CE - Sentencia 20001233300020250006201 de 2025

Demandante: Luis Alfonso González Caballero Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otro Radicado: 20001-23-33-000-2025-00062-01

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Santiago de Cali, veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO Radicación: 20001-23-33-000-2025-00062-01

Demandante: LUIS ALFONSO GONZÁLEZ CABALLERO

Demandados: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE Y

OTROS

Tema:

Revoca sentencia de primera instancia. Rechaza la acción por falta del requisito de renuencia. Declara la existencia de cosa juzgada.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación interpuesta po r el municipio de Valledupar, Secretaría de Tránsito y Transporte, contra la sentencia del 13 de marzo de 2025 dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar en el medio de control de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de cumplimiento

El señor Luis Alfonso González Caballero , actuando en nombre propio, ejerció

dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar en el medio de control de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de cumplimiento

El señor Luis Alfonso González Caballero , actuando en nombre propio, ejerció acción de cumplimiento contra la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el municipio de Valledupar – Secretaría de Tránsito y Transporte. Lo anterior, con el fin de obtener el acatamiento de los artículos 4 y 5 del Decreto 2409 de 2018, artículo 18 de la Ley 2251 de 2022, artículos 3, 4 y 13 de la Ley 1843 de 2017, artículos 127, 129 y 134 al 137 de la Ley 769 de 2002, y los literales a, d, g, i, m del artículo 3 y los artículos 5 al 8 de la Resolución 20203040011245 de 2020 expedida por el Ministerio de Transporte.

En consecuencia , de esta solicitud de cumplimiento, el accionante elevó las pretensiones que se sintetizan a continuación pese a la falta de claridad que guarda el escrito:Demandante: Luis Alfonso González Caballero Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otro Radicado: 20001-23-33-000-2025-00062-01

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Peticionó que se ordene a la Secretaría de Tránsito del municipio de Valledupar la anulación de todas las multas aplicadas mediante los mal denominados vehículos

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Peticionó que se ordene a la Secretaría de Tránsito del municipio de Valledupar la anulación de todas las multas aplicadas mediante los mal denominados vehículos «caza infractores», incluyendo las que a él se le habían impuesto, durante el período en el cual no se contaba con la autorización del Ministerio de Transporte para el uso de sistemas automáticos, semiautomáticos u otros medios tecnológicos (en adelante, SAST) de detección de infracciones de tránsito.

Asimismo, requirió que se disponga el retiro de los tres vehículos utilizados para la imposición de comparendos, al considerar que su uso contraviene la normativa vigente.

También solicitó que se ordene a la Secretaría de Tránsito que la imposición de comparendos se realice de manera presencial, garantizando la individualización del presunto infractor, de modo que, en caso de estacionamiento en sitios prohibidos, se le otorgue un tiempo prudencial para retirar el vehículo antes de proceder con la sanción correspondiente.

1.2. Hechos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

El 6 de septiembre de 2024, la autoridad de tránsito del municipio de Valledupar le impuso comparendo identificado con el radicado 20001000000045546349 al señor González Caballero , cuya causa fue el estacionamiento de vehículo en sitio prohibido.

La Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar opera varios vehículos institucionales en los cuales se moviliza n sus funcionarios, los cuales están

González Caballero , cuya causa fue el estacionamiento de vehículo en sitio prohibido.

La Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar opera varios vehículos institucionales en los cuales se moviliza n sus funcionarios, los cuales están revestidos de competencia para imponer sanciones por contravenciones viales. Igualmente, en el municipio se han instalado múltiples señales de tránsito que indican «prohibido parquear detención electrónica».

