CE - Sentencia 20001233300020250046001 de 2025

Demandante: Mauricio Calderón Demandado: Superintendencia de Transporte y otro Rad: 20001-23-33-000-2025-00460-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

CONSEJERO DE ESTADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D. C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO Radicación: 20001-23-33-000-2025-00460-01

Demandante: MAURICIO CALDERÓN

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE Y OTRO

Tema: Improcedencia de la acción – incumplimiento del requisito de subsidiariedad

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación interpue sta por la parte actora contra la sentencia de 23 de octubre de 2025 , mediante la cual el Tribunal Administrativo del Cesar rechazó parcialmente la demanda y declaró la improcedencia de la acción.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud

1. En nombre propio y en ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, Mauricio Calderón presentó acción de cumplimiento contra la Superintendencia de Transporte y la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Valledupar.

1. En nombre propio y en ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, Mauricio Calderón presentó acción de cumplimiento contra la Superintendencia de Transporte y la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Valledupar.

2. Lo anterior, con el fin de «darle cumplimiento al artículo 158A de la ley 769 del 2002 (…) , a través de una acto administrativo , ordene a la Secretaria de Tránsito del municipio de Valledupar que revoque todas aquellas multas impuestas durante el período en el cual no se contó con la autorización, a través de los vehículos caza infractores » y cuyas pretensiones1, en esencia,

buscan lo siguiente:

PRIMERO: (…) y la superintendencia de transporte revoque LAS 71.000 MIL COMPARENDO impuesto por la secretaria de transito de tránsito de Valledupar

1 Se transcriben literal, incluidos posibles errores.Demandante: Mauricio Calderón Demandado: Superintendencia de Transporte y otro Rad: 20001-23-33-000-2025-00460-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 durante el período en él que no se contó con la autorización, de la superintendencia de transportes, y la agencia nacional vial, conforme a los artículos 1,y 2 de la ley 1843 del 2017.

SEGUNDO QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 20 DE LA LEY 393

DE 1997 EL SUPERINTEDNTE APLIQUE LA EXCEPCION DE

artículos 1,y 2 de la ley 1843 del 2017.

SEGUNDO QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 20 DE LA LEY 393

DE 1997 EL SUPERINTEDNTE APLIQUE LA EXCEPCION DE INSCONSTITUCIONALIDAD Y ordene a la superintendencia de transportes ANULES DICHOS COMPARENDO, y al municipio retire los vehículos caza infractores y que los comparendos lo realicen los agentes de tránsito no un vehículo.

TERCERO QUE EL MAGISTRADO conforme a los artículos 1,2,129, y 135 del código nacional de tránsito ordene a la superintendencia de transportes a darle cumplimiento artículo 158ª de la ley 769 del 2002, y anulen todo el comparendo realizado por el municipio d e Valledupar a travez de las secretarias de transito CON los cuatros vehículos de foto multas.

CUARTO QUE EL MAGISTRADO OORDENE A LA A LA la secretaria de tránsito A darle de darle cumplimiento artículo 135 inciso 1 de la ley 769 del 2002 6 de la RESOLUCIÓN 20203040011245 DE 2020 de aplicación a un mandato de orden legal o administrativo que es espe cífico y determinado, para la garantía de derechos de orden legal y la protección del ordenamiento jurídico y revoque Todas aquellas multas impuestas, por la secretaria de tránsito de Valledupar durante el período en él no se contó con la autorización, de la superintendencia de transportes , y la agencia nacional vial, conforme a los artículos 1,y 2 de la ley 1843 del 2017, así mismo realice los comparendo de forma presencial, y retire

durante el período en él no se contó con la autorización, de la superintendencia de transportes , y la agencia nacional vial, conforme a los artículos 1,y 2 de la ley 1843 del 2017, así mismo realice los comparendo de forma presencial, y retire ellos tres vehículos de foto multas llamada caza infractores debido que el articulo 6 de la RESOLUCIÓN 20203040011245 DE 2020 , prohíbe la realización de comparendo en vehículo en movimiento.

Quinto SEÑOR MAGISTRADO que ordene al município de valledupar se abstenga de seguir realizando comparendo através de estos vehiculoculo y realicen los comparendo de forma presencial através de los agentes de transito y no com vehiculo em movimiento (…).

2. Hechos

6. En resumen, el fundamento fáctico de la demanda es el siguiente2:

7. El señor Mauricio Calderón instauró el presente mecanismo constitucional para obtener el cumplimiento del artículo 158A de la Ley 769 de 2002, adicionado por la Ley 2251 de 2022, con el fin de que se ordene la revocatoria de todas las multas impuestas en V alledupar mediante el uso de vehículos denominados «caza infractores», porque, a su juicio, dichos dispositivos no cuentan con la autorización legal del Ministerio de Transporte ni de la Agencia

Nacional de Seguridad Vial.

