CE - Sentencia 20001233900020140038501 de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, diecinueve (19) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 20001-23-39-001-2014-00385-01 (72.431)

Actor: JOSÉ AGUSTÍN RUBIANO Y OTROS

Demandados: LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –

EJÉRCITO NACIONAL Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA – CPACA

Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – MUERTE DE

SOLDADO PROFESIONAL EN SERVICIO

Síntesis del caso: el señor Diego Andrés Rubiano Moreno falleció mientras ejecutaba una misión ordenada por su superior consistente en custodiar a un militar detenido en el Centro de Reclusión Militar de Valledupar (Cesar) en el traslado al municipio de Agustín Codazzi (Cesar) para atender una calamidad doméstica, fallecimiento que se produjo en un accidente de tránsito mientras se dirigían a dicho municipio; su familia demanda la responsabilidad patrimonial de la entidad demandada por haber incurrido en falla del servicio debido a que ese traslado se efectuó sin los debidos protocolos y medidas de seguridad.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada en contra de la sentencia proferida el 10 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Cesar que resolvió lo siguiente:

“PRIMERO: Declarar responsable administrativamente al Ejército

en contra de la sentencia proferida el 10 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Cesar que resolvió lo siguiente:

“PRIMERO: Declarar responsable administrativamente al Ejército Nacional de la muerte del suboficial Diego Andrés Rubiano Moreno, a raíz de los hechos ocurridos el 3 de septiembre de 2012, en el kilómetro 5 de la vía San Roque – La Paz, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente fallo.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se condena a la parte demandada, Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a pagar por concepto de perjuicios a favor de los demandantes de

acuerdo con lo siguiente:

1Por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero:2

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Nombre del beneficiario Parentesco Indemnización total José Agustín Rubiano Padre 100 SMLMV Flora Moreno de Rubiano Madre 100 SMLMV Edison Eduardo Rubiano Moreno Hermano 50 SMLMV Yersbleidy Rubiano Moreno Hermana 50 SMLMV

Para dar cumplimiento a este fallo, la entidad condenada deberá liquidar las cifras dadas en salarios mínimos tomando el salario mínimo legal mensual vigente al momento de la ejecutoria del presente fallo.

TERCERO: Negar las otras pretensiones de la demanda, de acuerdo con lo señalado en la parte considerativa de esta decisión.

CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia.

presente fallo.

TERCERO: Negar las otras pretensiones de la demanda, de acuerdo con lo señalado en la parte considerativa de esta decisión.

CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia.

QUINTO: En firme este fallo, archívese en forma definitiva el expediente y anótese su terminación en el sistema SAMAI” (índice 94 SAMAI – mayúsculas sostenidas y negrillas del original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1 Pretensiones

Mediante escrito presentado el 5 de diciembre de 2014 (índice 1 SAMAI), los señores José Agustín Rubiano (padre), Flora Moreno de Rubiano (madre) y Édison Eduardo y Yersbleidy Rubiano Moreno (hermanos) promovieron demanda de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional (archivo 233 índice 109 SAMAI) con las siguientes súplicas:

“PRIMERA.- El Ministerio de Defensa Nacional y el Ejército Nacional de Colombia, son administrativamente responsables de los perjuicios materiales y morales causados a los señores JOSÉ AGUSTÍN RUBIANO y FLORA MORENO DE RUBIANO en su condición de padres y EDISON EDUARDO RUBIANO MORENO y YERSBLEIDY RUBIANO MORENO en su condición de hermanos, por fallas en el servicio que condujeron a la muerte del señor Cabo Primero RUBIANO MORENO DIEGO ANDRÉS (Q.E.P.D.), quien pertenecía al Ejército Nacional de Colombia.

SEGUNDA.- Condenar, en consecuencia, a la NACIÓNservicio que condujeron a la muerte del señor Cabo Primero RUBIANO MORENO DIEGO ANDRÉS (Q.E.P.D.), quien pertenecía al Ejército Nacional de Colombia.

SEGUNDA.- Condenar, en consecuencia, a la NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA, como reparación del daño ocasionado, a pagar a los actores, o a quien represente legalmente sus derechos, los perjuicios de orden material y moral, subjetivos y objetivado, actuales y futuros,3

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los cuales se estiman como mínimo en la suma de mil ochocientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (1.800.00) o conforme a lo que resulte probado dentro del proceso, o en su defecto, de forma genérica. (…)” (fl. 2 ibidem – mayúsculas sostenidas del texto original).