El 23 de diciembre de 2024, la parte actora solicitó a las entidades accionadas 1 el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 2251 de 2022 2, artículos 1 al 4, 10, 13 y 14 de la Ley 1843 de 20173, artículos 127, 129 y 135 de la Ley 769 de

1 Por medio de escrito enviado a los correos electrónicos atencionusuariotransito@valleduparcesar.gov.co, dinasierra@supertransporte.gov.co, notificacionesjuridicas@ansv.gov.co, atencionalciudadano@ansv.gov.co. 2 Por la cual se dictan normas para el diseño e implementación de la política de seguridad vial con enfoque de sistema seguro y se dictan otras disposiciones Ley Julián Esteban 3 Por medio de la cual se regula la instalación y puesta en marcha de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones y se dictan otras disposicionesDemandante: Luis Alfonso González Caballero Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otro Radicado: 20001-23-33-000-2025-00062-01

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disposicionesDemandante: Luis Alfonso González Caballero Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otro Radicado: 20001-23-33-000-2025-00062-01

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20024, y los artículos 1 al 14 de la Resolución 20203040011245 de 20205 expedida por el Ministerio de Transporte.

Lo expuesto, en el sentido de (i) retirar los vehículos de foto multa dispuestos en Valledupar; (ii) abstenerse de seguir imponiendo multas haciendo uso de los anteriores; (iii) anular todos los comparendos interpuestos durante su operación ; y (iv) agotar el debido procedimiento administrativo al momento de retirar vehículos mal estacionados o abandonados en espacio público.

1.3. Fundamentos de la solicitud de cumplimiento

El accionante sostuvo que en el municipio Valledupar, la imposición de multas a través de vehículos denominados «caza infractores» se realiza de forma irregular y sin contar con las autorizaciones para tal fin , al no cumplirse los procedimientos establecidos para la detección y sanción de infracciones de tránsito. Asimismo, afirmó que en el municipio existen más de 1000 señales de tránsito que establecen «prohibido parquear detención electrónica».

Argumentó que estos vehículos operan en movimiento, sin la presencia directa y visible de un agente de tránsito que intervenga en el acto, lo que impide la correcta individualización del infractor y la aplicación de la notificación de forma oportuna y

Argumentó que estos vehículos operan en movimiento, sin la presencia directa y visible de un agente de tránsito que intervenga en el acto, lo que impide la correcta individualización del infractor y la aplicación de la notificación de forma oportuna y personal. En este sentido, cuestionó que los comparendos son emitidos de manera electrónica o mediante foto multas sin intervención presencial de la autoridad de tránsito.

Insistió en que la utilización de medios tecnológicos automatizados para la detección de infracciones se ha hecho sin contar con la debida autorización y sin garantizar el cumplimiento de los criterios técnicos de seguridad vial. Además, señal ó que esta modalidad de control ha derivado en la imposición de comparendos de forma indiscriminada, afectando no solo a individuos aislados sino a una parte considerable de la comunidad.

Refirió que, en ciertos casos, se han impuesto multas a conductores y propietarios de vehículos sin que exista evidencia clara y verificable de la comisión de la infracción, lo cual se traduce en un proceder que parece orientado al recaudo económico en detrimento de una labor preventiva y educativa. En concreto, señaló el comparendo que a él se le interpuso a través de medio tecnológico sin que su levantamiento se surtiera de forma personal.

4 Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones 5 Por la cual se establecen los criterios técnicos de seguridad vial para la instalación y operación de los sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de presuntas infracciones al tránsito y se dictan otras disposicionesDemandante: Luis Alfonso González Caballero

Demandados: Superintendencia de Puertos y

los sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de presuntas infracciones al tránsito y se dictan otras disposicionesDemandante: Luis Alfonso González Caballero Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otro Radicado: 20001-23-33-000-2025-00062-01

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1.4. Actuaciones procesales relevantes

1.4.1. Auto admisorio

La magistrada ponente del Tribunal Administrativo del Cesar, mediante auto del 13 de febrero de 2025, admitió la acción de cumplimiento y dispuso notificar personalmente del proveído a la Superintendencia de Puertos y Transporte, a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y al municipio de Valledupar – Secretaría de Tránsito y Transporte , entidades a la que les requirió rendir un informe sobre las circunstancias que motivaron la demanda.

Por otro lado, solicitó a la Secretaría de Tránsito y Transporte remitir un informe sobre: el trámite para la imposición de comparendos mediante la utilización de sus vehículos institucionales; la forma de notificación a los presuntos infractores; el procedimiento surtido en el caso particular del accionante aportando copia del comparendo; las características técnicas del vehículo «caza infractores» y su forma de operación; el procedimiento desplegado por los agentes de tránsito para la imposición de comparendos y las herramientas tecnológicas en que se apoyan.