8. Alegó que, entre el 2023 y 2025 la Secretaría de Tránsito de Valledupar impuso aproximadamente 71.000 comparendos a través de ayudas tecnológicas instaladas en vehículos en movimiento, sin cumplir los criterios de seguridad vial ni contar con la autorización previa de la auto ridad

impuso aproximadamente 71.000 comparendos a través de ayudas tecnológicas instaladas en vehículos en movimiento, sin cumplir los criterios de seguridad vial ni contar con la autorización previa de la auto ridad

2 En este acápite no serán incluidas las consideraciones subjetivas, citas de sentencias, apreciaciones sobre el alcance de las decisiones adoptadas, ni otros comentarios formulados reiteradamente como parte de los hechos, que no corresponden estrictamente al marco fáctico de la acción.Demandante: Mauricio Calderón Demandado: Superintendencia de Transporte y otro Rad: 20001-23-33-000-2025-00460-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 competente, configurándose una extralimitación de funciones y una vulneración al debido proceso administrativo, en contravía de lo dispuesto en el artículo 135 del Código Nacional de Tránsito y la Ley 1843 de 2017.

9. Sostuvo que el artículo 158A de la Ley 769 de 2002, adicionado por la Ley 2251 de 2022, impone a las autoridades de tránsito la obligación de revocar de manera oficiosa todas las multas impuestas con apoyo en medios tecnológicos que no cumplan los requisitos legal es. No obstante, indic ó que, pese a haber presentado el respectivo requerimiento ante la Superintendencia de Transporte, han transcurrido más de 20 días hábiles sin obtener respuesta, configurándose así la renuencia prevista por la ley para la procedencia de la presente acción.

3. Trámite de la solicitud en primera instancia

de Transporte, han transcurrido más de 20 días hábiles sin obtener respuesta, configurándose así la renuencia prevista por la ley para la procedencia de la presente acción.

3. Trámite de la solicitud en primera instancia

10. Mediante providencia del 2 2 de septiembre de 2025 3, el magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo del Cesar admitió la demanda y ordenó la notificación a la Superintendencia de Transporte, entidad a la que le requirió rendir un informe sobre las circunstancias que motivaron la demanda.

11. A través de auto del 14 de octubre de 2025, ordenó la vinculación de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar4.

4. Contestación de la demanda

12. La Superintendencia de Puertos y Transporte afirmó que carece de facultades legales para «anular» sanciones o actos administrativos, atribución que corresponde de manera exclusiva a la jurisdicción contenciosoadministrativa. En ese sentido, sostiene que no existe disposición normativa cuyo cumplimiento pueda exigirse a través de este mecanismo.

13. Indicó que el escrito de constitución en renuencia y la demanda fueron enviados al correo institucional de una funcionaria de la entidad, que no es el dispuesto para este cometido. Señaló que los canales adecuados están en su página web y que, por esta razón, no se surtió debidamente la constitución en renuencia.

14. Asimismo, enfatiz ó que la acción de cumplimiento tiene un carácter subsidiario y no puede utilizarse cuando existen otros mecanismos judiciales, como la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que serían los

renuencia.

14. Asimismo, enfatiz ó que la acción de cumplimiento tiene un carácter subsidiario y no puede utilizarse cuando existen otros mecanismos judiciales, como la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que serían los adecuados para controvertir las sanciones impuestas.

15. Solicitó rechazar por improcedente la acción de cumplimiento por no cumplir con los requisitos contemplados en la Ley 393 de 1997 y la jurisprudencia del Consejo de Estado.

3 Índice 00005 de Samai. Expediente del tribunal. 4 Índice 00014 de Samai. Expediente del tribunal.Demandante: Mauricio Calderón Demandado: Superintendencia de Transporte y otro Rad: 20001-23-33-000-2025-00460-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

16. La Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Valledupar negó que en el municipio se encuentren instalados o en funcionamiento dispositivos SAST (Sistemas Automáticos, Semiautomáticos u otros medios tecnológicos) destinados a la detección automática de infracciones de tránsito.

17. Explicó que las labores de control que adelanta se realizan mediante agentes de tránsito apoyados en dispositivos electrónicos operados manualmente, cuya utilización no requiere autorización del Ministerio de Transporte ni de la Agencia Nacional de Segurid ad Vial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, parágrafo 2, de la Resolución 20203040011245

manualmente, cuya utilización no requiere autorización del Ministerio de Transporte ni de la Agencia Nacional de Segurid ad Vial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, parágrafo 2, de la Resolución 20203040011245 de 2020. Por lo anterior, sostuvo que los hechos expuestos por l a actora son falsos y se basan en apreciaciones subjetivas carentes de sustento probatorio y normativo.

