CE - Sentencia 20001233300020250025301 de 2025

Radicado: 20001-23-33-000-2025-00253-01

Accionante: José Rosalía Coronado Pacheco

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 20001-23-33-000-2025-00253-01

Accionante: José Rosalía Coronado Pacheco Accionados: Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Valledupar y otros Referencia: Acción de tutela

Tutela por cumplimiento de fallo de revisión proferido por la Corte Constitucional. Subsidiariedad. Derecho de petición.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación formulada por la parte accionante en contra de la sentencia del 30 de mayo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar , que negó la solicitud de tutela frente al derecho de petición y la declaró improcedente respecto de los demás derechos alegados.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

José Rosalía Coronado Pacheco, en nombre propio1, presentó escrito de tutela en el que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, de petición, a la protección del consumidor y a recibir información cierta, suficiente, clara y oportuna, los cuales consider ó vulnerados por el Juzgado Quinto Administrativo del

que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, de petición, a la protección del consumidor y a recibir información cierta, suficiente, clara y oportuna, los cuales consider ó vulnerados por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Valledupar , la alcaldía de Valledupar, la Superintendencia Financiera de Colombia, la Agencia Nacional de Infraestructura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con ocasión del incumplimiento de la sentencia T-078 de 2025 proferida por la Corte Constitucional en sede de revisión.

1 Índice 0000 3 expediente primera instancia aplicativo SAMAI , con certificado núm. BCA747EBD323C494 818CC43136639F5D C43588F04D67D524 6386F2AE3200D7D2.Radicado: 20001-23-33-000-2025-00253-01

Accionante: José Rosalía Coronado Pacheco

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2. Hechos

La causa petendi del escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica2:

2.1. La parte actora manifestó que la señora Yanelis Gutiérrez Movilla presentó acción de tutela contra el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y otros en procura de la protección de sus derechos , debido a las inundaciones que se han presentado en el corregimiento de Aguas Blancas, con ocasión de las obras de construcción de la doble calzada entre los municipios de Bosconia y Valledupar (“Ruta del Sol 3”) . El asunto lo conoció en primera instancia el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito

doble calzada entre los municipios de Bosconia y Valledupar (“Ruta del Sol 3”) . El asunto lo conoció en primera instancia el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Valledupar, bajo el radicado número 20001-33-33-005-2023-00507-00, autoridad que declaró improcedente la solicitud ; decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Cesar.

2.2. Afirmó que en sede de revisión la Corte Constitucional profirió la sentencia T-078 de 2025, la cual revocó la sentencia proferida por Tribunal Administrativo del Cesar y ordenó la adopción de medidas de protección a la comunidad del corregimiento de Aguas Blancas, debido a las afectaciones sufridas producto de una inundación ocurrida en octubre de 2022, atribuida a las obras de infraestructura vial de doble calzada construidas entre los municipios de Bosconia y Valledupar “Ruta del Sol 3”.

2.3. En virtud de lo anterior, adujo que ha presentado múltiples escritos de petición ante las entidades accionadas y ha promovido incidentes de desacato de la aludida sentencia ante el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Valledupar, sin embargo, no han efectuado a ctuación alguna para dar cumplimiento a la orden impartida, por lo que consideró que persiste la vulneración de sus derechos.

2.4. Debido a la renuencia, destacó que la comunidad afectada continúa expuesta a condiciones de insalubridad, aguas estancadas, enfermedades cutáneas y respiratorias; así como el hecho de haber perdido su vivienda, lo que conllevó a su desplazamiento a la ciudad de Bogotá D.C.

condiciones de insalubridad, aguas estancadas, enfermedades cutáneas y respiratorias; así como el hecho de haber perdido su vivienda, lo que conllevó a su desplazamiento a la ciudad de Bogotá D.C.

2.5. Sostuvo que tanto la alcaldía de Valledupar como otras entidades no efectuaron la inclusión de varios damnificados en el Registro Único Nacional de Damnificados – RUNDA, situación que imposibilitó el acceso a subsidios y ayudas humanitarias, a pesar de haber presentado la documentación necesaria y oportuna para ello, por lo que, a su juicio, aquellas hicieron caso omiso a la orden de la acción de tutela.

