CE - Sentencia 20001233300020250008101 de 2025

Demandante: Sol Paulina Rodríguez Charris Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Radicación: 20001-23-33-000-2025-00081-01

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Santiago de Cali, veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO Radicación: 20001-23-33-000-2025-00081-01

Accionante: SOL PAULINA RODRÍGUEZ CHARRIS

Accionados: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE

Y OTROS

Tema: Revoca – renuencia, improcedencia y cosa juzgada

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala conoce de la impugnación presentada por la Alcaldía de Valledupar contra la sentencia del 10 de abril de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

1. La señora Sol Paulina Rodríguez Charris , actuando en nombre propio, ejerció acción de cumplimiento contra la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (en adelante ANSV), el municipio de Valledupar y su Secretaría de Tránsito. Con su solicitud pretende el

ejerció acción de cumplimiento contra la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (en adelante ANSV), el municipio de Valledupar y su Secretaría de Tránsito. Con su solicitud pretende el acatamiento de lo dispuesto en los artículos 4 y 5 del Decreto 2409 de 2018, artículo 18 de la Ley 2251 de 2022, artículos 3, 4 y 13 de la Ley 1843 de 2017, artículos 129, 134, 135, 136 y 137 de la Ley 769 de 2002 y el artículo 6 de la Resolución 20203040011245 de 2020 de la cartera del Transporte.

2. Como consecuencia del obedecimiento de las normas invocadas, solicita que se le ordene a las accionadas lo siguiente: (i) la anulación de los comparendos que le fueron impuestos por los agentes de tránsito del municipio de Valledupar y, (ii) el retiro de los vehículos de foto multa llamados comúnmente como «ca zainfractores», y (iii) que se ordene a la autoridad de tránsito del municipio que la imposición de los comparendos se realice de manera presencial, individualizando al infractor y otorgándole un tiempo prudencial para el retiro del vehículo en caso de estacionamiento en sitios prohibidos.Demandante: Sol Paulina Rodríguez Charris Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Radicación: 20001-23-33-000-2025-00081-01

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1.2. Hechos relevantes

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1.2. Hechos relevantes

3. La señora Sol Paulina Rodríguez Charris afirmó que la Alcaldía y la Secretaría de Tránsito de Valledupar ins talaron por las calles de la ciudad vehículos denominados «cazainfractores» para verificar la comisión de faltas de tránsito e imponer comparendos con foto multas, sin tener la facultad legal y constitucional para ello y en contra de lo dispuesto en el artículo 6 de la Resolución 20203040011245 del 2020. Por lo anterior, sostuvo que los comparendos que le han sido impuestos deben ser anulados.

4. Mencionó que, el 14 de enero de 2025 , presentó una solicitud ante las entidades accionadas, en la que puso de presente esta situación y pidió el cumplimiento de la s normas citadas, así como de todos los parámetros dispuestos por la Ley para la instalación de este sistema de imposición de comparendos.

5. En su sentir, la imposición de los comparendos vulnera los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, así como los principios de buena fe, confianza leg ítima, seguridad jurídica e igualdad , pues no se cumplen las condiciones dispuestas por el legislador para tal fin.

1.3. Actuaciones procesales

6. Mediante providencia del 13 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo del Cesar admitió la demanda y ordenó notificar a la Superintendencia de Puertos

1.3. Actuaciones procesales

6. Mediante providencia del 13 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo del Cesar admitió la demanda y ordenó notificar a la Superintendencia de Puertos y Transporte, a la ANSV, al municipio de Valledupar y a la Secretaría de Tránsito de dicha ciudad , concediéndoles el término de 3 días para intervenir en el proceso.

7. Por otro lado, el 20 de marzo de 2025, le solicitó a la Secretaría de Transito de Valledupar que, en el término de 5 días, rinda un informe con la siguiente

información:

• El detalle del paso a paso de la imposición de comparendos mediante la utilización de vehículos «cazainfractores» o con las cámaras para detectar presuntos infractores.

• La forma de notificación de los comparendos a los presuntos infractores.

• Los términos que se emplean para la remisión de los comparendos y la realización de las audiencias en las que se resuelvan los procesos contravencionales de tránsito.

• Las características de los vehículos «cazainfractores» y su forma de operación.Demandante: Sol Paulina Rodríguez Charris Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Radicación: 20001-23-33-000-2025-00081-01

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• El procedimiento desplegado por los agentes de tránsito para la imposición de los comparendos y si se sirven del apoyo de herramientas tecnológicas.

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• El procedimiento desplegado por los agentes de tránsito para la imposición de los comparendos y si se sirven del apoyo de herramientas tecnológicas.

