CE - Sentencia 20001233900020160058301 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 20001-23-39-000-2016-00583-01 (1716-2022) Demandante: Pedro Gustavo González Rosado Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONESTema: Reliquidación pensión de jubilación. Régimen pensional de la Rama Judicial. Decreto 546 de 1971.

Decisión: Confirma la decisión que niega las pretensiones. Sin condena en costas.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA / LEY 1437 DE 2011

I. ASUNTO

1. La Sala de Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante contra la sentencia del 4 de noviembre de 2021, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Cesar1, negó las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda2

2. El señor Pedro Gustavo González Rosado, actuando por conducto de apoderada y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo demandó a la Administradora Colombiana de Pensiones, con el fin de que se acceda a las siguientes declaraciones y condenas:

previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo demandó a la Administradora Colombiana de Pensiones, con el fin de que se acceda a las siguientes declaraciones y condenas:

2.1.1. Pretensiones

1 Con ponencia de la magistrada María Luz Álvarez Araujo. 2 Expediente híbrido. Primera instancia. Sistema SAMAI. Archivo «39ED_CUADERNO2_NULIDADYRESTABLECIMIENTODEDERECHO03ANEXOSDEMANDA.pdf».Rad i cad o : 2000 1 -23 -39 -0 00-20 16 -0 0583 -01 ( 1716 -2 022) Dem an d an te: P edr o Gus t av o Gonz ál ez Ros ado

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3. Declarar la nulidad de la Resolución GNR282289 del 15 de septiembre del 2015, mediante la cual se le negó la solicitud de reliquidación pensional con base en lo devengado en el último año de prestación de servicios , de acuerdo con el Decreto 546 de 1971, así como de las Resoluciones GNR 39100 5 del 2 de diciembre del 2015 y VPB13576 del 22 de marzo del año 2016, mediante las cuales se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la Resolución GNR 282289 del 15 de septiembre de 2015, confirmándola.

4. A título de resta blecimiento del derecho, solicitó que se condene a COLPENSIONES a reliquidarle la pensión de acuerdo con lo señalado en el artículo

282289 del 15 de septiembre de 2015, confirmándola.

4. A título de resta blecimiento del derecho, solicitó que se condene a COLPENSIONES a reliquidarle la pensión de acuerdo con lo señalado en el artículo 6.° del Decreto 546 de 1971, con inclusión de todos los factores salariales y «el real porcentaje que debe liquidarse (75%), ingreso base ajustado del promedio de lo devengado en el último año de servicio, con inclusión de todos los factores de la misma Ley prevé».(Sic para toda la cita).

5. De igual manera solicitó los reajustes sobre las mesadas dejadas de cancelar a partir del 14 de octubre de 2011, fecha en la que empezó a disfrutar de la pensión de jubilación y hasta la fecha de la sentencia que ponga fin al proceso.

6. Finalmente solicitó que se condene a la entidad demandada al pago de los intereses moratorios sobre las mesadas dejadas de pagar, así como a las costas procesales.

2.1.2. Fundamentos fácticos

7. Como sustento de las pretensiones se enunciaron los siguientes hechos:

8. El señor Pedro Gustavo González Rosado nació el 25 de enero de 1951 y prestó sus servicios en la Rama Judicial desde el 1.° de marzo de 1972 hasta el 30 de junio de 1992 con cotizaciones a CAJANAL y de manera ininterrumpida fue vinculado a la Fiscalía General de la Nación desde el 1.° de julio de 1992 hasta el 30 de junio de 2011.

9. Mediante la Resolución 6900 del 14 de octubre del año 2011, el Instituto de

vinculado a la Fiscalía General de la Nación desde el 1.° de julio de 1992 hasta el 30 de junio de 2011.

9. Mediante la Resolución 6900 del 14 de octubre del año 2011, el Instituto de Seguros Sociales le reconoció la pensión de jubilación en cuantía de $4088.535.