2.6. Además, alegó que las obras hidráulicas construidas por la concesionaria son inadecuadas, pues han generado estancamiento de aguas, lo que ha generado un riesgo a nuevas inundaciones, situación que advirtió la Contraloría General de la República, la ANLA y la Procuraduría General de la Nación, sin que las entidades responsables hayan actuado para corregir tal yerro.

2 Ibidem.Radicado: 20001-23-33-000-2025-00253-01

Accionante: José Rosalía Coronado Pacheco

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3. Pretensiones y argumentos de la tutela

3.1. En la solicitud de tutela no se consignó un acápite expreso de pretensiones, sin embargo, se coligen las siguientes de conformidad con lo consignado en el escrito presentado:

Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso y a la vida digna. Como consecuencia de ello, ordenar a la parte accionada dar cumplimiento a las órdenes

presentado:

Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso y a la vida digna. Como consecuencia de ello, ordenar a la parte accionada dar cumplimiento a las órdenes impartidas en la sentencia de tutela T-078 de 2025 de la Corte Constitucional.

“(…) presento acción de tutela en contra del Juzgado 5º administrativo del Valledupar y todas y cada una de las entidades que están violando el derecho al debido proceso, la ejecución y puesta en marcha de la acción de tutela, en fallo de revisión de la Corte Constitucional Tutela T-078, en debida forma desde el 4 de abril del 2025... Al día de hoy se configuran todos los delitos de protección a mis derechos fundamentales, el derecho al agua, vivienda digna, trato digno, y todos los derechos protegidos en el fallo de la corte constitucional (...)”. (sic).3

Tutelar los derechos fundamentales de petición, a la entrega de información cierta, suficiente, clara y oportuna, así como la protección al consumidor y, en consecuencia, ordenar a la secretaría de gobierno de la alcaldía de Valledupar realizar una inspección al corregimiento de Aguas Blancas para que comprueben que fueron víctimas de una inundación, para que así atiendan sus requerimientos y alleguen ayudas humanitarias.

“(...) Presento esta acción de tutela por violación a mis derechos fundamentales al derecho de petición, al debido proceso, a la información cierta, suficiente, clara y oportuna, a la protección al consumidor ya que he presentado previamente un derecho de petición ante LA ALCALDIA DE VALLEDUPAR,

COORDINADOR DEPARTAMENTAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE

clara y oportuna, a la protección al consumidor ya que he presentado previamente un derecho de petición ante LA ALCALDIA DE VALLEDUPAR,

COORDINADOR DEPARTAMENTAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE

DESATRES, SECRETARIADE DE SARROLLO ECONÓMICO, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO, DIRECTOR DE LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (UNGRD)... Por eso solicito se surta la inspección por parte de la secretaria de gobierno de la alcaldía de Valledupar Respetuoso saludo, hago la siguiente afirmación, es un hecho cierto, medible y comprobable que del día que se surtió la inundación he venido haciendo tod a clase de requerimientos ante la alcaldía, ellos en notificación hecha ante la agencia nacional de licencias ambientales, comparto el documento en su página Nº27 así lo confirman, no ha sido una, dos, tres, cuatro sino múltiples reuniones que tuvimos en la alcaldía, pero no quisieron atender nuestros requerimientos, por eso nos vimos avocados a presentar la acción de tutela (...)”.4

Además, ordenar al municipio de Valledupar inscribir a las 500 familias damnificadas del corregimiento de Aguas Blancas en el Registro Único Nacional de Damnificados

(RUNDA).