1.2 Hechos

Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:

1. El 3 de septiembre de 2012, por orden del mayor del Ejército Nacional José David León Naranjo, el cabo primero Diego Andrés Rubiano Moreno debió trasladar al soldado profesional Deibis Paz Triana (privado de la libertad) desde Valledupar (Cesar) hacia el municipio de Codazzi (Cesar) para que atendiera una calamidad familiar.

1. Durante la ejecución de dicha operación táctica militar de custodia y mientras se desplazaban en un vehículo automotor particular de propiedad de Esperanza

una calamidad familiar.

1. Durante la ejecución de dicha operación táctica militar de custodia y mientras se desplazaban en un vehículo automotor particular de propiedad de Esperanza Gómez Durán, en el punto del kilómetro 5 de la vía San Roque–La Paz, el vehículo colisionó contra la baranda de un puente.

1. El accidente le ocasionó heridas de gravedad al suboficial Diego Andrés Rubiano Moreno, quien fue trasladado inicialmente a la clínica Laura Daniela en Valledupar y luego fue remitido al Hospital Militar Central en Bogotá, donde falleció el 27 de septiembre de 2012.

1. La víctima estaba adscrita al Centro de Reclusión Militar Baser no. 10 de Valledupar en el que cumplía funciones como custodio, las cuales incluía traslados de los militares privados de la libertad a citas médicas y cualquier diligencia ordenados por el director del aludido centro.

1. Ingresó al Ejército Nacional 16 de agosto de 2001 como soldado regular al Batallón de Apoyo y Servicio para la Educación Militar, posteriormente cursó formación en la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Segundo “Inocencio Chincá” entre septiembre de 2003 y marzo de 2005, donde obtuvo el grado de cabo tercero.4

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1. El mayor José David León Naranjo se encuentra vinculado a una investigación penal en el Juzgado 90 de Instrucción Penal Militar Baser no. 10

Actor: José Agustín Rubiano y otros Reparación directa - apelación de sentencia

1. El mayor José David León Naranjo se encuentra vinculado a una investigación penal en el Juzgado 90 de Instrucción Penal Militar Baser no. 10 de Valledupar por hechos relacionados con la presunta falsedad ideológica en documento público y abuso de función pública, con ocasión de posibles maniobras para desdibujar el carácter oficial de la operación que cumplía la víctima cuando ocurrió el accidente.

Con base en los anteriores hechos la parte demandante hizo el siguiente razonamiento de responsabilidad:

1. Hubo falla en el servicio porque la orden de traslado no cumplió los protocolos exigidos por la normatividad aplicable a los centros de reclusión militar, como la consulta y aprobación del desplazamiento por superiores, con las debidas medidas de seguridad y el uso de vehículos apropiados para ese tipo de diligencias, omisiones que representan una actuación imprudente por parte del mando superior que ocasionaron la muerte de la víctima.

1. El accidente de tránsito ocurrió cuando la víctima se encontraba en servicio activo, específicamente en cumplimiento de funciones de custodia en desarrollo de una orden directa impartida por su superior.

2. Posición de la entidad demandada

1. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional (archivo 223 índice 109 SAMAI) se opuso a todas las súplicas de la demanda por el hecho de que el suboficial fallecido se encontraba de permiso el día de los hechos, lo que excluye cualquier vínculo entre el daño y una orden oficial o actividad del servicio; además, el accidente fue producto de un caso fortuito en concurrencia

el suboficial fallecido se encontraba de permiso el día de los hechos, lo que excluye cualquier vínculo entre el daño y una orden oficial o actividad del servicio; además, el accidente fue producto de un caso fortuito en concurrencia con la culpa exclusiva de la víctima por haber intentado esquivar un perro en la vía y, en todo caso, de haber existido alguna orden de traslado, se trataría de un riesgo asumido voluntariamente por el suboficial cuando se incorporó al Ejército Nacional; asimismo, no estaba obligado a cumplirla si consideraba que no contaba con medios adecuados; sin embargo, su muerte fue calificada como “simplemente en actividad”, sin vínculo con funciones militares específicas.5

