CE - Sentencia 20001233300020230030702 de 2025

Demandante: Miguel Ángel Salazar Acosta

Demandado: Alexander Thomas Ramos Radicación: 20001-23-33-000-2023-00307-02

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL Radicación: 20001-23-33-000-2023-00307-02

Demandante: MIGUEL ÁNGEL SALAZAR ACOSTA

Demandado:

ALEXANDER THOMAS RAMOS COMO CONCEJAL DEL

MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, PERIODO 2024-2027

Temas: Participación en política de los docentes oficiales.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación presentado por la parte actora, contra la sentencia del 24 de octubre de 2024, por medio de la cual, el Tribunal Administrativo del Cesar negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Las pretensiones

1. El demandante elevó las siguientes:

PRIMERA: Que se declare la nulidad parcial del Acto Administrativo en el que consta la inscripción del señor ALEXANDER THOMAS RAMOS, identificado con cédula de

1. El demandante elevó las siguientes:

PRIMERA: Que se declare la nulidad parcial del Acto Administrativo en el que consta la inscripción del señor ALEXANDER THOMAS RAMOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 77.030.068, como candidato al Concejo Municipal de Valledupar, por el Movimiento Alternativo Indígena y Social –“MAIS”, para las elecciones correspondientes al período 2024-2027, al configurarse las causales de nulidad de expedición con infracción de las normas en que debería fundarse y falsa motivación, y la prevista en el numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad parcial del Acto Administrativo contenido en el Acta de Escrutinio Municipal E-26 CON de fecha del 5 de noviembre de 2023, proferido por la Comisión Escrutadora Municipal de Valledupar (Cesar), luego de los comicios realizados el pasado 29 de octubre de 2023, en lo pertinente a la declaratoria de elección del señor ALEXANDER THOMAS RAMOS, como Concejal del Municipio de Valledupar, para el período Constitucional 2024-2027, al configurarse las causales de nulidad de expedición con infracción de las normas en que debería fundarse y falsa motivación, y la prevista en el numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011.

TERCERA: En virtud de lo anterior, que se declare la nulidad y cancelación de la credencial que acredita al señor ALEXANDER THOMAS RAMOS como concejal electo del Municipio de Valledupar, para el período Constitucional 2024-2027.Demandante: Miguel Ángel Salazar Acosta

Demandado: Alexander Thomas Ramos

credencial que acredita al señor ALEXANDER THOMAS RAMOS como concejal electo del Municipio de Valledupar, para el período Constitucional 2024-2027.Demandante: Miguel Ángel Salazar Acosta

Demandado: Alexander Thomas Ramos Radicación: 20001-23-33-000-2023-00307-02

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CUARTA: Que se ordene declarar la elección del candidato que, por votación obtenida, lista y procedencia, le asista el derecho de ser elegido Concejal del Municipio de Valledupar, en representación del partido Movimiento Alternativo Indígena y Social –“MAIS”, para el período 2024-2027.

QUINTA: Comunicar la sentencia a las diferentes autoridades administrativas y electorales para los fines constitucionales y legales a las que hubiere lugar.

SEXTA: En caso de oposición, se condene al extremo pasivo en costas. (SIC a lo transcrito)1.

1.2. Hechos

2. El demandante narró que el señor Alexander Thomas Ramos resultó elegido como concejal en los comicios llevados a cabo el 29 de octubre de 2023, con el aval del movimiento MAIS.

3. Sostuvo que, para el momento de la inscripción de su candidatura y, luego, de la elección, se desempeñaba como servidor público en varias instituciones educativas.

4. Informó que el accionado laboró como docente catedrático de la Universidad Popular del Cesar, desde el 17 de diciembre de 2004 hasta el 12 de diciembre de

elección, se desempeñaba como servidor público en varias instituciones educativas.

4. Informó que el accionado laboró como docente catedrático de la Universidad Popular del Cesar, desde el 17 de diciembre de 2004 hasta el 12 de diciembre de 2023, bajo una relación legal y reglamentaria.

5. Expuso que, mediante la Resolución No. 2203 del 2 de agosto de 2023 «por medio de la cual se vinculan unos profesores catedráticos en la facultad de educación de la Universidad Popular del Cesar», suscrita por la Vicerrectoría Académica; fue nombrado en dicha institución.