1.4.2. Contestaciones de la demanda e intervenciones

de operación; el procedimiento desplegado por los agentes de tránsito para la imposición de comparendos y las herramientas tecnológicas en que se apoyan.

1.4.2. Contestaciones de la demanda e intervenciones

La Secretaría General de l Tribunal Administrativo del Cesar, en cumplimiento a lo ordenado en el auto admisorio, el 14 de febrero de 2025 surtió las notificaciones dirigidas a los sujetos procesales6 en virtud de las cuales se recibieron las siguientes intervenciones:

1.4.2.1. Ministerio de Transporte

La entidad argumentó que no ha incurrido en ninguna acción u omisión que lo haga responsable del presunto incumplimiento alegado en el escrito inicial. Sostuvo que las multas relatadas por la parte actora fueron impuestas por la Secretaría de Tránsito de Valledupar y la Policía Nacional de Carreteras, entidades autónomas en el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, argumentó que no se configura su legitimación en la causa por pasiva, dado que no participó en los hechos que dieron origen a la demanda ni es titular de la relación jurídica sustancial en cuestión. Enfatizó que su competencia se limita a la formulación de políticas y regulación en materia de tránsito y transporte, sin facultades de inspección, vigilancia y control sobre los organismos de tránsito locales.

6 Índice 9 del expediente digital de primera instancia.Demandante: Luis Alfonso González Caballero Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otro Radicado: 20001-23-33-000-2025-00062-01

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Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otro Radicado: 20001-23-33-000-2025-00062-01

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Por lo tanto, advirtió que no tiene competencia para materializar lo solicitado en la acción de cumplimiento ni para cumplir una eventual orden judicial en ese sentido, dado que no ejerce autoridad sobre la Secretaría de Tránsito mencionada ni tiene funciones jurisdiccionales que le permitan anular comparendos.

Razonó que no se ha cumplido con el requisito de renuencia respecto de la entidad ya que, según la Ley 393 de 1997, solo puede exigirse el cumplimiento a quien tiene el deber de actuar y no lo hace, lo que no es el caso del ministerio dado que carece de competencia para resolver el asunto en discusión.

1.4.2.2. Municipio de Valledupar

Argumentó que la exigencia normativa invocada por la parte actora no es aplicable a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar, dado que en la actualidad el municipio no cuenta con dispositivos de detección automática de infracciones en operación. Explicó que los agentes de tránsito adelantan controles en vía realizados con apoyo de dispositivos electrónicos operados manualmente, para lo cual no requiere autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

1.4.2.3. Superintendencia de Puertos y Transporte

La Superintendencia de Puertos y Transporte afirmó que ninguna de las pretensiones formuladas exige el cumplimiento de una norma por su parte. Sostuvo

1.4.2.3. Superintendencia de Puertos y Transporte

La Superintendencia de Puertos y Transporte afirmó que ninguna de las pretensiones formuladas exige el cumplimiento de una norma por su parte. Sostuvo que la parte accionante no acreditó incumplimientos de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar, por lo que no procede iniciar acciones sancionatorias.

Indicó que el escrito de constitución en renuencia y la demanda fueron enviados a l correo institucional de una funcionaria de la entidad, que no es el dispuesto para este cometido. Señaló que los canales adecuados están en su página web y que, por esta razón, no se surtió debidamente la constitución en renuencia.

Además, precisó que las actuaciones cuestionadas en el escrito inicial son responsabilidad de la Secretaría de Tránsito de Valledupar, que actúa bajo los principios de autonomía y descentralización. Insistió en que la Superintendencia no ejerce control sobre las decisiones de esa autoridad y que no es competente para lo solicitado.