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1. Propuso una única excepción que denominó “inexistencia de falla del servicio por parte de la entidad demandada”, para lo cual explicó que no se probó incumplimiento de deber alguno por parte de la administración, pues, el accidente ocurrió mientras el suboficial estaba de permiso y no se demostró la existencia de una orden oficial de custodia ni la omisión de protocolos por parte del mando militar; de igual manera, precisó que se trató de “riesgos propios del servicio”, debido a que el suboficial aceptó voluntariamente los riesgos inherentes a la actividad militar; solo se configura responsabilidad si el hecho excede esos riesgos ordinarios, lo cual no ocurrió en este caso; de otra lado, se dio la “configuración de la indemnización a forfait”, porque la familia del suboficial ya había recibido indemnización y pensión de sobrevivientes

excede esos riesgos ordinarios, lo cual no ocurrió en este caso; de otra lado, se dio la “configuración de la indemnización a forfait”, porque la familia del suboficial ya había recibido indemnización y pensión de sobrevivientes conforme a lo previsto legalmente para integrantes de la Fuerza Pública y, por lo tanto, no procedía una reparación adicional con base en el régimen general de responsabilidad del Estado, pues, este tipo de daños no da lugar a indemnizaciones adicionales salvo prueba de falla del servicio, la cual no se aportó; además, hubo una “improcedencia de la obediencia debida” porque, incluso, si existiera una orden de traslado, esta no era legítima ni obligatoria si el suboficial no contaba con medios adecuados para cumplirla, de modo que la ley lo facultaba para abstenerse de ejecutarla en esas condiciones.

3. Audiencia inicial

El magistrado ponente de la primera instancia tuvo por saneado el proceso y, dado que la entidad demanda no propuso excepciones previas ni encontró ninguna que pudiera decretarse de oficio, procedió a fijar el litigio1; luego se decretaron las pruebas solicitadas por las partes y se fijó fecha de audiencia para su práctica (archivo 185 índice 109 SAMAI) la cual trascurrió en 1 Lo hizo en los siguientes términos: “Así entonces, el problema jurídico a resolver se contrae a determinar si en el presente asunto le asiste responsabilidad a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL, de los perjuicios que aduce haber sufrido el Sr. JOSÉ AGUSTÍN RUBIANO (padre de DIEGO ANDRÉS RUBIANO MORENO) y su núcleo familiar,

DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL, de los perjuicios que aduce haber sufrido el Sr. JOSÉ AGUSTÍN RUBIANO (padre de DIEGO ANDRÉS RUBIANO MORENO) y su núcleo familiar, como consecuencia de la muerte de su hijo el pasado 27 de septiembre de 2012 mientras prestaba sus servicios al Ejército Nacional o si, por el contrario, no se configura la responsabilidad Estatal en el caso planteado en tanto no se demostró la existencia de los elementos que la configuran y que además era improcedente la obediencia debida del soldado, según afirmó la accionada en su escrito de contestación de la demanda, evento en el cual sería lo procedente desestimar las pretensiones de reparación solicitadas.” (archivo 185 índice 109 SAMAI – mayúsculas sostenidas originales).6

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condiciones normales, y se ordenó correr traslado a las partes para que presentaran alegaciones de conclusión (índices 65 y 87 SAMAI).

4. Alegatos de conclusión de primera instancia

1. La parte actora (índice 89 SAMAI) manifestó que los hechos expuestos en la demanda fueron acreditados, especialmente con los testimonios rendidos por el detenido Deibis Páez Triana y por Yerandine Olave Torres, pareja sentimental de la víctima, los cuales evidencian que sí existió una orden directa para ejecutar el traslado, y que el mayor del Ejército Nacional José David León Naranjo tenía pleno conocimiento de ello; además, el testimonio rendido por

sentimental de la víctima, los cuales evidencian que sí existió una orden directa para ejecutar el traslado, y que el mayor del Ejército Nacional José David León Naranjo tenía pleno conocimiento de ello; además, el testimonio rendido por este durante el proceso fue contradictorio y reveló su falta de diligencia como director del centro de reclusión, quien, a su vez, fue condenado penalmente por el delito de falsedad ideológica en documento público, por haber rendido un informe administrativo con datos contrarios a los hechos reales.

1. A su turno, la entidad demandada (índice 90 SAMAI) reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

1. El Ministerio Público guardó silencio.

5. La sentencia apelada

1. El Tribunal Administrativo del Cesar, en sentencia del 10 de octubre de 2024 (índice 94 SAMAI) declaró patrimonialmente responsable a la entidad demandada de la muerte de Diego Andrés Rubiano Moreno por encontrar acreditada la falla del servicio alegada, toda vez que, el traslado del interno sí fue ordenado por un superior y la víctima actuaba en ejercicio de sus funciones; sin embargo, el desplazamiento se realizó en un vehículo particular, sin escolta, sin plan de seguridad y sin observar los protocolos establecidos para la custodia de reclusos, lo cual pone en evidencia una actuación irregular e imprudente por parte del mando militar.