6. Aseguró que también laboró el Colegio Nuestra Señora de Fátima, Institución Educativa de carácter público adscrita a la Dirección de Bienestar Social de la

Policía Nacional – Cesar.

7. Refirió que la forma de vinculación con dicha entidad se acreditaría con las pruebas que se practicaren en el trámite del proceso, dado que, mediante derecho de petición enviado el día 12 de diciembre de 2023, solicitó esa información, pero hasta la fecha de radicación de la demanda, no había recibido respuesta.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

8. Argumentó que, al momento de su inscripción por el Movimiento Alternativo Indígena y Social - MAIS, para las elecciones correspondientes al período 20242027, el accionado estaba vinculado como docente catedrático en la Universidad Popular del Cesar y tenía la calidad de servidor público, condición que también ostentaba para la fecha de su elección. 1 Se transcribe con posibles errores ortográficos.Demandante: Miguel Ángel Salazar Acosta

Demandado: Alexander Thomas Ramos

Popular del Cesar y tenía la calidad de servidor público, condición que también ostentaba para la fecha de su elección. 1 Se transcribe con posibles errores ortográficos.Demandante: Miguel Ángel Salazar Acosta

Demandado: Alexander Thomas Ramos Radicación: 20001-23-33-000-2023-00307-02

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9. Refirió que, teniendo en cuenta dicha calidad, le estaba prohibida su participación en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas, de acuerdo con lo expuesto en el artículo 127 de la Constitución Política y el artículo 38 de la Ley 996 de 2005.

10. Estimó que antes de inscribirse como candidato al Concejo Municipal de Valledupar, para poder realizar las actividades relacionadas con su aspiración como concejal, el accionado debió presentar renuncia a su empleo como docente, pero al no haberlo hecho, incurrió en la violación de las normas referenciadas.

11. Expresó que se configuró una causal de inelegibilidad, de conformidad con lo señalado en el numeral 5 del artículo 275 del CPACA, pues estas normas, en lo sustantivo materializan la protección constitucional del elector, consistente en que, a las urnas acudan personas que no tengan alguna condición que pueda impedir la transparencia en el sufragio o que incline de manera inadecuada la votación en su favor.

12. Aseguró que los actos administrativos, tanto de inscripción de candidatura como de elección del accionado, se encuentran viciados por infracción a las normas

favor.

12. Aseguró que los actos administrativos, tanto de inscripción de candidatura como de elección del accionado, se encuentran viciados por infracción a las normas en que deben fundarse, previstas en el segundo inciso del artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, ante la prohibición que aparejaba su calidad de servidor público para participar en esa contienda electoral.

13. Estimó que los actos acusados incurrían en falsa motivación , en consideración a que «es evidente que el señor ALEXANDER THOMAS al momento de inscribirse como candidato manifestó bajo la gravedad de juramento que no se encontraba incurso en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad y prohibición para ser elegido como concejal, pero dicha declaración es falsa, pues si lo estaba bajo la condición de servidor público que ostentaba, máxime para su elección».

14. Señaló que, de acuerdo con la sentencia dictada por el Consejo de Estado el 22 de junio de 2023, radicación: 11001-03-24-000-2017-00345-00 (0712-2018); que a su vez cita a la Corte Constitucional2, los docentes catedráticos tienen la calidad de servidores públicos.

15. Agregó que, conforme a la sentencia de unificación del 26 de septiembre de

2017 del Consejo de Estado:

Los servidores públicos únicamente pueden participar en las actividades y controversias políticas en las condiciones que señale la Ley Estatutaria, conforme lo establece [el] inciso tercero del artículo 127 de la Constitución Política, pero como dicha ley no ha sido expedida, los servidores públicos, incluyendo a los docentes

controversias políticas en las condiciones que señale la Ley Estatutaria, conforme lo establece [el] inciso tercero del artículo 127 de la Constitución Política, pero como dicha ley no ha sido expedida, los servidores públicos, incluyendo a los docentes catedráticos, no pueden tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho 2 Corte Constitucional, sentencia C-006 de 1996.Demandante: Miguel Ángel Salazar Acosta

Demandado: Alexander Thomas Ramos Radicación: 20001-23-33-000-2023-00307-02

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 al sufragio, hasta tanto el legislador no expida la ley estatutaria que establezca las condiciones en que se permitirá su participación.3

1.4. Contestación de la demanda

1.4.1. Alexander Thomas Ramos

16. El demandado se pronunció sobre los hechos y el concepto de violación de la demanda y solicitó que se negaran las pretensiones.

