CE - Sentencia 20001233300020250038601 de 2025

Radicado: 20001-23-33-000-2025-00386-01

Accionantes: Johanna Andrea Rivera y otra

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

BogotÆ D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 20001-23-33-000-2025-00386-01

Accionantes: Johanna Andrea Rivera y otra Accionado: Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Valledupar Referencia: Acción de tutela

Acción de tutela contra providencias judiciales Subtema: Requisitos generales de procedencia inmediatez y subsidiariedad. Improcedencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora en contra de la sentencia del 25 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de l Cesar.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Johanna Andrea Rivera y Natalia Rojas Rivera, en nombre propio, solicitaron el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la tutela efectiva1, que consideraron vulnerados por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Valledupar, con ocasión de los autos del 1 de diciembre de 2023 y 10 de febrero de 2025, que resolvi eron sobre la liquidación del crØdito, al interior del proceso ejecutivo identificado con el radicado

del 1 de diciembre de 2023 y 10 de febrero de 2025, que resolvi eron sobre la liquidación del crØdito, al interior del proceso ejecutivo identificado con el radicado nœmero 20001-33-33-004-2013-00487-00.

2. Hechos

2.1. Johanna Andrea Rivera, Natalia Rojas Rivera y María Consuelo Rojas Zabala, presentaron demanda ejecutiva, en procura de que la Nación – Ministerio de Defensa – EjØrcito Nacional con el objeto que se diera cumplimiento a la sente ncia de 10 de noviembre de 2016, que les reconoció la pensión de sobrevivientes c on ocasión del fallecimiento del seæor Severo Leonardo Rojas Zabala (QEPD).

1 ˝ndice 00003 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia, certificado 24F68D1869D5DE5A

24106E47A53D62EE 14DBE9529EF6E5A2 BECA2024736B2866.0000

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2.2. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Valledupar, autoridad que, el 12 de julio de 2018 emitió mandamiento de pago por la suma de $135.273.990, mÆs los intereses DTF $24.782.59 6 y los intereses moratorios causados desde la fecha en que se hizo exigible la obligación hasta aquella en la cual se produjera el pago.

2.3. Surtidos los trÆmites correspondientes se allegó contestación de la deman da

intereses moratorios causados desde la fecha en que se hizo exigible la obligación hasta aquella en la cual se produjera el pago.

2.3. Surtidos los trÆmites correspondientes se allegó contestación de la deman da por parte del apoderado de la Nación – Ministerio de Defensa – EjØrcito Nacional, por lo que el referido juzgado en sentencia del 19 de abril de 2021 ordenó seguir adelante con la ejecución y concedió oportunidad para presentar la liquidación del crØdito conforme a lo previsto en el artículo 446 del CGP, imponiendo cond ena en costas al ejecutado.

2.4. Allegadas las liquidaciones de cada uno de los extremos procesales y surti do el correspondiente traslado, el juez ordenó remitir la actuación a la Profesional Universitario del Tribunal Administrativo del Cesar para que efectuara la revisión. La referida profesional devolvió el expediente mediante Oficio nœmero 2022-AM-0022 del 16 de marzo de 2022 y remitió el informe con la liquidación solicitada que fijó el monto de $319.644.889,61 a favor de las demandantes.

2.5. El 6 de abril de 2022, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Valledupar negó la solicitud de suspensión del proceso presentada por la ejecutada y modificó la liquidación adicional del crØdito presentada por las partes y, en consecuencia, se dispuso a liquidar el crØdito en la suma de $319.64 4.889,61 a cargo del Ministerio de Defensa – EjØrcito Nacional y en favor de las ejecutantes.

2.6. El 3 de marzo de 2023 la entidad ejecutada informó sobre los pagos efectuados

cargo del Ministerio de Defensa – EjØrcito Nacional y en favor de las ejecutantes.