3 Folio 1, escrito de tutela. 4 Folios 4 y 5, escrito de tutela.Radicado: 20001-23-33-000-2025-00253-01

Accionante: José Rosalía Coronado Pacheco

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“(...) EL DEBER SER DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEBIO HABER SIDO

ATENDER LA CRISIS HUMANITARIA DE LAS 500 FAMILIAS DEL

Accionante: José Rosalía Coronado Pacheco

4

“(...) EL DEBER SER DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEBIO HABER SIDO

ATENDER LA CRISIS HUMANITARIA DE LAS 500 FAMILIAS DEL

CORREGIMIENTO DE AGUAS BLANCAS, SOLIC ITO SE SURTA DE

MANERA INMEDIATA LA INSCRIPCION DE TODAS Y TODOS ANTE EL

UNDRA. (...)”5

3.2. Como fundamento de la acción de tutela, manifestó que la comunidad del corregimiento de Aguas Blancas se encuentra expuesta a un riesgo muy alto debido al incumplimiento de lo ordenado en la sentencia proferida por la Corte Constitucional, lo que ha generado un constante desacato por parte de las entidades accionadas.

4. Trámite de tutela e intervenciones en primera instancia

4.1. El 19 de mayo de 20256, el Tribunal Administrativo del Cesar admitió la acción de tutela, negó la medida provisional solicitada por el accionante y ofició al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Valledupar para q ue allegara a l trámite constitucional el proceso que contiene la acción de tutela y el incidente de desacato en la que es accionante el señor José Rosalía Coronado Pacheco.

4.2. La Superintendencia Financiera de Colombia7 manifestó que no recibió ninguna orden en la providencia mencionada. Por lo anterior, no se le puede atribuir desacato alguno. Aunado a ello, puso de presente que el accionante no ha radicado petición ante la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales, ya que las comunicaciones recibidas se respondieron conforme a la ley, sin omitirse actuación alguna.

alguno. Aunado a ello, puso de presente que el accionante no ha radicado petición ante la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales, ya que las comunicaciones recibidas se respondieron conforme a la ley, sin omitirse actuación alguna.

Puso de presente que el tutelante cuenta con otros mecanismos para la protección de los derechos colectivos alegados en el escrito y el reclamo de los perjuicios a lugar por el daño sufrido.

Finalmente, solicitó declarar la improcedencia de la acción, toda vez que en una oportunidad anterior fue resuelta otra acción de tutela presentada por el actor ante el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, en la que negó el amparo solicitado, por lo que consideró que su verdadera pretensión es reabrir un debate ya resuelto ante el juez natural.

4.3. La Contraloría General de la República 8 advirtió que, por una parte, no le constan los hechos descritos en la solicitud de tutela.

5 Folio 5, escrito de tutela. 6 Índice 00005 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. B037F348622B7EC9 B07E9AFF98CE4E8F 0828B4605BDB4D82 CF84A3E0BDFBA453. 7 Índices 000012, 00013 y 00014 expediente primera instancia aplicativo SAMAI , con certificado núm.

D121A3E88FEBC1BF CD0B497489606E6C 12C9F7EC6F4955FB 726797B3304CD9FD.

8 Índice 00015 expediente primera instancia aplicativo SAMAI , con certificado núm. BF527ADA7B819883

44D8EC3DCCF308C9 D0DCEE0DD28FA490 64AF6EBD26CC10ABRadicado: 20001-23-33-000-2025-00253-01

Accionante: José Rosalía Coronado Pacheco

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Por otra parte, rechazó de manera categórica la afirmación del actor sobre el hallazgo fiscal contra Yuma Concesionaria S.A. y la constructora Ariguaní S.A., por lo que consideró pertinente aclarar que la entidad recibió de forma reiterada y sistemática escritos de ciudadanos de la comunidad de Aguas Blancas, en las que exponían las afectaciones ocasionadas por las inundaciones del año 2022 en el corregimiento mencionado, que fueron atendidas bajo un radicado único en el que se contestó. En ese sentido, aclaró que la petición del actor el 04 de abril de 2025 se resolvió mediante oficio núm. CGR Nro. 2025EE0083919 del 2 de mayo siguiente, por lo que no se vulneraron los derechos fundamentales deprecados.

Finalmente, solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional.

4.4. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA 9 destacó que no cuenta con la competencia para resolver temas relacionados con el registro nacional de damnificados ni asuntos relacionados con la protección al consumidor.