17. Planteó que el demandado no poseía contrato o vínculo alguno, relación o negocio con el Estado o entidad pública local dentro de los 12 meses anteriores a las elecciones realizadas, que lo encasillara en una causal de inhabilidad, conforme al artículo 43 de la ley 136 de 1994 modificado por el art 40 de la ley 617 del 2000.

18. Señaló, que un docente catedrático no es funcionario público, ni trabajador oficial y mucho menos servidor público.

al artículo 43 de la ley 136 de 1994 modificado por el art 40 de la ley 617 del 2000.

18. Señaló, que un docente catedrático no es funcionario público, ni trabajador oficial y mucho menos servidor público.

19. Aseguró que, según el artículo 28 de la Ley 30 de 1992, las universidades poseen autonomía para organizar la forma, estructura y vinculación de sus docentes. Además, el artículo 71 de la misma norma establece que los profesores pueden ser de dedicación exclusiva, de tiempo completo, de medio tiempo y de cátedra y, que estos últimos, no son empleados públicos ni trabajadores oficiales.

20. Refirió que un docente catedrático no es un servidor público por el solo hecho de estar vinculado a través de una resolución, documento que bajo una autonomía universitaria le otorga unas horas a un docente para dictar una cátedra por su alto conocimiento en la materia, por un periodo corto de tiempo y sin continuidad laboral ni sucesión en el tiempo.

1.4.2. Consejo Nacional Electoral

21. A través de su apoderado judicial, presentó contestación en la que indicó que el asunto versa sobre una causal de nulidad subjetiva, referente a los requisitos, calidades y condiciones de elegibilidad y, por ello, es al propio candidato y al partido que lo avaló, a quienes corresponde pronunciarse y demostrar que cumple dichas condiciones.

22. Expresó que, si bien es cierto tiene la potestad para resolver las solicitudes de revocatoria de inscripción de candidaturas, entre otras, cuando, los aspirantes se encuentren incursos en causales de inhabilidad, en este caso no se presentó

22. Expresó que, si bien es cierto tiene la potestad para resolver las solicitudes de revocatoria de inscripción de candidaturas, entre otras, cuando, los aspirantes se encuentren incursos en causales de inhabilidad, en este caso no se presentó solicitud de revocatoria de la inscripción, por lo tanto, no ha hecho pronunciamiento alguno respecto, ni ha expedido acto administrativo que deba ser defendido ante 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, magistrada ponente: Rocío Araújo Oñate,

radicado: 25000-23-41-000-2015-02491-01.Demandante: Miguel Ángel Salazar Acosta

Demandado: Alexander Thomas Ramos Radicación: 20001-23-33-000-2023-00307-02

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 instancia judicial.

23. En consecuencia, solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva. 1.4.3. Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC)

24. Expuso que la competencia de la registraduría se circunscribe a verificar el cumplimiento de los requisitos formales exigidos para la inscripción de candidatura, la cual queda sujeta a la competencia del Consejo Nacional Electoral, autoridad facultada para decidir sobre la revocatoria de candidaturas por incurrir en inhabilidades, entre otras.

25. Adujo que la Registraduría no puede rechazar la inscripción de ningún candidato por inhabilidad, de acuerdo con el artículo 32 de la Ley 1475 de 2011, y

inhabilidades, entre otras.

25. Adujo que la Registraduría no puede rechazar la inscripción de ningún candidato por inhabilidad, de acuerdo con el artículo 32 de la Ley 1475 de 2011, y su competencia se limita a verificar el cumplimiento de los requisitos formales exigidos y, en caso de encontrar que los reúnen, aceptar la solicitud.

26. Propuso la excepción denominada falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.5. Actuación procesal en primera instancia

27. El demandante radicó el escrito introductorio el 15 de diciembre de 2023. El despacho del magistrado sustanciador, mediante diferentes providencias de la misma fecha, admitió la demanda y corrió traslado de la solicitud de suspensión provisional4.