10. Posteriormente Colpensiones a través de Resolución GNR 129809 del 14 de junio del año 2013, reliquidó la pensión para lo cual estableció como valor de la mesada pensional $4646.078.

11. Dado que la entidad no tuvo en cuenta el promedio del salario más alto devengado durante el último año de servicios, el señor González Rosado solicitó la reliquidación de su pensión de vejez, pero ésta le fue denegada mediante laRad i cad o : 2000 1 -23 -39 -0 00-20 16 -0 0583 -01 ( 1716 -2 022) Dem an d an te: P edr o Gus t av o Gonz ál ez Ros ado

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Resolución GNR 282289 del 15 de septiembre del año 2015.

12. Contra la anterior determinación, el accionante interpuso los recursos de reposición y apelación, pero fue confirmada a través de las Resoluciones GNR391005 de 22 de diciembre de 2015 y Resolución VPB13576 del 22 de marzo del año 2016.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

GNR391005 de 22 de diciembre de 2015 y Resolución VPB13576 del 22 de marzo del año 2016.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

13. En la demanda se invocaron como disposiciones vulneradas los artículos 29 y 53 de la Constitución Política, 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 546 de 1971.

14. Al desarrollar el concepto de la violación , indicó que, COLPENSIONES, al expedir los actos demandados incurrió en desconocimiento de las normas en que debería fundarse por que omitió que es beneficiari o del régimen de transición y además acreditó servicios en la Rama Judicial por más de 20 años con lo que su pensión debía reliquidarse conforme a lo establecido en el Decreto 546 de 1971 por cuanto el señor González Rosado trabajó para la Fiscalía General de la Nación, con lo que la prestación debió ser liquidada en suma equivalente al 75 % de la asignación más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio y con inclusión de todos los factores percibidos en ese periodo.

15. Sin embargo, la entidad realizó el cálculo pensional sobre el promedio de los últimos diez años cotizados, atend iendo las pautas de la Corte Constitucional desconociendo la sentencia del Consejo de Estado de 31 de marzo del año 2014, en el expediente 11001-03-25000-2013-01383-00 (3496-13)

2.2. Contestación de la demanda

2.2.1. COLPENSIONES3, a través de apoderado se opuso a las pretensiones de la demanda indicando que, los actos administrativos cuestionados fueron proferidos

2.2. Contestación de la demanda

2.2.1. COLPENSIONES3, a través de apoderado se opuso a las pretensiones de la demanda indicando que, los actos administrativos cuestionados fueron proferidos acorde con el ordenamiento jurídico, porque se atendió al régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto se debe respetar el régimen anterior en lo relacionado con los requisitos de edad, tiempo y monto de la pensión. Sin embargo, en cuanto al IBL debe atenderse al artículo 21 de la misma norma, que impone que la pensión se calcule s obre el promedio de los aportes efectuados en los últimos 10 años, tomando en cuenta los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994. Esto con base en lo señalado en la s sentencias de unificación de la Corte Constitucional SU230 de 2015 y SU395 de 22 de junio de 2017.

3 Folios 114 y s.s.Rad i cad o : 2000 1 -23 -39 -0 00-20 16 -0 0583 -01 ( 1716 -2 022) Dem an d an te: P edr o Gus t av o Gonz ál ez Ros ado

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16. En cuanto al caso concreto precisó que, el actor acreditó un total de 2070 semanas de cotización en la Fiscalía General de la Nación, Seccional Valledupar y nació el 25 de enero de 1951, es decir que cuenta con 66 años; con base en ello,

semanas de cotización en la Fiscalía General de la Nación, Seccional Valledupar y nació el 25 de enero de 1951, es decir que cuenta con 66 años; con base en ello, se le reconoció una pensión mediante la Resolución 6900 del 14 de octubre de 2011, en cuantía de $4008.535, con fundamento en la Ley 797 de 2003, con tasa del 72.22% y los últimos 10 años de servicio, condicionando su recepción a demostrar el retiro del servicio. Posteriormente fue reliquidada con la Resolución GNR282353 del 12 de agosto de 2014, en cuantía de $6 074.142 de conformidad con el Decreto 546 de 1971, con tasa del 75% y los factores devengados el último año de servicio.