Aclaró que el señor Coronado Pacheco presentó escrito de petición el 15 de abril de 2025, que fue resuelto mediante el oficio 20252300312011 del 08 de mayo siguiente, por lo que no se puede predicar la vulneración de los derechos mencionados por parte

Aclaró que el señor Coronado Pacheco presentó escrito de petición el 15 de abril de 2025, que fue resuelto mediante el oficio 20252300312011 del 08 de mayo siguiente, por lo que no se puede predicar la vulneración de los derechos mencionados por parte de la entidad.

Finalmente, indicó que la sentencia T -078 de 2025 resolvió de fondo la problemática expuesta por la comunidad de Aguas Blancas y que sus efectos fueron inter comunis, lo que generó una carencia actual de objeto en la presente acción, por lo que solicitó su desvinculación.

4.5. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 10 sostuvo que mediante el fallo constitucional mencionado, la entidad fue desvinculada del trámite y que en él no se dictaron ordenes que deba cumplir. En consecuencia, solicitó su desvinculación del proceso o, subsidiariamente , se nieguen las pretensiones de la tutela respecto de la entidad.

4.6. El Instituto Nacional de Vías – INVIAS11 indicó que, a partir de los hechos descritos en la solicitud de tutela y de la revisión de documentos, constató que la vía objeto de controversia no ha estado a cargo de la entidad, pues se trata de un tramo nacional que fue entregada a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI antes Instituto Nacional de Concesiones – INCO, pues fue parte del Contrato de Concesión No. 007 de 2012 suscrito entre el INCO y YUMA Concesionaria S.A.

9 Índices 00016, 00017, 00018, 00019, 00020, 00021 y 00025 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 148F1ABF683440F1 48FC529210B7D223 7EF1A854C74C3BC3 BEF3C8CBA8AF8105. 10 Índices 00022, 00024, 00026 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 188EC3A63A976514 76877A630A773EF0 ECF134DF47B3B124 441F03FB38893BDA. 11 Índices 00023, 00027 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 61467AE2BE0374E1

E9D7DF3603C79F4A 42CFCAE632BBAB17 986B836FBBEE8EB8.Radicado: 20001-23-33-000-2025-00253-01

Accionante: José Rosalía Coronado Pacheco

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De otro lado, destacó que no tiene la competencia sobre el Registro Único Nacional de Damnificados – RUNDA; así como el hecho de no haber recibido peticiones del actor y que actualmente están pendientes por tramitar.

Dado lo anterior, concluyó que no ha incurrido en ninguna acción u omisión que pueda constituir una vulneración de derechos fundamentales, por lo que solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva o, en su lugar, declarar la improcedencia de la acción.

4.7. El Departamento del Cesar12 expuso que no ha recibido alguna petición por parte del tutelante que requiera respuesta alguna. Además, puso de presente que la competencia para la inscripción en el Registro Único Nacional de Damnificados –

4.7. El Departamento del Cesar12 expuso que no ha recibido alguna petición por parte del tutelante que requiera respuesta alguna. Además, puso de presente que la competencia para la inscripción en el Registro Único Nacional de Damnificados – RUNDA recae en la alcaldía de Valledupar, conforme a lo establecido en la Ley 1523 de 2012 y en la Resolución 1110 de 2022 de la UNGRD y que su intervención en los procesos de gestión del riesgo solo procede de manera subsidiaria, cuando se supera la capacidad técnica y financiera del municipio; situación que no se ha acreditado.

Asimismo, destacó el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia T-078 de 2025 en coordinación con otras entidades, y que ha informado oportunamente al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Valledupar sobre los avances logrados, por tanto, no ha incurrido en alguna trasgresión de los derechos fundamentales del actor.

4.8. La Constructora Ariguaní S.A.S. y YUMA Concesionaria S.A. 13 consideraron que, a partir de la lectura del escrito presentado, la finalidad de aquel es la inscripción en el Registro Único Nacional de Damnificados – RUNDA y la consecuente entrega y pago de subsidios y ayudas, dada su condición de víctimas de la inundación ocurrida en el año 2022; competencia que está a cargo del Estado y que dista de la suya.