Precisó que, en razón al carácter subsidiario de la acción de cumplimiento, la parte actora cuenta con los mecanismos ordinarios de defensa para cuestionar las sanciones de tránsito que le fueron impuestas.Demandante: Luis Alfonso González Caballero Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otro Radicado: 20001-23-33-000-2025-00062-01

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1.4.2.4. Agencia Nacional de Seguridad Vial

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1.4.2.4. Agencia Nacional de Seguridad Vial

La Agencia Nacional de Seguridad Vial afirmó que no ha incumplido ninguna de las normas citadas por el actor, ya que no tiene competencia sobre la instalación u operación de sistemas automáticos de detección de infracciones (SAST), ni es autoridad de tránsito, ni impone comparendos. Explicó que no realiza vigilancia ni control sobre el cumplimiento técnico de los criterios normativos por parte de los organismos de tránsito respecto a los SAST.

Indicó que, si en Valledupar se están usando dispositivos no autorizados, la entidad competente para investigar es la Superintendencia de Transporte. Además, recordó que los ciudadanos pueden ejercer su derecho de defensa en el proceso sancionatorio.

Concluyó que no se ha desconocido norma alguna, pues la entidad no tiene obligación jurídica relacionada con los hechos invocados en la demanda, lo que configura una falta de legitimación en la causa por pasiva que da lugar a la declaratoria de improcedencia de la acción.

1.4.3. Solicitud de coadyuvancia

Las siguientes personas suscribieron memorial en el cual reiteraron los argumentos y pretensiones del escrito inicial y solicitaron la calidad de coadyuvantes en el proceso de la referencia:

Yenis Rodríguez, Tomás Eduardo Quíroz, Ciro Alberto Fuentes, Martha Cecilia Lara Palmera, Indira Valle, Nelson Contrera, Gustavo Rueda, Guillermo Augusto Arias,

proceso de la referencia:

Yenis Rodríguez, Tomás Eduardo Quíroz, Ciro Alberto Fuentes, Martha Cecilia Lara Palmera, Indira Valle, Nelson Contrera, Gustavo Rueda, Guillermo Augusto Arias, Jaime Santiago Perea, Antonio José Jiménez, Wilmer Enrique Díaz, Greys José Cuello, Oseas Tomás Arias, Miriam Jiménez, Nelly Orozco, María Cecilia Rincones, Carlos Andrés Carreño, Henry Fabián Arévalo, Alber Suárez Mendoza, Carmen Rosa Quintero, Jaime Alonzo Mantilla, Jeancarlos García, Elias Guillermo Ochoa Daza, Carmen Cecilia Rivera, Carmen Carmo na, Eliana Sanguino, Rosa María Yacur, Holger Posada, Ladis Leonor Padilla, Favio José Jiménez, Lilibeth Hinojosa, Elisa Cote, Jhon Usuga, Erneys Alfonso Zuleta, Uriel Montero, Manuel Juliam Sandoval, Eliam Portillo, Gustavo Calderón, José Emilio Molina, Juan José Castaño, Alvaro Camargo, Jaider Napoleón Rosado, Miguel Londoño, Andrés Leonardo Quintero, Yani Ospino, William Elías Castro, Luis González, Jesús Coronado, Eudes Antonio Rodríguez, Gabriel Arias, Nayeth Ríos Rangel, Jorge Viloria, Quintana Cruz Duarte, Maricruz Donado, Eudes Hernández, María Eufemia Uribe, Miguel Francisco Rodríguez, Hector Grimaldo, Antonio Rafael Dangond, José Zuleta, Orlando De Jesús Martínez, Roger Viloria Mendoza, Germán Ortíz, Rosa María Yacub Trizo, Luis Alcides Serrano, Wi lson Mora, Imera Sarmiento, Luis Ernesto Tamayo, Luis Enrique Madrid Navarro, Rosario De Jesús Blanco Ospino, Melkis

Yacub Trizo, Luis Alcides Serrano, Wi lson Mora, Imera Sarmiento, Luis Ernesto Tamayo, Luis Enrique Madrid Navarro, Rosario De Jesús Blanco Ospino, Melkis Kammerer, Adriana Oñate, Yenis Rodriguez, Tomás Eduardo Quíroz, Ciro AlbertoDemandante: Luis Alfonso González Caballero Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otro Radicado: 20001-23-33-000-2025-00062-01

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Fuentes, Martha Cecilia Lara Palmera, Indira Valle, Nelson Contrera y Gustavo Rueda.