17. Luego solicitó una nueva reliquidación que le fue denegada mediante los actos aquí demandados, por considerar que no se podían tener en cuenta todos los factores devengados en el último año, sino aquellos sobre los cuales aportó y que están enlistados en la norma aplicable al caso. Esto porque e l IBL no hace parte del régimen de transición y por ello pueden tomarse los factores devengados el último año del servicio.

17. Propuso las excepciones de « inexistencia de las obligaciones reclama das», «cobro de lo no debido», «buena fe», «prescripción» y «genérica».

2.3. Sentencia de primera instancia4

18. El Tribunal Administrativo del Cesar , mediante sentencia proferida el 4 de noviembre de 2021 negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de imponer condena en costas.

2.3. Sentencia de primera instancia4

18. El Tribunal Administrativo del Cesar , mediante sentencia proferida el 4 de noviembre de 2021 negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de imponer condena en costas.

19. Para tal efecto se refirió al régimen general establecido en la Ley 100 de 1993, su transición y con ello a la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado dentro del proceso radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01, que contrastó con lo señalado en la decisión unificadora de 11 de juni o de 2020 concretamente para el personal de la Rama Judicial y el Ministerio Público, regido por el Decreto 546 de 1971.

20. Establecido lo anterior, encontró como acreditado que el accionante nació el 25 de enero de 1951, de manera que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 tenía 43 años y había trabajado más de 20 años vinculado a la Rama Judicial, dado que cotizó a Cajanal desde el 1.° de marzo de 1972 hasta el 30 de junio de 1992 y de manera ininterrumpida fue vinculado a la Fiscalía General de la Nación el 1.° de julio de 1992 hasta el 30 de junio de 2011 , fechas que fueron tenidas en cuenta para efectos de la liquidación de su pensión, produciéndose su retiro de manera

4 Folios 213 y s.s.Rad i cad o : 2000 1 -23 -39 -0 00-20 16 -0 0583 -01 ( 1716 -2 022) Dem an d an te: P edr o Gus t av o Gonz ál ez Ros ado

4 Folios 213 y s.s.Rad i cad o : 2000 1 -23 -39 -0 00-20 16 -0 0583 -01 ( 1716 -2 022) Dem an d an te: P edr o Gus t av o Gonz ál ez Ros ado

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posterior, en el año 2013.

21. De las pruebas aportadas por la entidad, destacó que la reliquidación reconocida mediante Resolución GNR 282353 del 12 de agosto de 2014 con una mesada de $6 074.142 se realizó acorde con lo dispuesto en el Decreto 546 d e 1971 contentivo del régimen especial para los funcionarios de la Rama Judicial, comoquiera que se acreditó que era beneficiario del mismo, por encontrarse en el régimen de transición cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993 , con base en las circulares emitidas por la Procuraduría General y las Vicepresidencias de Colpensiones, dado que existían interpretaciones diversas sobre la incorporación del IBL como elemento integrante del régimen de transición.

22. Encontró ajustado a derecho lo señalado por Colpensiones referente a que al realizar la reliquidación solicitada aplicando el régimen de transición, bajo la interpretación vigente al momento de la solicitud, la suma que arrojaría sería menor que la reconocida anteriormente. Esto porque no se podían incluir todos los factores devengados en e l último año de servicio, sino únicamente los contenidos en el Decreto 1158 de 1994 y sobre los que se acreditara que se habían hecho los

que la reconocida anteriormente. Esto porque no se podían incluir todos los factores devengados en e l último año de servicio, sino únicamente los contenidos en el Decreto 1158 de 1994 y sobre los que se acreditara que se habían hecho los descuentos correspondientes para la pensión y tampoc o podía tomarse el salario más alto del último año, sino que se aplica lo dispuesto en el inciso 3 .° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

23. En consecuencia, denegó las pretensiones formuladas y se abstuvo de imponer condena en costas al demandante.

2.5. El recurso de apelación

24. La apoderada del demandante5 interpuso recurso de apelación, donde solicitó revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar acceder a las pretensiones de la demanda.