2.6. El 3 de marzo de 2023 la entidad ejecutada informó sobre los pagos efectuados a favor de las demandantes y de manera consecuente solicitó que se requiriera a la parte ejecutante para que suministrara los datos actualizados necesarios para proceder con el pago faltante por valor de $98.616.317,62, toda vez que, la cuenta bancaria a nombre de la seæora Johanna Andrea Rivera, se encontraba invalidad a, y deprecó que en el evento en que no se atendiera ese requerimiento, se diera por terminado el proceso por pago total de la obligación de conformidad a lo dispuesto en el artículo 461 del CGP. Las ejecutantes se opusieron respecto de esta petición y pidieron una nueva actualización de crØdito.

2.7. Mediante providencia del 17 de julio de 2023, el juzgado dispuso que p revio a resolver la solicitud de terminación del proceso por pago total de la obligación, resultaba necesario remitir el expediente a la Profesional Universitario del Tribunal Administrativo del Cesar, para que revisara si con los documentos aportados por el EjØrcito Nacional se acreditaba el pago total. En cumplimiento de lo anteri or, el 26 de octubre siguiente la profesional mediante Oficio OJ 03717 (IC No. 2023-A M00172) del 25 de octubre de 2023 indicó que La liquidación del crØdito quedaba así:0000

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2.8. El juzgado, por auto del 1 de diciembre de 2023, negó la solicitud de terminación del proceso por pago total y determinó que se debían pagar y restituir las sumas referidas.

2.9. La parte demandante, con escrito allegado el 12 de julio de 2024, solicitó al juez que se pronunciara sobre las costas procesales y que revisara la liquidación del crØdito realizada por la contadora porque i) el pago del 19 de diciembre de 2022 aœn no había sido abonado a la cuenta bancaria del Johanna Andrea Ri vera y ii) para establecer el saldo a reintegrar por parte de Natalia Rojas Rivera no se tuvo en cuenta las certificaciones de estudios de 2017 y 2018.

2.10. Mediante providencia del 10 de febrero de 2025 el juzgado negó la soli citud por extemporÆnea. Esto debido a que esa decisión había sido adopt ada en providencia de 1 de diciembre de 2023, que fue notificada en estado del 4 de ese mes y aæo, por lo que, al no haberse interpuesto recursos en su contra , dentro de la oportunidad legalmente establecida (7 a 12 de diciembre de 2024), esta quedó ejecutoriada.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

La parte actora solicitó las siguientes pretensiones:

“1. Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva de las suscritas.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

La parte actora solicitó las siguientes pretensiones:

“1. Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva de las suscritas.

2. Que, en consecuencia, se disponga revocar el auto fechado del 10 de febrero de 2025 proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Valledupar dentro del proceso ejecutivo Rad. 20001-33-33-004-2013-00487-000000

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para en su lugar proceder con la revisión de la liquidación contenida en la parte considerativa del auto fechado del 1 de diciembre de 2023 proferido dentro del mismo proceso

3. Ordenar al Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar, que disponga la revisión de la liquidación del crØdito a la fecha, o, en su lugar que ratif ique la firmeza de la liquidación de marzo de 2022.

4. Que se ampare cualquier otro derecho fundamental que el seæor juez encuentre vulnerado”2.

Seæaló que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos procedimental absoluto, decisión sin motivación y violación directa de la Constitución.

3.1. Respecto al defecto procedimental absoluto afirmó que la actuación de la autoridad judicial contraviene manifiestamente lo establecido en el artículo 446 del CGP, pues la actualización del crØdito dentro del proceso ejecutivo requería para su

3.1. Respecto al defecto procedimental absoluto afirmó que la actuación de la autoridad judicial contraviene manifiestamente lo establecido en el artículo 446 del CGP, pues la actualización del crØdito dentro del proceso ejecutivo requería para su perfeccionamiento iguales procedimientos a los descritos en los literales a, b y c del artículo mencionado, mismos que no se siguieron dentro del particular.