28. A través de proveído del 12 de febrero de 2024, el tribunal negó la medida cautelar solicitada y dispuso la notificación5. Contra esta determinación, la parte actora interpuso recurso de apelación. Por auto del 11 de abril siguiente, esta sección confirmó la decisión recurrida. La demandada, el CNE y RNEC contestaron dentro del término y propusieron como medios defensivos las previas denominadas: no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios, ineptitud por falta de requisitos formales y notificación del auto admisorio a persona distinta; además de las excepciones de caducidad y falta de legitimación en la causa por pasiva, respectivamente6.

29. A través de auto del 7 de marzo de 2024, el magistrado sustanciador declaró no probadas las excepciones previas propuestas.7

de las excepciones de caducidad y falta de legitimación en la causa por pasiva, respectivamente6.

29. A través de auto del 7 de marzo de 2024, el magistrado sustanciador declaró no probadas las excepciones previas propuestas.7

30. El día 16 de abril de 20248, se llevó a cabo la audiencia inicial durante la cual, 4 Índice 005 y 007 de Samai. 5 Índice 028 de Samai. 6 Índices 14, 21 y 26 de Samai. 7 Índice 049 de Samai. 8 Índice 064 de Samai.Demandante: Miguel Ángel Salazar Acosta

Demandado: Alexander Thomas Ramos Radicación: 20001-23-33-000-2023-00307-02

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 se fijó el litigio de la siguiente manera:

De conformidad con lo anterior, y lo solicitado en las pretensiones de la demanda, el litigio se centrará en determinar, en primer lugar, si es nulo o no, parcialmente, el acto administrativo en el que consta la inscripción del señor ALEXANDER THOMAS RAMOS, como candidato al Concejo Municipal de Valledupar, por el Movimiento Alternativo Indígena y Social –“MAIS”, para las elecciones correspondientes al período 2024 - 2027; así como el Acta de Escrutinio Municipal E-26 CON, de fecha 5 de noviembre de 2023, proferida por la Comisión Escrutadora Municipal de Valledupar, en lo pertinente a la declaratoria de elección como concejal de aquel.

de noviembre de 2023, proferida por la Comisión Escrutadora Municipal de Valledupar, en lo pertinente a la declaratoria de elección como concejal de aquel.

31. En la misma diligencia, el magistrado sustanciador se pronunció sobre las pruebas solicitadas. Frente a la parte demandante dispuso incorporar al expediente las documentales aportadas con el escrito introductorio y decretó las que debían requerirse mediante oficio a otras entidades y el interrogatorio del demandado; de esta última posteriormente se desistió.

32. Decretó las pruebas documentales allegadas por el demandado e intervinientes y el interrogatorio de parte del demandado.

33. Por medio de autos dictados los días 18 y 25 de julio y, 27 de agosto de 2024, el magistrado dispuso incorporar y dar traslado de la prueba allegada al proceso, consistente en las certificaciones laborales expedidas por la Policía Nacional y la

Universidad Pública del Cesar9.

34. Mediante proveído del 19 de septiembre de 2024, corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para rendir su concepto10.

1.6. Sentencia de primera instancia

35. El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante fallo del 24 de octubre de 2024, negó las pretensiones de la demanda11.

36. En primer lugar, la corporación declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el CNE y la RNEC.

37. Además, declaró no probada la excepción de caducidad instaurada por el demandado, al determinar que la demanda se presentó dentro de la oportunidad procesal correspondiente.

37. Además, declaró no probada la excepción de caducidad instaurada por el demandado, al determinar que la demanda se presentó dentro de la oportunidad procesal correspondiente.

38. Finalmente observó que el señor Alexander Thomás Ramos, ejerció la docencia en la Universidad Popular del Cesar, como profesor catedrático, en el período comprendido entre el 8 de agosto de 2023 y el 12 de diciembre de ese mismo año 9 Índice 099, 107 y 124 de Samai. 10 Índice 132 de Samai. 11 Índice 141 de Samai.Demandante: Miguel Ángel Salazar Acosta

Demandado: Alexander Thomas Ramos Radicación: 20001-23-33-000-2023-00307-02

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 y, en el Colegio Nuestra Señora de Fátima, como orientador de defensa en sus diferentes escalas, desde el 30 de enero de 1996 hasta el 21 de octubre de 2024.

39. Sobre la fecha de desvinculación precisó «si bien en esta última certificación existe una contradicción en las fechas de vinculación del demandado, pues se indica que laboró hasta el 21 de octubre de 2024 y luego que se le aceptó la renuncia a través de la Resolución No. 03328 del 19/10/2022, ello no incide en el hecho que, a pesar de ejercer el cargo docente, haya resultado elegido como concejal del

Municipio de Valledupar».

