CE - Sentencia 20001233300020250049301 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: Accionante:

Accionado:

Acción: Tema:

Decisión: 20001 23 33 000 2025 00493 01

Blanca Teresa Gaviria Alturo Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Valledupar Acción de tutela Acción de tutela contra orden de embargo de una cuenta de ahorros dispuesta en un proceso de cobro coactivo adelantado a sujeto de especial protección constitucional. Afectación del mínimo vital. Modifica el fallo de tutela de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionada en contra del fallo de tutela proferido el 23 de octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo del C esar, en donde concedió parcialmente el amparo solicitado por la accionante.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Blanca Teresa Gaviria Alturo, actuando en nombre propio, promovió acción de tutela en contra de la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva Seccional de

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Blanca Teresa Gaviria Alturo, actuando en nombre propio, promovió acción de tutela en contra de la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar, y para ello, formuló las siguientes pretensiones1:

Respetuosamente solicito al despacho judicial:

2. Amparar mis derechos fundamentales al mínimo vital, debido proceso, buena fe, trabajo, igualdad y dignidad humana.

3. Ordenar como medida provisional el levantamiento inmediato del embargo decretado sobre la cuenta de ahorros del BBVA, donde se consignan mis incapacidades médicas, hasta tanto se resuelva de fondo esta tutela o la Dirección Ejecutiva reliquide debidamente el valor reclamado.

4. Ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Cesar (sic) – Valledupar que, dentro de un término no mayor a cinco (5) días:

a) Reliquide el monto realmente adeudado, fijándolo en $3.596.516, conforme a los soportes de nómina allegados.

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 20001 23 33 000 2025 00493 00.Radicado: 20001 23 33 000 2025 00493 01

Accionante: Blanca Teresa Gaviria Alturo Accionado: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar

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b) Permita el pago en cuotas razonables, de acuerdo con mi capacidad económica y mi condición de salud, garantizando el goce efectivo del mínimo vital.

5. Ordenar a la entidad emitir una respuesta formal y motivada a la solicitud de adición del 26 de febrero de 2025.

6. Prevenir a la entidad accionada para que, en lo sucesivo, se abstenga de adoptar medidas de cobro o embargo sin resolver de manera oportuna los recursos y solicitudes de los servidores judiciales, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad médica o económica. […] (Negrillas originales del escrito de tutela.)

Adicionalmente, solicitó la siguiente medida provisional2:

Ordenar como medida provisional el levantamiento inmediato del embargo decretado sobre la cuenta de ahorros del BBVA , donde se consignan mis incapacidades médicas, hasta tanto se resuelva de fondo esta tutela o la Dirección Ejecutiva reliquide debidamente el valor reclamado o se pronuncie frente a la solicitud de adición.

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La accionante informó que se desempeña como servidora judicial de carrera adscrita al Distrito Judicial de Valledupar y que recibe su salario y los pagos por sus incapacidades en su cuenta de ahorros del Banco BBVA.

Manifestó que, encontrándose incapacitada , la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar, incurrió en un error al consignarle en su cuenta de

en su cuenta de ahorros del Banco BBVA.

Manifestó que, encontrándose incapacitada , la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar, incurrió en un error al consignarle en su cuenta de ahorros una suma de dinero que consideró pagada en exceso. Por esa razón, mediante la Resolución núm. DESAJVAR24-2183 del 24 de octubre de 2024, ordenó el reintegro de la suma correspondiente a $3.909.316.

Señaló que interpuso recurso de reposición en contra de la precitada resolución al advertir errores en el valor de la suma de dinero ordenada a devolver, comoquiera que el valor ordenado a reintegrar ascendía a $3.909.316, cuando el valor correcto era $3.596.516, generando una diferencia injustificada de $312.800.

Indicó que, mediante la Resolución núm. DESAJVAR25-856 del 21 de febrero de 2025, la dirección ejecutiva seccional resolvió no reponer el acto administrativo recurrido , manteniendo la obligación de reintegrar la suma de $3.909.316.

Continuó relatando que, el 26 de febrero de 2025 presentó solicitud de adición contra la anterior resolución, con fundamento en el artículo 45 del CPACA, en la que pidió corregir los errores numéricos y reliquidar el valor debido.