Puso de presente que en el proceso se efectuó la modificación en la liquidación del crØdito sin que se decidiera ello específicamente, ya que el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Valledupar, lo hizo de forma subrepticia en el auto que decidió sobre la no terminación del proceso por pago.

Adujo que el literal c del artículo 446 del CGP imponía al administrador de justicia la obligación de decidir si aprobaba o modificaba la liquidación, “cosa que nunca se hizo en el auto de diciembre de 2023, puesto que la œnica decisión ad optada en dicha providencia versaba sobre la no terminación del proceso por pago de la obligación”3.

3.2. En lo atinente a la decisión sin motivación la parte actora expuso que las providencias emitidas el 1 de diciembre de 2023 y el 10 de febrero de 2025 carecían de un desarrollo fÆctico y jurídico que soportara la modificación del crØdito p or fuera de los procedimientos legales. Advirtió que el contenido del auto del 1 0 de febrero de 2025 no solo es escueto, sino que ademÆs es falaz toda vez que pa rte de una premisa errónea al considerar que el auto proferido el 1 de diciembre de 2023 hizo

de 2025 no solo es escueto, sino que ademÆs es falaz toda vez que pa rte de una premisa errónea al considerar que el auto proferido el 1 de diciembre de 2023 hizo las veces de una actualización a la liquidación del crØdito, y si no se est aba de acuerdo debía recurrirse en los tØrminos del artículo 446 del CGP, cosa qu e no cierta.

Sostuvo que no tenía sentido recurrir lo decido en el auto del 1 de diciembre de 2023 pues se encontraba de acuerdo con la decisión de no dar por terminado el proceso.

2 Ibid. 3 Ibid.0000

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3.3. En cuanto a la violación directa de la Constitución explicó que se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración d e justicia y a la tutela efectiva. Manifestó que el artículo 229 de la CP garantizaba a todas las personas el derecho a acceder al aparato jurisdiccional para dirimir sus conflictos y conforme a lo establecido en la sentencia T-608 de 2018, la mencionada norma comprendía dos dimensiones “i) la posibilidad de acudir ante un juez o tribunal a presentar las pretensiones para la protección de sus derechos o intereses y (ii) que dicho acceso a la justicia sea efectivo, al obtener la resolución de fondo de las pretensiones presentadas y que la misma se pueda hacer efectiva a travØs de su correcta ejecución”.

Concluyó al afirmar que lo pretendido “ a travØs de la presente acción de tutela, no

las pretensiones presentadas y que la misma se pueda hacer efectiva a travØs de su correcta ejecución”.

Concluyó al afirmar que lo pretendido “ a travØs de la presente acción de tutela, no es solo que se revoque el auto del 10 de febrero de 2025 para que en consecuencia se proceda con la revisión de la liquidación contenida en la providencia del 1 de diciembre de 2023 sino tambiØn, que dicha providencia judicial no proyecte vali dez jurídica a un documento errado cuya veracidad dista de lo bien sabido en el proceso y lo admitido incluso por la parte demandante”4.

4. TrÆmite en primera instancia e intervenciones

4.1. El asunto le correspondió, en primera instancia, al Tribunal Administrativo del Cesar. El magistrado ponente de dicha corporación dictó auto del 12 de ag osto de 20255, en el que admitió la acción de tutela instaurada por Johanna Andrea Rivera y Natalia Rojas Rivera y ordenó la notificación a las partes.

4.2. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Valledupar solicitó declarar la improcedencia de la acción por no superar el requisito de subsidiariedad. De manera subsidiaria se opuso a la prosperidad de las pretensiones, al considerar que no se vulneraron los derechos fundamentales alegados por las accionantes, pues se respetó el procedimiento legal propio de los procesos ejecutivos, particularmente lo dispuesto en el artículo 446 del CGP.