Manifestaron que el actor no ha presentado petición alguna y que su participación en el proyecto Ruta del Sol Sector 3 se limitó a la ejecución contrato suscrito, el cual se limitó a la construcción de un tramo vial, sin que per se hayan vulnerado garantía fundamental alguna del actor.

el proyecto Ruta del Sol Sector 3 se limitó a la ejecución contrato suscrito, el cual se limitó a la construcción de un tramo vial, sin que per se hayan vulnerado garantía fundamental alguna del actor.

Enfatizaron que la sentencia T-078 de 2025 de la Corte Constitucional no les impuso obligaciones directas, sino que dirigió sus órdenes a entidades estatales como el municipio de Valledupar, el departamento del Cesar y el Ministerio de Vivienda.

De otro lado, indicaron que la Superintendencia Financiera, en su función de juez en procesos iniciados por habitantes de l corregimiento de Aguas Blancas ya ha emitido fallos de fondo en los que se concluyó que no existe nexo causal entre la ejecución del proyecto vial y la inundación ocurrida en octubre de 2022, pronunciamientos que

12 Índice 00029 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. D1ED2786075F8516 CBAA1F69AE684FED E6B4909611F30176 91F96AB6433644DB. 13 Índice 00030 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 66902E59221707F6

1A01CBFCB8643D10 BCEE8E6C523A595F BE64575A968BBBF9.Radicado: 20001-23-33-000-2025-00253-01

Accionante: José Rosalía Coronado Pacheco

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fueron producto del análisis probatorio pertinente y que han sido confirmados en decisiones posteriores.

4.9. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio14 adujo que no ha recibido algún

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fueron producto del análisis probatorio pertinente y que han sido confirmados en decisiones posteriores.

4.9. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio14 adujo que no ha recibido algún escrito por parte del actor que amerite su respuesta y que la gestión para la inclusión en el registro mencionado se encuentra en cabeza de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD.

Sin embargo, informó que, en virtud de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la sentencia T-078 de 2025, ha dado cumplimiento de conformidad con sus competencias legales, lo que se ha traducido en asesoría técnica al municipio de Valledupar y a la Gobernación del Cesar, participación en reuniones, conceptos técnicos sobre proyectos relacionados con el suministro de agua y saneamiento básico, y actualmente está trabajando en un proyecto de alcantarillado que beneficiaría directamente a la comunidad de Aguas Blancas.

Desde el punto de vista jurídico, enfatiza que su rol es de acompañamiento técnico y no de ejecución directa de obras o prestación de servicios públicos, dado a que esas funciones les corresponden a los municipios según la Constitución y la ley, por tanto, consideró que no cuenta con legitimación en la causa por pasiva, ya que no ha incurrido en ninguna acción u omisión que amerite intervención del juez constitucional.

4.10. La Personería Municipal de Valledupar 15 expuso que no ha recibido ninguna solicitud por parte del accionante relacionada con los hechos descritos en el escrito de tutela. Destacó que la relación fáctica coincide con l a ya abordad a en una tutela

solicitud por parte del accionante relacionada con los hechos descritos en el escrito de tutela. Destacó que la relación fáctica coincide con l a ya abordad a en una tutela anterior promovida por la señora Yanelis Gutiérrez Movilla, en la cual participó activamente como mediadora entre la comunidad de Aguas Blancas y las entidades responsables del proyecto vial Ruta del Sol Sector 3 ante la contingencia present ada en el corregimiento de Aguas Blancas en octubre de 2022.

En ese orden de ideas, no ha incurrido en vulneración alguna y que carece de legitimación en la causa por pasiva, por lo que solicitó declarar su desvinculación.

4.11. La Procuraduría General de la Nación16 sostuvo que, a partir de la revisión de los archivos de correspondencia, evidenció que el actor presentó algunos escritos ante canales distintos a los dispuestos para tal fin, de conformidad con lo descrito en la Resolución 293 de 2024 y al sistema DOKUS adoptado por la entidad, lo que le impide atribuirle una omisión o conducta que justifique el uso de la acción de tutela.

