CE - Sentencia 20001233300020220005301 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., siete (7) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 20001-23-33-000-2022-00053-01 (6517-2024)

Demandante: Juan de Dios Acuña Villalobos Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio docente en plazas del orden nacionalizado. Aplicación de sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto de 2022.

CONFIRMA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia proferida el tres (3) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo del Cesar, por medio de la cual accedió a las pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor Juan de Dios Acuña Villalobos instauró demanda1 en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (U GPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y

El señor Juan de Dios Acuña Villalobos instauró demanda1 en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (U GPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de: (i) la Resolución 033036 del 17 de enero de 2011, por medio de la cual la entidad negó la pensión gracia, (ii) el acto ficto configurado el día

1 Ver índice 31 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Cesar, Archivo: 30_ED_20REFORMADEMANDA(.pdf) NroActua 31.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

Radicado: 20001-23-33-000-2022-00053-01 (6517-2024) 7 de agosto de 2021, frente a la petición presentada el 7 de mayo de 2021 , que también negó el referido derecho 2, ( iii) la Resolución RDP 033594 del 10 de diciembre de 2021 , por medio de la cual se res olvió el recurso de apelación confirmando la negativa, y (iv) las resoluciones expedidas por la UGPP, por medio de las cuales se negó el reconocimiento y pago de la pensión de gracia.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la UGPP a reconocer y pagar la mencionada p restación al actor a partir del 20 de agosto de 2008 , con el

de las cuales se negó el reconocimiento y pago de la pensión de gracia.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la UGPP a reconocer y pagar la mencionada p restación al actor a partir del 20 de agosto de 2008 , con el 75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio, con efectos fiscales desde el 7 de mayo de 2018, así como las mesadas atrasadas y las adicionales, con los respectivos incrementos, los reajustes por concepto de Ley 71 del 23 de diciembre de 1988 y Ley 100 de 1993.

Que la autoridad demandada reconozca los intereses moratorios establecidos en el CPACA y que sea condenada en costas.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que el actor inició la prestación de sus servicios a favor del departamento del Cesar, nombrado desde el 5 de mayo de 1976, mediante Decreto 00366 de 1976 emanado por el gobernador de la entidad territorial y por el delegado del Ministerio de Educación Nacional, y que desempeñó sus labores hasta el 1.° de mayo de 1978.

Que luego fue nombrado el 31 de julio de 1990 como docente en el municipio de Astrea, Cesar, por Decreto 013 del 31 de julio de 1990 proferido por el gobernador, y que al menos hasta la fecha de presentación de la demanda, ha prestado sus servicios allí.

Que mediante Resolución 034 del 3 de marzo de 1997 fue trasladado al Colegio Nacionalizado de Bachillerato Álvaro Araujo Noguera , y que por medio de la

servicios allí.

Que mediante Resolución 034 del 3 de marzo de 1997 fue trasladado al Colegio Nacionalizado de Bachillerato Álvaro Araujo Noguera , y que por medio de la Resolución 8021 del 29 de octubre de 1999 , le fue concedida una comisión n o remunerada por el tiempo comprendido entre el 1.° de agosto y el 30 de noviembre de 1999.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Afirmó que con los actos administrativos demandados se transgredió: el artículo 13 de la Constitución Política; las Leyes 39 de 1903, 114 de 1913, 37 de 1933, 115 de

2 Aclaró el tribunal que, la mencionada reclamación sí fue contestada a través de la Resolución RDP 022658 del 31 de agosto de 2021, y que, aunque la parte demandante no presentara directamente la solicitud de nulidad de dicho acto, se tuvo en cuenta que en el numeral cuarto de las pretensiones de la reforma de la demanda, el actor solicitó “Declarar la nulidad de las Resoluciones expedidas por la UGPP, por medio de las cuales se negó el reconocimiento y pago de la pensión de gracia ”, entendiendo que dentro de ellas se encuentra incluida la mentada resolución.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

Radicado: 20001-23-33-000-2022-00053-01 (6517-2024) 1994, 91 de 1989 , 60 de 1993 , 100 de 1993 ; el Decreto 2277 de 1979 y la jurisprudencia del Consejo de Estado.

1994, 91 de 1989 , 60 de 1993 , 100 de 1993 ; el Decreto 2277 de 1979 y la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Que la UGPP infringió la ley sustancial y la jurisprudencia al negar su derecho, pues se demostró el cabal cumplimiento de los requisitos . Que, además, vulneró la Constitución Política en su artículo 13, toda vez que, ante iguales circunstancias sustanciales de hecho y de derecho se han reconocido las pensiones gracia a los docentes que han completado sus tiempos de servicio en la educación pública.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda y su reforma fueron admitidas el 21 de julio de 2022 y 19 de enero de 20233, respectivamente, notificadas a la UGPP, quien manifestó4 que el actor no acreditó el cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas que gobiernan la pensión gracia, específicamente el requisito de vinculación como docente territorial o nacionalizado por más de 20 años, pues la naturaleza de la categoría que ocupó desde el 3 de agosto de 1990 fue nacional.