Aseguró que “Hasta la fecha, la Dirección Ejecutiva Seccional ha guardado silencio, omitiendo resolver la solicitud de adición, en franca vulneración del derecho de petición y del debido proceso administrativo”3.

2 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

omitiendo resolver la solicitud de adición, en franca vulneración del derecho de petición y del debido proceso administrativo”3.

2 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 20001 23 33 000 2025 00493 00. 3 Ibidem.Radicado: 20001 23 33 000 2025 00493 01

Accionante: Blanca Teresa Gaviria Alturo Accionado: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar

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Advirtió que, pese a que su solicitud de adición aún no ha sido resuelta, la dirección ejecutiva seccional ordenó el embargo de su cuenta de ahorros del Banco BBVA, a la cual se gira el valor de las incapacidades que le son reconocidas y que constituyen su única fuente de ingresos.

Añadió que ha solicitado a la entidad accionada que le permita pagar el dinero adeudado por cuotas, sin que, hasta la fecha de presentación de la acción de tutela, hubiera obtenido respuesta.

La accionante expuso que ha sido diagnosticada con (i) lupus eritematoso sistémico (LES) y esclerodermia, por lo que es una paciente inmunocomprometida; (ii) hipertensión arterial severa; y (iii) trastorno adaptivo con componente depresivo y episodios de pérdida de conciencia. Agregó que también padece de una enfermedad renal crónica estadio 5

arterial severa; y (iii) trastorno adaptivo con componente depresivo y episodios de pérdida de conciencia. Agregó que también padece de una enfermedad renal crónica estadio 5 por lo que actualmente está en tratamiento de hemodiálisis tres veces por semana. Por ello, alegó que es un sujeto de especial protección constitucional.

Adujo que “estas condiciones limitan severamente mi capacidad laboral y económica, haciendo que la retención total de sus ingresos o el embargo de su cuenta la coloquen en situación de indigencia y vulneración de su dignidad humana”.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 9 de octubre de 2025 4 y le correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del C esar que, por auto de l 10 de octubre de 20255, la admitió, negó la medida cautelar solicitada y dispuso notificar 6 a la Nación – Rama JudicialDirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar.

Adicionalmente, requirió a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Valledupar que allegara la siguiente documentación:

• Copia del comprobante de nómina del mes de septiembre de 2024 de la señora BLANCA TERESA GAVIRIA ALTURO. • Certificación laboral en la que conste el cargo desempeñado por la demandante y el tiempo de servicios prestados en la Rama Judicial. • Informe en el que señale si se resolvió a la solicitud de adición presentada por la accionante el 26 de febrero de 2025 frente a la Resolución No. DESAJVAR25856 del 21

tiempo de servicios prestados en la Rama Judicial. • Informe en el que señale si se resolvió a la solicitud de adición presentada por la accionante el 26 de febrero de 2025 frente a la Resolución No. DESAJVAR25856 del 21 de febrero de 2025 “por la cual se resuelve un recurso de reposición”. De ser afirmati vo, remitir copia de su resolución y constancia de notificación a la actora. • Informe en el que indique si en contra de la demandante se inició procedimiento de cobro coactivo por los hechos que dieron origen a la presente acción constitucional. De ser afirmativo, deberá remitirse copia de las actuaciones adelantadas en ese procedimiento e

4 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 20001 23 33 000 2025 00493 00. 5 Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 20001 23 33 000 2025 00493 00. 6 Esta orden se cumplió el 14 de octubre de 2025. Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 20001 23 33 000 2025 00493 00.Radicado: 20001 23 33 000 2025 00493 01

Accionante: Blanca Teresa Gaviria Alturo Accionado: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar

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indicar si se han decretado embargos sobre las cuentas bancarias de la actora con sus respectivos soportes.

Por último, ofició7, por una parte, a la Administradora Colombiana de Pensiones para que certificara en qué estado se encontraba el proceso de reconocimiento de la pensión de invalidez de la señora Blanca Teresa Gaviria Alturo; y por otra, al Banco BBVA, para que certificara si existe medida de embargo sobre las cuentas abiertas a nombre de la señora Gaviria Alturo.

3.2. La directora de acciones constitucionales de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones allegó escrito8 en el que señaló que la accionante cuenta con una pérdida de capacidad laboral del 74.40% con fundamento al dictamen nro. 5243509110926 del 25 de agosto de 2025.