• La fecha a partir de la cual se introdujeron los sistemas automáticos o semiautomáticos para la detección de infracciones de tránsito.

8. Finalmente, por auto del 6 de marzo de 2025 , aceptó la solicitud de coadyuvancia de M elkis Kammerer, Adriana Oñate, Yenis Rodríguez, Tomás Eduardo Quiroz, Ciro Alberto Fuentes, Martha Cecilia Lara Palmera, Indira Valle, Nelson Contrera, Gustavo Rueda, Guillermo Augusto Arias, Jaime Santiago Perea, Antonio José Jiménez, Wilmer Enrique Díaz, Greys José Cuello, Oseas

Tomás Arias, Miriam Jiménez, Nelly Orozco, María Cecilia Rincones, Carlos Andrés Carreño, Henrry Fabián Arévalo, Alber Suarez Mendoza, Carmen Rosa Quintero, Jaime Alonzo Mantilla, Jean Carlos García, Elías Guillermo Ochoa Daza, Carmen Cecilia Rivera, Carmen Carmona, Eliana Sanguino, Rosa María Yacur, Holger Posada, Ladis Leonor Padilla, Favio José Jiménez, Lili beth Hinojosa, Elisa Cote, Jhon Úsuga, Erneys Alfonso Zuleta, Uriel Montero, Manuel Julián Sandoval, Eliam Portillo, Gustavo Carderon, José Emilio Molina, Juan José Castaño, Álvaro Camargo, Jaider Napoleón Rosado, Miguel Londoño, Andrés Leonardo Quintero, Yani Ospino, William Elia Castro, Luis González, Jesús

Castaño, Álvaro Camargo, Jaider Napoleón Rosado, Miguel Londoño, Andrés Leonardo Quintero, Yani Ospino, William Elia Castro, Luis González, Jesús Coronado, Eudes Antonio Rodríguez, Gabriel Arias, Nayeth Ríos Rangel, Jorge Viloria, Quintana Cruz Duarte, Maricruz Donado, Eudes Hernández, María Eufemia Uribe, Miguel Francisco Rodríguez, Héctor Grimaldo, Antonio Rafael Dangond, José Zuleta, Orlando de Jesús Martínez, Roger Viloria Mendoza, German Ortiz, Rosa maría Yacub Trizo, Luís Alcides Serrano, Wilson Mora, Imera Sarmiento, Luis Ernesto Tamayo, Luis Enrique Madrid Navarro y Rosario de Jesús Blanco Ospino.

1.4. Intervenciones

1.4.1. Municipio de Valledupar

9. El ente territorial solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de cumplimiento. Refirió que el municipio de Valledupar , a la fecha, no cuenta con Sistemas Automáticos, Semiautomáticos y otros medios Tecnológicos (en adelante, SAST) para la detección de infracciones de tránsito.

10. Sostuvo que los agentes de tránsito realizan diariamente actividades de control en vía , apoyados de dispositivos electrónicos, de conformidad con lo estipulado p or e l Ministerio del Transporte en el artículo 5 de la Resolución 20203040011245 del 20 de agosto de 2020 . No obstante, señaló que dichas herramientas tecnológicas no evidencian la comisión de una infracción de las normas de tránsito, motivo por el cual es el agente de tránsito quien, de forma presencial, realiza el comparendo.

herramientas tecnológicas no evidencian la comisión de una infracción de las normas de tránsito, motivo por el cual es el agente de tránsito quien, de forma presencial, realiza el comparendo.

11. Frente al procedimiento empleado para imponer la sanción, informó que se desarrolla de conformidad con el artículo 135 de la Ley 769 de 2002 . En eseDemandante: Sol Paulina Rodríguez Charris Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Radicación: 20001-23-33-000-2025-00081-01

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orden, relató que los agentes de tránsito desarrollan actividades de control, apoyándose de dispositivos electrónicos operados manualmente, captan la evidencia e imponen la sanción de manera «presencial». Por lo tanto, le corresponde al interesado ejercer su derecho de defensa después de la notificación del comparendo.

12. Puso de presente que el comparendo se envía por correo electrónico dentro de los 3 días hábiles siguientes a la infracción, junto con los respectivos soportes, para garantizar el derecho de defensa y contradicción del contraventor respecto de quien no fue posible notificar personalmente.

13. Explicó que los vehículos «cazainfractores» no cuentan con herramientas tecnológicas, motivo por el cual es el agente de tránsito quien, con apoyo de un dispositivo electrónico manual, capta la evidencia. Refirió que dicha actividad es distinta a la instalación de los dispositivos SAST.

tecnológicas, motivo por el cual es el agente de tránsito quien, con apoyo de un dispositivo electrónico manual, capta la evidencia. Refirió que dicha actividad es distinta a la instalación de los dispositivos SAST.