14 Índices 00031 y 00033 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 2E09D38B549EFB86 827DF348DD652778 249BCCC34BEE5B15 17FD6B8D85F9115C. 15 Índices 00032 y 00040 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 9F032F2481C1235E 508368618FE68F76 29275104950C0692 7DCA33558BC50FAB. 16 Índice 00034 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. B1948C4A4A0B50A7

508368618FE68F76 29275104950C0692 7DCA33558BC50FAB. 16 Índice 00034 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. B1948C4A4A0B50A7

03D7B1811C9A6D13 FF0550AB687F8397 1ED669EFF6057D90.Radicado: 20001-23-33-000-2025-00253-01

Accionante: José Rosalía Coronado Pacheco

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Por otro lado, concluyó que la acción es improcedente y existe una carencia actual de objeto ante el cumplimiento de las órdenes contenidas en la sentencia T-078 de 2025, puesto que esta resolvió de fondo la problemática de la comunidad de Aguas Blancas y tiene efectos inter comunis.

4.12. La Agencia Nacional de Infraestructura – ANI17 puso de presente que no ha recibido ninguna petición por parte del actor ni existe prueba de que se haya radicado solicitud ante sus canales oficiales, por lo que no vulneró derecho fundamental alguno.

Ante el hecho que generó la situación del actor, indicó que la vía intervenida no está bajo su competencia, por lo que tampoco se le puede atribuir la carga respecto de su construcción.

De otro lado, consideró que lo que el accionante busca con la solicitud de amparo es una indemnización por daños, lo cual debe tramitarse por la vía judicial ordinaria y no mediante acción de tutela, al no demostrarse un perjuicio irremediable.

En ese orden de ideas, solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela y su consecuente desvinculación.

4.13. La Superintendencia de Industria y Comercio 18 solicitó declarar su falta de

En ese orden de ideas, solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela y su consecuente desvinculación.

4.13. La Superintendencia de Industria y Comercio 18 solicitó declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que lo pretendido por el extremo activo no se encuentra dentro de sus competencias ni le fueron endilgadas órdenes en la sentencia de tutela que alegó desconocida.

4.14. La Defensoría del Pueblo19 arguyó que, posterior a la revisión de los sistemas de información “VISIÓN WEB-ATQ” y gestión documental “IRIS”, no encontró registro alguno de documentación o requerimientos presentados por el actor; en consecuencia, al no haber tenido conocimiento previo ni participación en los hechos alegados en la tutela no ha incurrido en ninguna acción u omisión que pueda constituir una vulneración de derechos fundamentales.

4.15. La Fiscalía General de la Nación 20 advirtió del conocimiento de una investigación relacionada con presuntos delitos contra la administración pública que involucraban a la sociedad Yuma y habitantes del corregimiento de Aguas Blancas, se determinó que los hechos investigados habrían ocurrido en Bogotá y por tal motivo, mediante constancia del 9 de mayo de 2025, la Fiscalía decidió remitir el expediente al fiscal competente en la ciu dad de Bogotá, específicamente a la Fiscalía 212

17 Índice 00035 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 76FBCEC04DC9B175

3F560537DB9FD09F BACFD7A5DBBF3C41 67699B9BCCA7720F.

17 Índice 00035 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 76FBCEC04DC9B175 3F560537DB9FD09F BACFD7A5DBBF3C41 67699B9BCCA7720F. 18 Índices 00036 y 00042 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. CCDD0F0E9EFA9E11 44CEADBD7CAFA7D9 7A65993A2BFA9879 1B5AA45D237EB500. 19 Índice 0003 7 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. BE665913FA4B35F8 352E276179EC2F52 15C09ABD89992BDF 883193E23622BC27. 20 Índice 00039 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 261A598BD48679C8

3C5569325E7175CE 1438CBC633C6AD2C D2D670825BE35E59.Radicado: 20001-23-33-000-2025-00253-01

Accionante: José Rosalía Coronado Pacheco

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Seccional de la Unidad de Administración Pública. Esta actuación fue comunicada al Tribunal Administrativo del Cesar y a la Dirección Seccional de Fiscalía s; por lo que solicitó su desvinculación del presente caso.