1. Para llegar a esa conclusión, analizó las pruebas testimoniales y documentales obrantes en el expediente, particularmente los testimonios de7

Expediente 20001-23-39-001-2014-00385-01 (72.431)

Actor: José Agustín Rubiano y otros

documentales obrantes en el expediente, particularmente los testimonios de7

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Yeraldine Olave y Deibis Páez Triana, quienes afirmaron que el mayor José David León Naranjo ordenó el traslado del interno a Codazzi y que el cabo Rubiano cumplía esa instrucción al momento del accidente ; asimismo, la declaración rendida por la compañera sentimental del suboficial, quien refirió que él le contó que debía realizar el traslado en cumplimiento de una orden; por su parte, el testimonio del mayor León Naranjo hizo afirmaciones contradictorias y evasivas y, además, en declaración rendida en sede penal reconoció haber firmado el permiso del interno, lo cual corroboró que tenía conocimiento del traslado; aunado a ello, el mayor indicó que fue condenado penalmente por falsedad ideológica en documento público debido al informe rendido tras el fallecimiento del suboficial, lo que resta credibilidad a su versión.

1. De otro lado, descartó la existencia de una causa extraña que interrumpa el nexo causal, pues, el hecho no se le puede atribuir a la víctima, porque no se demostró que el suboficial hubiera actuado por su cuenta o en contravía de órdenes; por el contrario, se probó que fue sometido a una situación de riesgo innecesaria, en la que no se adelantó la debida gestión y supervisión sobre la operación de traslado por parte de la entidad; en efecto, el Ejército Nacional no hizo ninguna gestión distinta a exigirle a Diego Andrés Rubiano Moreno que

innecesaria, en la que no se adelantó la debida gestión y supervisión sobre la operación de traslado por parte de la entidad; en efecto, el Ejército Nacional no hizo ninguna gestión distinta a exigirle a Diego Andrés Rubiano Moreno que adelantara el traslado del recluso, con omisión de los requisitos de seguridad y protección establecidos en la ley, lo cual no guarda ninguna proporción con la magnitud de la actividad que se ordenó, de manera que, sometió a dicho suboficial a un riesgo excesivo que no acompasa con la lógica con que debe desempeñarse la actividad de la Fuerza Pública; esa desproporción en el riesgo superó aquel al cual se someten los miembros de la Fuerza Pública al incorporarse a la institución, por lo tanto, se configuró en este caso un riesgo de tipo excepcional que responsabiliza a la entidad demandada por el daño ocasionado.

1. En consecuencia la condenó al pago de perjuicios morales en favor de cada uno de los demandantes y negó los perjuicios materiales por falta de prueba.

6. El recurso de apelación

1. La entidad demandada (índice 98 SAMAI) solicita que se revoque la8

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sentencia de primera instancia por considerar que la víctima asumió el propio riesgo, por cuanto, incluso si se acepta que existió una orden de traslado impartida por el mayor José David León Naranjo, el suboficial Diego Andrés Rubiano Moreno no estaba obligado a cumplirla si consideraba que no reunía

riesgo, por cuanto, incluso si se acepta que existió una orden de traslado impartida por el mayor José David León Naranjo, el suboficial Diego Andrés Rubiano Moreno no estaba obligado a cumplirla si consideraba que no reunía los requisitos de legalidad, oportunidad y seguridad establecidos en la Ley 836 de 2003; el suboficial tenía la opción de negarse a ejecutarla y, al no hacerlo, consintió y asumió voluntariamente los riesgos derivados de su cumplimiento; no está probado que desconociera los protocolos para el traslado de personas privadas de la libertad.

1. Aunado a lo anterior, en este caso se configuró el hecho de la víctima como causal eximente de responsabilidad, debido a que el daño fue causado por la conducta del propio suboficial, quien conducía el vehículo al momento del accidente, pues, según el informe de tránsito, el siniestro ocurrió por pérdida de control del automotor, lo cual rompe el nexo de causalidad entre la supuesta orden de servicio y el daño producido.

1. El tribunal hizo énfasis en valoraciones relacionadas con la responsabilidad penal o disciplinaria del mayor José David León Naranjo, pero, no se pronunció con rigurosidad sobre los requisitos del régimen de responsabilidad extracontractual del Estado; de igual manera, otorgó valor probatorio excesivo a testimonios que no desvirtúan las razones de defensa.