En lo concerniente al auto del 10 de febrero de 2025 indicó que esta d ecisión se fundamentó en la liquidación del crØdito efectuada por el profesional un iversitario grado 12 del Tribunal Administrativo del Cesar, en la que se estableció que ha bía

En lo concerniente al auto del 10 de febrero de 2025 indicó que esta d ecisión se fundamentó en la liquidación del crØdito efectuada por el profesional un iversitario grado 12 del Tribunal Administrativo del Cesar, en la que se estableció que ha bía valores pendientes a favor de la parte ejecutante y, por lo tanto, negó la solicitud de terminación del proceso presentada por la ejecutada.

Sostuvo que la referida liquidación reemplazó el monto fijado inicialmente en el auto del 6 de abril de 2022, por cuanto en ella se incorporaron e imputa ron los pagos realizados con posterioridad a dicha fecha, momento en el que se ha bía determinado la cuantía del crØdito objeto de ejecución.

4 Ibid. 5 ˝ndice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado BBC5A229154D2DCF 56744A293F7FEE33

B07BD869065AC918 C77D82CE5D2D84C3.0000

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Precisó que la orden de remitir el expediente para la verificación de los pag os efectuados, con el propósito de establecer si se configuraba o no el pago total de la obligación, constituía un trÆmite interno propio del anÆlisis que debía realiza r para resolver la solicitud de terminación. Por lo tanto, manifestó que no resultaba exigible correr traslado a las partes del ejercicio matemÆtico derivado de esa verificación, puesto que no se trataba de una liquidación presentada por la entidad demandada, como si lo era la aportada con su escrito de terminación que se surtió mediante auto

correr traslado a las partes del ejercicio matemÆtico derivado de esa verificación, puesto que no se trataba de una liquidación presentada por la entidad demandada, como si lo era la aportada con su escrito de terminación que se surtió mediante auto del 30 de marzo de 2023.

Por consiguiente, seæaló que los cuestionamientos contra la decisión del 1 0 de febrero de 2025 debían debatirse a travØs de los recursos previstos en la ley y dentro de la oportunidad procesal correspondiente. Esto, en el entendido que no era procedente plantearlos mediante una solicitud extemporÆnea y mucho m enos a travØs de una acción de tutela.

5. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Cesar profirió sentencia el 25 de agosto de 20256 por la cual decidió “NEGAR por improcedente la acción de tutela”7.

Por una parte, el a quo constitucional sostuvo que la discusión que se pretendía zanjar en sede de tutela debió ser expuesta en el trÆmite del proceso ej ecutivo, mediante la interposición de los recursos de reposición y apelación que procedía n contra el auto de 1 de diciembre de 2023 y no a travØs de este me canismo constitucional.

De otro lado, afirmó que luego de “hacerse una revisión de la actuación judicial en trÆmite es dable deducir que las accionantes aœn cuentan con medios o rdinarios de defensa a los cuales pueden acudir para hacer efectivos sus derechos, debien do para esos efectos designar abogado que las represente en la actuación”8.

Por œltimo, advirtió que en lo que se refiere a la seæora Johanna Andrea Rivera, en

defensa a los cuales pueden acudir para hacer efectivos sus derechos, debien do para esos efectos designar abogado que las represente en la actuación”8.

Por œltimo, advirtió que en lo que se refiere a la seæora Johanna Andrea Rivera, en su calidad de cónyuge supØrstite del pensionado, ha sido negligent e en la gestión de sus propios intereses, pues pese a tener conocimiento de las dificultades que se presentaron con su cuenta bancaria para hacer el abono de parte de lo adeudado, tardó mÆs de un aæo en suministrar ante esa entidad la información requerida , sin que exista evidencia de ello en el proceso ejecutivo, lo que dificulta de esta forma la efectividad del derecho que le asiste.

Por lo tanto, conminó a las accionantes “a estar atentas a sus intereses en el trÆmite de esa actuación judicial, en procura de lo cual deben asignar el abogad o por conducto del cual se radiquen y gestionen sus escritos”9.