14. Finalmente, señaló que el comparendo que señaló la demandante en el escrito de la demanda no está su cargo, pues la infracción que figura a su nombre es la D02 cuya descripción es «conducir sin portar el seguro obligatorio de accidentes de tránsito ordenado por ll ley», el cual no fue generado por fotomulta sino por un agente de tránsito presente y visible en la vía.

1.4.2. Ministerio de Transporte

15. Sostuvo que las acciones de control de tránsito no son de su competencia, debido a que todas las consecuencias derivadas de multas y fotocomparendos son responsabilidad de la Secretaría de Tránsito de Valledupar y de la Policía Nacional, ya que son organismos autónomos.

16. Refirió que, en su caso, no se cumplió con el requisito de constitución en renuencia ya que debe verificarse frente a la autoridad competente y no sobre la que el demandante estime. Esto, debido a que la demanda fue dirigida a la entidad, a sabiendas de que carece de competencia para atender sus requerimientos.

1.4.3. ANSV

17. Mencionó que no ha incumplido las normas señaladas por el demandante en la medida en que no hace parte de sus funciones, competencia, ni objeto, la instalación y operación de los sistemas de detección de infracciones de tránsito, así como tampoco reviste la calidad de autoridad de tránsito, ni entidad

en la medida en que no hace parte de sus funciones, competencia, ni objeto, la instalación y operación de los sistemas de detección de infracciones de tránsito, así como tampoco reviste la calidad de autoridad de tránsito, ni entidad competente de la vigilancia y verificación del cumplimiento por parte de los organismos de tránsito.

18. Adujo que solo le corresponde la autorización de las SAST que se pretendan instalar, razón por la cual es la Superintendencia de Transporte quien tiene la función de adelantar las acciones tendientes a verificar el cumplimientoDemandante: Sol Paulina Rodríguez Charris Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Radicación: 20001-23-33-000-2025-00081-01

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de los criterios técnicos de dichos sistemas. Por lo anterior, indicó que carece de legitimación en la causa por pasiva.

1.4.4. Superintendencia de Transporte

19. Refirió que la procedencia de la acción de cumplimiento se encuentra sometida a la constitución en renuencia de la autoridad demanda da, sin que en este caso el accionante acreditara el cumplimiento del referido presupuesto , debido a que remitió el requerimiento a un canal electrónico no autorizado.

20. Lo anterior, debido a que fue dirigido al correo electrónico

dianasierra@supertransporte.gov.co, el cual no corresponde con el canal oficial de la entidad. Al respecto, requirió a la funcionaria para determinar si recibió el requerimiento, quien informó que recibe del correo electrónico

dianasierra@supertransporte.gov.co, el cual no corresponde con el canal oficial de la entidad. Al respecto, requirió a la funcionaria para determinar si recibió el requerimiento, quien informó que recibe del correo electrónico transitomelkiskammerer@gmail.com1 reiteradas peticiones qu e, conforme a la configuración del correo, son remitidas a la bandeja de no deseados y son borrados automáticamente dentro de los 30 días siguientes a su recepción.

21. Por otra parte, refirió que, de conformidad con la demanda, el accionante

discute las resoluciones sancionatorias No. 2 0001000000045550314 del 10 de octubre de 2024 y No. 20001000000045550325 del 16 de octubre de 2024, por medio de las cuales le fueron impuest os comparendos de tránsito, razón por la cual cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar la legalidad los actos administrativos.

1.5. Fallo de primera instancia

22. En sentencia del 10 de abril de 2025, el Tribunal Administrativo del Cesar

resolvió lo siguiente:

PRIMERO: RECHAZAR la demanda respecto del MINISTERIO DE TRANSPORTE, y el cumplimiento de los artículos 4 y 5 del Decreto 2409 de 2018, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud incoada por la togada del MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, relacionada con la declaratoria de la excepción de cosa juzgada en el sub-examine, en virtud de las consideraciones esbozadas en esta decisión.

TERCERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva de

VALLEDUPAR, relacionada con la declaratoria de la excepción de cosa juzgada en el sub-examine, en virtud de las consideraciones esbozadas en esta decisión.

TERCERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, conforme lo expuesto en precedencia.