Mencionó que “ A la fecha no se evidencia que se hubiese apelado el mencionado dictamen ni se hubiese allegado la constancia de ejecutoria”9.

Finalizó su escrito con “Ahora bien, en el histórico del accionante no se evidencia solicitud o petición relacionada con el estudio y tramite (sic) de reconocimiento de pensión de invalidez, radicada en la entidad por la parte accionante”10

3.3. El Banco BBVA informó11 que la señora Blanca Teresa Gaviria Alturo , tiene una medida cautelar sobre su cuenta de ahorros, por un valor de $7.467.073,54, decretada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Valledupar.

medida cautelar sobre su cuenta de ahorros, por un valor de $7.467.073,54, decretada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Valledupar.

Adujo que “(…) sin embargo a la fecha de esta comunicación no se han presentado retenciones al cliente BLANCA TERESA GAVIRIA ALTURO. Se adjunta soporte”.

3.4. El director de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar rindió informe 12 en el que indicó que, mediante la Resolución núm. DESAJVAR23-1217 del 15 de agosto de 2023, se ordenó suspender los pagos de nómina de cualquier emolumento salarial y prestacional percibidos por la accionante a partir de la fecha de expedición de la mencionada resolución, por superar 180 días de incapacidad. Posteriormente, el área de nómina de la dirección seccional puso en conocimiento que en el mes de octubre por error del sistema de nómina Efinómina, le fue liquidado y cancelado a la señora Blanca Gaviria el pago del mes de septiembre del año 2024, por lo que el 24 de octubre del año 2024, le fue enviada la Resolución DESAJVAR24 -2183, por medio de la cual se orden ó el reintegro de mayores valores pagados ; decisión que fue comunicada vía correo electrónico 13 a la accionante el mismo día de expedición del acto administrativo.

7 Esta orden se cumplió el 14 de octubre de 2025. Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 20001 23 33 000 2025 00493 00.

7 Esta orden se cumplió el 14 de octubre de 2025. Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 20001 23 33 000 2025 00493 00. 8 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 20001 23 33 000 2025 00493 00. 9 Ibidem. 10 Ibidem. 11 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 20001 23 33 000 2025 00493 00. 12 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 20001 23 33 000 2025 00493 00. 13 t.gaviria.alturo@hotmail.comRadicado: 20001 23 33 000 2025 00493 01

Accionante: Blanca Teresa Gaviria Alturo Accionado: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar

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El 6 de noviembre de 2024, la señora Gaviria Alturo interpuso recurso de reposición manifestando las razones por las cuales se encontraba en desacuerdo con el reintegro de los conceptos cancelados en el mes de septiembre, en el que además requirió que se fijaran unas cuotas mensuales para el pago de la obligación. Destaca el director, que los argumentos expuestos en el recurso de reposición son los mismos expuestos en esta acción de tutela.

fijaran unas cuotas mensuales para el pago de la obligación. Destaca el director, que los argumentos expuestos en el recurso de reposición son los mismos expuestos en esta acción de tutela. El 21 de febrero de 2025, mediante resolución DESAJVAR25 -856 fue despachado desfavorablemente el recurso 14 debido a que la Ley 1952 de 2019 estableció unas prohibiciones para los servidores públicos , así como la obligación que tiene la administración judicial de velar por la recuperación de los mayores valores pagados que no se hubiesen causado, a fin de evitar el enriquecimiento sin justa causa en perjuicio de la misma administración pública y se le expusieron la s razones por las cuales no era procedente la cancelación de dichos conceptos de manera fraccionada (por cuotas). Refirió que, el 26 de febrero se recibió solicitud de adición de la precitada resolución núm. DESAJVAR25856, la cual fue resuelta de forma desfavorable el 16 de octubre de 2025.

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo del Cesar, en sentencia del 23 de octubre de 202515, resolvió lo siguiente:

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela frente a la pretensión de modificar el contenido de la Resolución No. DESAJVAR24-2183 del 24 de octubre de 2024, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental del debido proceso administrativo y mínimo vital de la señora Blanca Teresa Gaviria Alturo y dejar sin efectos lo actuado en el proceso de cobro coactivo adelantado por la Oficina de Cobro Coactivo de la Dirección Ej ecutiva Seccional de Administración judicial de

y mínimo vital de la señora Blanca Teresa Gaviria Alturo y dejar sin efectos lo actuado en el proceso de cobro coactivo adelantado por la Oficina de Cobro Coactivo de la Dirección Ej ecutiva Seccional de Administración judicial de Valledupar (procedimiento de cobro coactivo con radicación No. 20001129000020250002100), incluida la medida cautelar de embargo, de acuerdo con las consideraciones expuestas.