6 ˝ndice 00012 del expediente digital de primera instan cia, certificado AC514CE7A3CAD1BE

054B74E8F7D713F4 94FAE33D14811BF8 EF13EFD6DD57FEE6.

7 Ibid. 8 Ibid. 9 Ibid.0000

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6. Impugnación

La parte actora presentó escrito de impugnación contra la decisión de prim era instancia y reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela. Afirmó que el juez constitucional de la primera instancia incurrió en los mismos yerros del Juzgado

La parte actora presentó escrito de impugnación contra la decisión de prim era instancia y reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela. Afirmó que el juez constitucional de la primera instancia incurrió en los mismos yerros del Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar puesto que, si bien, “por un lado se asevera que “no es posible aceptar que la decisión adoptada el 1º de dicie mbre de 2023, con apoyo en la reliquidación de la deuda solicitada a la Profesional Universitario grado 12 del Tribunal Administrativo del Cesar, haya debido ser objeto de traslado a la luz de lo establecido en el artículo 446 del CGP” mientras que por otro reprocha la presunta inactividad de las suscritas en tanto que dentro del tØrmino de ejecutoria del auto del 1° de diciembre de 2023 se “ha podido promover el respectivo incidente de nulidad ante el “trámite errado” impartido para la modificación de la liqu idación, o interponer los recursos que procedían dentro del tØrmino establecido para el efecto””.

Adujo que era contradictorio lo argumentado por el tribunal en tanto que, al desconocer el deber que tenía el Juzgado Cuarto Administrativo de Vall edupar de actuar conforme el artículo 446 del C.G.P., lo libera del procedimiento correspondiente para efectuar una modificación en la liquidación del crØdito, pe ro en cambio, si exige que las oposiciones ante aquel auto se eleven tal cual si fueran reparos en contra de una modificación del crØdito de las que trata el mentado artículo.

Puso de presente que el tribunal afirmó, con razón, que el proceso ejecutivo todavía se encuentra vigente, motivo por la cual existe todavía la oportunidad de q ue el

artículo.

Puso de presente que el tribunal afirmó, con razón, que el proceso ejecutivo todavía se encuentra vigente, motivo por la cual existe todavía la oportunidad de q ue el Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar rectifique el contenido de la liquidación y acoja su pedimento. No obstante, advirtió que el Tribunal Administrativo del Cesar ha desatendido los escritos que ha presentado en mÆs de una ocasión para la correspondiente corrección de la liquidación.

El magistrado ponente del Tribunal Administrativo del Cesar, a travØs de auto del 3 de septiembre de 2025 10, concedió la impugnación interpuesta por la parte accionante.

7. TrÆmite de segunda instancia – subsanación de posible nulidad

Una vez el expediente ingresó para fallo en segunda instancia, la magistrada ponente del despacho, antes de decidir la impugnación, advirtió la posibl e configuración de una nulidad originada por la indebida conformació n del contradictorio y, en consecuencia, profirió auto del 2 de octubre de 2025 11, mediante el cual resolvió lo siguiente:

10 ˝ndice 00018 del expediente digital de primera instan cia, certificado 28B4AAFDECC7BD9D 24276665B49D0253 E817F19D58845225 24B21D1A35D6A473. 11 ˝ndice 00004 del aplicativo SAMAI, certificado 97495BCF1A9 F3609 C287D27CA17EF260

73F4F9EE93F7C1C6 1429C685D018BDF7.0000

Radicado: 20001-23-33-000-2025-00386-01

73F4F9EE93F7C1C6 1429C685D018BDF7.0000

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“PRIMERO: ORDENAR a la Secretaría General de la Corporación para que notifique a la seæora María Consuelo Rojas Zabala y a la Nación-Ministerio de Defensa-EjØrcito Nacional quienes tambiØn integraron los extremos pasivo y activo en el expediente ejecutivo con radicado nœmero 20001-33-33-0042013-00487-00 y les ponga en conocimiento el auto admisorio, el fallo de tutela de primera instancia proferido dentro de este trÆmite, así como este auto. Lo anterior para que en el tØrmino de tres (3) días adelanten las actuaciones que consideren necesarias, advirtiØndoles que en caso de guardar silencio la nulidad quedarÆ saneada y se procederÆ a resolver la segunda instancia de la tutela (…)”.