Que sumado a lo anterior, se demostró que los tiempos de servicio prestados como docente fueron financiados con recursos de la Nación, lo que impide reconocer la prestación pensional. Propuso como excepciones las que denominó: (i) inexistencia de la obligación por no contar con los requisitos legales necesarios para acceder a una pensión gracia, (ii) prescripción trienal, (iii) buena fe. Solicitó que se oficiara al FOMAG, al departamento del Cesar y al Ministerio de Educación Nacional con el fin de obtener el tipo de vinculación docente.

(ii) prescripción trienal, (iii) buena fe. Solicitó que se oficiara al FOMAG, al departamento del Cesar y al Ministerio de Educación Nacional con el fin de obtener el tipo de vinculación docente. En la audiencia inicial5 se fijó el litigio, se declaró fallida la conciliación, y se efectuó el decreto de pruebas, teniendo como medios de convicción aquellos aportados con la demanda, su reforma y la contestación. Decretó las documentales solicitadas por las partes , y determinó que una vez allegadas estas, se correría traslado a las mismas para que se pronunciaran, y de manera posterior, presentaran sus alegatos de conclusión.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN6

El Tribunal Administrativo del Cesar mediante sentencia el tres (3) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) , accedió a las pretensiones al señalar que, a partir del

3 Ver índice 31 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Cesar, Archivos: 24_ED_14AUTOADMITEDDA(.pdf) NroActua 31 y 33_ED_23AUTOADMITIRREFORMA(.pdf) NroActua 31. 4Ver índice 31 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Cesar, Archivos: 29_ED_19CONTESTACIONDEMAND(.pdf) NroActua 31 y 40_ED_30CONTESTACIONREFORM(.pdf) NroActua 31. 5 Ver índice 34 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Cesar. 6 Ver índice 73 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Cesar.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

6 Ver índice 73 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Cesar.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

Radicado: 20001-23-33-000-2022-00053-01 (6517-2024) material probatorio valorado, se demostró que el actor cumplió los 20 años exigidos por la norma el 18 de diciembre de 2008.

Que laboró como docente en el Colegio Cooperativo del municipio de Chimichagua, desde el 17 de mayo de 1976 al 1° de mayo de 1978, bajo un vínculo nacionalizado, y que, de manera posterior laboró en la Escuela Urbana Mixta No. 2 del municipio Astrea, Cesar, como docente en propiedad desde el 3 de agosto de 1990 hasta el 29 de julio de 2019, en una calidad territorial.

Que las diferentes situaciones administrativas que presentó el actor durante su última vinculación fueron sin solución de continuidad.

Declaró la prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 7 de mayo de 2018.

Sin condena en costas.

RECURSO DE APELACIÓN7

La demandada interpuso recurso de apelación argumentando que el educador no acreditó el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para el reconocimiento de una pensión gracia, pues según la documentación aportada, se demuestra una vinculación de carácter nacional a partir del 3 de agosto de 1990 cuando fue nombrado docente en el municipio de Astrea, esto según se observa en el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral No. 3031 y el Formato

vinculación de carácter nacional a partir del 3 de agosto de 1990 cuando fue nombrado docente en el municipio de Astrea, esto según se observa en el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral No. 3031 y el Formato Único para la Expedición de Certificado de Salarios No. 100.

Que faltó claridad en cuanto a la vinculación de 1990, ya que las certificaciones indicaron que la plaza era de carácter nacional y no existe documento alguno que señale de manera expresa lo contrario, por lo que no era dable que el tribunal definiera la categoría nacionalizada a partir de los actos de nombramiento y el acta de posesión solo por el hecho de ser expedidos por la autoridad territorial, esto considerando que la sentencia unificación del 21 junio de 2018 establece que esa prueba no basta para determinar el carácter de la plaza docente.

Que tampoco se allegó prueba alguna que acreditara que los recursos con los que se financió la plaza de la docente no provenían de la Nación.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 11 de diciembre de 2024 se admitió el recurso y por no haber pruebas que decretar no se hizo necesario otorgar el término de traslado para alegar.

En la oportunidad para pronunciarse, las partes guardaron silencio.