1. Subsidiariamente, pidió la reducción de la condena impuesta, por concurrencia de culpas por parte de la víctima , para que se reduzca proporcionalmente el monto indemnizatorio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de

concurrencia de culpas por parte de la víctima , para que se reduzca proporcionalmente el monto indemnizatorio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2) análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado, 3) indemnización de perjuicios, 4) conclusión y, 5) condena en costas.9

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1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

Presentada la demanda de manera oportuna 2, corresponde a la Sala determinar si en este asunto la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional es patrimonialmente responsable de los perjuicios causados a los demandantes con ocasión de la muerte del militar profesional Diego Andrés Rubiano Moreno en un accidente de tránsito ocurrido el 3 de septiembre de 2012.

La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró la responsabilidad patrimonial extracontractual de la entidad demandada, por cuanto la muerte de la víctima ocurrió por haberla expuesto a un riesgo mayor al asumido al ingresar a las Fuerzas Militares.

2. Análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado

1. La atribución de responsabilidad consignada en la demanda se centra en

al asumido al ingresar a las Fuerzas Militares.

2. Análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado

1. La atribución de responsabilidad consignada en la demanda se centra en argüir que la muerte de la víctima es atribuible a la entidad demandada porque el accidente de tránsito ocurrió mientras se encontraba en servicio activo, específicamente en cumplimiento de funciones de custodia en desarrollo de una orden de traslado de un recluso impartida por su superior, en el curso de la cual hubo falla en el servicio, pues, no cumplió con los protocolos exigidos por la normatividad aplicable a los centros de reclusión militar.

1. El tribunal de primera instancia declaró la responsabilidad patrimonial extracontractual de la entidad accionada con fundamento en la comprobación de la falla del servicio alegada en la demanda, debido a que, si bien es cierto que el traslado del interno fue ordenado por un superior y la víctima actuaba en ejercicio de sus funciones, también lo es que el desplazamiento se realizó en un vehículo particular, sin escolta, sin plan de seguridad y sin observar los 2 Como la muerte de la víctima ocurrió el 27 de septiembre de 2012 (fl. 16 archivo 232 índice 109 SAMAI), la solicitud de conciliación prejudicial se presentó el 18 de septiembre de 2014 la cual se declaró fallida según constancia del 27 de noviembre de 2014 (fls. 51 a 52 ibidem) y la demanda se presentó el 5 de diciembre de 2014, se impone concluir que lo fue antes del vencimiento de los dos (2) años de caducidad para impetrar el medio de control de reparación directa de que trata el artículo 164 del CPACA.10

demanda se presentó el 5 de diciembre de 2014, se impone concluir que lo fue antes del vencimiento de los dos (2) años de caducidad para impetrar el medio de control de reparación directa de que trata el artículo 164 del CPACA.10

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protocolos establecidos para la custodia de reclusos, lo cual pone en evidencia una actuación irregular e imprudente por parte del mando militar y, por ende, el sometimiento a una situación de riesgo innecesario y excesivo al que se sometió cuando ingresó voluntariamente a la Fuerza Pública; de modo que, se configuró un riesgo de tipo excepcional; descartó el hecho de la víctima como causal eximente de responsabilidad, porque no se demostró que el suboficial hubiera actuado por su cuenta o en contravía de órdenes.

1. En el recurso de apelación la entidad demandada solicitó que se revoque el fallo de primera instancia, por el hecho de que la víctima asumió el propio riesgo, pues, si se acepta que existió una orden de traslado impartida por el mayor José David León Naranjo, el suboficial Diego Andrés Rubiano Moreno no estaba obligado a cumplirla si consideraba que no reunía los requisitos de legalidad, oportunidad y seguridad establecidos en la Ley 836 de 2003; por lo tanto, si aceptó ejecutarla consintió y asumió, voluntariamente, los riesgos derivados de su cumplimiento y, en todo caso, se configuró el hecho de la víctima como causal eximente de responsabilidad, debido a que era quien

tanto, si aceptó ejecutarla consintió y asumió, voluntariamente, los riesgos derivados de su cumplimiento y, en todo caso, se configuró el hecho de la víctima como causal eximente de responsabilidad, debido a que era quien conducía el vehículo al momento del accidente, el cual ocurrió por pérdida de control del automotor, lo cual rompe el nexo de causalidad entre la supuesta orden de servicio y el daño producido.

2.1 Hechos probados

En ese contexto, de conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso se encuentran demostrados los siguientes hechos relevantes para la adopción de la decisión de la controversia:

1. Diego Andrés Rubiano Moreno falleció el 27 de septiembre de 2012, según el respectivo registro civil de defunción (fl. 16 archivo 232 índice 109 SAMAI).