25. Al efecto, explicó que en los actos que reconocieron la pensión de jubilación de Pedro Gustavo González Rosado, se pueden observar todos y cada uno de los factores salariales de los cuales el Tribunal manifestó que la parte demandante no logró demostrar.

26. Según lo explicó, sobre este tema existen varias posiciones, pero el Tribunal decidió aplicar la sentencia de 28 de agosto de 2018 dentro del proceso radicado 2012-00143 donde se dijo que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos ben eficiarios del régimen de

5 Folios 223 y s.s.Rad i cad o : 2000 1 -23 -39 -0 00-20 16 -0 0583 -01 ( 1716 -2 022) Dem an d an te: P edr o Gus t av o Gonz ál ez Ros ado

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transición, son solamente los factores sobre los cuales cada persona haya efectuado los aportes o cotizaciones al sistema de pensiones.

27. Sin embargo, la decisión de unificación del 11 de junio de 2020 del Consejo de Estado, dictada dentro del proceso 15001 -23-33-000-2016-00630-01, fue desconocida por el fallador de primera instancia, pues allí señala que debe incluirse el promedio de lo devengado durante el tiempo que le haga falta a la persona para adquirir el derecho pensional, contado desde la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y con inclusión de los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994 y los artículos 14 de la Ley 4ª de 1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996, 1.° del Decreto 610 de 1998, 1.° del Decreto 1102 de 2012, 1.° del Decreto 2460 de 2006, 1.° del Decreto 3900 de 2008 y 1° del Decreto 383 de 2013.

28. Para la apoderada, el ingreso base de liquidación no está en transición, al igual que la edad y el tiempo de servicio. Además, si la jurisprudencia es solamente un criterio auxiliar, «[…] debemos entonces examinar conforme a la norma y conforme a los diferentes pronunciamientos jurisprudenciales cual es el más adecuado para resolver la controversia».

criterio auxiliar, «[…] debemos entonces examinar conforme a la norma y conforme a los diferentes pronunciamientos jurisprudenciales cual es el más adecuado para resolver la controversia».

2.6. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público

29. En esta oportunidad tanto las partes como el agente del Ministerio Público guardaron silencio.

30. Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala de Subsección a decidir previas las siguientes

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

31. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 6, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

32. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artíc ulo 3287 del Código General del

6 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se co nceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.[…]» 7 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarseRad i cad o : 2000 1 -23 -39 -0 00-20 16 -0 0583 -01 ( 1716 -2 022) Dem an d an te: P edr o Gus t av o Gonz ál ez Ros ado

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Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

33. En el presente caso, el demandante es apelante únic o, razón por la cual la competencia de la Sala de Subsección se encuentra limitada por el objeto mismo del recurso, cuyo marco está definido en el escrito de apelación.

3.2. Problemas jurídicos

34. Corresponde a la Sala determinar ¿ cuál es el régimen normativo aplicable al reconocimiento y liquidación de la pensión de jubilación de l señor Pedro Gustavo González Rosado y con ello, ¿cuáles son los factores salariales que deben incluirse en la liquidación pensional?

35. Establecido lo anterior ¿debe verificarse si le asistió razón al Tribunal Administrativo de l Cesar al denegar la reliquidación pensional por considerarla gravosa al demandante frente al monto que viene devengando?

3.3. Marco normativo

36. Para resolver este cuestionamiento la Sala se referirá a las reglas jurisprudenciales sobre la interpretación del régimen de transición y sus implicaciones frente a los funcionarios de la Rama Judicial, establecidas en la sentencia de unificación CE-SUJ-S2-021-208, de 11 de junio de 2020, proferida por

jurisprudenciales sobre la interpretación del régimen de transición y sus implicaciones frente a los funcionarios de la Rama Judicial, establecidas en la sentencia de unificación CE-SUJ-S2-021-208, de 11 de junio de 2020, proferida por la Secci ón Segunda de esta Corporación, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 15001233300020160063001 (4083 -2017), y, con posterioridad, se verificarán las pruebas que reposan en el expediente.