18. Solicitó que fueran negadas en su integridad las pretensiones y consideró que la normativa invocada en la demanda —Ley 1843 de 2017 y Resolución 20203040011245 de 2020— no resulta aplicable, dado que en Valledupar no existen sistemas automáticos de detección de infracciones. Agregó que la acción de cumplimiento no procede para controvertir actos administrativos de carácter sancionatorio, pues para ello el ordenamiento jurídico prevé la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el ar tículo 138 del

CPACA.

19. Finalmente, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar invocó el fenómeno de la cosa juzgada, señalando que ya se han resuelto procesos con identidad de partes, objeto y causa en los radicados 20 -001-23-33-000-20250006400, 20 -001-23-33-000-2025-00069-00, 20 -001-23-33-000-202500074-00, 20 -00123-33-000-2025-00080-00, 20 -001-23-33-000-202500084-00, entre otros, en los cuales el Consejo de Estado declaró improcedente la acción de cumplimiento por inexistencia de incumplimiento normativo.

00084-00, entre otros, en los cuales el Consejo de Estado declaró improcedente la acción de cumplimiento por inexistencia de incumplimiento normativo.

20. Como consecuencia, solicitó declarar improcedente la presente acción y reconocer la existencia de cosa juzgada material, toda vez que el asunto ya fue objeto de pronunciamiento judicial definitivo y vinculante.

5. Sentencia de primera instancia

21. El Tribunal Administrativo del Cesar, por medio de sentencia del 23 de octubre de 2025, rechazó la demanda respecto de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar y declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento respecto de la pretensión de anular las multas interpuestas, derivadas del uso de dispositivos SAST, supuestamente instalados en los denominados vehículos «caza infractores », de acuerdo con las siguientes

conclusiones:

RECHAZAR la demanda presentada por el señor Mauricio Calderón, en ejercicio de la ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO, en contra de la Secretaría de Tránsito yDemandante: Mauricio Calderón Demandado: Superintendencia de Transporte y otro Rad: 20001-23-33-000-2025-00460-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 Transporte de Valledupar, por no haberse aportado la prueba del requisito de procedibilidad de que trata el inciso segundo del artículo 8º de la Ley 393 de 1997, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

(…) R evisado el escrito de la demanda, se constata que las irregularidades

procedibilidad de que trata el inciso segundo del artículo 8º de la Ley 393 de 1997, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

(…) R evisado el escrito de la demanda, se constata que las irregularidades señaladas por el actor respecto de la imposición masiva de comparendos a través de vehículos de fotodetección se dirigen, en esencia, contra actuaciones administrativas de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar, cuya validez y legalidad corresponde analizar a través de los medios de control ante la jurisdicción contencioso-administrativa y no mediante la acción de cumplimiento.

6. La impugnación5

22. La parte actora impugnó la decisión. Reiteró los argumentos expuestos en

la demanda y, adicionalmente, sostuvo que:

(…) La acción de cumplimiento resulta procedente en este caso, dado que no se está solicitando la anulación de un comparendo individual, sino el cumplimiento de normas superiores que regulan la legalidad de los sistemas de fotodetección en el municipio de Vall edupar. En concreto, se pretende que se ordene la anulación de más de 71.000 comparendos generados por vehículos de fotomulta que presuntamente operan sin cumplir los requisitos legales establecidos por la ley y la jurisprudencia constitucional» (transcripción literal).

23. Adicionalmente, se refirió al rechazo de la demanda respecto del «municipio de Valledupar» y sostuvo que sí acreditó el requisito y, en su defecto, debió ser requerido para allegarlo.

24. A continuación insistió en la procedencia de la acción dado que, a su juicio,

«municipio de Valledupar» y sostuvo que sí acreditó el requisito y, en su defecto, debió ser requerido para allegarlo.

24. A continuación insistió en la procedencia de la acción dado que, a su juicio, «por haberse agotado el requisito de procedibilidad y al no dar respuestas a las entidades accionadas si es procedente esta acción de cumplimiento por tratarse de un reclamo colectivo».

25. También, afirmó que esta acción tiene «un alcance colectivo, pues afecta a todos los conductores del municipio de Valledupar, y se fundamenta en la protección de derechos constitucionales como el debido proceso, la presunción de inocencia y la legalidad administrativa».