1.4.4. Fallo de primera instancia

El Tribunal Administrativo de del Cesar, mediante sentencia del 13 de marzo de 2025, resolvió: i) ordenar a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar el cumplimiento del inciso primero del artículo 135 del Código Nacional de Tránsito Terrestre; ii) declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Agencia Nacional de Seguridad Vial; iii) rechazar la solicitud de cumplimiento de los artículos 4 y 5 del Decreto 2409 de 2018; y iv) negar las pretensiones restantes.

Por otro lado , dispuso compulsar copias de las actuaciones de la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Valledupar a la Superintendencia de Puertos y Transportes y a la Procuraduría General de la Nación para verificar la forma de imposición de comparendos de esta autoridad de tránsito. Asimismo, a la Fiscalía

y Transportes y a la Procuraduría General de la Nación para verificar la forma de imposición de comparendos de esta autoridad de tránsito. Asimismo, a la Fiscalía General de la Nación en vista de aparentes inconsistencias en la respuesta del municipio de Valledupar y su Secretaría de Tránsito y Transporte , que podrían inducir a error al operador judicial.

El Tribunal concluyó que, aunque no hay lugar a examinar el cumplimiento de la normativa relativa a los SAST, dado que no se ha acreditado su uso por parte de la autoridad de tránsito de Valledupar, sí se evidenció una omisión en el cumplimiento del artículo 135 del Código Nacional de Tránsito. Lo anterior, puesto que determinó irregularidades en el procedimiento de interposición de sancione s en modalidad presencial, entre otras cosas, al observar que en el SIMIT 7 el comparendo dirigido al accionante aparece realizado mediante «fotodetección» y se titula como control en vía apoyado en SAST.

Finalmente, estableció que la petitoria sobre la nulidad de multas excede el objeto de la acción de cumplimiento. Además, precisó la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Agencia Nacional de Seguridad Vial por no encontrar , entre las normas invocadas por el actor , mandato dirigido hacia la entidad . Finalmente , señaló que no se requirió, previo a la interposición de la demanda, el cumplimiento de los artículos 4 y 5 del Decreto 2409 de 2018.

1.4.5. Impugnación

El 23 y 25 de marzo de 2025, el municipio de Valledupar y la Secretaría de Tránsito y Transporte, presentaron escritos de impugnación contra la sentencia de primera

1.4.5. Impugnación

El 23 y 25 de marzo de 2025, el municipio de Valledupar y la Secretaría de Tránsito y Transporte, presentaron escritos de impugnación contra la sentencia de primera instancia.

7 Sistema Integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito.Demandante: Luis Alfonso González Caballero Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otro Radicado: 20001-23-33-000-2025-00062-01

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Reportaron que múltiples acciones de cumplimiento, incluida la presente, han sido promovidas utilizando los mismos datos de contacto vinculados al abogado Melkis Guillermo Kammerer, a pesar de figurar distintos ciudadanos como demandantes. A su juicio, ello constituye un intento de engañar a la administración de justicia, configurando faltas contra la ética profesional.

En segundo lugar, reiter aron que las pretensiones de la demanda resultan improcedentes, dado que el actor busca controvertir la legalidad de comparendos, los cuales, como actos administrativos, gozan de presunción de legalidad y deben ser cuestionados a través de los medios de contro l ordinarios y no mediante una acción de cumplimiento. Señaló que esta acción no es el mecanismo adecuado para debatir derechos subjetivos ni solicitar la nulidad de actos administrativos, razón por la cual el fallo de primera i nstancia incurre en un error al otorgar parcialmente las pretensiones del accionante.

debatir derechos subjetivos ni solicitar la nulidad de actos administrativos, razón por la cual el fallo de primera i nstancia incurre en un error al otorgar parcialmente las pretensiones del accionante.