En consecuencia, ORDENAR a la Oficina de Cobro Coactivo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración judicial de Valledupar que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, notifique en debida f orma a la demandante de la iniciación del procedimiento de cobro, agotando las etapas previstas en la reglamentación expedida por el Consejo Superior de la Judicatura en la caracterización del Procedimiento de “Gestión de Cobro Coactivo” versión 01 código P-AAL-13 del SIGCMA.

En cuanto a la discusión sobre la legalidad del acto administrativo dirigida a reliquidar el valor que debe ser reintegrado por la accionante por constituir un pago de lo no debido, definido en la resolución núm. DESAJVAR24-2183 del 24 de octubre de 2024 , la Sala determinó que la solicitud de amparo es improcedente, comoquiera que dicho acto es susceptible de ser cuestionado ante esta jurisdicción mediante el ejercicio del medio de

14 Decisión que le fue notificada a la accionante, el mismo día de expedición del acto administrativo 15 Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 20001

14 Decisión que le fue notificada a la accionante, el mismo día de expedición del acto administrativo 15 Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 20001 23 33 000 2025 00493 00.Radicado: 20001 23 33 000 2025 00493 01

Accionante: Blanca Teresa Gaviria Alturo Accionado: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar

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control de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que deja en evidencia la existencia de otros medios de defensa judicial a los cuales puede acudir la accionante.

Al respecto, señaló que:

Esta discrepancia no debe ser resuelta en sede de tutela habida consideración que no se advierte que la accionada haya incurrido en una conducta manifiestamente contraria a derecho, burda o grosera, que imponga la intervención excepcional del Juez de la ac ción constitucional, y tampoco se aprecia cuál sería el perjuicio irremediable que se le causaría a la accionante al exigirle que acuda a los medios de defensa que tiene a su disposición, para discutir la legalidad de la posición asumida por la DEAJ Valledupar.

Sin perjuicio de ello, se le recuerda a la accionante que conforme lo establece nuestro sistema de seguridad social en salud y pensiones, todo trabajador debe contribuir con parte de lo percibido por concepto de salario para el sostenimiento adoptado, debe r

Sin perjuicio de ello, se le recuerda a la accionante que conforme lo establece nuestro sistema de seguridad social en salud y pensiones, todo trabajador debe contribuir con parte de lo percibido por concepto de salario para el sostenimiento adoptado, debe r que comparte con el patrono, solo que en porcentajes diferentes16.

A su turno, frente a la pretensión de “ordenar a la entidad emitir una respuesta formal y motivada a la solicitud de adición del 26 de febrero de 2025 ”, también fue declarada improcedente, pues consideró el a quo que la vulneración descrita se enc ontraba superada, pues con ocasión de la notificación de la existencia de esta acción de tutela , la entidad accionada allegó pantallazo de la comunicación remitida a la accionante el 16 de octubre de 2025 a través de correo electrónico.

El a quo explicó que, si bien no puede desconocerse que el tiempo que tomó la DEAJ para atender la solicitud de adición excedió ampliamente los plazos legales para responder los derechos de petición, lo cierto es que la accionante ya cuenta con una respuesta clara, completa y congruente con lo solicitado.

Finalmente, sobre la solicitud de amparar los derechos fundamentales al debido proceso y mínimo vital, el a quo decidió ampararlos y, como consecuencia de ello, ordenó a la Oficina de Cobro Coactivo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración judicial de Valledupar que notificara en debida forma a la demandante de la iniciación del procedimiento de cobro, agotando las etapas previstas en la reglamentación expedida por el Consejo Superior de la Judicatura en la caracterización del Procedimiento de “Gestión de Cobro Coactivo” versión 01 código P-AAL-13 del SIGCMA.

procedimiento de cobro, agotando las etapas previstas en la reglamentación expedida por el Consejo Superior de la Judicatura en la caracterización del Procedimiento de “Gestión de Cobro Coactivo” versión 01 código P-AAL-13 del SIGCMA.