40. Determinados dichos supuestos, consideró que el ejercicio docente no está

pesar de ejercer el cargo docente, haya resultado elegido como concejal del Municipio de Valledupar».

40. Determinados dichos supuestos, consideró que el ejercicio docente no está inmerso dentro de las prohibiciones de que trata el artículo 127 de la Constitución Política y, por tanto, el demandado podía aspirar a una curul en el concejo de Valledupar, pues no ostenta la calidad de empleado público. En los siguientes

términos:

En efecto, el inciso segundo del artículo 127 Constitucional precisa los casos en los cuales el ejercicio del derecho de participar en la conformación, ejercicio y control del poder político se entiende restringido, de manera que los servidores que han quedado comprendidos dentro de ese listado taxativo, tienen prohibida la participación en actividades políticas.

Es decir, que esa disposición constitucional habilita y permite el ejercicio de la actividad política a todos los demás empleados que no se encuentren contemplados expresamente en la prohibición. [….]

En ese orden de ideas, al no estar el ejercicio docente inmerso dentro de las prohibiciones de que trata el artículo en referencia, se concluye que el señor ALEXANDER THOMÁS RAMOS si podía aspirar a una curul en el concejo de Valledupar, pues no ostenta la calidad de empleado público.

1.7. Recurso de apelación

41. La parte demandante apeló la anterior decisión. Fundamentó su inconformidad en que el tribunal hizo un análisis «superficial» que le llevó a concluir que el ejercicio docente no constituía causal de inhabilidad, pero no valoró integralmente la relación laboral del demandado con el Colegio Nuestra Señora de Fátima ni la condición de docente catedrático de la Universidad Popular del Cesar; las cuales, según el

docente no constituía causal de inhabilidad, pero no valoró integralmente la relación laboral del demandado con el Colegio Nuestra Señora de Fátima ni la condición de docente catedrático de la Universidad Popular del Cesar; las cuales, según el apelante, constituían una inhabilidad conforme a las normas constitucionales y legales citadas.

42. Precisó que la demanda busca la nulidad parcial de dos decisiones: (i) la inscripción del señor Alexander Thomás Ramos como candidato al Concejo Municipal de Valledupar; y (ii) el acto de elección contenido en el formulario E-26

CON del 5 de noviembre de 2023. Según la parte actora, ambos actos están viciados por la existencia de una inhabilidad constitucional y legal que afectaba al candidato al momento de su inscripción y posterior elección.Demandante: Miguel Ángel Salazar Acosta

Demandado: Alexander Thomas Ramos Radicación: 20001-23-33-000-2023-00307-02

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43. Sostuvo que el señor Alexander Thomás Ramos ostentaba simultáneamente dos relaciones laborales con entidades públicas al momento de su inscripción como candidato: i) como empleado de planta en el Colegio Nuestra Señora de Fátima, adscrito a la Policía Nacional; y ii) como docente catedrático de la Universidad Popular del Cesar, desde diciembre de 2004 y, hasta el 12 de diciembre de 2023.

La última designación correspondiente está contenida en la Resolución No. 2203 del 2 de agosto de 2023. Vinculaciones que lo convertían en servidor público,

Popular del Cesar, desde diciembre de 2004 y, hasta el 12 de diciembre de 2023. La última designación correspondiente está contenida en la Resolución No. 2203 del 2 de agosto de 2023. Vinculaciones que lo convertían en servidor público, conforme a los artículos 2 y 123 de la Constitución y le imponían el deber de renunciar antes de inscribirse como candidato.