Notificada la anterior providencia, a las partes y a los vinculados, tanto la NaciónMinisterio de Defensa-EjØrcito Nacional, como la seæora María Consuelo Rojas Zabala, guardaron silencio.

El expediente ingreso nuevamente a al Despacho el 21 de octubre de 20 2512 para resolver la impugnación.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

2. Cuestión previa

En cuanto a la configuración de la posible nulidad por indebida conform ación del contradictorio, la Sala pone de presente que la decisión a travØs de la cual se ordenó poner en conocimiento a la Nación-Ministerio de Defensa-EjØrcito Nacional y a la seæora María Consuelo Rojas Zabala les fue notificada en debida forma, sin embargo, los terceros interesados guardaron silencio, razón suficiente para entender como subsanada esta anomalía y proceder a emitir decisión de segunda instancia.

3. Legitimación en la causa

3.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque Johanna Andrea Rivera y Natalia Rojas Rivera son las titulares de las garantía s constitucionales que afirman son vulneradas, en su condición de ejecutantes dentro del proceso ejecutivo identificado con radicado 20001-33-33-004-2013-00487-00.

3.2. TambiØn estÆ probada la legitimación en la causa por pasiva porque el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Valledupar fue la autoridad que

12 ˝ndice 00015 del aplicativo SAMAI.0000

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profirió las decisiones que, segœn las tutelantes, vulneraron sus derechos fundamentales.

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profirió las decisiones que, segœn las tutelantes, vulneraron sus derechos fundamentales.

4. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del 25 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo d el Cesar, que negó “por improcedente” la solicitud de amparo.

Para el efecto, es necesario establecer si en el caso sub judice se encuentran superados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. En caso afirmativo, se procederÆ a realizar el estudio de f ondo frente a los argumentos expuestos por la parte accionante.

5. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preli minar, realizar un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento d e fondo sobre la problemÆtica jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratÆndose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional a travØs de la sentencia C-590 de 2005 13 indicó que estas proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carÆcter general, que habilitan la interposición de la tutela 14 y otros de carÆcter

proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carÆcter general, que habilitan la interposición de la tutela 14 y otros de carÆcter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto15.

13 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviæo. 14 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en c ontra de providencia judicial estÆ sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor ha ya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la pe tición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundam entales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, d e ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela 15 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cu estionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrÆ se r razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgÆnico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fÆctico, esto

saber: a) Defecto orgÆnico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fÆctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prue ba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina en el e vento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaæo por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta dere chos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciale s de dar cuenta de los fundamentos fÆcticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley l imitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme0000

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Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento jud icial que se

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Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento jud icial que se cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración d e justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”16.

5.1. Inmediatez

La jurisprudencia constitucional ha desarrollado el principio de inmediatez bajo la premisa de que su objeto, no es otro que la protección inmediata de los derechos fundamentales.

Así las cosas, lejos de establecer un plazo de caducidad, la inmediatez se comporta como una garantía de la seguridad jurídica y de los intereses de terceros, que implica que la acción de tutela debe interponerse en un plazo razon able17, segœn las condiciones de tiempo, modo y lugar del caso concreto. Sin embargo, tratÆndose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la garantía de los principios que dirigen la administración de justicia exige mayor rigurosidad 18, al punto que la Corte Constitucional ha definido la razonabilidad, prima facie, en un lapso de seis (6) meses19.

al mandato consagrado en el artículo 4” de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados. 15 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviæo. 16 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.

15 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviæo. 16 Corte Constitucional, sentencia