Para ello, el Tribunal realizó una revisión de las actuaciones administrativas adelantadas en el proceso administrativo de cobro coactivo por la entidad accionada en contra de la accionante y advirtió que a la señora Gaviria Alturo se le vulneró el derecho fundamental al debido proceso administrativo, por las siguientes razones.

Consta que el 28 de febrero de 2025 el Coordinador de Talento Humano de la DESAJV mediante el Oficio No. DESAJVAO25 -476, remitió a la dependencia de Cobro Coactivo copia de las resoluciones con su constancia de ejecutoria de 21 de febrero de 2025, a fin de que se le diera inicio al proceso por jurisdicción coactiva, regulado por el Acuerdo PSAA10-6979 de 2010.

Al radicarse el procedimiento de cobro coactivo el 25 de marzo de 2025, el Abogado Ejecutor de la DEAJ Valledupar elaboró el Oficio No. DESAJVAGCC25 -202 para agotar el trámite de “cobro persuasivo por concepto de reintegros No

16 Ibidem.Radicado: 20001 23 33 000 2025 00493 01

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20001129000020250002100”, no obstante, en la actuación no existe evidencia de que esa comunicación se haya remitido, lo que habría facilitado que la accionante presentara su solicitud de acuerdo de pago en la que ha venido insistiendo desde la notificación del primer acto.

Pese a que no existe evidencia del envío de esa comunicación, el 29 de abril de 2025 el Abogado Ejecutor de la DESAJV, emitió Resolución No. DESAJVAGCC25-291, en la cual se libró mandamiento de pago a favor de la Nación – Rama Judicial y en contra de la demandante por valor de $3.909.316, sumado a los intereses moratorios desde que se hizo exigible la obligación hasta el día en que se efectúe su pago total y las costas que se causen en el procedimiento conforme lo establecido en el Estatuto Tributario. Sin embargo, tampoco se allegó soporte de notificación de ese acto administrativo.

El 25 de septiembre de 2025, el referido funcionario emitió Resolución No. DESAJVAGCC25-669, mediante la cual decretó el embargo de las sumas de dinero y productos bancarios de los deudores que no han suscrito acuerdo de pago ni han cancelado la obligación , entre los cuales se relaciona el proceso No. 20001129000020250002100 correspondiente al de la señora Blanca Teresa Gaviria Alturo, estableciéndose como saldo total $4,148,374. y como valor embargado $7,467,073.54; decisión que fue comunicada a las entida des bancarias a través del

Alturo, estableciéndose como saldo total $4,148,374. y como valor embargado $7,467,073.54; decisión que fue comunicada a las entida des bancarias a través del Oficio No. DESAJVAGCC25-671 del 26 de septiembre de 2025.

(…)

La accionante ha intervenido después de recibidas estas respuestas destacando que en su caso la etapa de cobro persuasivo no fue agotada y por el contrario se ha desconocido que en tres oportunidades diferentes ha elevado solicitud para suscribir un acuerd o de pago, reconociendo la existencia de la obligación, aun cuando conserva reparos frente al monto definido por la DEAJ Valledupar. De igual forma, ha insistido en que el procedimiento de cobro ha sido abiertamente irregular y se ha desconocido que no per cibe salario sino subsidios por incapacidad y no de forma regular pues las obligadas han incurrido en retrasos, pese a que ese es el único ingreso que percibe.

Debe la Sala destacar que en desarrollo de la actividad probatoria desplegada en esta actuación, se ha podido establecer que debido a las delicadas condiciones de salud en las cuales se encuentra la señora Blanca Teresa Gaviria Alturo, la empleada ya ha sido valorada por COLPENSIONES, a través de “Gestar Innovación”, quienes le determinaron una PCL del 68.72% de origen común con fecha de estructuración el 13 de abril de 2023 (dictamen de 24 de abril de 2025) y por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca, en la cual se le determinó una PCL del 74.40% con fecha de estructuración 13 de abril de 2023 (dictamen de 25 de agosto de 2025).

Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca, en la cual se le determinó una PCL del 74.40% con fecha de estructuración 13 de abril de 2023 (dictamen de 25 de agosto de 2025).