4.16. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD21 manifestó carecer de competencia directa para realizar la inscripción en el Registro Único Nacional de Damnificados (RUNDA), ya que esta función recae sobre las autoridades municipales y departamentales, de conformidad con lo descrito en la Ley

manifestó carecer de competencia directa para realizar la inscripción en el Registro Único Nacional de Damnificados (RUNDA), ya que esta función recae sobre las autoridades municipales y departamentales, de conformidad con lo descrito en la Ley 1523 de 2012 y la Resolución 1190 de 2016.

Explicó que su intervención solo procede bajo el principio de subsidiariedad positiva, es decir, cuando existe una declaratoria formal de calamidad pública y las entidades territoriales no tienen capacidad técnica o financiera para atender la emergencia, lo cual no se ha acreditado en este caso.

Destacó que la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para exigir derechos colectivos ni para ejecutar fallos judiciales no allegados al expediente, y que existen otros medios judiciales como las acciones populares o el incidente de desacato.

Finalmente, advirtió que el accionante ha incurrido en temeridad al presentar múltiples tutelas sobre los mismos hechos, reconociendo expresamente el uso reiterado de este mecanismo como única vía para obtener respuestas del Estado.

4.17. El municipio de Valledupar 22 expuso que el contenido de la acción es inconsistente y confuso. Además, los hechos relacionados con inundaciones y malos olores en el corregimiento de Aguas Blancas ya fueron objeto de análisis y decisión en la sentencia T-078 de 2025 emitida por la Corte Constitucional, la cual tiene efectos inter comunis. Por tanto, consideró que el actor incurrió en temeridad, al reiterar hechos y pretensiones ya resueltos judicialmente.

Indicó que de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 1256 de 2013 y su modificación de 2016, las personas inscritas en el registro de damnificados reciben las

y pretensiones ya resueltos judicialmente.

Indicó que de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 1256 de 2013 y su modificación de 2016, las personas inscritas en el registro de damnificados reciben las ayudas humanitarias en concordancia con la afectación sufrida posterior al hecho dañino, por lo que al considerar que la sufrida por el actor fue leve, recibió ayuda humanitaria en forma de mercados y colchonetas.

Finalmente, sostuvo que, dado que las ayudas ya fueron entregadas y no se evidencian nuevas afectaciones, se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado.

21 Índices 00043 y 00045 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. C3236FF8F33066C3 6E3670129B36E18C 778BD3157D349A7C 34EFC1660614EC48. 22 Índice 00047 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 0E9A4777B41CD4AF AB64E59848651797 56695660F76CF93C 9126CC21AAB04831.Radicado: 20001-23-33-000-2025-00253-01

Accionante: José Rosalía Coronado Pacheco

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4.18. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Valledupar23 indicó que no se puede aducir una vulneración de garantías constitucionales de su parte, pues ha efectuado todas las actuaciones tendientes al cumplimiento de las ordenes constitucionales dadas en la sentencia T-078 de 2025.

Reiteró que ha actuado conforme a los términos establecidos por la Corte, en atención

efectuado todas las actuaciones tendientes al cumplimiento de las ordenes constitucionales dadas en la sentencia T-078 de 2025.

Reiteró que ha actuado conforme a los términos establecidos por la Corte, en atención al hecho de que el trámite ha sido complejo debido a la presentación de más de 35 incidentes por distintos miembros de la comunidad, ha adelantado todas las actuaciones pertinentes y, actualmente, se encuentra abierto un incidente de desacato que desprendió de la aludida sentencia.

5. Sentencia de tutela de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Cesar profirió sentencia de primera instancia el 30 de mayo de 202524, en el que negó la solicitud de tutela frente al derecho de petición y declaró improcedente el amparo respecto de los demás de