26. Finalmente, transcribió apartes de jurisprudencia que consideró aplicables a este caso.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

27. La Sección Quinta es competente para decidir la impugnación contra la sentencia dictada el 23 de octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo de

5 La sentencia del 23 de octubre de 2025 fue notificada el 27 de octubre de 2025, y el escrito de impugnación fue radicado mediante correo electrónico el 31 de octubre de 2025, término que se encuentra oportuno.Demandante: Mauricio Calderón Demandado: Superintendencia de Transporte y otro Rad: 20001-23-33-000-2025-00460-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Cesar, según lo dispuesto en los artículos 150 6 y 152 7 del Código de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Cesar, según lo dispuesto en los artículos 150 6 y 152 7 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y en el artículo trece del Acuerdo 080 de 2019 , expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado8.

2. Objeto de la decisión

28. Corresponde a la Sala resolver si confirma, revoca o modifica la decisión adoptada por la citada Corporación judicial en la sentencia de 23 de octubre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar.

29. Por tanto, la Sala deberá verificar si se cumple con los presupuestos de precedencia y procedibilidad de la acción de cumplimiento , y, en caso de superarse estos requisitos previos , establecer si es viable exigirles a la s entidades demandadas el cumplimiento del artículo 158 A del Código Nacional del Tránsito Terrestre, en el sentido solicitado por la parte actora.

3. Generalidades de la acción de cumplimiento

30. La acción de cumplimiento busca la materialización de aquellos mandatos contenidos en las normas de rango legal y en los actos administrativos.

31. Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley 393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos presupuestos se han identificado y precisado que son los

siguientes:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su

siguientes:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso incumplimiento. Excepcionalm ente, se puede prescindir de este requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación de este presup uesto implica el rechazo de la acción de cumplimiento.

6 Artículo 150: Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia p or los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código. 7 Artículo 152: (…) 14. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas. 8 Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que sean dictadas por los tribunales administrativos, en primera instancia, en las acciones de cumplimiento.Demandante: Mauricio Calderón Demandado: Superintendencia de Transporte y otro Rad: 20001-23-33-000-2025-00460-01

tribunales administrativos, en primera instancia, en las acciones de cumplimiento.Demandante: Mauricio Calderón Demandado: Superintendencia de Transporte y otro Rad: 20001-23-33-000-2025-00460-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 (ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º].

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un perjuicio g rave e inminente para quien ejerció la acción.

(iv) Que no se pretend a la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración [artículo 9.º].

32. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos [ii, iii o iv], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de control.

33. Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad o del particular en e jercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s,

si existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad o del particular en e jercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de la/s pretensión/es formulada/s.

4. La constitución de la renuencia

34. En el artículo 8.º, la Ley 393 de 1997 señaló que «[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud […]».

35. Frente a los alcances de esta norma, la Sala mantiene un criterio reiterado según el cual «[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»9.

36. Esta Corporación también ha considerado que no puede tenerse por demostrado el requisito de procedibilidad de la acción en aquellos casos en que la solicitud hecha por el interesado «[…] tiene una finalidad distinta a la de constitución en renuencia»10.

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de octubre 20 de 2011, expediente No. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo. 10 Sobre el particular pueden verse las providencias de noviembre 21 de 2002 dentro del expediente

de 2011, expediente No. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo. 10 Sobre el particular pueden verse las providencias de noviembre 21 de 2002 dentro del expediente ACU-1614 y de marzo 17 de 2011, expediente 2011-00019.Demandante: Mauricio Calderón Demandado: Superintendencia de Transporte y otro Rad: 20001-23-33-000-2025-00460-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

37. Según el criterio reiterado de la Sala, la renuencia debe entenderse como la negativa del accionado frente al requerimiento, bien porque no brinde respuesta oportuna o porque, a pesar de ser proferida en tiempo, sea contraria al querer del ciudadano11.

38. Es necesario que la solicitud permita determinar claramente que lo pretendido por el interesado es el efectivo cumplimiento de un deber legal o administrativo, cuyo objetivo es precisamente la constitución en renuencia de la parte demandada.

39. Como fue establecido en el numeral 5.º del artículo 10.º de la Ley 393 de 1997, el agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción respecto de la parte accionada deberá acreditarse con la demanda, so pena de ser rechazada de plano.