Estos elementos de prueba que suman al reconocimiento que habían hecho las partes sobre la condición de salud de la accionante y las incapacidades permanentes que le fueron prescritas por los médicos tratantes, pues de ellas se desprende que se está ante u na persona que goza de especial protección constitucional, situación que impone otorgar un trato preferente y diferencial en el cual se prioricen el respeto al mínimo vital, de tal suerte que la afectación que se dé sobre ingresos esenciales como los subsidios por incapacidades o pensiones resulte razonable frente a la situación de la persona.

Así mismo, una condición como la descrita hace más exigente la observancia y respeto del debido proceso, asegurando que las decisiones que se adopten sean notificadas en debida forma, se agoten las etapas previas del proceso de cobroRadicado: 20001 23 33 000 2025 00493 01

Accionante: Blanca Teresa Gaviria Alturo Accionado: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar

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coactivo (etapa persuasiva antes de decretar un embargo) y se brinden posibilidades de suscribir acuerdos de pago razonables, entre otras garantías que surjan de la actuación misma.

(…)

coactivo (etapa persuasiva antes de decretar un embargo) y se brinden posibilidades de suscribir acuerdos de pago razonables, entre otras garantías que surjan de la actuación misma.

(…)

En este caso la etapa de cobro persuasivo fue omitida, a lo que se suma que sin haber agotado ese trámite se decretó el embargo de las cuentas de la accionante, quien ha afirmado que el producto financiero afectado con la medida es la única cuenta de la cual es titular y en ella se consigna el monto de sus incapacidades, además de que ha ofrecido fórmulas de acuerdo para realizar el reintegro de la suma que le fue consignada por error.

De allí que en este caso se imponga amparar el debido proceso y el mínimo vital de la accionante, y ordenar a la accionada retrotraer las actuaciones que se han adelantado en el proceso de cobro coactivo, dejando sin efectos la orden de embargo que solo po drá emitirse agotado el procedimiento de cobro persuasivo y se pueda deducir fundadamente que la señora Blanca Teresa Gaviria Alturo se niega a cancelar las sumas exigidas […].

5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN

5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, la entidad accionada la impugnó17 manifestando lo siguiente:

[…] resulta importante precisar, que distinto a lo asegurado por el despacho y la accionante, dentro del proceso coactivo se expidió el Oficio de cobro persuasivo DESAJVAGCC25-202 de fecha 25/03/2025, remitido mediante la correspondencia 472 a la última dirección de residencia reportada por la accionante ante el área de

accionante, dentro del proceso coactivo se expidió el Oficio de cobro persuasivo DESAJVAGCC25-202 de fecha 25/03/2025, remitido mediante la correspondencia 472 a la última dirección de residencia reportada por la accionante ante el área de Talento Humano de esta Seccional, esto es, carrera 5 No. 9 -28 de Villanueva (La Guajira). Correspondencia devuelta por 472 por no residir la accionante en dicha dirección. (se adjunta soporte de devolución).

Así las cosas, ante la imposibilidad de notificación en etapa persuasiva, no es posible suspender los tramites dentro del proceso coactivo, y es por lo que mediante Resolución DESAJVAGCC25-291 de fecha 29/04/2025 se expide Resolución de Mandamiento de Pago, sobre la cual se envió citación para notificar mediante Oficio DESAJVAGCC25-680 de fecha 22/10/2025 a la Dirección que la señora Gaviria actualizó en el escrito de tutela; es decir, Transversal 72 D No. 82-34, Barrio Minuto de Dios Bogotá D.C, remitida m ediante correo 472, y recibida por la accionante el día de hoy 28/10/2025. (se adjunta soporte de entrega).

Adicionalmente, y en cumplimiento a lo ordenado por su Honorable despacho, el Abogado Ejecutor de la Oficina de Cobro Coactivo expidió la Resolución No. DESAJVAGCC25-691 de fecha 24/10/2025 ordenando el desembargo de dineros y demás productos bancarios, que habían sido decretados sobre la accionante, y en tal sentido se le solicitó a todas las entidades bancarias a través del Oficio

DESAJVAGCC25-691 de fecha 24/10/2025 ordenando el desembargo de dineros y demás productos bancarios, que habían sido decretados sobre la accionante, y en tal sentido se le solicitó a todas las entidades bancarias a través del Oficio DESAJVAGCC25-692 de fecha 24/10/2025 el levantamiento de dicha medida. Dicho oficio fue remitido