7 Ver índice 77 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Cesar.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

Radicado: 20001-23-33-000-2022-00053-01 (6517-2024)

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Radicado: 20001-23-33-000-2022-00053-01 (6517-2024)

El Ministerio Público se abstuvo de intervenir en el trámite de segunda instancia.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

El problema que debe resolver la Subsección es el de determinar si el actor cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, especialmente el relativo a mantener una o varias vinculaciones con carácter territorial o nacionalizado durante al menos 20 años de servicio, y acreditar algún período en tal calidad anterior al 31 de diciembre de 1980.

Marco normativo y jurisprudencial

Desarrollo conceptual de la pensión gracia y de los requisitos para su acceso

Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación, habida cuenta de que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en su artículo 1.° señaló que:

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo

Por su parte, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo 4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.

4. Que observe buena conducta. 5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).

4. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad

u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

Radicado: 20001-23-33-000-2022-00053-01 (6517-2024)

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún caso dos pensiones de este último orden.

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún caso dos pensiones de este último orden.

La pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6.° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley »22. Con la expedición de la Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de enseñanza secund aria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los requisitos antes consagrados para el efecto.

De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que: «Cuando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4.ª de 1966, en su artículo 4.º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que: «la pensión de gracia se liquidará con base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre el derecho bajo estudio también resulta necesario precisar como

se liquidará con base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre el derecho bajo estudio también resulta necesario precisar como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el 1.º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes oficiales en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

[…] 2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o

parcial de la Nación.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

parcial de la Nación.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

Radicado: 20001-23-33-000-2022-00053-01 (6517-2024)

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año.

Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.»

Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condiciones, esta sol o está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 199723 señaló que:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de texto).

el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de texto).

En lo que referente a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 24 planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, frente al interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho de qu e los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calida d de rentas exógenas.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal , sino que también

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal , sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que

generaban los servicios educativos de los docentes nacionales yCalle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

Radicado: 20001-23-33-000-2022-00053-01 (6517-2024) nacionalizados12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último,

interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

1. Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoria les, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educ adores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal , hoy sistema general de participaciones .»

(Resaltado del texto original)

fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educ adores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal , hoy sistema general de participaciones .» (Resaltado del texto original)

En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter terr itorial o nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza a ocupar, lo cual se puede advertir, entre otros, observando quién y bajo qué competencia se expide el acto admin istrativo de nombramiento, valga decir, si se da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización le gal mediante la cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10 de la Ley 29 de 1989.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

Radicado: 20001-23-33-000-2022-00053-01 (6517-2024)

Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CES2-2022 del 11 de agosto de 2022, 25 la Sección Segunda también fijó como regla jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución en sede administrativa y judicial.

En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Que acredite 50 años de edad.

1. Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector de instr ucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo caso, no son aquellos en los qu e hubiese existido financiación de las acreencias

posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo caso, no son aquellos en los qu e hubiese existido financiación de las acreencias laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de Educación Nacional, o por un alcalde o gobernador p ero en representación del Gobierno Nacional.

1. Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

1. Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez y consagración.

Resolución del caso concreto

Con el fin de definir litigios como el presente resulta necesario verificar el cumplimiento de las exigencias previstas en la normativa aplicable para consolidar el derecho a la pensión gracia.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

Radicado: 20001-23-33-000-2022-00053-01 (6517-2024) Pues bien, frente al primer requisito enunciado anteriormente relacionado con la edad, se observa que el señor Juan de Dios Acuña Villalobos nació el 5 de agosto de 19548, de modo que cumplió los 50 años el 5 de agosto de 2004.

Respecto al segundo requisito atinente a la acumulación de 20 años de servicio del reclamante como docente territorial o nacionalizad o, se realiza el siguiente estudio sobre los tiempos de labor acreditados en la presente causa judicial.

Respecto al segundo requisito atinente a la acumulación de 20 años de servicio del reclamante como docente territorial o nacionalizad o, se realiza el siguiente estudio sobre los tiempos de labor acreditados en la presente causa judicial.

• Periodo I: del 17 de mayo de 1976 al 1.° de mayo de 1978

Obra en el plenario el certificado del jefe de la Oficina General de Archivo y Hojas de Vida de la Secretaría de Educación y Cultura del Cesar de fecha del 11 de noviembre del 20089, en el que se observa que el actor fue nominado como docente nacionalizado en el Colegio Cooperativo del municipio Chimichagua, posesionado en el cargo desde el 17 de mayo de 1976, data que coincide con la del acta de posesión No. 56610, y que laboró hasta el 1.° de mayo de 1978, conforme se observa en la Resolución 00882 del mismo año11, la cual aceptó su renuncia.

Los referidos extremos temporales también constan en el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral No. 4104 , hojas No. 6 y 7, emitido el 2 de agosto de 202312.

También se encuentra la Resolución 00366 del 5 de mayo de 197613 por medio de la cual el goberna