40. La parte accionante, para acreditar el requisito de procedibilidad , aportó copia del correo electrónico enviado a la Superintendencia de Transporte el 17 de septiembre de 2025, en el cual solicitó lo siguiente:

Primero PRETENDO CON ESTE REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO , DE

copia del correo electrónico enviado a la Superintendencia de Transporte el 17 de septiembre de 2025, en el cual solicitó lo siguiente:

Primero PRETENDO CON ESTE REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO , DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 8 DE LA LEY 393 DE 1997 , Y LOS ARTICULOS 146 Y 161 DE LA LEY 1437 DEL 2011 , PARA la materialización del mandato contenidos en las normas que tratándose de actos admi nistrativos no haya otro instrumento judicial para lograr su efectivo cumplimiento, donde este reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento , para que el superintendente de transporte

11 Sobre el particular pueden consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015, radicación 25000-23-41-0002016-02003-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación 15001-33-33-000-2016-00690-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez y sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación 15001-23-33-000-2016-00249-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.Demandante: Mauricio Calderón Demandado: Superintendencia de Transporte y otro Rad: 20001-23-33-000-2025-00460-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 de aplicación a un mandato de orden legal o administrativo que es específico y determinado, para la garantía de derechos de orden legal y la protección del ordenamiento jurídico Y LE DE CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 158ª de la ley 769 del 2002 ,DEBIDO LA EXISTE NCIA DE UN MANDATO IMPERATIVO E INOBJETABLE es decir, se trata de mandatos claros imperativos e inobjetables, y la superintendencia de transporte revoque LAS 71.000 MIL COMPARENDO impuesto por la secretaria de transito de tránsito de Valledupar durante el período en él que no se contó con la autorización, de la superintendencia de transportes, y la agencia nacional vial, conforme a los artículos 1,y 2 de la ley 1843 del 2017.

41. En lo que respecta a la Secretaría de Tránsito del municipio de Valledupar no obra constancia de que se hubiera radicado el respectivo escrito contentivo de la renuencia. Razón por la cual, se confirmará la decisión del a quo que rechazó las pretensiones de la demanda en relación con tal autoridad.

42. En el expediente no hay prueba que acredite que la autoridad accionada hubiera dado contestación al requerimiento.

43. En ese orden, la Sala tendrá por agotado el requisito de renuencia y procederá al estudio de los demás aspectos respecto del artículo 158A del

Código Nacional de Tránsito.

5. De la procedencia de la acción de cumplimiento

43. En ese orden, la Sala tendrá por agotado el requisito de renuencia y procederá al estudio de los demás aspectos respecto del artículo 158A del

Código Nacional de Tránsito.

5. De la procedencia de la acción de cumplimiento

44. Como se estableció, el señor Mauricio Calderón solicitó que se le ordenara a la Superintendencia y a la Secretaría de Tránsito accionadas que, en virtud del mandato contenido en el artículo 158A de la Ley 769 de 2002, la anulación de más de 71.000 órdenes de comparendo.

45. En relación tal pretensión, se advierte que la controversia escapa del ámbito de acción del juez de cumplimiento, toda vez que encierra un debate jurídico sobre la validez de los comparendos que han sido interpuestos por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar. En tal sentido, se advierte que esta solicitud no acredita el cumplimiento del requisito de procedencia de subsidiariedad.

46. Lo anterior, dado que los afectados tuvieron o pudieron ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, aunado a que no acreditó la configuración de un perjuicio grave e inminente en su situación en concreto ante la improcedencia del mecanismo constitucional.

47. En efecto, si bien cuando en este escenario se solicita el cumplimiento de la norma descrita, lo cierto es que el fondo de la controversia plantea una discusión de carácter subjetivo que debe ser conocida por el juez de lo contencioso administrativo a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, siempre que

discusión de carácter subjetivo que debe ser conocida por el juez de lo contencioso administrativo a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, siempre que acredite la legitimación en la causa, circunstancia que hace improcedente laDemandante: Mauricio Calderón Demandado: Superintendencia de Transporte y otro Rad: 20001-23-33-000-2025-00460-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 acción constitucional. El actor puede cuestionar la legalidad de estos actos administrativos de naturaleza sancionatoria por medio de dicho medio de control y, de ser el caso, solicitar el restablecimiento del derecho ante la afectación de sus intereses.

48. En ese orden de ideas, la pretensión estudiada trasciende al simple objetivo de cumplimiento de las normas legales invocadas como sustento de la acción, en busca de su eficacia. Lo anterior, debido a que el objeto de la acción es que el juez estudie la legalidad del acto administrativo por medio del cual se han impuesto las multas descritas en los hechos de la demanda.

49. Adicionalmente, si se admitiera el argumento expuesto en la impugnación del fallo según el cual, no se está pretendiendo un interés subjetivo y particular sino la eliminación de más de 71.000 foto multas; la parte actora cuenta con la acción popular como mecanismo idóneo para que se analicen los planteamientos expuestos en la demanda, máxime que, a su juicio, se están afectando los derechos e intereses de los habitantes del municipio de

acción popular como me