3.3.1. Sentencia SUJ-S2-021-20, de 11 de junio de 2020, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 15001 23 33 000 2016 00630 01 (40832017).

solamente sobre los argume ntos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»

fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.» 8 No se identifica el consejero ponente porque se trata de una sentencia de unificación.Rad i cad o : 2000 1 -23 -39 -0 00-20 16 -0 0583 -01 ( 1716 -2 022) Dem an d an te: P edr o Gus t av o Gonz ál ez Ros ado

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37. En primer lugar es menester indicar que la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia SUJ-S2-021-20, de 11 de junio de 2020 9, estableció, la necesidad de unificar jurisprudencia toda vez que tanto en la Corte Constitucional como en el Consejo de Estado existían diversas posiciones frente al régimen pensional de los servidores de la Rama Judicial y el Ministerio Público y su relación con la Ley 100 de 1993.

38. En efecto, se tiene que la Corte Constitucional sostenía dos posturas jurídicas:

(i) La primera, en sus salas de revisión, según la cual, a quienes eran beneficiarios del régimen especial contemplado por el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971, por virtud del régimen de transición, se les debía aplicar en su integridad dicho régimen con fundamento en el principio de inescindibilidad de las normas; (ii) la otra, en la que en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad, la Corte determinó que

virtud del régimen de transición, se les debía aplicar en su integridad dicho régimen con fundamento en el principio de inescindibilidad de las normas; (ii) la otra, en la que en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad, la Corte determinó que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 consagra un régimen de transición para salvaguardar las expectativas legítimas que pudieran verse afectadas c on la creación del sistema general de seguridad social, beneficio que consiste en la aplicación ultractiva de los regímenes anteriores a los que se encontraba afiliado el peticionario, pero solo en lo relacionado con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo, excluyendo el ingreso base de liquidación que corresponde al determinado por la misma Ley 100 de 1993 en sus artículos 21 y 36 inciso 3.º.

39. Igualmente se explicó que el Consejo de Estado sostuvo dos posiciones : (i) la primera, en sus Salas de Subsección y Sala Plena de Sección, basada en que los destinatarios del régimen especial consagrado por el Decreto 546 de 1971, con ocasión del régimen de transición, tenían derecho a su aplicación integral, esto es en cuanto a los elementos de edad, tiempo o semanas cotizadas, monto e ingreso base de liquidación, con base en el principio de inescindibilidad y la (ii) segunda, asumida por su Sala Plena Contencioso Administrativa en la que, en consonancia con lo establecido por la Corte Constitucional en su reciente jurisprudencia, consideró que la transición establecida por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 solo permite la aplicación del régimen pensional anterior que regenta al jubilado en

con lo establecido por la Corte Constitucional en su reciente jurisprudencia, consideró que la transición establecida por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 solo permite la aplicación del régimen pensional anterior que regenta al jubilado en cuanto a los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo, pero no en lo referente al ingreso base de liquidación, que corresponde al definido por esa ley en sus artículos 21 y 36 inciso 3.º.

40. E n la citada providencia SUJ-S2-021-20 de 11 de junio de 2020 la Sección Segunda de esta Corporación unificó su postura en torno a establecer el ingreso base de liquidación (periodo de liquidación y factores a incluir) de las pensiones de los servidores y ex servidores de la Rama Judicial y del Ministerio Público regulados

9 Proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 15001233300020160063001 (4083-2017).Rad i cad o : 2000 1 -23 -39 -0 00-20 16 -0 0583 -01 ( 1716 -2 022) Dem an d an te: P edr o Gus t av o Gonz ál ez Ros ado

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por el Decreto 546 de 1971, que causaron su derecho en virtud del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