1. Cuando Diego Andrés Rubiano Moreno falleció era soldado profesional de rango cabo primero del Ejército Nacional adscrito al Batallón ASPC no. 10 "Cacique Upare" de Valledupar (Cesar) y ocupaba el cargo de “suboficial custodio”, quien fue retirado del servicio por causa “muerte simplemente en actividad”, según extracto de hoja de vida, actos administrativos expedidos por11

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la entidad, el formulario 2 del folio de vida y un oficio remitido por la entidad fl. 4 archivo 85, fls. 4 a 6 archivo 98 y fls. 1 a 8 y 43 a 46 archivo 232 índice 109

SAMAI).

la entidad, el formulario 2 del folio de vida y un oficio remitido por la entidad fl. 4 archivo 85, fls. 4 a 6 archivo 98 y fls. 1 a 8 y 43 a 46 archivo 232 índice 109

SAMAI).

1. En el informe de tránsito se plasmó que el incidente ocurrió el 3 de septiembre de 2012 en la vía que de San Roque conduce a La Paz (Cesar), consistente en un choque contra baranda; el conductor era Diego Andrés Rubiano Moreno, quien conducía un vehículo Mazda 323 cuya propietaria era la señora Esperanza Gómez Durán; el impacto se produjo con un puente de la vía debidamente señalizado (señal preventiva SP36); la hipótesis consignada fue “pérdida de control del vehículo” y en observaciones se consignó: “el conductor por esquivar un perro sobre la vía perdió el control del vehículo” (fls. 37 y 38 archivo 232 índice 109 SAMAI).

1. De conformidad con un oficio remitido por el subdirector de la Cárcel y Penitenciaria para Miembros de la Fuerza Pública de Alta y Mediana Seguridad EJUPA de Valledupar (Cesar), el señor Deibis Páez Triana estuvo privado de la libertad en ese centro penitenciario desde el 20 de noviembre de 2009 hasta el 25 de “enero agosto” (sic) de 2017, cuando el Juzgado Cuarto Penal del Distrito Especializado del Cesar le concedió libertad inmediata por vencimiento de términos dentro del proceso penal no. 2011-000-62, estadía durante la cual

el 25 de “enero agosto” (sic) de 2017, cuando el Juzgado Cuarto Penal del Distrito Especializado del Cesar le concedió libertad inmediata por vencimiento de términos dentro del proceso penal no. 2011-000-62, estadía durante la cual no hubo traslado al municipio de Agustín Codazzi (fl. 1 archivo 195 índice 109

SAMAI).

1. En el presente proceso se practicó el testimonio del señor José David León Naranjo (índice 113 SAMAI), quien se desempeñaba como director del Centro de Reclusión Militar de Valledupar (Cesar), quien manifestó que el accidente de tránsito ocurrió en actos por fuera del servicio, porque no fue en vehículo militar sino particular, la víctima se encontraba con la novia, había ingerido licor y no había orden de operación ni escolta; sin embargo, aclaró que él no fue testigo presencial de los hechos, lo llamaron a informar del accidente y toda la información la averiguó después; no le hizo seguimiento a Diego Andrés Rubiano Moreno porque no estaba en operación militar; él no dio ninguna orden de operaciones porque debe haber algún requerimiento de juez o fiscal (orden de remisión) y esto no existió ; desapareció un documento donde ,12

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supuestamente, firmó y autorizó la salida, pero, eso no es cierto; Deibis Páez Triana sí estaba detenido el día de los hechos, pero, no hay certeza de que hubiera sido trasladado, pues, no hay prueba de ello y dicho detenido declaró

supuestamente, firmó y autorizó la salida, pero, eso no es cierto; Deibis Páez Triana sí estaba detenido el día de los hechos, pero, no hay certeza de que hubiera sido trasladado, pues, no hay prueba de ello y dicho detenido declaró en forma contradictoria en los distintos procesos respecto de si hubo tal traslado o no; el testigo aseguró que fue condenado en un proceso penal por falsedad ideológica en documento público y está en curso el recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia que confirmó la condena de primera instancia.

1. El proceso penal al que hizo referencia el testigo fue trasladado a este proceso de reparación directa en virtud de la solicitud probatoria efectuada por la parte actora, cuyas pruebas pueden ser valoradas por esta Sala, toda vez que, fueron practicadas con audiencia de la entidad demandada por ser precisamente quien instruyó el proceso, pues, se trató de un proceso