Por último, llamaron la atención sobre una confusión del Tribunal en el análisis de la multa impuesta al accionante y registrada en el SIMIT . Explicó que los agentes de tránsito utilizan comparenderas electrónicas para diligenciar e imprimir órdenes de comparendo en sitio, las cuales no pueden confundirse con los sistemas automáticos de detección de infracciones (SAST), que cumplen una función completamente distinta. Así las cosas, reiteró que en Valledupar no se encuentran instalados ni en funcionamiento dispositivos SAST.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para resolver la impugnación que presentó el municipio de Valledupar, Secretaría de Tránsito y Transporte, contra la sentencia del 13 de marzo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, según lo establecido en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997, 125, 150 y 152 de la Ley 1437 de 2011 8, y el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que establece la competencia de la Sección Quinta de la Corporación para conocer de las «apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento».

2.2. Cuestión previa

Previo a desarrollar el análisis del caso, esta Sala precisa que se abstendrá de pronunciarse respecto del reparo de la impugnación según el cual se han

cumplimiento».

2.2. Cuestión previa

Previo a desarrollar el análisis del caso, esta Sala precisa que se abstendrá de pronunciarse respecto del reparo de la impugnación según el cual se han presentado múltiples acciones de cumplimiento vinculadas al abogado Melkis

8 Modificado por la Ley 2080 de 2021.Demandante: Luis Alfonso González Caballero Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otro Radicado: 20001-23-33-000-2025-00062-01

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Guillermo Kammerer, en incursión de una falta a la ética profesional. Esto, comoquiera que la determinación de la comisión de faltas disciplinarias o conductas delictivas escapa a la competencia del juez de cumplimiento.

Por otro lado, si bien el Ministerio de Transporte allegó intervención al proceso de la referencia, su escrito no será tenido en cuenta comoquiera que la entidad no se encuentra vinculada al mecanismo constitucional. Se advierte que en el auto admisorio no se ordenó su notificación ni esta fue efectuada por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Cesar, así como tampoco se resolvió nada a su respecto en la sentencia de primera instancia.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia del 13 de marzo de 2025, dictada por Tribunal Administrativo del Cesar, para lo cual deberá resolver los siguientes problemas jurídicos:

(i) ¿La parte actora cumplió con la constitución en renuencia de la

de marzo de 2025, dictada por Tribunal Administrativo del Cesar, para lo cual deberá resolver los siguientes problemas jurídicos:

(i) ¿La parte actora cumplió con la constitución en renuencia de la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Municipio de Valledupar – Secretaría de Tránsito y Transporte de conformidad con lo previsto en el artículo 8º de la Ley 393 de 1997?

De ser afirmativa la respuesta a la anterior interrogante, deberá determinarse:

(ii) ¿Hay lugar a ordenar a l extremo accionado el cumplimiento de los artículos los artículos 4 y 5 del Decreto 2409 de 2018, artículo 18 de la Ley 2251 de 2022, artículos 3, 4 y 13 de la Ley 1843 de 2017, artículos 127, 129 y 134 al 137 de la Ley 769 de 2002, y los literales a, d, g, i, m del artículo 3 y los artículos 5 al 8 de la Resolución 20203040011245 de 2020 expedida por el Ministerio de Transporte, en el sentido solicitado por la parte actora?

Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) naturaleza de la acción constitucional; (ii) requisito de procedibilidad; y, (iii) análisis del caso concreto.

2.4. Naturaleza de la acción de cumplimiento

Esta acción está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política, como un mecanismo para que toda persona pueda "acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido".

mecanismo para que toda persona pueda "acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido". En igual sentido, el artículo 1° de la Ley 393 de 1997 precisa que "Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos".Demandante: Luis Alfonso González Caballero Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otro Radicado: 20001-23-33-000-2025-00062-01

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Colombia es un Estado Social de Derecho y dentro de sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el acatamiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2° de la Constitución Política), la acción en estudio permite la realización de este postulado logrando la eficacia material de l a ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.

De este modo, este mecanismo constituye el instrumento adecuado para demandar de las autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, y ante el inminente incumplimiento la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos.

de las autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, y ante el inminente incumplimiento la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos.

Como lo señaló la Corte Constitucional “el objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los ac tos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo” 9.

Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la Ley 393 de 1997, se desprende que se deben acreditar los siguientes requisitos mínimos:

a) Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (Art. 1.º)10.

b) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente