sarmiento, destacó:

«[...] 3. De conformidad con el Decreto Único 1071 de 2015 “las sabanas comunales son terrenos baldíos (…)”1. En ese orden de ideas, las SABANAS COMUNALES DE LOS VENADOS son bienes de uso público en la categoría de bien baldío cuyo titular es la Nación.

Ahora bien, la Constitución Política en su artículo 63 dispuso que los bienes de uso público son inalienables, imprescriptibles e inembargables, y por ende no pueden ser adjudicados, ni apropiados por particulares, ya que están destinados al uso colectivo.

De igual manera, el artículo 69 de la ley 160 de 1994, modificado por el artículo 4 de la Ley 1900 de 2008, reafirma el carácter inadjudicable de los terrenos comunales (como las sabanas objeto de esta petición). Esto debido a su connotación de reserva territorial del Estado y la afectación de uso público que tienen. Al respecto, el mencionado artículo señala que:

inadjudicable de los terrenos comunales (como las sabanas objeto de esta petición). Esto debido a su connotación de reserva territorial del Estado y la afectación de uso público que tienen. Al respecto, el mencionado artículo señala que:

10 Fls. 7 a 10 del escrito de la demanda obrante en el expediente digital del Tribunal, índice SAMAI 00096, archivo « 82_ED_02ACCIONPOPULAR20210(.pdf) NroActua 96».18

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“(…) En las sabanas y playones comunales que periódicamente se inunden a consecuencia de las avenidas de los ríos, lagunas o ciénagas, no se adelantaran programas de adquisición de tierras. En las reglamentaciones que dicte el Instituto sobre uso y manejo de las sabanas y playones comunales, deberán determinarse las áreas que pueden ser objeto de ocupación individual, pero solo para fines de explotación con cultivos de pancoger.

Los playones y sabanas comunales constituyen reserva territorial del estado y son imprescriptibles . No podrán ser objeto de cerramientos que tiendan a impedir el aprovechamiento de dichas tierras por los vecinos del lugar” (subrayas fuera de texto).

En ese entendido, se concluye que no es procedente la adjudicación de las SABANAS COMUNALES DE LOS VENADOS [...]» (Negrillas fuera del texto original).

En ese entendido, se concluye que no es procedente la adjudicación de las SABANAS COMUNALES DE LOS VENADOS [...]» (Negrillas fuera del texto original).

A su turno, en atención a la solicitud formulada por el actor relacionada con la presunta ocupación irregular de las sabanas comunales, el Inspector Rural de Policía del corregimiento de Los Venados mediante oficios de 17 de noviembre de 202011 y 23 de abril de 202112, relacionó los nombres de las personas que «[...] se encuentran asentadas o han invadido las sabanas comunales de dicho corregimiento [...]».

De otro lado, la Procuraduría 8 Judicial II Ambiental de Valledupar en Oficio núm. 3600008-233 de 15 de abril de 202113, indicó:

11 Fls. 21 y 22, ídem. 12 Fls. 25 y 26, ídem. 13 Fl. 23, ídem.19

Número único de radicación: 20001-23-33-000-2021-00335-02

Actor: ARMANDO VALERA SARMIENTO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

«[...] En atención a su denuncia sobre la apropiación de las sabanas comunales de los venados, y la tala de árboles nativos y en ejercicio de nuestra labor de seguimiento y control preventivo me permito informarle que se solicitó a la directora de la Corporación Autónoma Regional del Cesar y al alcalde de Valledupar, información necesaria a fin de determinar