41. Para tal efecto, la Corporación explicó que al reunirse las condiciones establecidas en el régimen de tran sición del sistema de seguridad social para la

transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

41. Para tal efecto, la Corporación explicó que al reunirse las condiciones establecidas en el régimen de tran sición del sistema de seguridad social para la fecha en la cual inició la vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, el 1.º de abril de 1994 en el ámbito nacional o el 30 de junio de 1995 en el orden territorial, correspondientes a tener cumplidos 35 o más años de edad en el caso de las mujeres, 40 o más años de edad en el de los hombres, o 15 o más años de servicios cotizados, se adquiere el derecho a obtener el reconocimiento de la pensión al amparo del régimen anterior bajo el cual trabajaron o cotizaron, que para el caso de los que fueron funcionarios y empleados de la Rama Judicial y del Ministerio Público corresponde al consagrado en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971.

42. Recordó la Corporación que este Decreto a su vez exige, para tener derecho al reconocimiento de la pensión a su amparo, el cumplimiento de 50 años edad si se trata de mujer, o 55 años para el caso del hombre y el tiempo de 20 años de servicios, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto10, de los cuales, por lo menos 10 años lo debieron ser exclusivamente a la Rama Judicial o al Ministerio Público, o a ambas actividades.

43. Por tanto, se estableció que cuando se es beneficiario del régimen de transición por edad o por tiempo de servicios reunidos para la fecha de vigencia de la Ley 100 de 1993, que permite la aplicación del régimen anterior, y, a su vez, se adquirió el estatus pensional con el cu mplimiento de los requisitos de la edad y el tiempo de

por edad o por tiempo de servicios reunidos para la fecha de vigencia de la Ley 100 de 1993, que permite la aplicación del régimen anterior, y, a su vez, se adquirió el estatus pensional con el cu mplimiento de los requisitos de la edad y el tiempo de servicios de ese régimen anterior, contemplado por el Decreto 546 de 1971 en el artículo 6.º, ello implica que la pensión se debe reconocer al funcionario o empleado de la Rama Judicial y del Ministerio Público, con una tasa de reemplazo del 75% y, en lo referente al ingreso base de liquidación no se liquida con el del régimen anterior, es decir, con la asignación más alta devengada el último año dedicado a la actividad judicial, como reza en el artículo 6.º11 en mención, pues el que se debe aplicar es el establecido por la Ley 100 de 1993 en su artículo 21 y en el inciso 3.º de su artículo 36.

10 Al respecto se anota que el artículo 37 de este decreto dispone que «regirá 30 días después de su publicación en el Diario Oficial […]», y fue publicado en el Diario Oficial No. 33.339 16 de junio de 1971, por lo que su vigencia corresponde al 16 de julio de 1971.

11 Artículo 6. «Los funcionarios y empleados a que se re fiere este Decreto, tendrán derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y cumplir 20 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este Decreto, de los cuales 10 hayan sido exclus ivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Publico, o ambas actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación

anteriores o posteriores a la vigencia de este Decreto, de los cuales 10 hayan sido exclus ivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Publico, o ambas actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual mas elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas» (Resalta la Sala).Rad i cad o : 2000 1 -23 -39 -0 00-20 16 -0 0583 -01 ( 1716 -2 022) Dem an d an te: P edr o Gus t av o Gonz ál ez Ros ado

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

44. Con fundamento en lo anterior explicó la Corporación que según el artículo 2112 el ingreso base para liqui dar las pensiones previstas en esa ley, corresponde al promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE y que el inciso 3.º de su artículo 36 13 dispone que el ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas que les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Al efecto puntualizó:

«[…]

les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Al efecto puntualizó:

«[…] Es decir, el ingreso base de liquidación del funcionario o empleado judicial que le faltan más de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, es el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, con la debida actualización.

El ingreso base de liquidación del funcionario o empleado que le faltan menos de diez 10 años para adquirir el derecho a la pensión, es i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o ii) el cotizado durante todo el tiempo, si fuera superior, debidamente actualizado.

Además, en lo que hace referencia a los factores salariales