44. Refirió que, durante la etapa probatoria, se allegaron certificaciones oficiales y documentos contables que demuestran que el accionado recibió salario completo en octubre de 2022, mes en que, supuestamente, finalizó su relación laboral con el Colegio. Supuesto que confirma que no se desvinculó formalmente de la institución educativa y, por tanto, incurrió en una inhabilidad al momento de su inscripción. En

palabras del actor:

Llama la atención en este apartado, de los documentos allegados como pruebas, que hayan inconsistencias en las certificaciones laborales expedidas por la entidad (Colegio Nuestra Señora de Fátima) en la que laboró el hoy demandado y su empleador directo (Policía Nacional). ¿Qué debería entenderse como fecha de retiro del cargo del señor ALEXANDER THOMAS RAMOS, la del 19 de octubre o la del 21 de octubre del año 2022? (SIC)12

45. Advirtió que el Tribunal omitió valorar las sentencias invocadas, entre ellas, la de unificación del Consejo de Estado del 26 de septiembre de 2017 y la C-006 de 1996 de la Corte Constitucional, pronunciamientos en los que se reconoció a los docentes catedráticos como servidores públicos sujetos a las restricciones políticas

de unificación del Consejo de Estado del 26 de septiembre de 2017 y la C-006 de 1996 de la Corte Constitucional, pronunciamientos en los que se reconoció a los docentes catedráticos como servidores públicos sujetos a las restricciones políticas del artículo 127 superior. También, la providencia del 22 de junio de 2023 (Rad. 11001-03-24-000-2017-00345-00), que reiteró el carácter público de la función docente.

1.8. Trámite en segunda instancia

45. Por auto del 18 de diciembre de 2024, el magistrado sustanciador admitió el recurso de apelación y ordenó los traslados correspondientes13.

1.8.1. Alegatos de conclusión

1.8.1.1. Parte demandante

46. Reiteró, en esencia, los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

12 Se transcribe con posibles errores gramaticales y ortográficos. 13 índice 005 de Samai.Demandante: Miguel Ángel Salazar Acosta

Demandado: Alexander Thomas Ramos Radicación: 20001-23-33-000-2023-00307-02

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 1.9. Parte demandada

47. No realizó ningún pronunciamiento.

1.10. Concepto del Ministerio Público

48. La procuradora Séptima delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto en el que indicó que los argumentos del apelante no son suficientes para demostrar la nulidad del acto electoral.

1.10. Concepto del Ministerio Público

48. La procuradora Séptima delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto en el que indicó que los argumentos del apelante no son suficientes para demostrar la nulidad del acto electoral.

49. Explicó que la restricción del artículo 127 constitucional no constituye per se una inhabilidad y su aplicación requiere una norma expresa de rango legal o estatutario.

50. Refirió que, aplicar la citada norma en los términos solicitados, vulneraría el principio de legalidad y el derecho fundamental a participar en política consagrado en los artículos 40 de la Constitución y 23 de la Convención Americana de Derechos

Humanos.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

51. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 24 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo establecido en los artículos 15014 y 152 numeral 7, literal a) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo15, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 2024, que contiene el Reglamento Interno del Consejo de Estado.

14 ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Y CAMBIO DE RADICACIÓN.

Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código. 15 Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. «Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…)

7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral: (…) a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los diputados de las asambleas departamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes municipales y distritales, de los miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos, de los miembros de los consejos superiores de las universidades públicas de cualquier orden, y de miembros de los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales.

Igualmente, de la nulidad de las demás elecciones que se realicen por voto popular, salvo la de jueces de paz y jueces de reconsideración;Demandante: Miguel Ángel Salazar Acosta

Demandado: Alexander Thomas Ramos Radicación: 20001-23-33-000-2023-00307-02

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 2.2. Cuestión previa

52. Revisado el plenario esta sala evidenció que, en el presente proceso, el tribunal decidió la admisión de la demanda y la medida cautelar en dos providencias diferentes, con lo que desconoció el contenido del artículo 277 que en su inciso final

dispone:

En el caso de que se haya pedido la suspensión provisional del acto acusado, la que debe solicitarse en la demanda, se resolverá en el mismo auto admisorio, el cual debe ser proferido por el juez, la sala o sección (…).

53. Por lo anterior, la Sala exhortará al Tribunal Administrativo del Cesar, para que, en adelante, cumpla con lo establecido por el legislador en la norma citada, en el sentido de resolver en una misma providencia la admisión de la demanda y la suspensión provisional, previo traslado, conforme lo ordena la norma.

2.3. Problema jurídico

54. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, el 24 de octubre de 2024, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda; para ello, se deberá determinar si el demandado incurrió en la prohibición que establece el artículo 127 constitucional y el 38 de la Ley 996 de 2005, en consideración a que, para la época de la inscripción de la candidatura y de su elección como concejal de Valledupar se encontraba vinculado como docente en un colegio oficial y, además, laboraba como

de la inscripción d