CUARTO: ORDENAR al MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE, que de manera inmediata dé

1 Dirección electrónica mediante la cual el actor remitió la petición.Demandante: Sol Paulina Rodríguez Charris Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Radicación: 20001-23-33-000-2025-00081-01

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cumplimiento a lo previsto en el inciso 1° del artículo 135 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, en las labores de control en vía con dispositivo electrónico a cargo de sus agentes, en el entendido que la entrega de copia del comparendo al presunto i nfractor y/o propietario, constituyen garantía del debido proceso que rige en esta clase de actuaciones, y el principio de publicidad de las actuaciones realizadas por las autoridades de tránsito, conforme lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. Para tal efecto, la SECRETARÍA DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR deberá verificar con ocasión a los Comparendos Nos. 2000100000004550314 y 2000100000004550315 del

de esta providencia. Para tal efecto, la SECRETARÍA DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR deberá verificar con ocasión a los Comparendos Nos. 2000100000004550314 y 2000100000004550315 del 16 de octubre de 2024, los cuales fueron impuestos a la señora SOL PAULINA ROD RÍGUEZ CHARRIS, según lo dicho en este proceso, el cumplimiento estricto de los procedimientos fijados en las normas aquí estudiadas, y adoptará las decisiones consecuentes, dentro de la órbita de sus competencias, a fin de evitar vulneraciones al debido p roceso administrativo.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

SEXTO: COMPULSAR copias de las presentes actuaciones a la

SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE, y a la

PROCURADURÍA Acción de Cumplimiento Proceso Nº 2025 -00081-00 Sentencia de primera instancia 22 GENERAL DE LA NACIÓN para lo de su competencia, ante l as evidentes contradicciones en que ha incurrido la SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE VALLEDUPAR, sobre la forma en que se vienen imponiendo comparendos, como desarrollo de control sobre la vía realizado por los agentes adscritos a esa dependencia. De igual manera, COMPULSAR copias de las presentes actuaciones a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, tomando en consideración las contradicciones de las SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE VALLEDUPAR, las cuales podrían inducir en error al operador judicial al momento de proferir la decisión de fondo, y, por ende, configurar un fraude procesal.

VALLEDUPAR, las cuales podrían inducir en error al operador judicial al momento de proferir la decisión de fondo, y, por ende, configurar un fraude procesal.

SÉPTIMO: ADVERTIR a la actora que no podrá instaurar nueva acción con la misma finalidad, en los términos del artículo 7º de la Ley 393 de 1997.

OCTAVO: NOTIFICAR esta decisión a los interesados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997.

23. Como sustento de su decisión, adujo que a la señora Sol Paulina Rodríguez Charris le fueron impuest as dos órdenes de comparendo por la infracción C2.

Asimismo, de las fotografías allegadas como prueba de la infracción, no se advierte la presencia del conductor ni del agente de tránsito, de manera que el comparendo fue firmado por un testigo y por el respectivo agente, razón por la cual no es posible establecer la forma de notificación del actor.Demandante: Sol Paulina Rodríguez Charris Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Radicación: 20001-23-33-000-2025-00081-01

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24. Por lo anterior, sostuvo que era carga de la Secretaría desvirtuar las afirmaciones del actor, debido a que es el responsable de realizar el procedimiento sancionatorio. Por lo tanto, no se acreditó el cumplimiento del artículo 135 de la Ley 769 de 2002.

25. Por otra parte, negó la pretensión de que le fueran anulados los

procedimiento sancionatorio. Por lo tanto, no se acreditó el cumplimiento del artículo 135 de la Ley 769 de 2002.

25. Por otra parte, negó la pretensión de que le fueran anulados los fotocomparendos que le fueron impuestos, debido a que excede la órbita de competencia del juez constitucional, ya que la acción de cumplimiento no tiene como objeto el reconocimiento de derechos particulares en disputa.

26. Por último, declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la ANSV, debido a que no hace parte de su competencia la función de inspección, vigilancia, control y seguimiento de los organismos de tránsito del país.

1.6. Impugnación

27. Mediante memor ial radicado el 25 de abril de 2025 , la Alcaldía de Valledupar indicó que la acción de cumplimiento propuesta por la actora es improcedente en su totalidad, debido a que tiene otro mecanismo judicial para la defensa de sus intereses.

28. Al respecto, indicó que el Consejo de Estado ha considerado que, cuando se plantea una controversia jurídica en torno a determinar la legalidad de los actos administrativos que no pueden desconocerse y que se presumen legales, se escapa de la órbita del juez constitucional hacer un estudio de fondo que le corresponde al juez natural resolver.

29. Asimismo, refirió que, en providencia del 13 de marzo de 2025, esa misma corporación, dentro de la acción de cumplimiento con radicado No. 20001-23-33000-2024-00348-01, asunto que es similar al que se discute en el presente proceso, se estableció que los vehículos «cazainfractores» no constituyen SAST,

000-2024-00348-01, asunto que es similar al que se discute en el presente proceso, se estableció que los vehículos «cazainfractores» no constituyen SAST, ya que estos requieren de la instalación de cámaras de video y equipos electrónicos de lectura que puedan detectar posibles infracciones de tránsito.

30. Por otra parte, puso de presente que el señor Melkis Guillermo Kammerer Kammerer, abogado titulado, mediante el correo electrónico

transitomelkismammerer@gmail.com, ha dirigido de manera masiva múltiples demandas solicitando el cumplimiento de los artículos relacionados en el presente proceso, a nombre de diferentes personas y contra las mismas entidades.

31. Lo anterior, debido a que, pese a que el nombre de los demandantes varía, la dirección de notificación electrónica y los datos de contacto son los mismos. Al respecto, relacionó diversas imágenes en las que se evidenció la remisión de los múltiples requerimientos que ha radicado. Por lo anterior, solicitó que se revoqueDemandante: Sol Paulina Rodríguez Charris Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Radicación: 20001-23-33-000-2025-00081-01

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la sentencia de primera instancia, y en su lugar, se nieguen las pretensiones y se declare la temeridad de la acción.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

32. Esta Sección es competente para resolver la impugnación presentada por la actora contra la sentencia del 10 de abril de 2025, proferida por el Tribunal

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

32. Esta Sección es competente para resolver la impugnación presentada por la actora contra la sentencia del 10 de abril de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 125, 150 y 243 de la Ley 1437 de 2011, así como del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

33. La Sala advierte que, pese a que el Ministerio de Transporte intervino en el presente trámite, no fue accionado por el autor. Por lo anterior, y habida cuenta que no se considera necesaria su participación, se desvinculará del proceso.

2.3. Generalidades sobre la acción de cumplimiento

34. Conforme a lo dispuesto en el artículo 87 de la Constitución Política, cualquier persona , natural o jurídica, puede promover esta acción para hacer efectivo el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo que impone determinada actuación u omisión a la autoridad. Su objeto es la observancia del ordenamiento jurídico existente.

35. En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 393 de 1997, que reglamenta esta acción, exige como requisito de procedibilidad “la renuencia”

(artículo 8), esto es, haber reclamado en sede administrativa antes de ejercer la demanda la atención de la norma o del acto administrativo que se considera desacatado, y que la autoridad no responda transcurridos 10 días o se niegue a atender su cumplimiento.

36. Para que la demanda proceda, se requiere:

desacatado, y que la autoridad no responda transcurridos 10 días o se niegue a atender su cumplimiento.

36. Para que la demanda proceda, se requiere:

(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (artículo 1)2.

(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas, encargado de ello (artículos 5 y 6).

2 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios y directrices.Demandante: Sol Paulina Rodríguez Charris Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Radicación: 20001-23-33-000-2025-00081-01

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(iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad o el particular accionado frente al obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «(…) cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable (…)» caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda (artículo 8).

(iv) Que el afectado no tenga o no haya podido ejercer otro instrumento judicial

sufrir un perjuicio irremediable (…)» caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda (artículo 8).

(iv) Que el afectado no tenga o no haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(v) Que la acción no persiga la protección de derechos fundamentales que puedan ser garantizados a través de la tutela (artículo 9).

(vi) Que la acción no tenga por objeto el acatamiento de normas que establezcan gastos a la administración (artículo 9).

2.4. De la renuencia

37. La procedencia de la acción de cumplimiento se supedita a la constitución en renuencia de la autoridad, que consiste en el reclamo previo y por escrito que debe elevarle el interesado exigiendo atender un mandato legal o consagrado en acto administrativo con citación precisa de éste 3 y que ésta se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación de la solicitud.

38. En efecto, el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 establece

lo siguiente:

Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud.

39. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad la Sala, ha

administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud.

39. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad la Sala, ha señalado que «el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»4.

4Sobre el particular esta Sección ha dicho: “La Sala también ha explicado que con el fin de constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la acción por carecer del requisito de renuencia.(Negrita fuera de texto) 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.Demandante: Sol Paulina Rodríguez Charris Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros Radicación: 20001-23-33-000-2025-00081-01

10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

40. Sobre este tema, esta Sección5 ha dicho que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

40. Sobre este tema, esta Sección5 ha dicho que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que, si bien no está sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento reclamado. Y , para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial para exig ir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos6. (Negrillas fuera de texto).

pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual v